El secuestro de ocho campesinos de El Balcón exhibe el asedio criminal contra una comunidad que durante décadas convirtió el manejo forestal en bienestar colectivo y referente internacional, pero hoy enfrenta violencia, abandono institucional y colapso productivo en Guerrero rural.
La geografía accidentada de la Sierra de Guerrero condiciona la movilidad, la vigilancia territorial y el aprovechamiento forestal / Imagen: recreación de Copilot
La mañana del 24 de septiembre de 2026, un grupo armado interceptó a habitantes de El Balcón entre el núcleo ejidal y La Lajita, en la sierra de Guerrero. La agresión alcanzó las labores cotidianas de agricultura y ganadería y quebró la relativa seguridad de la comunidad.
Según la denuncia del ejido, recogida por Mongabay, los hombres armados interceptaron a 13 personas: unas iban a atender el ganado, otras a trabajar sus tierras y otras a pescar al río. Cinco fueron liberadas al día siguiente y ocho campesinos permanecieron privados de la libertad, entre ellos dos menores y un adulto mayor.
El caso reveló un nuevo frente de la disputa criminal por los corredores serranos: pobladores del ejido acusaron a La Familia Michoacana del secuestro, según Proceso.
«Prácticamente ellos administran el bosque, lo cuidan y también llevan sustento a sus familias», explicó un representante ejidal que pidió el anonimato.
- Nicolás Atanacio González: adulto mayor, de 75 años, ejidatario y referente comunitario.
- Jordi Alberto Atanacio Vidal: estudiante de educación básica, de 12 años (localizado con vida)
- Everardo León Atanacio: estudiante de 17 años.
- Isidro Brito Arriola: trabajador agrícola, de 32 años.
- Eulises Medrano López: ejidatario y productor forestal, de 26 años.
- José Leodanis Medrano López: productor local, de 24 años.
- Domingo Atanacio Quirino: dirigente campesino, de 50 años.
- Fidel Quirino Atanacio: productor agrícola, de 54 años.
Tras casi una semana de cautiverio, los captores liberaron a Jordi, de 12 años, en Agua Zarca. El niño caminó descalzo entre tres y cuatro horas hasta un puesto de revisión militar; relató que los mantenían en una bodega y que los cambiaban de sitio cada vez que escuchaban un helicóptero.
Según El Sur, el menor regresó con un mensaje: las exigencias del grupo sobre el control del territorio. Los otros siete campesinos continuaban desaparecidos.
El 7 de octubre circuló un video de unos cinco minutos en el que cinco de ellos aparecen maniatados, con ropa de camuflaje, y declaran pertenecer a Los Granados. Familiares y defensores denunciaron una escenificación destinada a presentarlos como integrantes de un grupo rival.
El ejido señaló, además, que la ropa no coincidía con la que vestían el día del secuestro y que las declaraciones presentan inconsistencias.
Video relacionado: Entrevista sobre los campesinos desaparecidos y el contexto de El Balcón. El material periodístico aborda las presuntas declaraciones obtenidas bajo coacción y la disputa por el territorio.
La comunidad rechazó esas imputaciones y sostuvo que las declaraciones fueron obtenidas mediante coacción. También exigió reforzar la búsqueda y garantizar la seguridad en los caminos de la sierra. Un juez ordenó a las autoridades intensificar las acciones para localizarlos, de acuerdo con la cobertura de El País.
El amparo lo obtuvo el 7 de octubre el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. Obliga a extender la búsqueda a Ajuchitlán del Progreso, Ciudad Altamirano, Arcelia, San Miguel Totolapan, Tehuehuetla y otras localidades, e inspeccionar bodegas, ranchos ganaderos y vehículos de carga.
Para José Filiberto Velázquez Florencio, de Minerva Bello, el amparo es «un arma» de los defensores, porque «de otra manera todo se queda en voluntad política», dijo a Mongabay.
La comunidad denunció también que, en un primer momento, las autoridades le pidieron esperar cinco días antes de presentar la denuncia. El 30 de septiembre, las familias interpusieron ocho denuncias ante la Fiscalía de Guerrero.
