La laguna de Acuitlapilco, un cuerpo de agua de histórica relevancia para Tlaxcala, se encuentra en un estado crítico de contaminación y desecamiento. Esta realidad contrasta crudamente con la existencia de un entramado legal y político diseñado, en teoría, para protegerla. La situación ha llegado a un punto tal que los esfuerzos de concientización para su recuperación se consideran agotados, según el representante de Patos Verdes al rescate, a pesar de que no se ha hecho una consulta pública sobre el tema.
Sin embargo, es momento de elevar las voces y dirigirlas hacia cada pueblo lacustre para entonces sí, proceder por la vía legal con el apoyo y la voz de los pueblos. No se debe decir que el diálogo y la colaboración han fallado sin siquiera haber consultado a los pueblos, pero sí es válido señalar directamente a los gobiernos federal, estatal y municipal por no llevar a cabo las acciones mínimas que marcan la ley.
Este artículo explora, a partir de diversas fuentes académicas, gubernamentales, periodísticas y experienciales disponibles en la Internet y las redes sociales, las múltiples capas de esta crisis ambiental y de gobernanza. Se evidencia cómo la distancia entre la norma y la realidad, la opacidad y la inacción, contribuyen al deterioro de un ecosistema vital.
Un pasado rico amenazado por un presente crítico
Históricamente, las áreas cercanas a lagos como el de Acuitlapilco han sido fuentes importantes de recursos para las comunidades locales. Según Alba González Jácome y otros expertos, en el siglo XVI Tlaxcala contaba con abundantes zonas de humedales que jugaban un papel fundamental en la agricultura y la vida cotidiana, aunque se reconoce la necesidad de profundizar en su estudio.
La propia laguna de Acuitlapilco ha experimentado cambios en su régimen de propiedad, pasando de municipal a privada y luego a nacional, como se puede constatar en las declaratorias de propiedad del lago publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Esto refleja tensiones sobre su uso, y como está la solicitud histórica para desecarla con fines agrícolas o disputas sobre el aprovechamiento de sus aguas reportada por González Jácome en sus estudios sobre humedales de Tlaxcala.
Imágenes procedentes de https://mexico.inaturalist.org/projects/laguna-de-acuitlapilco-tlaxcala-mx
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) regula la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, requiriendo concesiones o asignaciones otorgadas por la autoridad del agua (refiriéndose a la Comisión Nacional del Agua). La solicitud de estas concesiones debe incluir, cuando sea necesario, una manifestación de impacto ambiental. Los concesionarios tienen obligaciones como usar el agua de manera eficiente, mantener limpios los cauces y reportar la calidad de sus descargas.
La ley también establece la necesidad de permisos de descarga para el vertido de aguas residuales, con límites permisibles establecidos en Normas Oficiales Mexicanas (NOM). La NOM-001-SEMARNAT-2021, por ejemplo, define límites para contaminantes en descargas de aguas residuales a cuerpos receptores nacionales, reconociendo la vulnerabilidad de ecosistemas como los humedales.
Subida del nivel de agua en la laguna de Acuitlapilco durante septiembre del 2025 / Imagen: cortesía de Patos verdes al resacte AC
Esta norma detalla procedimientos de muestreo, análisis y reporte de resultados, con frecuencias que varían según el tipo y tamaño de la descarga. También especifica la infraestructura necesaria para los puntos de muestreo. La LAN prevé sanciones administrativas, incluyendo multas y clausuras, por violaciones a sus disposiciones, e incluso la posibilidad de presentar denuncias penales que han sido aplicadas en contra del pueblo, pero no en contra del gobierno o de quienes explotan nuestras aguas nacionales.
En materia de biodiversidad, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) busca la conservación y el aprovechamiento sustentable de la fauna y flora de México. Establece la necesidad de planes de manejo para diversas actividades, incluyendo el manejo de especies exóticas en confinamiento, y regula el aprovechamiento extractivo y no extractivo. La ley prohíbe cercos u otros métodos que restrinjan el movimiento de fauna nativa, salvo excepciones justificadas por proyectos de conservación. La falta de legal procedencia de ejemplares o la realización de actividades sin autorización o en contravención a un plan de manejo pueden llevar al aseguramiento precautorio y decomiso, con posible liberación de ejemplares a su hábitat si es procedente.
