En un hito que marca un antes y un después en la lucha por la justicia ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dictaminó la clausura total y definitiva de una polémica megagranja porcícola en la comunidad de Santa María Chi, Mérida, Yucatán.
Esta decisión, celebrada por la Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on (Somos Agua), representa el culmen de una tenaz y prolongada batalla librada por los habitantes mayas contra una industria que, por años, ha degradado su entorno y puesto en riesgo su salud (Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on, 2025). Sin embargo, esta victoria no es el final, sino un paso crucial en una cruzada mucho más amplia por la restauración del territorio y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en la península (Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on, 2025).
Yucatán, una tierra rica en cultura y biodiversidad, se asienta sobre un subsuelo kárstico, rocoso y altamente permeable, caracterizado por la ausencia de sistemas hidrológicos superficiales (Stringfield & LeGrand, 1974; Zúñiga Medina, s.f.). La principal fuente de agua para todas las actividades humanas en la península es su acuífero subterráneo, accesible a través de una vasta red de cenotes y pozos (Zúñiga Medina, s.f.).
El Anillo de Cenotes (AC), una estructura hidrogeológica identificada alrededor del cráter de Chicxulub (Perry et al., 1995), abarca 27 municipios del estado de Yucatán (SEDUMA, 2010; Zúñiga Medina, s.f.) y es crucial por su importancia biológica y sociocultural (Finch, 1965; Zúñiga Medina, s.f.). Este sistema interconectado permite que los contaminantes vertidos en un cenote eventualmente lleguen a otros y, en última instancia, al mar, lo que agrava la preocupación por la calidad del agua en toda la región (Olvera, 1998; Perry et al., 2009; Valle-Levinson, 2011; Zúñiga Medina, s.f.).
Megagranja clausurada, avance real
A pesar de su vulnerabilidad, el sistema económico existente en Yucatán ha seguido ampliando sus prácticas insostenibles. La actividad porcícola se destaca como la principal responsable de los contaminantes y residuos que se acumulan en el manto acuífero (Zúñiga Medina, s.f.). Más de 500 granjas porcícolas operan en el estado, afectando directamente a más de 20 localidades yucatecas con impactos ambientales, sociales y económicos significativos (Medina, 2025; Redacción Macronews, 2025). Estas granjas, que a menudo operan de manera irregular con hasta 40 mil cerdos, contaminan los mantos acuíferos y representan riesgos para la salud de la población (Medina, 2025; Redacción Macronews, 2025).
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Los estudios han documentado la presencia de materia fecal, con nutrientes biodegradables, pero también componentes no biodegradables ricos en fósforo y nitrógeno, así como bacterias como E.coli, residuos de antibióticos, metales pesados y otros químicos (Hribar, 2010; Pérez et al., 2015; Zúñiga Medina, s.f.). La mayoría de los sistemas de tratamiento de las granjas fueron diseñados para cumplir con normativas menos estrictas para el riego agrícola y no con las exigencias actuales de la NOM-001-SEMARNAT-2021 (SEMARNAT, 2023; Zúñiga Medina, s.f.).
En muchos casos, los límites permisibles de Demanda Química de Oxígeno (DQO) se rebasan entre 7 y 144 veces, y los de nitrógeno total entre 24 y 1000 veces (SEMARNAT, 2023; Zúñiga Medina, s.f.). Estas emisiones contribuyen a la eutrofización del agua y la acidificación del suelo, con impactos directos en la salud humana debido a la presencia de ácido sulfhídrico (H2S) y amoníaco (NH3) (Alkezweeny et al., 1986; Zúñiga Medina, s.f.). La alteración de las cadenas tróficas subacuáticas y terrestres es una consecuencia directa de esta contaminación (Zúñiga Medina, s.f.).
