Ejido de Kinchil
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La batalla por el ejido de Kinchil: el doble despojo en Yucatán

En el ejido de Kinchil, la resistencia de la comunidad maya frente al avance de las “mafias inmobiliarias” y la degradación ambiental de la agroindustria marca un punto de inflexión en la defensa de la propiedad social en la península.

El pasado 15 de febrero de 2026, las calles que rodean la Casa Ejidal del Ejido de Kinchil se convirtieron en un escenario de resistencia civil y tensión política. Lo que debía ser una asamblea rutinaria se transformó en un enfrentamiento cuando la comunidad impidió la realización de una sesión convocada por el comisario ejidal, José A. Borges Chí.

El orden del día escondía un plan que los habitantes denunciaron como una traición: el intento de otorgar facultades y mandatos a un grupo de abogados externos para gestionar una sociedad inmobiliaria que tomaría el control de sus tierras de uso común (Defensores del Territorio de Kinchil, 2026).

Habitantes y ejidatarios de Kinchil impidieron el 15 de febrero del 2026 la asamblea que iba a despojar tierras comunales / Imagen: cortesía de Defensores del territorio de Kinchil

Este suceso no es un hecho aislado, sino la manifestación más reciente de una arquitectura de despojo que, bajo el amparo de vacíos legales y presiones corporativas, amenaza con disolver la propiedad colectiva en Yucatán.

El núcleo del conflicto en el Ejido de Kinchil reside en el uso instrumental del Artículo 75 de la Ley Agraria. Dicho precepto establece que, en casos de “manifiesta utilidad”, un núcleo de población puede transmitir el dominio de sus tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los propios ejidatarios (Ley Agraria, 1992/2025).

En la práctica, este mecanismo ha sido utilizado por inversionistas para desplazar a las comunidades de su patrimonio. Como señala Torres-Mazuera (2021), este proceso de privatización y mercantilización a menudo es promovido por una “mafia agraria” que involucra a empresarios, funcionarios y representantes ejidales cooptados.

En Kinchil, la propuesta del comisario Borges Chí incluía dar “facultades, poderes y/o mandato” a un equipo legal encabezado por Carlos Cruz para administrar los activos territoriales del pueblo (Defensores del Territorio de Kinchil, 2026).

Para los opositores, esto representaba entregar el futuro del ejido a manos ajenas a la comunidad, permitiendo además el “avecindamiento” de personas externas para facilitar la fragmentación de la selva virgen en lotes residenciales.

“Si perdemos nuestra tierra, perdemos todo lo que somos”,

advirtieron defensores locales, recordando que el territorio es la base de su identidad maya y sustento de actividades como la apicultura y la agricultura milpera (Avispa Midia, 2025).

Agroindustria: la vanguardia de la degradación territorial

Antes de que las inmobiliarias pongan el primer ladrillo, el territorio del Ejido de Kinchil ya enfrenta una presión devastadora por parte de la agroindustria. Empresas como Productora Nacional de Huevo (Crío) y Bachoco han sido señaladas por deforestar ilegalmente miles de hectáreas y operar vertederos de excretas a cielo abierto (Eleisegui, 2025).

La lógica del despojo es sistémica: primero, la industria degrada el valor ecológico y económico de la tierra. En Kinchil, se ha documentado la deforestación de 1,311 hectáreas por parte de Crío, incluso violando sellos de clausura impuestos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) (Sol Yucatán, 2026).

Simultáneamente, Bachoco ha utilizado la selva local como tiradero de excrementos de sus granjas Amaris I y II, contaminando el aire y el agua, y provocando plagas de moscas que destruyen la rentabilidad de la apicultura (Eleisegui, 2025).

Cuando el monte deja de ser productivo para el campesino debido a la contaminación, la oferta inmobiliaria aparece como la única salida financiera, facilitando la transición hacia los “lotes de inversión”.

El escenario regional: la “mafia agraria” en Yucatán

El caso del Ejido de Kinchil se inscribe en un proceso regional de tres décadas de erosión de la propiedad social.

Entre 1994 y 2018, se parcelaron más de 355,000 hectáreas de uso común en la Península de Yucatán, muchas de ellas de carácter forestal, lo cual contraviene el artículo 59 de la Ley Agraria que prohíbe la asignación de parcelas en selvas tropicales (Torres-Mazuera, 2021).