Complementariamente, la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible de Tlaxcala establece la participación social en la formulación de políticas ambientales, crea una procuraduría encargada de la inspección, vigilancia y sanción, y detalla el procedimiento para denuncias populares ambientales. Las violaciones a esta ley estatal también conllevan sanciones administrativas.
Este cuerpo legal, aparentemente exhaustivo, proporciona múltiples herramientas para la protección de la laguna de Acuitlapilco y su entorno. Estas van desde la prevención de impactos ambientales (MIA) y el control de la contaminación (permisos de descarga, NOM, inspecciones) hasta la gestión de la vida silvestre y la restauración ecológica. También otorga a los ciudadanos derechos a la información y a la denuncia, con procedimientos específicos para ejercerlos.
La brecha entre la ley y la realidad: ¿opacidad o falta de voluntad política?
A pesar de la existencia de este marco legal, la laguna de Acuitlapilco languidece. Las fuentes revelan fricciones y obstáculos concretos en la implementación de la normativa. La Unión de Pueblos, Comunidades y Organizaciones por la Laguna y la Vida, organización que dejó de existir por la existencia de intereses compartidos entre Patos Verdes y el gobierno lorenista y la falta de apertura de esa organización al diálogo, hizo público el hecho de que el municipio de Tlaxcala es un “gran obstáculo” al incumplir con el acceso a la información solicitada durante reuniones con representantes municipales a puerta cerrada.
Esto es particularmente revelador por ser un hecho que contraviene directamente el espíritu de transparencia y el derecho ciudadano a la información ambiental establecidos en la LGEEPA y la ley ambiental estatal. La negativa o dilación en la entrega de información socava la posibilidad de una participación ciudadana informada y dificulta la construcción de consensos y acuerdos para la conservación.
Las promesas incumplidas, como la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales que solo quedaron en palabras emitidas por parte de gobiernos estatales anteriores, evidencian una falta de acción concreta a nivel gubernamental para abordar una fuente directa de contaminación. La presencia de descargas residuales en los mapas generados por el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana de Tlaxcala Apizaco (POZMATA) sugiere que el control sobre los vertidos, a pesar de la estricta normativa de la NOM-001-SEMARNAT-2021 y la LAN, sigue siendo un desafío y un problema que hace a la clase gobernante muda y ciega.
La política, siguiendo a Enrique Dussel, entendida no solo en su nivel abstracto sino en su concreción, implica una tensión constante entre el poder fundamental de la comunidad (potentia) y su ejercicio delegado a través de las instituciones (potestas). Cuando este ejercicio delegado ocurre “en la oscuridad no-pública”, se convierte en corrupción. Elejercicio del poder del pueblo delegado a las instituciones es confuso; aunque idealmente en sus inicios, responde a exigencias populares del pueblo, se puede degenerar en desorden y caos social, y en una divinización absoluta de un poder creado por y para bien del pueblo.
Así, la institución se usa para la supervivencia de la burocracia y el enriquecimiento de los trabajadores del pueblo, fortalecidos por la falta de transparencia y rendición de cuentas de los representantes, lo cual debilita el poder ciudadano. La situación en Acuitlapilco, con acusaciones de opacidad municipal y promesas incumplidas, parece reflejar esta dinámica donde el ejercicio del poder delegado no está respondiendo de manera efectiva y transparente al bienestar de la comunidad y la preservación del entorno vital.
Un IMEPLAN (Instituto Metropolitano de Planeación) es un instrumento de planeación y un mecanismo de coordinación y gobernanza metropolitana. Tiene como objetivo fomentar la ordenación del territorio metropolitano, dotar de herramientas para la gobernanza metropolitana, y sentar las bases para el trabajo coordinado y planificado entre los municipios que la integran. Así, la idea de un IMEPLAN propuesto en 2024 por el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, donde se incluye este lago, sugiere que las estructuras de gobernanza actuales no facilitan adecuadamente la gestión compartida y la toma de decisiones informada para los temas metropolitanos. La falta de coordinación y de una visión a largo plazo puede resultar en acciones desarticuladas que no abordan la complejidad de los problemas ambientales de manera integral.