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Además de la industria porcícola, otros megaproyectos agroindustriales y de expansión urbana agravan la situación, alterando las redes hídricas y facilitando la dispersión de contaminantes letales para las poblaciones y los ecosistemas costeros (Escalante, 2021; IMCO, 2019; Zúñiga Medina, s.f.). La presencia de plaguicidas organoclorados (COP) como heptacloro, lindano, endosulfán, aldrin y DDT, clasificados como la “docena sucia” por el Convenio de Estocolmo, ha sido detectada en el agua, la sangre y la leche materna de mujeres mayas, con graves consecuencias para la salud humana como cánceres, malformaciones congénitas y problemas cognitivos en niños (FCEA, 2004; Zúñiga Medina, s.f.).
Santa María Chí: El Corazón de la Resistencia
La comunidad de Santa María Chí, una subcomisaría de Mérida con 385 habitantes, de los cuales el 57% se autoidentifica como indígena maya, se ha convertido en el epicentro de esta lucha (Llanes Salazar, 2024). Sus orígenes se remontan a las haciendas henequeneras del siglo XIX (Llanes Salazar, 2024). Tras el declive del henequén, el terreno de la hacienda fue transformado en una granja porcina (Llanes Salazar, 2024).
Lo que comenzó con cinco naves en 1986, se expandió a más de 72 naves en una superficie de 220 hectáreas, albergando aproximadamente 50,000 cerdos, cien veces más que la población humana de la comunidad (Llanes Salazar, 2024). La granja, conocida como “San Gerardo” y también como “Granja Santa María”, es propiedad de los empresarios Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, y es aparcera de la empresa Kekén (Arriaga Durán, 2025; Eleisegui, 2024; Llanes Salazar, 2024).
Comunicado sobre la clausura de la megagranja porcina en Santa María Chi
Los habitantes de Santa María Chí han sufrido un impacto devastador. La granja se ubica a menos de cien metros de las viviendas, violando la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDS-22 que exige una distancia mínima de 1000 metros (Llanes Salazar, 2024; Secretaría de Desarrollo Sustentable, 2022). El hedor insoportable, especialmente por las mañanas, noches y durante las lluvias, ha afectado la calidad de vida de los residentes, obligándolos a vivir “encerrados” para evitar el olor, las moscas y los mosquitos (Llanes Salazar, 2024). Estos olores no solo son desagradables, sino que provocan problemas respiratorios, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y otras afecciones de salud (Bautista et al., 2022; Borlée et al., 2015; Classen et al., 1994; Radon et al., 2007; Smit & Heederick, 2017; Synnott, 2003; Wing et al., 2008; Llanes Salazar, 2024).
Los camiones que transportan cerdos y alimento han erosionado las calles y generado ruidos constantes, e incluso se ha denunciado que lavan los vehículos en las calles de la comisaría, dejando suciedad frente a las casas (Llanes Salazar, 2024).
La contaminación del agua ha sido uno de los problemas más graves. El agua de los pozos artesanales, antes cristalina y fresca, ahora está sucia, con mal olor y la presencia de gases (Llanes Salazar, 2024). Análisis de calidad del agua de pozos en Santa María Chí han documentado contaminación por coliformes fecales por encima del límite permitido por la Norma Oficial Mexicana (más de 8 veces el límite) (Llanes Salazar, 2024). Los habitantes atribuyen esta contaminación a la granja porcina, ya que una población de menos de 500 personas no podría generar tal nivel de contaminación (Llanes Salazar, 2024).
Los árboles frutales se mueren, las abejas desaparecen por la falta de floración y la miel ha dejado de producirse (Llanes Salazar, 2024). Incluso el agua entubada, disponible solo en ciertos horarios, se percibe cada vez más clorada, y la población se ve obligada a comprar garrafones de agua, generando un gasto adicional (Llanes Salazar, 2024).
De la movilización comunitaria a la acción Legal
La resistencia popular alcanzó su punto álgido en mayo de 2023, cuando una quema de excretas de cerdos por parte de la megagranja provocó una ola de problemas respiratorios severos y otras dolencias en la comunidad, afectando a entre 30 y 40 personas, incluidos niños y una mujer hospitalizada por síndrome de distrés respiratorio (Llanes Salazar, 2024; Pérez, 2024; Zúñiga Medina, s.f.). Ante la falta de respuesta de las autoridades municipales y estatales a sus denuncias, la comunidad decidió instalar un campamento de protesta pacífica cerca del acceso de la granja (Llanes Salazar, 2024).
