En la Cuenca del Alto Atoyac, una persona muere cada dos horas y media por enfermedades vinculadas a la contaminación industrial. Ante la crisis, el gobierno lanzó un plan de saneamiento y detectó 2,359 descargas tóxicas, pero científicos y activistas advierten que el rescate del Atoyac es insuficiente si no se ataca la raíz del problema: vertidos de metales pesados y escaso tratamiento del agua.
En la Cuenca del Alto Atoyac (CAA), un vasto territorio industrializado que se extiende por 70 municipios de Puebla y Tlaxcala, una persona muere cada dos horas y media por enfermedades crónico-degenerativas directamente ligadas a la contaminación industrial. Este dato, documentado por activistas con cifras oficiales del INEGI, es el epicentro de una catástrofe silenciosa que ha convertido a la región en una de las 60 Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) de México.
Aquí, donde el 90% de los puntos de monitoreo de los ríos están clasificados como “fuertemente contaminados” y Puebla y Tlaxcala ocupan los dos primeros lugares nacionales en sitios con esta clasificación, el agua es sinónimo de peligro. La situación es tan grave que, según un estudio de noviembre de 2024 de Gabriela Pérez Castresana, el 21% de los pozos de agua subterránea monitoreados por la CONAGUA no son aptos para consumo humano por la presencia de concentraciones de plomo, cromo y nitratos que superan los límites máximos permitidos.
Frente a esta crisis humanitaria y de salud pública, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en alianza estratégica con los gobernadores Alejandro Armenta de Puebla y Lorena Cuéllar de Tlaxcala, ha lanzado un ambicioso plan de rescate. El esfuerzo, parte del Plan Nacional Hídrico, promete “inversiones sin precedentes” y resultados visibles en tres años.
El sistema hídrico del Alto Atoyac: ¿canales de aguas negras?
Al frente del rescate del Atoyac se encuentra el comisionado Alejandro Isauro Martínez Orozco, quien recientemente reveló el hallazgo de 2,359 descargas de aguas residuales en el afluente, un dato respaldado con evidencia fotográfica y georreferenciación por GPS. Con un presupuesto inicial de Conagua de 234 millones de pesos para 2025 y proyecciones de hasta 1,500 millones para 2026, el plan busca sanear los primeros 30 kilómetros del río para finales de ese año.
Sin embargo, mientras el discurso oficial se centra en jornadas de limpieza masivas y la construcción de infraestructura, una creciente coalición de científicos, activistas y exfuncionarios advierte que el plan podría ser una costosa simulación. La crítica principal apunta a que la estrategia se enfoca en plantas de tratamiento biológicas, incapaces de eliminar los compuestos tóxicos más peligrosos como benceno, tolueno, xileno y metales pesados, que están directamente relacionados con el cáncer, la leucemia, el daño genotóxico y la insuficiencia renal que padecen los habitantes de la cuenca. La normativa actual, denuncian, es una “injusticia legalizada” que permite que más de 26,000 empresas sigan operando con impunidad.
La emergencia sanitaria es innegable y está documentada. El análisis de Pérez Castresana señala que la situación de salud en la CAA “no es favorable y sobresale por su gravedad de la tendencia a nivel nacional”. Las tasas de morbilidad por infecciones gastrointestinales y respiratorias son superiores al promedio nacional, y la disminución en su frecuencia es mínima en comparación con el resto del país.
Esta crónica de una devastación anunciada plantea una pregunta fundamental: ¿será el plan gubernamental suficiente para revertir décadas de negligencia o se necesita un “Plan de Justicia Socioambiental” que finalmente ponga la salud de la población por encima de los intereses industriales?.
La crisis de salud pública: un catálogo de enfermedades y muerte
La industrialización de la cuenca, iniciada en la década de 1960 y acelerada con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), transformó el paisaje y la salud de sus habitantes. Hoy, la región no solo es un motor económico, sino un epicentro de padecimientos directamente ligados a las sustancias tóxicas vertidas en sus ríos.
Investigaciones científicas han trazado una línea directa entre los contaminantes emitidos por la industria —como níquel, cromo, plomo, benceno, tolueno y xileno— y un alarmante aumento en las tasas de cáncer, leucemia, insuficiencia renal, problemas neurológicos, respiratorios, hematológicos y reproductivos. La exposición a metales pesados es particularmente preocupante; el plomo y el níquel se asocian a insuficiencia renal, el cromo al cáncer, y el zinc a problemas reproductivos.
El panorama sanitario de la CAA es considerablemente peor que el promedio nacional. Las tasas de morbilidad por infecciones gastrointestinales y respiratorias son persistentemente superiores. Aunque ha habido una disminución en la última década, esta es mínima en comparación con el resto del país, donde la prevalencia de enfermedades intestinales es cuatro veces menor y la de infecciones respiratorias agudas, dos veces menor.