Posicionamiento de la Asamblea Ejidal de El Balcón
- Rechazo categórico: la Asamblea desmintió las declaraciones obtenidas bajo coacción y difundidas en el video atribuido a La Nueva Familia Michoacana.
- Respaldo comunitario: el núcleo ejidal identificó a los secuestrados como habitantes dedicados a la agricultura, la ganadería y el manejo forestal.
- Exigencia de intervención estatal: la Asamblea demandó a los gobiernos federal y estatal reforzar la búsqueda, asegurar los caminos y mantener presencia de seguridad en la zona.
La sierra se moviliza
La respuesta más contundente vino de la propia sierra. El 2 de octubre, más de 2000 habitantes de cerca de 50 comunidades marcharon en Tecpan de Galeana y bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. Después, 319 comunidades serranas acordaron articularse para llevar su reclamo al gobierno federal, informó El Sur.
El 13 de octubre, una investigación periodística dio a conocer cinco grabaciones de dron que muestran la aparente captura de tres de los campesinos e instalaciones que fuentes locales identifican como posibles campamentos de La Nueva Familia Michoacana. La comunidad entregó ese material a las autoridades.
Manejo comunitario del bosque en el ejido El Balcón / Imagen: cortesía de Mongabay
Para las organizaciones de derechos humanos, el caso exhibe el sometimiento que ejerce el crimen ante la omisión del Estado. Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar, lo calificó como «la ratificación del grado de terror» impuesto por los grupos criminales, frente a una respuesta estatal «meramente coyuntural».
Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), vinculó la violencia con la disputa por la explotación ilegal de madera tras el declive de la amapola. Los especialistas señalaron colusión entre grupos criminales y funcionarios de distintos niveles de gobierno y advirtieron que el video de los captores carece de valor probatorio, según El Sur.
La respuesta oficial llegó dos semanas después del secuestro. El 9 de octubre, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda difundió un mensaje en video y la Fiscalía de Guerrero anunció una recompensa de 1.5 millones de pesos por información para localizar a los siete campesinos.
La Policía Estatal y el Ejército realizaron operativos en Pocitos del Balcón, Crucero de la Desdicha, La Lajita y comunidades cercanas; al 15 de octubre, los desaparecidos no habían sido localizados.
Exigencias de Fundar y el IMDHD
- Búsqueda con vida primero: localizar y liberar a las víctimas antes de avanzar en las líneas judiciales.
- Presencia federal permanente: vigilancia del Ejército y la Guardia Nacional y, en casos extremos, protección o reubicación temporal de la población.
- Inteligencia social: combinar la investigación policial con el conocimiento de la propia comunidad.
- Verdad y justicia: investigaciones penales y administrativas transparentes, juicios públicos y desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad y corrupción en todos los niveles del Estado.
El secuestro condensa una paradoja histórica: la comunidad que demostró que la gestión colectiva del bosque podía generar paz, empleo y servicios terminó expuesta a una disputa criminal por el territorio y los recursos naturales.
La edad de oro: el modelo forestal comunitario
La fábrica de muebles que y no existe / Imagen: cortesía de Mongabay
El ejido El Balcón surgió en una región marcada por conflictos agrarios y caciquismo. El gobierno federal concedió una dotación inicial de 2400 hectáreas en 1966 y amplió el territorio en 1974. El polígono terminó por abarcar 25 565 hectáreas de relieve accidentado, entre selva baja y bosques de pino y encino.
De esa superficie, 15 190 hectáreas tenían cobertura forestal; 10 968 se destinaban al aprovechamiento maderable, 3872 a protección especial y 350 a plantaciones. La comunidad combinó producción, regeneración natural y conservación, como documentó La Jornada en 2004.
Durante años, la paraestatal Forestal Vicente Guerrero controló la extracción mediante el pago del llamado derecho de monte. En 1980, los ejidatarios rompieron con ese esquema y asumieron el aprovechamiento directo. La decisión permitió recuperar el control de la madera y del transporte.
En 1982 adquirieron camiones troceros y equipos de arrastre. Hacia 1986 consolidaron la propiedad del aserradero y de la planta de transformación primaria instalada en Tecpan de Galeana. El ejido avanzó así de proveedor de materia prima a empresa forestal integrada, según estudios académicos sobre el caso.