La movilización de la comunidad de Santa María Chí, acompañada por colectivos de defensa del agua y derechos humanos, incluyó manifestaciones pacíficas y acciones legales (Llanes Salazar, 2024). Destaca la iniciativa de los niños de la comunidad, quienes, al ver afectada su salud, impulsaron la vía legal que finalmente llevó al cierre y suspensión de operaciones de la granja (Bote Tun, 2024; Zúñiga Medina, s.f.).
Sin embargo, la lucha no estuvo exenta de desafíos. Los propietarios de la granja recurrieron a la “criminalización de la protesta”, un patrón cada vez más común en Yucatán, presentando denuncias contra líderes comunitarios como el subcomisario Wilberth Nahuat Puc por supuesta privación ilegal de la libertad de trabajadores y despojo de cosa inmueble (Amnistía Internacional, 2023; Arriaga Durán, 2025; Eleisegui, 2025; Llanes Salazar, 2024). Estas acciones, que han sido objeto de informes de Amnistía Internacional, buscan intimidar y silenciar a quienes defienden sus derechos (Amnistía Internacional, 2023; Llanes Salazar, 2024).
El blindaje político, o la negación de la existencia maya
Los Loret de Mola y Coldwell, dueños de la megagranja, han operado con un “continuo blindaje político y judicial” (Eleisegui, 2025). En un intento por eludir las restricciones judiciales y reactivar la producción, recurrieron a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) para una consulta pública manipulada (Eleisegui, 2024). De manera “bizarra y aberrante”, la propuesta de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil negó la existencia de la comunidad de Santa María Chí y sus poblaciones vecinas como Yaxché Casares, Sitpach y X-Cuyum (Eleisegui, 2024).
La magnitud del desastre / Imagen: cortesía de Pie de Página
Según Wilberth Nahuat Puc, subcomisario de Santa María Chí, el documento de la empresa calificaba al pueblo como una “zona de amortiguamiento” y afirmaba haber realizado entrevistas y talleres con la comunidad, cuando en realidad nunca lo hicieron (Eleisegui, 2024). Las fotografías incluidas en el documento supuestamente mostraban actividades con integrantes del pueblo, pero retrataban espacios que no pertenecían a Santa María Chí (Eleisegui, 2024).
Además, la empresa negaba la existencia de cenotes dentro de su predio, a pesar de que hay dos en esas tierras, y afirmaba no tener centros educativos en un radio de mil metros, cuando la escuela primaria está a solo unos metros (Eleisegui, 2024). Expertos como Yameli Aguilar Duarte, de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst A.C., señalaron “graves como infames” irregularidades en el resumen ejecutivo, incluyendo la ausencia de trabajos de campo sobre la calidad del aire, el impacto en los suelos y el flujo hídrico, y el uso evidente de herramientas como ChatGPT (Eleisegui, 2024).
A pesar de llevar 30 años operando, la empresa no había hecho nada para reducir la contaminación, y su plan contemplaba una vida útil de 50 años, con posible extensión indefinida (Eleisegui, 2024). Esta estrategia, según Nahuat Puc, buscaba perpetuar un negocio que “entiende a las comunidades mayas como un obstáculo” (Eleisegui, 2024).
Qué esperar tras la victoria Judicial
La perseverancia de la comunidad, apoyada por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en su “cruzada legal” (Eleisegui, 2025), culminó en la clausura total y definitiva de la granja porcícola por parte de PROFEPA el 10 de septiembre de 2025 (Arriaga Durán, 2025; Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on, 2025). Esta decisión se fundamentó en el “incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas”, incluyendo la descarga directa de aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos (Eleisegui, 2025).
