La Cuenca del Alto Atoyac concentra una de las crisis ambientales y sanitarias más graves de México, con metales pesados que superan hasta 22 veces los límites normativos, epidemias de cáncer infantil y enfermedad renal crónica, y un plan de saneamiento integral que lleva décadas sin materializarse. Y todo apunta que este sexenio poco o nada se hará al respecto.
Afluentes y ríos de la Cuenca del Alto Atoyac: drenajes al aire libre / Imagen: Google
La Cuenca del Alto Atoyac es un conjunto de ríos contaminados, convertida en Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) declarada oficialmente por el gobierno de México, junto a otros 30 corrientes de agua superficial que son, hoy en día, puros drenajes al aire libre.
En sus 400 kilómetros de longitud, el Atoyac y sus afluentes —principalmente el Zahuapan— recogen cada día 147 toneladas de materia orgánica, 62.8 toneladas de sólidos suspendidos y 14 kilogramos de metales pesados, según datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua, 2025).
Lo que hace de esta cuenca un caso paradigmático no es solo la magnitud de la contaminación, sino su convergencia con una de las mayores concentraciones industriales de México: más de 22,000 empresas manufactureras, incluyendo transnacionales alemanas, estadounidenses y españolas del sector automotriz, autopartes, alimentario y petroquímico (Rosado-Zaidi, entrevista en La Opinión de México, 2025).
La evidencia científica es abrumadora. Un estudio de Pérez-Castresana et al. (2021) detectó en las aguas del Atoyac concentraciones de plomo 22 veces superiores al límite establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT, de cromo nueve veces por encima de lo permitido, y de mercurio 13 veces sobre el nivel normativo. El arsénico y el cadmio, ambos reconocidos carcinógenos, duplicaron sus umbrales regulatorios.
Estos hallazgos no son anecdóticos: se suman a más de dos décadas de investigaciones académicas —entre las que destacan las de Pérez-Castresana et al. (2018), Martínez Tavera o Montero-Montoya et al. (2020)— que documentan la presencia sistemática de estas sustancias en el agua, el suelo, los sedimentos fluviales y, lo más grave, en los cuerpos de quienes habitan la cuenca.
La fuente de esta contaminación es doblemente preocupante porque revela una complicidad estructural entre el desarrollo económico y la degradación ambiental. Por un lado, la industria automotriz —Volkswagen, Audi y su cadena de proveeduría— y la industria textil de mezclilla —que representa el 24% de la carga contaminante según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 2018)— vierten descargas directas al río.
Por otro, la agricultura intensiva que cubre aproximadamente el 60% de la cuenca utiliza 32 tipos de plaguicidas, de los cuales la mitad son clasificados como altamente peligrosos por la Organización Mundial de la Salud (Conahcyt, 2023).
La combinación de estos vectores genera lo que los científicos denominan una “mezcla tóxica”, cuyos efectos sinérgicos sobre la salud humana son aún imposibles de cuantificar con precisión.
Cuando el río mata: la epidemia silenciada
La frontera entre lo ambiental y lo sanitario se disuelve en la Cuenca del Alto Atoyac. Los habitantes no solo ven un río de aguas negras, amarillas o azul cobalto —dependiendo del turno industrial—: lo respiran, lo beben indirectamente a través de los acuíferos contaminados, y lo absorben a través del contacto con el suelo agrícola. Los resultados son devastadores.
El Primer Informe Estratégico del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, 2023), producto de los Proyectos Nacionales Estratégicos (Pronaces) de Agua, Salud y Agentes Tóxicos, documentó hallazgos alarmantes a través de biomonitoreos realizados entre 2022 y 2023. En los municipios de Españita y Apizaco, Tlaxcala, más del 50% de las personas evaluadas presentaron valores elevados de cadmio en sangre y orina.
Descarga el 2º Informe estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac
(Tlaxcala y Puebla): problemática socioambiental, avances
y pautas para su atención desde un enfoque de justicia e
integralidad
En Españita, Tzompantepec, San Pablo del Monte y La Trinidad Tenexyecac, el 86% de los alfareros mostró niveles elevados de plomo, metal directamente asociado a enfermedades cardiovasculares y renales. En jóvenes de 12 y 13 años, más de la mitad exhibió concentraciones preocupantes de plomo y cromo. Estos datos confirmaron lo que las comunidades locales denunciaban desde hacía años: viven en territorios no aptos para la vida.
La epidemiología confirma la urgencia. Entre 2002 y 2016, la cuenca registró 26,477 muertes por cáncer y 4,379 por insuficiencia renal, con una concentración de mortalidad oncológica 13.5 veces superior al promedio nacional (Rosado-Zaidi, 2021). Los datos más recientes son particularmente angustiantes: entre 2021 y 2024, se documentaron 197 casos de leucemia aguda infantil en la región, concentrando el 41% del total de casos de la zona centro-oriente del país (Conahcyt, 2024).