El modelo no perseguía únicamente rentabilidad. También buscaba empleo, conservación, participación ejidal y bienes colectivos. El Balcón mostró que una empresa comunitaria podía competir en el mercado sin abandonar sus objetivos sociales, como explica el estudio del CIDE.
En 1989, la comunidad separó la conducción agraria de la administración empresarial. Contrató personal técnico externo y fortaleció el Consejo de Principales, integrado por figuras de autoridad moral. La fórmula buscó aislar las disputas familiares de las decisiones financieras y operativas.
La calidad de la madera abrió mercados en Estados Unidos y permitió que una parte relevante de la producción se exportara. El manejo incluyó protección de árboles viejos, regeneración del bosque y restricciones a la cacería. La certificación del Forest Stewardship Council convirtió a El Balcón en referente de silvicultura comunitaria.
Los excedentes financiaron pensiones, becas, atención médica, escuelas, caminos y servicios básicos. En 2004, la empresa daba empleo a 276 personas y sostenía prestaciones para cientos de habitantes. El bosque funcionó como base de un sistema comunitario de bienestar, de acuerdo con La Jornada.
La bonanza comenzó a resquebrajarse hacia finales de la década de 2010. Las vulnerabilidades contables, los conflictos internos y los cambios en el entorno regional erosionaron la cohesión que había sostenido durante años a la empresa comunitaria.
La fractura interna y el abandono (2015-2018)
Maquinaria parada del aserradero de El Balcón que se encuentra en Tecpan / Imagen: cortesía de Lenin Ocampo Torres
El modelo comenzó a fracturarse a partir de 2015. La falta de liquidez, la opacidad contable y las deudas de difícil cobro erosionaron la confianza en la administración. La disputa por repartir o reinvertir las utilidades reabrió conflictos familiares que el Consejo de Principales había contenido durante años.
La planta de Tecpan también arrastraba un problema estructural: requería grandes volúmenes para absorber sus costos fijos. Cuando el aprovechamiento autorizado se redujo para ajustarse a la capacidad del bosque, la industria quedó sobredimensionada y perdió viabilidad financiera.
Al operar sólo durante parte del año y muy por debajo de su capacidad, el complejo acumuló costos de mantenimiento y agotó su capital de trabajo. La combinación de baja producción, deuda y equipo costoso aceleró el cierre, un deterioro documentado por Mongabay.
La crisis administrativa coincidió con una nueva ola de violencia contra los liderazgos serranos. El asesinato de dirigentes y defensores del bosque reactivó el miedo y debilitó la capacidad de la Asamblea para tomar decisiones. La pérdida de cuadros comunitarios dejó a la empresa sin conducción en el momento más crítico.
En Tecpan, el colapso quedó inscrito en las instalaciones del aserradero: maquinaria oxidada, sistemas de corte detenidos y hornos fuera de servicio. El complejo que había sostenido cientos de empleos se convirtió en patrimonio improductivo.
En 2022, reportajes locales describieron la planta prácticamente en ruinas y sin actividad desde el conflicto de 2017. El cierre arrastró empleos, prestaciones y cadenas económicas regionales, como registró El Sol de Chilpancingo.
Ese vacío productivo y territorial fue aprovechado por grupos criminales. La debilidad de la empresa comunitaria redujo la vigilancia y abrió paso a nuevas formas de control sobre el bosque.
La tormenta perfecta: fentanilo, tala ilegal y narcoeconomía
Madereros trabajan en la zona de aprovechamiento forestal del ejido El Balcón, municipio de Ajuchitlán / Imagen: cortesía de Lenin Ocampo Torre
La transformación del mercado de drogas en Estados Unidos agravó la crisis serrana. Durante décadas, la amapola había sido una fuente complementaria de ingresos para comunidades rurales de Guerrero. El auge del fentanilo redujo la demanda de heroína y desplomó el precio de la goma de opio.
Entre 2017 y 2018, el valor pagado a productores cayó de alrededor de 20 000 pesos por kilogramo a entre 6000 y 8000. La contracción dejó sin sustento a miles de familias y debilitó aún más las economías locales, según el estudio reseñado por El Sur.