La titular de PROFEPA, Mariana Boy, reconoció la lucha de la comunidad y calificó la clausura como un acto de “justicia ambiental para el pueblo maya” (Arriaga Durán, 2025). Los pobladores habían interpuesto más de cuatro amparos, entre ellos el 1889/2023 del Juzgado Cuarto de Distrito, el 754/2024 del Juzgado Tercero, el 1191/2024 del Juzgado Primero y el 1325/2024 del Juzgado Segundo de Distrito, todos en Yucatán (Arriaga Durán, 2025).
Con la clausura, PROFEPA buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados, a través de un estudio de daño ambiental y el “proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio” (Eleisegui, 2025). La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, respaldó la decisión de PROFEPA, asegurando que el Ayuntamiento reforzaría la vigilancia del agua en Santa María Chí y realizaría ajustes en los permisos de uso de suelo (Patrón Laviada, 2025; Redacción Líneas Emergentes, 2025).
Wilberth Nahuat Puc, comisario de la comunidad maya de Santa María Chi / Imagen: Cortesía de Haz Ruido
El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció que la granja sería reubicada y que los empresarios ya habían expresado su disposición a trasladar la planta a otra ubicación con permisos ambientales previos (Díaz Mena, 2025; Redacción Líneas Emergentes, 2025). Sin embargo, la comunidad, a través de Wilberth Nahuat Puc, ha expresado su preocupación de que los cerdos puedan ser reubicados en otra granja de los mismos empresarios en la Reserva Ecológica de Cuxtal, lo que podría afectar a más personas y a la planta de agua que distribuye a Mérida (Arriaga Durán, 2025).
La clausura definitiva, según expertos legales como José Orvelin Montiel Cortés del IFDP, aún depende de que dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la SDS y el Ayuntamiento de Mérida revoquen los permisos y licencias otorgados a Grupo Porcícola San Gerardo y Chumoxil (Eleisegui, 2025). Además, el Ayuntamiento de Tixkokob también tiene responsabilidad, ya que parte del terreno de la instalación pertenece a este municipio (Eleisegui, 2025). La empresa aún puede agotar recursos legales para impugnar la decisión de PROFEPA (Eleisegui, 2025).
Más allá de Santa María Chí: Un llamado al “Buen Vivir”
El caso de Santa María Chí es un espejo de la problemática generalizada en Yucatán, donde la mercantilización de los recursos naturales y la falta de consideración por las comunidades y el medio ambiente han generado un “ecocidio” (Toledo, 2016). La Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on ha denunciado a más de 500 granjas porcícolas en Yucatán y exige sanciones y reparación del daño (Redacción Macronews, 2025).
Puercos o personas: ¿Quién primero?
Las leyes ambientales en México, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los acuerdos internacionales como el Convenio de Estocolmo, brindan, sobre el papel, un marco legal robusto para la protección y restauración del medio ambiente (LGEEPA, 1988; Zúñiga Medina, s.f.). Los derechos humanos al agua y saneamiento, reconocidos en la Constitución Mexicana y por las Naciones Unidas (Comité DESC, 2002; ONU, 2023), exigen que el agua sea suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, y que los estados protejan los recursos hídricos de la contaminación (Comité DESC, 2002; De Albuquerque, 2009; Heller, 2020; Llanes Salazar, 2024). Pero la realidad es que estos documentos legales casi nunca se aplican en el día a día.
La victoria en Santa María Chí resalta la urgencia de adoptar alternativas al modelo de desarrollo extractivista, siguiendoese concepto conocido como “Buen Vivir” (Acosta, 2015; Zúñiga Medina, s.f.). Un enfoque, arraigado en cosmovisiones no capitalistas que priorice el equilibrio natural y el bienestar común sobre la producción infinita y el consumo desmedido (Acosta, 2015; Zúñiga Medina, s.f.). Implica, por tanto, la construcción de un sistema económico solidario, basado en la reciprocidad y la subordinado a los límites de la Naturaleza, donde las comunidades, respaldadas por la legislación y el gobierno local, puedan gestionar sus territorios y recursos (Acosta, 2015; Zúñiga Medina, s.f.).