Además de la opacidad y la inacción, subyacen posibles intereses económicos. Si bien las fuentes no detallan específicamente qué sectores o actividades son los principales contaminantes de la laguna en la actualidad, la historia del intento de desecación para agricultura y la mención de la producción de insumos en Tlaxcala y su impacto socioeconómico sugieren que las actividades productivas y el desarrollo urbano ejercen presión sobre los recursos naturales.
Esto ha sido reportado en el tiempo por autores como García Cook, González Jácome, Francisco Castro, Rodríguez Razgado, Reyes García y López Juárez; además de reportarse en programas realizados por instituciones gubernamentales como la SECODUVI y la SEDATU desde 1986 hasta 2025. Todos esos trabajos han aportado, además, la identificación de numerosos pozos en la Zona Metropolitana, muchos de ellos no registrados, también apuntan a un posible descontrol en el uso del recurso hídrico que podría impactar los cuerpos de agua superficiales como la laguna. En el contexto de la crítica de Dussel sobre el “cortoplacismo” en política, los beneficios económicos o políticos inmediatos pueden primar sobre la sostenibilidad ecológica a largo plazo.
Lucha ciudadana por principios
Ante la insuficiencia de la acción gubernamental percibida, la vía legal emerge como un camino necesario para los defensores de la laguna. Este paso puede interpretarse a la luz de los principios de liberación política descritos por Dussel. Emiliano Zapata, como ejemplo de político que crea novedad en la historia y se juega por los excluidos, actuaba basado en principios explícitos: la tierra para quien la trabaja (principio material crítico), la toma de decisiones colectiva (principio de legitimación crítico), y la acción directa para defender sus reivindicaciones (principio de factibilidad crítico). Si bien la acción legal difiere de empuñar armas, representa un recurso de factibilidad crítica dentro del marco legal vigente para exigir que el sistema responda a la necesidad material de preservar la vida (el principio material de la política) y a la exigencia de legitimidad basada en la participación y la transparencia.
La denuncia popular, contemplada tanto en la ley estatal como en la LGEEPA, es precisamente un mecanismo para que los ciudadanos señalen actos u omisiones que causen desequilibrio ecológico o dañen el ambiente. Permite aportar pruebas e información y obliga a la autoridad a investigar. La amenaza de acción legal por parte de las organizaciones ciudadanas puede ser vista como una activación de estos mecanismos de control y exigencia. Busca que el poder formal (la potestas del gobierno municipal y estatal) se alinee con el principio material de proteger la laguna y, por extensión, la vida y el bienestar de la comunidad que depende de ella.
Las iniciativas como la supervisión de la etapa de restauración y la instalación de puentes por parte del gobierno estatal son pasos que, aunque concretos, deben ser parte de un proyecto integral y sostenido avalado por el pueblo y bajo el cumplimiento de las leyes ambientales del país. La gobernadora mencionó la colaboración entre autoridades y ciudadanos como clave para los logros actuales y expresó su deseo de promover un proyecto turístico. Sin embargo, el turismo, si bien puede basarse en la riqueza natural y cultural, también genera impactos y requiere planificación y manejo cuidadosos para ser sostenible.
La vista por parte de la asociación Patos Verdes al Rescate a la Secretaría de Turismo de Tlaxcala es una muestra de toma de decisiones mal planificadas y no consensadas por los pueblos lacustres. Lo mismo sucede con la carrera impulsada por esta misma organización, pues es una actividad masificada que nunca respondió con transparencia sobre el destino final de los recursos aportados por más de 700 deportistas ni con las acciones de prevención y mitigación de los impactos negativos causados a la diversidad biológica del embalse.