La caída de la amapola no trajo paz. Las organizaciones criminales diversificaron sus fuentes de ingreso mediante extorsión, tala clandestina y control de rutas. Los bosques comunitarios se volvieron objetivo de una economía extractiva sostenida por las armas.
El especialista en seguridad David Saucedo explicó a Mongabay que la violencia puede responder a la expansión criminal en Guerrero, con fines como instalar narcolaboratorios, explotar la madera y traficar especies. Defender el bosque se ha vuelto un oficio de alto riesgo: según Global Witness, en 2025 fueron asesinadas 10 personas defensoras ambientales en México.
Las brigadas que vigilaban incendios, linderos y cacería furtiva fueron desplazadas por grupos armados. Camiones clandestinos comenzaron a extraer madera sin planes de manejo ni controles ambientales. La pérdida de vigilancia comunitaria convirtió la conservación en un territorio de riesgo.
El nuevo orden criminal produjo desplazamiento, deterioro de caminos y temor permanente. La disputa ya no se limita a la madera: incluye rutas, poblaciones y capacidad de decisión sobre el territorio, como muestra la cobertura reciente de El País.
Consecuencias socioambientales
- Desplazamiento forzado: familias de comunidades vecinas y del propio ejido han abandonado sus viviendas ante amenazas, extorsiones y riesgo de reclutamiento.
- Deterioro de infraestructura: el tránsito de camiones cargados con madera extraída de forma clandestina ha dañado la red de caminos de terracería construida y mantenida por la comunidad.
- Indefensión institucional: la población serrana denuncia protección insuficiente, respuestas tardías y falta de garantías permanentes para transitar y trabajar.
Reconciliación frágil para un futuro incierto
El ejido El Balcón vive entre la memoria de su éxito comunitario y el riesgo de perder el control del territorio. En 2022, los ejidatarios alcanzaron acuerdos para cerrar conflictos internos y reactivar el aprovechamiento legal. La reconciliación buscó recuperar empleos y reconstruir la autoridad colectiva.
El territorio en disputa tiene, además, valor ecológico estratégico. El Balcón forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra Tecuani, decretada en 2024 como área natural protegida con más de 348 000 hectáreas en cinco municipios, y del corredor de conservación del jaguar.
La comunidad mantiene comités de seguridad y pacificación que no usan armas y cuenta con el respaldo de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, según Mongabay.
La comunidad retomó la venta de madera en rollo, pero el aserradero y la fábrica de muebles siguieron detenidos. Reparar el equipo y reabrir el complejo requería al menos cuatro millones de pesos. La falta de capital impidió recuperar el valor agregado de la producción, según El Sur.
A la fragilidad financiera se sumó el asedio armado. Al 15 de octubre de 2026, siete campesinos continuaban desaparecidos tras la liberación del menor de 12 años. Los reportes señalaron que los captores exigían control sobre tierras, bosques y rutas.
Así, la reactivación productiva dejó de depender sólo de crédito, maquinaria o permisos. Sin seguridad territorial, ningún plan forestal puede sostenerse: trabajar, transportar madera y vigilar el bosque se convierten en actividades de alto riesgo.
La encrucijada de El Balcón es que ahí se enfrentan dos modelos. Uno convirtió el manejo comunitario en empleo, educación, salud y conservación; el otro impone rentas ilegales mediante despojo y violencia. Lo que está en juego es la capacidad de una comunidad para gobernar sus bienes comunes.
El secuestro del 24 de septiembre de 2026 no puede leerse como un hecho aislado. Ocurrió en una región donde grupos armados disputan corredores y recursos naturales. La desaparición de los campesinos expresa el asedio contra la organización ejidal y el manejo forestal legal.
La historia de El Balcón demuestra que la silvicultura comunitaria puede conservar el bosque y distribuir beneficios. También exhibe su vulnerabilidad cuando faltan seguridad, justicia y respaldo financiero.
Defender este modelo exige localizar con vida a los desaparecidos y restituir condiciones para ejercer el territorio, una demanda que continúa vigente.