La PROFEPA ha dado un paso fundamental al clausurar la granja en Santa María Chí, pero la lucha continúa hasta que se logre una justicia plena para las comunidades y el medio ambiente (Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on, 2025). Es imperativo que todas las autoridades competentes aseguren la reubicación sin dañar otros ecosistemas, garanticen la reparación integral de los daños y establezcan mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para que estas clausuras no sean meros trámites, sino verdaderas medidas de justicia ambiental (Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on, 2025). La esperanza de un futuro donde “el agua sucia no pueda lavarse” (Zúñiga Medina, s.f.) y donde las generaciones venideras puedan vivir dignamente depende de la acción colectiva y el compromiso con la vida.
Referencias
1. Arriaga Durán, C. V. (2025, 10 de septiembre). Tras dos años de lucha del pueblo maya, Profepa clausura definitivamente la granja de Santa María Chi. Proceso. https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2025/9/10/tras-dos-anos-de-lucha-del-pueblo-maya-profepa-clausura-definitivamente-la-granja-de-santa-maria-chi-354326.html
2. Eleisegui, P. (2024, 8 de junio). Los Loret de Mola niegan existencia de comunidades mayas para justificar mega granja en Yucatán. Pie de Página. https://piedepagina.mx/los-loret-de-mola-niegan-existencia-de-comunidades-mayas-para-justificar-mega-granja-en-yucatan/
3. Eleisegui, P. (2025, 10 de septiembre). Nueva clausura: la megagranja de Santa María Chi, al borde del cierre definitivo y su desmantelamiento. Jaltun. https://jaltun.org/sin-categoria/nueva-clausura-la-megagranja-de-santa-maria-chi-al-borde-del-cierre-definitivo-y-su-desmantelamiento/
4. Llanes Salazar, R. (2024, 22 de mayo). Los impactos de la granja porcícola Santa María en los derechos humanos de la comunidad Santa María Chí, Yucatán [Informe]. Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. https://www.amek.org.mx/los-impactos-de-la-granja-porcicola-santa-maria/
5. Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on (Somos Agua). (2025, 10 de septiembre). La PROFEPA clausura la granja porcícola de Santa María Chí. [Boletín de Prensa]. Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on. https://www.somos-agua.org/
6. Redacción Macronews. (2025, 3 de septiembre). Denuncian a más de 500 granjas porcícolas en Yucatán por daño ambiental y social: Exigen sanciones y reparación del daño. Macronews. https://macronews.mx/nacional/denuncian-a-mas-de-500-granjas-porcicola-en-yucatan-por-dano-ambiental-y-social-exigen-sanciones-y-reparacion-del-dano/
7. Rejón, K. (2023, 28 de mayo). Nuestra agua será veneno: pobladores de Santa María Chi. Memorias de Nómada. https://www.memoriasdenomada.com/nuestra-agua-sera-veneno-pobladores-de-santa-maria-chi/
8. Rico, D. (2025, 10 de septiembre). “La granja ya no podrá operar en Santa María Chi”: alcaldesa de Mérida respalda decisión de Profepa. Líneas Emergentes. https://lineasemergentes.com/emerge-vida/la-granja-ya-no-podra-operar-en-santa-maria-chi-alcaldesa-de-merida-respalda-decision-de-profepa/
9. Rico, D. (2025, 10 de septiembre). Reubicarán la granja porcina de Santa María Chi: PROFEPA y SDS coordinarán el proceso. Líneas Emergentes. https://lineasemergentes.com/politica-y-gobierno/reubicaran-la-granja-porcina-de-santa-maria-chi-profepa-y-sds-coordinaran-el-proceso/
10. Zúñiga Medina, J. (n.d.). El Impacto Ambiental de las Actividades Agropecuarias en el Agua del Anillo de Cenotes en el Estado de Yucatán [Informe]. https://ru.iiec.unam.mx/6524/