Datos epidemiológicos del municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, entre 2018 y 2022, son contundentes: las infecciones respiratorias agudas y las intestinales se mantuvieron como las principales causas de enfermedad, por delante de la tendencia nacional. Además, Pérez Castresana destaca que enfermedades crónicas como las cardiovasculares y respiratorias crónicas figuran entre las principales causas de muerte en la CAA, con tendencias crecientes en el tiempo.
Las vías de exposición a estos contaminantes son múltiples y cotidianas, tejiendo una red invisible que atrapa a la población:
PRIMER-INFORME-ESTRATEGICO-CUENCA-DEL-ALTO-ATOYAC1. Agua de Consumo Humano: Aunque la mayor parte del agua potable proviene de fuentes subterráneas, la seguridad no está garantizada. Según el estudio de Pérez Castresana basado en datos de Conagua, el 21% de los pozos monitoreados no son aptos para consumo humano debido a la presencia de plomo, cromo y nitratos por encima de los límites permisibles. La mayoría de estos pozos contaminados se localizan en la región tlaxcalteca de la cuenca. Los análisis estadísticos han revelado una correlación significativa entre las altas incidencias de infecciones gastrointestinales y el consumo de agua de pozos, entre otros factores de vulnerabilidad.
2. Alimentos Contaminados: El 72% del agua superficial de la cuenca se destina al riego agrícola, irrigando más de 4,153 hectáreas. Esta agua, según la propia Conagua, no cumple con la calidad requerida, lo que representa un grave riesgo sanitario. Un estudio sobre percepción de riesgo reveló una peligrosa disonancia: mientras la población evita el contacto directo con el río, a menudo desconoce la trazabilidad de los tóxicos en los vegetales que consume o en la carne de animales que beben de estas aguas.
3. Exposición Directa e Indirecta: La contaminación bacteriológica es extrema. En 119 de los 130 sitios de monitoreo de la Conagua se registra una fuerte contaminación por E. coli. La laguna de Acuitapilco presenta densidades de coliformes de hasta 73,000 NMP/100 ml, representando un alto riesgo. Pérez Castresana subraya que esto constituye una amenaza inminente de infecciones por exposición directa o indirecta. Un caso citado por una enfermera local ilustra el peligro: un niño que cayó a una zanja contaminada desarrolló una “dermatitis cañona” y requirió un largo tratamiento.
El Plan Gubernamental de reescate del Atoyac: acciones bajo la Lupa
Al frente del plan gubernamental se encuentra Alejandro Isauro Martínez Orozco, un licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM que escaló posiciones desde la Ayudantía del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de su nombramiento, fue comisionado para supervisar un acueducto en Sinaloa y dirigió el Organismo de Cuenca Pacífico Norte de Conagua, de mayo de 2023 a marzo de 2025. Su gestión en Sinaloa generó reservas en el sector agrícola, donde líderes como Luis Xavier Zazueta Ibarra señalaron que “no era de carrera” en Conagua, a diferencia de su sucesor, quien lo describió como un “técnico” con experiencia hidráulica.
Hoy, como zar del rescate del Atoyac, el discurso de Martínez Orozco se centra en un diagnóstico exhaustivo y acciones concretas. “Estamos ya recorriendo los 200 km del río Atoyac y sus afluentes”, declaró, explicando que la estrategia consiste en dividir el territorio en bloques (cinco en Tlaxcala y tres en Puebla) para proyectar soluciones técnicas.
Los hallazgos iniciales son abrumadores: tan solo en el primer tramo del río, que abarca cuatro municipios de Puebla, se identificaron 566 descargas, 269 tiraderos, casi 10,000 hectáreas deforestadas y 10 plantas de tratamiento, de las cuales siete operan mal y tres están fuera de servicio. El comisionado localizó el “punto cero” del nacimiento del río en Otlata, Santa Rita Tlahuapan, donde el agua fluye “cristalina y natural” durante seis kilómetros antes de recibir las primeras descargas.
En términos de inversión, ha detallado una asignación federal de 234 millones de pesos para 2025 destinados a obras clave como la planta Juárez-Coronaco y 13 km de colectores, buscando eliminar 210 descargas directas. Anunció la recuperación de 400 millones de pesos para la planta de Xalmimilulco y una proyección de hasta 1,500 millones para 2026. Su meta más tangible es
“sanear los primeros 30 kilómetros del río Atoyac” para finales de 2026, con una inversión de 600 millones de pesos.
En Tlaxcala, detalló una inversión de 346 millones de pesos para garantizar 30 km del Zahuapan en condiciones óptimas, además de una proyección de casi 1,170 millones para obras en 2026. También ha destacado el componente de participación social, como la jornada de limpieza del 22 de marzo de 2025, donde participaron más de 7,300 voluntarios en 70 municipios.