La mortalidad por enfermedad renal crónica en personas de 15 a 49 años es 4.7 veces mayor que la media nacional (Renacer, 2026). Y la crisis tiene rostro de niños: en Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, una comunidad rodeada por el parque industrial Quetzalcóatl, las autoridades educativas han tenido que instalar una escuela de educación especial para atender a menores con deficiencias cognitivas asociadas a la exposición crónica a tóxicos.
La investigación de Castro-González et al. (2017) añadió una dimensión particularmente inquietante al demostrar la presencia de arsénico, plomo y cromo en muestras de leche materna en la región de Tecamachalco, Puebla, lo que indica una cadena de bioacumulación que compromete la salud de las generaciones futuras desde la lactancia.
Mora et al. (2021) completaron este panorama al identificar contaminantes emergentes de origen farmacéutico y cosmético en las aguas de la cuenca —ibuprofeno, naproxeno, estrona, cafeína, bisfenol A— que, sumados a los metales pesados, conforman un coctel químico de impacto desconocido.
La eterna promesa incumplida de los planes de saneamiento
La respuesta institucional a esta catástrofe tiene una cronología larga y frustrante. En 2011, la Conagua emitió una Declaratoria de Clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac con metas de calidad para 2015. Esas metas nunca se alcanzaron. En 2017, la CNDH emitió la Recomendación 10/2017 dirigida a 18 dependencias federales, estatales y municipales, exigiendo un plan de saneamiento integral.
Durante los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se destinaron apenas 1,297 millones de pesos al saneamiento del Atoyac —cifra que, distribuida en seis años, resulta claramente insuficiente para una cuenca que requiere intervenciones de magnitud (MTP Noticias, 2025).
El actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha intentado diferenciarse. En marzo de 2025 iniciaron formalmente los trabajos de limpieza y restauración. En septiembre de ese año, el comisionado presidencial para el Saneamiento del Atoyac, Alejandro Isauro Martínez Orozco, anunció que para 2026 se destinarían 3,000 millones de pesos —más del doble de lo invertido en todo el sexenio anterior en un solo año (MTP Noticias, 2025).
Este recurso fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, donde el Atoyac recibirá la mayor asignación individual para saneamiento de cualquier río en México: 1,100 millones para el Lerma-Santiago y 3,000 millones para el Atoyac. El Plan Nacional Hídrico 2024-2030, presentado en noviembre de 2024, identifica explícitamente al Atoyac como uno de los tres ríos prioritarios, junto con el Lerma-Santiago y el Tula (Conagua, 2024).
Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil mantienen una postura escéptica. El Centro Fray Julián Garcés, principal organización defensora de los derechos humanos en la cuenca, denuncia que las acciones del gobierno federal —incluyendo las jornadas de limpieza de marzo de 2025 que retiraron apenas 107 toneladas de basura— son fundamentalmente “cosméticas” cuando no van acompañadas del control estricto de las 2,359 descargas directas identificadas por la Conagua (Centro Fray Julián Garcés, 2026).
La crítica central es que se priorizan las consecuencias —la supuesta limpieza del río— sobre las causas: las descargas industriales que siguen operando con una impunidad casi absoluta.
La impunidad estructural
La debilidad del saneamiento integral no es una cuestión de recursos únicamente, sino de voluntad política para enfrentar los intereses económicos involucrados. Entre 2018 y 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 55 inspecciones en la cuenca y sancionó a apenas cinco ayuntamientos y tres empresas, con multas que iban desde 2,111 pesos hasta 521,280 pesos —cantidades ridículas para corporaciones multimillonarias (La Jornada de Oriente, 2023).
En 2025, de 422 inspecciones del Soapap, 297 empresas fueron sancionadas, pero con una multa promedio de solo 32,000 pesos (La Jornada, 2026). Esto confirma una verdad incómoda: contaminar el Atoyac es barato.
El caso de Volkswagen de México ejemplifica esta dinámica. En 2002, la armadora fue sorprendida vertiendo lodos con metales pesados directamente al Atoyac. La sanción: una multa de 114,900 pesos y la recomendación de reparar su sistema de tratamiento.
No hubo clausura permanente ni obligación de remediación (Mundo Nuestro, 2021). Veinte años después, Volkswagen y Audi habían recibido del gobierno de Puebla 1,102 millones de pesos en incentivos fiscales y subsidios entre 2019 y 2022, mientras seguían descargando a la cuenca (Ojarasca, 2023).
Esta paradoja —subsidios millonarios para empresas que contaminan mientras las comunidades enferman sin atención médica— define el modelo de desarrollo que ha imperado en la región.
El problema normativo agrava la situación. De las 104 sustancias identificadas en el informe del Conahcyt, sólo 22 están normadas en México. El cianuro, del que se han detectado descargas de hasta 12 toneladas, no tiene límite regulatorio aplicado. La industria textil de mezclilla, que utiliza más de 43 productos químicos —incluyendo benceno, arsénico y cadmio—, opera en un marco de regulación prácticamente inexistente (UNAM, 2022).
Y las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes —apenas 30 de 130 están operativas— no están diseñadas para retener metales pesados ni compuestos orgánicos persistentes, lo que convierte su funcionamiento en un gesto simbólico.
