2º Informe estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac
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2º Informe estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac: recuentos del horror

El 2º Informe estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac es un documento de 462 páginas, coordinado por SECIHTI e INECOL, que certifica que la región industrial de Puebla-Tlaxcala funciona es una gran zona de sacrificio. Las empresas reportan apenas el 5.7% de los contaminantes que declaran ante la EPA de Estados Unidos, mientras la infancia paga con leucemia y falla renal.

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El 2º Informe estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA) —publicado en 2026 por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y el Instituto de Ecología A.C. (INECOL)— llega cargado de evidencias que confirman lo que las comunidades afectadas llevan dos décadas denunciando: el río Atoyac y sus afluentes atraviesan estados de Puebla y Tlaxcala convertidos en drenajes industriales, y la población que vive a su orilla enferma y muere a tasas muy por encima de la media nacional.

No se trata de una hipótesis académica: 462 páginas de análisis transdisciplinar, elaboradas por más de cien investigadoras e investigadores de doce instituciones y cuatro colectivos comunitarios, documentan con precisión qué sustancias hay en el agua, quiénes se enferman, cómo se resiste y qué debe hacer el Estado.

La cuarta planta industrial del país: qué es el 2º Informe estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac

La Cuenca del Alto Atoyac abarca municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala articulados por los ríos Atoyac y Zahuapan. En su territorio opera la cuarta zona industrial más grande de México, con corredores y parques donde conviven la automotriz Volkswagen, decenas de maquiladoras textiles, empresas químicas, metalurgia básica y agroindustria intensiva.

Imágenes de  la presentación y discusión del 2° Informe Estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac el 24 de abril del 2026 en el Museo Barroco de Puebla / Imagen: cortesía de Inecol

Desde 2011, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) clasificó los ríos Atoyac y Xochiac como cuerpos de agua severamente contaminados. Seis años después, en 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 10/2017, reconociendo la violación sistemática del derecho a un medio ambiente sano y al agua potable en la región.

El primer informe estratégico, publicado en 2023, documentó la asociación entre contaminación y tasas de leucemia infantil y enfermedad renal crónica superiores a la media nacional. Este segundo informe profundiza esos hallazgos, amplía el espectro de enfermedades analizadas, incorpora la perspectiva de trabajadores como artesanos de talavera expuestos al plomo, y da voz a los colectivos que desde hace años construyen alternativas agroecológicas y de gestión comunitaria del agua.

La obra fue dedicada a la investigadora Gabriela Garrett Ríos, fallecida antes de ver concluido el trabajo que ella misma coordinó.

La región que reporta 17 veces menos contaminantes que en EE.UU

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe tiene que ver con la opacidad empresarial. La comparación entre el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de México y el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI-EPA) de Estados Unidos arroja un dato que debería sacudir cualquier conciencia pública: las empresas instaladas en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) Valle Puebla-Tlaxcala reportan ante las autoridades mexicanas apenas 16 sustancias químicas, frente a las 277 que las empresas del mismo sector declaran ante la EPA estadounidense. Eso equivale al 5.7% de lo que se reporta al norte de la frontera.

La brecha no puede explicarse por diferencias tecnológicas entre países. Las fábricas que operan en Puebla y Tlaxcala forman parte de las mismas cadenas de producción global. Lo que cambia es la exigencia regulatoria y la capacidad del Estado para hacerla cumplir. El informe califica esta situación como ‘abuso industrial’ y apunta que el sistema de autorizaciones mexicano, lejos de proteger a las comunidades, ha funcionado como escudo legal para las empresas.

El concepto central que organiza el análisis es el de Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA): una unidad territorial producida por la concentración de unidades económicas industriales, agroindustriales y extractivas que generan altas concentraciones de sustancias tóxicas al aire, agua y suelo. La RESA Valle Puebla-Tlaxcala es la expresión paradigmática de cómo el neoliberalismo trasladó a países con menor regulación ambiental los costos ocultos de la producción capitalista global.

Alegoría de la contaminación / Imagen: cortesía de Grok

Los ríos Atoyac y Zahuapan forman el eje estructural de esta RESA. En ellos confluyen descargas de aguas residuales industriales y urbanas, escorrentía agrícola cargada de agrotóxicos y residuos sólidos. Los análisis fisicoquímicos revelan concentraciones de metales pesados —plomo, cadmio, cromo— que superan los límites máximos permisibles establecidos por las normas mexicanas e internacionales.

El agua subterránea, de la que dependen muchas comunidades rurales, también está contaminada.

Infancia enferma: el costo humano de la emergencia ambiental

El capítulo de salud del informe es el más perturbador. La exposición crónica a sustancias tóxicas en el agua, el aire y el suelo ha producido un aumento sostenido de enfermedades no transmisibles entre la población de la cuenca, con especial impacto en niñas, niños y jóvenes.

Las tasas de mortalidad por leucemia infantil y enfermedad renal crónica en edad temprana superan la media nacional. A estas dos enfermedades, ya documentadas en el primer informe, el segundo añade evidencias de un incremento en malformaciones congénitas, neoplasias, enfermedades del sistema digestivo, nervioso y circulatorio.

Los estudios más recientes detectaron niveles preocupantes de plomo y cadmio en sangre de adolescentes y trabajadores de zonas industrializadas y agrícolas. Estas exposiciones se vinculan con alteraciones renales, hepáticas, neurológicas y endocrinas. En el caso de los artesanos que trabajan con talavera, el plomo forma parte del oficio y del riesgo: el informe documenta su exposición a residuos sólidos contaminados y plantea la urgencia de programas de atención diferenciada.