Las palabras de Alejandro Armenta
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha enmarcado el proyecto en un discurso político que contrasta la “inacción y corrupción” de administraciones pasadas con el “esfuerzo inédito” de la Cuarta Transformación. Ha sido contundente al asegurar que el rescate del Atoyac fue históricamente un
“tema de campaña y objeto de corrupción por parte del viejo régimen y sus cómplices”.
Utilizando metáforas contundentes, ha vinculado la contaminación con la corrupción: “El tamaño de la contaminación del río Atoyac y el lago de Valsequillo es el tamaño de la corrupción del viejo régimen”. Armenta ha posicionado el rescate como el proyecto insignia de su gobierno, afirmando que “tiene el potencial de ser la obra del sexenio en Puebla y a nivel nacional”.
Defendió la estrategia de empezar “desde arriba del río” y ha vinculado directamente la contaminación con la crisis de salud, advirtiendo que la evaporación de gases tóxicos es responsable de “cáncer y enfermedades múltiples”. Para complementar el esfuerzo federal, informó que el gobierno de Puebla invertirá más de 500 millones de pesos este año en tareas de limpieza, incluyendo el proyecto Fertipue para elaborar fertilizante con el lirio de Valsequillo.
Las Voces Críticas: Un Plan de Justicia Socioambiental frente a la “Injusticia Legalizada”
Mientras el gobierno despliega su maquinaria, una sólida oposición de expertos y comunidades, reunida el 24 de septiembre de 2025, ha puesto en duda la eficacia del plan oficial. Su contrapropuesta es transformar el enfoque técnico-hídrico en un “Plan de Justicia Socioambiental”.
Alejandra Méndez, del Centro Fray Julián Garcés, calificó la situación como una “crisis civilizatoria”. Su crítica más severa se dirige al marco normativo: la NOM-001, argumenta, es la raíz de una “injusticia legalizada”, ya que al no regular compuestos como benceno y tolueno, permite legalmente que la industria envenene a la población.
La toxicóloga Yolanda Pica reforzó este punto, advirtiendo que las plantas de tratamiento biológicas “no están diseñadas para eliminar tóxicos y metales pesados”. Cuando las industrias vierten ilegalmente en el drenaje municipal, destruyen estas plantas. Exfuncionarios como Paco Castillo Montemayor y Pablo Loreto propusieron una estrategia pragmática “80/20”: en lugar de dispersar recursos, urgen a concentrarse en los grandes contaminadores. Sus acciones prioritarias son rehabilitar las cuatro macroplantas de Puebla, que ya cuentan con infraestructura para tratar grandes volúmenes de agua, y actuar sobre las 50 empresas industriales más tóxicas.
El economista Andrés Barreda añadió complejidad al debate, advirtiendo que las grandes corporaciones como Volkswagen eluden su responsabilidad a través del outsourcing y las cadenas de suministro, por lo que un análisis debe ser más profundo. Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, apoyó enmarcar la propuesta como un Plan de Justicia Ambiental, lo que obligaría a todas las dependencias, especialmente a la Secretaría de Salud, a coordinarse de manera integral.
Un Ecosistema al límite: déficit hídrico y sobreexplotación
La tragedia del Atoyac no es solo de calidad, sino también de cantidad. La cuenca se encuentra oficialmente en déficit hídrico, lo que significa que el volumen de agua concesionado es igual al escurrimiento anual, y no deberían otorgarse más permisos. A pesar de esto, en 2023 Conagua otorgó nuevos permisos para uso agrícola. La falta de datos actualizados sobre el caudal del río desde 1999 evidencia una negligencia institucional de más de dos décadas.
Los acuíferos de los que depende la población están sobreexplotados, y estudios advierten que para 2030 podría ocurrir una intrusión de aguas sulfurosas profundas, inutilizando el acuífero superior como fuente de agua de calidad. Esta presión se agrava por una distribución desigual de las concesiones. En 10 municipios, se otorga más agua a la industria que al consumo humano. El caso de Tlaxcala es alarmante: entre 2020 y 2023, el volumen de agua subterránea concesionada para la industria se disparó en un 16%, mientras que para otros usos el aumento no superó el 3%.
El futuro del Atoyac se debate entre un plan gubernamental de presunta gran escala y pequeña concreción y una crítica fundamentada que exige un cambio de rumbo. La pregunta que resuena en las comunidades enfermas es si este esfuerzo se traducirá en un saneamiento real o si, al no atacar la raíz de la impunidad industrial, terminará siendo solo otra ocasión perdida en la larga historia de un río sacrificado sexenio tras sexenio.