Esta “mafia agraria” opera mediante una red compleja que agiliza trámites oficiales para obtener tierras colectivas a bajo precio. Un ejemplo de este modus operandi es la creación de nuevos asentamientos humanos sobre áreas con cubierta forestal para evadir dictámenes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Ejidos como Ixil, Muxupip y el propio Kinchil han visto cómo sus tierras de uso común se convierten legalmente en zonas urbanizables sin consentimiento real de sus bases (Torres-Mazuera, 2021).

Impacto ambiental y derechos humanos en el Ejido de Kinchil

La defensa del Ejido de Kinchil no solo es una lucha por la propiedad, sino por la salud del ecosistema.

El suelo kárstico de la región, caracterizado por su alta permeabilidad, hace que la contaminación de las megagranjas se filtre directamente al acuífero subterráneo, la única fuente de agua dulce de la entidad (Llanes Salazar, 2025).

Investigaciones de organizaciones como Greenpeace han revelado que el agua en pozos cercanos a granjas en el poniente de Yucatán presenta niveles de nitratos y amonio que rebasan por mucho los límites para consumo humano (Center for Biological Diversity, 2021).

En Kinchil, este “ecocidio en marcha” afecta no solo a los cenotes y aguadas, sino también a vestigios arqueológicos de gran valor comparables con Dzibilchaltún (Educa Oaxaca, 2025).

Resistir para frenar el tren de la historia

La movilización del 15 de febrero en Kinchil demuestra que las comunidades no están dispuestas a ceder ante la presión del capital especulativo. Los ejidatarios han recurrido a la protección que les otorga el Artículo Segundo Constitucional, el cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la integridad de sus tierras (Con Acento, 2026).

En esta batalla, las mujeres de Kinchil han asumido un papel protagónico, reivindicando el legado de Felipa Poot Tzuc, defensora de la tierra maya asesinada en 1936 (Defensores del Territorio de Kinchil, 2026).

Mientras agroindustriales e inmobiliarias continúan promocionando a Yucatán como un “nicho de negocios seguro”, el Ejido de Kinchil peligra. Y su lucha es recordatorio de que el desarrollo no puede ser legítimo si se construye sobre el despojo y la destrucción del patrimonio biocultural de los pueblos originarios.

Referencias

  • Avispa Midia. (2025, 13 de enero). Comunidades mayas alertan impactos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. https://avispa.org/comunidades-mayas-alertan-impactos-en-el-marco-del-plan-nacional-de-desarrollo-2025-2030/
  • Center for Biological Diversity. (2021, 7 de abril). Degradación ambiental ocasionada por esta industria porcícola en la Península de Yucatán. Comunicado conjunto con Greenpeace México.
  • Con Acento. (2026, 16 de febrero). Tensión en Kinchil: ejidatarios denuncian imposición y detienen asamblea por su futuro territorial.
  • Defensores del Territorio de Kinchil. (2026, 16 de febrero). Comunidad y ejidatarios de Kinchil frenan intento de despojo y reafirman defensa de las tierras ejidales de uso común. Comunicado de Prensa.
  • Educa Oaxaca. (2025, 29 de mayo). Inmobiliarias devastan al menos 5 mil hectáreas de la Reserva Ría Celestún en Yucatán, denuncian campesinos. https://www.educaoaxaca.org/inmobiliarias-devastan-al-menos-5-mil-hectareas-de-la-reserva-ria-celestun-en-yucantan-denucian-campesinos/
  • Eleisegui, P. (2025, 29 de abril). Deforestación ilegal y excrementos: Bachoco, otra avícola que arrasa con la selva de Kinchil. Jaltun. https://jaltun.mx/deforestacion-ilegal-y-excrementos-bachoco-otra-avicola-que-arrasa-con-la-selva-de-kinchil/
  • Ley Agraria. (2025). Artículos 73 al 75. Diario Oficial de la Federación. (Original publicado en 1992).
  • Llanes Salazar, R. (2025). Amparos, iniciativas de ley e informes: el derecho humano al agua y la contaminación del acuífero en Yucatán. Península, 20(1). https://doi.org/10.22201/cephcis.25942743e.2025.20.1.90488
  • Sol Yucatán. (2026, 13 de enero). Crío destruye el ejido de Kinchil. https://solyucatan.mx/crio-destruye-el-ejido-de-kinchil/
  • Torres-Mazuera, G. (2021). Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C. (CCMSS).
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