El punto de inflexión o el saneamiento que no llega
El anuncio de 3,000 millones de pesos para 2026 y la designación de un comisionado presidencial específico para el Atoyac representan, en apariencia, un cambio de timón. El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 contempla la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento en Tlaltempan, Apizaco, Tlaxco, Xicohtzinco y San Pablo del Monte; la instalación de monitoreo automático de calidad de agua; y la clausura de descargas ilegales (Conagua, 2024).
En Puebla, Agua de Puebla rehabilita cinco plantas de tratamiento y planea una nueva al sur de la ciudad. Se recuperó la planta de Santa Ana Xalmimilulco, obra de 400 millones de pesos que estuvo desactivada por años.
Pero la escala del desafío hace que estas acciones parezcan insuficientes. La comparativa presupuestal lo ilustra: los 3,000 millones de pesos de 2026 representan, en términos reales, apenas una fracción de lo que se requiere para una intervención verdaderamente integral en una cuenca de 201,000 hectáreas con más de 4 millones de habitantes. El gobierno de Tlaxcala ya tiene preparados 23 proyectos ejecutivos por 2,002 millones de pesos, pero si Puebla no presenta proyectos equivalentes, esos recursos podrían redistribuirse sin garantía de ejecución (ABC Tlaxcala, 2025).
La contaminación que no se esconde: Imagen: cortesía del Cupreder
Más allá de los números, lo que la Cuenca del Alto Atoyac exige es una transformación del modelo de desarrollo que la convirtió en RESA. Los investigadores del Conahcyt, la CNDH y las organizaciones civiles coinciden en que sin una reforma regulatoria que amplíe las sustancias normadas, sin un sistema de multas proporcionales al daño causado, sin la participación obligatoria de las comunidades en la toma de decisiones y sin un plan interinstitucional transexenal, los 3,000 millones de pesos del PEF 2026 podrían convertirse en una nueva página de un libro de promesas incumplidas. Como advierte Carolina Morán Raya del Instituto Iberoamericano de Puebla, lo que se necesita es priorizar las causas de la contaminación y no solo sus efectos (Crónica, 2025).
Mientras tanto, en Españita, Apizaco, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y decenas de comunidades más, los niños siguen naciendo con daños genotóxicos, los jóvenes siguen desarrollando enfermedad renal crónica, y los pescadores y agricultores siguen perdiendo sus medios de vida.
El Atoyac no puede esperar más planes ni más diagnósticos. Necesita que el Estado mexicano decida, finalmente, si el derecho humano al agua limpia y a la salud es una prioridad real o sigue siendo una promesa constitucional vacía frente a los intereses del capital industrial.
Referencias
ABC Tlaxcala. (2025, 13 de noviembre). Federación invertirá 3 mmdp para saneamiento de cuenca Atoyac-Zahuapan. https://abctlax.com/federacion-invertira-3-mmdp-para-saneamiento-de-cuenca-atoyac-zahuapan/
Centro Fray Julián Garcés. (2026, 22 de marzo). Cuenca del Atoyac es infierno ambiental y territorio a merced del crimen, denuncian OSC ante ONU-DH. https://www.centrofrayjuliangarces.org.mx/
Comisión Nacional del Agua (Conagua). (2025). Datos oficiales de calidad del agua y descargas identificadas en la Cuenca del Alto Atoyac. Gobierno de México.
Instituto Iberoamericano de Puebla. (2024). Salud ambiental en la Cuenca del Alto Atoyac. Repositorio Digital Ibero Puebla. https://repo.iberopuebla.mx/IIMA/saludAmbiental/
La Jornada de Oriente. (2023, 3 de enero). Multas insignificantes a ayuntamientos y empresas por contaminar el Atoyac. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/multas-insignificantes-por-contaminar-al-atoyac/
La Jornada de Oriente. (2026, 26 de enero). La industria poblana genera 63 toneladas de tóxicos al año, de ellos 17 acaban en el Atoyac. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/industria-poblana-63-toneladas-toxicos-atoayac/
La Jornada. (2026, 5 de febrero). En 2025 contaminaron 297 empresas el río Atoyac; solo pagan multa de 32 mil. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/02/05/estados/en-2025-contaminaron-297-empresas-el-rio-atoyac-solo-pagan-multa-de-32-mil
MTP Noticias. (2025, 6 de noviembre). Tres mil millones para río Atoyac en PEF 2026. https://mtpnoticias.com/puebla/etiquetan-tres-mil-millones-para-rio-atoyac/
Mundo Nuestro. (2021, 30 de mayo). La mancha de la empresa inmaculada en el río Atoyac. https://mundonuestro.mx/content/2021-05-30/volkswagen-la-mancha-en-la-empresa-inmaculada-en-el-rio-atoyac/
Rosado-Zaidi, S. (2025, 22 de febrero). [Entrevista sobre contaminación industrial en la Cuenca del Alto Atoyac]. La Opinión de México. https://laopiniondemexico.mx/la-cuenca-mas-contaminada-del-pais-en-total-abandono/
