El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció esta semana el inicio de acciones legales contra la empresa Concesiones Integrales SA de CV, operadora del sistema Agua de Puebla Para Todos, por presunto incumplimiento de sus obligaciones de potabilización y saneamiento de aguas residuales establecidas en su título de concesión.
La cuenca del río Atoyac, que recibe los efluentes de la zona metropolitana de Puebla y docenas de municipios industriales del corredor Tlaxcala-Puebla, lleva más de una década en deterioro progresivo bajo el control nominal de una empresa que cobra el servicio sin prestarlo cabalmente.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta / Imagen: Google
La concesión fue otorgada en diciembre de 2013, durante la administración de Rafael Moreno Valle, por treinta años. La empresa pagó mil 450 millones de pesos y se comprometió a invertir más de tres mil 844 millones en cinco años en conducción, control de fugas y saneamiento.
Ese plazo venció en diciembre de 2018. Los ríos Atoyac y Alseseca, sin embargo, no mejoraron. Puebla se convirtió en el segundo estado del país con los mayores niveles de contaminación en sus ríos, y la cuenca del Atoyac en la tercera más contaminada de México.
Lodos al aire libre y biodigestores inutilizados
La Jornada de Oriente documentó en los últimos días una situación que resume cinco años de negligencia concesionaria: Concesiones Integrales lleva al menos cinco años arrojando lodos contaminados a la intemperie en la planta tratadora Alseseca Sur, ubicada en San Francisco Totimehuacán.
Esos lodos, provenientes del río Alseseca y de la zona industrial norte de la ciudad de Puebla, contienen metales pesados y contaminación orgánica de alto impacto. El biodigestor instalado para tratarlos está inoperante porque la empresa lo dejó sin mantenimiento hasta que los lodos se petrificaron.
Lo mismo ocurrió con el biodigestor de la planta Atoyac Sur. En ambos casos, los gobiernos federal y estatal pusieron recursos para rehabilitarlos, y ambos siguen sin operar. Mientras tanto, la planta Alseseca Sur trabaja al 60 por ciento de su capacidad con tratamiento primario, el nivel más básico, dejando la mayor parte de los contaminantes en el agua que regresa al río.
Una empresa con ingresos anuales superiores a mil millones de pesos alega falta de capacidad financiera para cumplir sus obligaciones de saneamiento, mientras el gobierno estatal aporta cientos de millones en plantas que el concesionario privado no opera. Esa es la estructura del negocio denunciado.
La anatomía de un río concesionado a la contaminación
El Atoyac no se contamina solo ni por descuido. Es el resultado de un modelo regulatorio que concentró en manos de un concesionario privado la gestión de un bien público estratégico sin mecanismos efectivos de supervisión.
Más de ocho mil empresas descargan aguas residuales al Atoyac en el corredor industrial Puebla-Tlaxcala; solo 500 cumplen los parámetros de la declaratoria Atoyac Xochiac vigente desde 2011. La Conagua tiene cuatro inspectores para vigilar todo el territorio poblano.
La ONODET se hizo eco de las palabras de Francisco Castillo Montemayor, quien denunció que la concesionaria es responsable de la descarga de cinco mil litros de aguas residuales por segundo al Atoyac, lo que equivale al 75 por ciento del caudal total del río en ese tramo.
Organizaciones, técnicos y académicos han señalado una y otra vez que la empresa obtiene ingresos anuales superiores a mil millones de pesos mientras el estado poblano aporta 400 millones de pesos al año en el mantenimiento de las plantas tratadoras.
El amparo interpuesto desde 2017 por Dale la Cara al Atoyac AC y la Alianza para la Defensa Ambiental AC identificó con precisión las responsabilidades: un estado que delegó su obligación en un privado y luego miró hacia otro lado. La demanda del gobernador Armenta es el primer acto formal en doce años en que el gobierno estatal intenta revertir esa delegación.
Justicia hídrica en el horizonte
El proceso legal que piensa iniciar Alejandro Armenta es necesaria pero insuficiente si no va acompañada de una renegociación estructural de la concesión.
Agua de Puebla: la concesionaria que no cumple / Imagen: Google
El Atoyac requiere no solo que Concesiones Integrales cumpla el contrato de 2013, sino que ese contrato sea revisado a la luz del daño acumulado y de los derechos al agua de cinco millones de personas que dependen de la cuenca. Las comunidades organizadas en la cuenca del Alto Atoyac exigen que el Estado recupere el control real del bien más estratégico que existe: el agua.