El sistema de salud de la región no está preparado para esta emergencia. La escasez de personal especializado, equipos médicos deficientes y una infraestructura de primer nivel claramente insuficiente provocan retrasos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas. Una parte de la población abandona los tratamientos por la distancia a los centros especializados o por la imposibilidad económica de sostenerse en ellos.

Los proyectos de investigación e incidencia financiados por el extinto CONAHCYT —hoy SECIHTI— lograron diseñar un programa de atención integral a pacientes de leucemia y establecer el primer registro poblacional de casos de leucemias agudas infantiles en la región.

2º Informe estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac: lo que las comunidades ya están haciendo

El informe no se limita al diagnóstico. Una de sus aportaciones más valiosas es documentar las respuestas comunitarias que llevan años construyéndose desde abajo, muchas veces sin apoyo institucional y en ocasiones enfrentando la represión o el abandono del Estado.

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Los Comités Comunitarios de Agua (CCA) constituyen uno de los pilares de esta resistencia organizada. Reconocidos finalmente como instancias legítimas para gestionar el recurso hídrico en sus territorios, estos comités operaron durante años al margen de cualquier reconocimiento legal, implementando ecotecnias como jagüeyes y zanjas infiltradoras para captar y conservar el agua. La iniciativa de Ley de Aguas de Tlaxcala, presentada en 2023 con un enfoque privatizador, fue rechazada socialmente gracias en parte a la movilización organizada desde estos colectivos.

El Centro de Economía Social Julián Garcés (CES) acumula 30 años de trabajo en la promocion de la agricultura campesina y la agroecología. Su Escuelita Campesina Agroecológica (ESCAMPA) reúne agricultores, estudiantes, investigadoras e investigadores y técnicos en procesos de formación que combinan saberes ancestrales con ciencia transdisciplinar. El informe documenta 14 años de implementación de ecotecnias, sistemas agroforestales y producción de bioinsumos como alternativa real al modelo agrícola dependiente de agrotóxicos que agrava la contaminación de la cuenca.

El Centro Fray Julián Garces Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. y la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) acompañaron procesos jurídicos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos y obtuvieron fallos favorables. Son organizaciones que entienden la defensa del territorio como un ejercicio integral: denuncia, litigio, formación y construcción de alternativas van de la mano.

Qué pide el informe: pautas concretas para un Estado que debe actuar

La tercera parte del informe, dedicada a las pautas de acción, traduce el diagnóstico en propuestas operativas dirigidas a instituciones concretas. No son recomendaciones genéricas: el texto identifica qué secretaría, qué instrumento legal y qué plazo deberían articularse para atender cada problema.

¿El presente y el futuro de Puebla? Imagen: cortesía de Microsoft Copilot

En materia de prevención ambiental, el informe exige la homologación del sistema de clasificación industrial entre México y Estados Unidos para que las empresas que operan en la RESA reporten la totalidad de sus emisiones, como lo hacen al norte de la frontera. Propone establecer comités ciudadanos de verificación y seguimiento con participación de organizaciones de base comunitaria.

En salud, el informe identifica la oportunidad del modelo IMSS-Bienestar para mejorar la cobertura en la cuenca, y propone planes de atención integral a la salud ambiental y laboral que articulen a la Secretaría de Salud, el IMSS, el CENAPRECE y los equipos académicos con trayectoria en la región. La detección temprana de leucemias y enfermedades renales, junto con un monitoreo sistemático de biomarcadores de exposición a tóxicos, son prioridades urgentes.

En materia agroecológica, el informe reivindica programas como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar como puntos de apoyo, y propone su articulación con sistemas de certificación orgánica participativa, prohibición progresiva de pesticidas altamente peligrosos (PAP) y fortalecimiento de las redes de economía solidaria que ya operan en Tlaxcala y Puebla.

Una ciencia que no termina en bibliotecas

El prólogo del informe, firmado por el investigador José Raúl García Barrios, lo dice con claridad meridiana: ‘este libro es un manifiesto metodológico que rechaza la ilusión de neutralidad’. Los autores no escriben sobre las comunidades: escriben con ellas. Los datos sobre plomo en sangre y plaguicidas en suelos no provienen de laboratorios aislados, provienen de colaboraciones donde las propias víctimas son coproductoras del saber.

La realidad de las colonias poblanas en las áreas ribereñas / Imagen: cortesía del Cupreder

Eso es lo que distingue al 2o Informe estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac de tantos documentos que llegan con el sello oficial y acaban en un cajón: es un instrumento de lucha. Documentar quién contamina, cuánto enferma la población y cómo se organizan las comunidades tiene un propósito político explícito: obligar al Estado a cumplir con sus obligaciones constitucionales en materia de salud, agua y medio ambiente sano.

El Atoyac sigue envenenado. Las leucemias infantiles de Tlaxcala y Puebla siguen sin la respuesta sanitaria que merecen. Las empresas transnacionales siguen declarando una décima parte de lo que declaran en EE.UU. Pero ahora hay 462 páginas que lo demuestran con nombre, apellido y número.

El informe exige dejar de tratar la emergencia como etiqueta burocrática y convertirla en política de Estado. Las comunidades ya lo están esperando.

FICHA DEL DOCUMENTO

Título: 2o Informe estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): problemática socioambiental, avances y pautas para su atención desde un enfoque de justicia e integralidad.

Coordinación: Itzel Fabiola Arroyo Ortega, Rocío García Bustamante, Nancy Elizabeth Wence Partida, Laura Patricia Sánchez Vega, Josefina Pedraza López, Fabiola Lara Espinosa y Alfredo Delgado Rodríguez. SECIHTI / INECOL, México, 2026.

ISBN: 978-607-8833-33-7 | DOI: 10.21829/978-607-8833-33-7

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