Finalmente, el hecho de que esa organización y las otras que los acompañan desde 2025 hayan presionado a la PROPAET (Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala) para construir puentes en la zona federal del vaso sin considerar el artículo 28 de la LGEEPA, demuestran una visión utilitarista de la laguna y de la propia vida. Por lo tanto, el turismo propuesto desde el gobierno y esas organizaciones vislumbra un modelo de turismo de masas que provocará fuertes impactos ambientales en la laguna de Acuitlapilco mediante turistificación, urbanización, masificación, especulación inmobiliaria, segregación de la población local…
La contraparte y la utopía turística que deben perseguir los y las habitantes de ecosistemas tan sensibles como este, debe basarse en un modelo de turismo de naturaleza con participación ciudadana que vaya en línea con la necesidad de proyectos integrales e inclusivos con visión a largo plazo, y basados en la restauración y conservación ambiental de este espejo tlaxcalteca.
Hacia una gobernanza realmente responsable
La crisis de la laguna de Acuitlapilco es un microcosmos de la tensión entre el marco legal y su aplicación efectiva. En una reflexión aportada por el Dr. Narciso Barrera Bassols durante su participación en el 6to Festival de los Humedales de Tlaxcala organizador por Libélula Viajera, el especialista invitó a pensar el lago como un espejo en el que nos reflejamos, ¿cómo queremos vernos reflejados?, preguntó. La existencia de leyes y normativas es un paso fundamental, pero insuficiente si no va acompañada de voluntad política, transparencia y rendición de cuentas. La exigencia ciudadana, incluso a través de la vía legal, es una manifestación necesaria del poder fundamental (potentia) que busca corregir el rumbo del poder delegado (potestas) cuando este se vuelve opaco o ineficaz.
Laguna con volcán al fondo / Imagen: cortesía de Libelula Viajera
Para la recuperación de la laguna, se necesita más que proyectos puntuales. Se requiere una gestión integral que articule a los diferentes niveles de gobierno y a la sociedad civil, basada en información veraz y accesible. La creación de un IMEPLAN o una instancia similar podría facilitar esta coordinación. Es crucial pasar de las promesas a la acción concreta, garantizando el tratamiento de las aguas residuales, controlando las descargas y promoviendo prácticas sostenibles. La identificación y gestión de los numerosos pozos, registrados y no registrados, también es fundamental para la salud del sistema hídrico regional.
La preservación de la laguna de Acuitlapilco no es solo un desafío ambiental, es un desafío de gobernanza. Es una prueba de si el poder formal será capaz de honrar el principio material de proteger la vida y responder a las exigencias de justicia ambiental de la comunidad, superando la opacidad y los intereses cortoplacistas en favor de una sostenibilidad real a largo plazo. La amenaza de acción legal por parte de los ciudadanos no es el fin del diálogo, sino quizás la forma más contundente de activarlo en un sistema que, a pesar de sus leyes, a menudo parece operar en la oscuridad.
¿En qué espejo desean las comunidades, las y los tlaxcaltecas y mexicanos verse reflejados?
La laguna espera acción, no solo normativas
La laguna de Acuitlapilco, con su rica historia y su actual estado de deterioro, personifica la distancia entre el marco legal ambiental de México y su aplicación efectiva. Las leyes son claras en la necesidad de proteger los ecosistemas, controlar la contaminación y garantizar la participación y el acceso a la información. Sin embargo, la crisis de la laguna revela fallas en la gobernanza, marcadas por la opacidad, la falta de cumplimiento de promesas y posibles intereses encontrados.
La lucha de las organizaciones ambientales, que escalan hacia la vía legal ante el abuso de los gobiernos y unos cuantos ciudadanos, pone de manifiesto la necesidad urgente de una acción gubernamental transparente, coordinada y decidida, que priorice la salud del ecosistema y el bienestar de la comunidad. Solo así, haciendo que las instituciones creadas por y para el pueblo sirvan verdaderamente al poder de quien las creo y al principio material de la vida, se podrá detener el deterioro y emprender el camino real hacia la recuperación de la laguna de Acuitlapilco.
Las leyes existen; ahora se necesita que se cumplan con integridad y compromiso, y no en beneficio de personas del pueblo que han fracasados en el cumplimiento de sus labores delegadas por quien confió en ellos.
Este texto es obra de un alumno del Taller Virtual de periodismo y Redes Sociales, impartido en mayo del 2025. Por razones de seguridad, su nombre no se menciona en el artículo.
