Entre la memoria de Luz y Fuerza, los negocios de Generadora Fénix y el rastro del huachicol eléctrico, Martín Esparza enfrenta su expediente más incómodo. Y el veredicto es ineludible. Hoy, es uno más de los privatizadores de México. Esta es la historia que duele contar.
Martín Esparza lleva décadas al frente de una organización sindical que hizo de la defensa de la electricidad pública su principal bandera. Hoy su nombre aparece en otra trama: activos federales cedidos a la explotación privada, concesiones de agua y denuncias por granjas clandestinas de criptomonedas en la región de Necaxa que, sin implicarlo a él, se dan en la región bajo su control.
Este reportaje sigue el rastro de una estructura empresarial difícil de auditar y de un líder que vive hoy de negocios concesionados y arreglos empresariales muy alejados de su anterior vocación nacionalista y estatista.
Infografía: elaboración propia con base en fuentes citadas en este reportaje.
Necaxa, la cuna de la electricidad que hoy es negocio privado
El llamado Viejo Necaxa era el asentamiento original de la región. Sus habitantes tuvieron que abandonar el lugar cuando comenzó, en 1902, la construcción de la presa Necaxa. El embalse inundó el antiguo poblado y transformó para siempre el paisaje y la vida comunitaria
La presa comenzó a operar en 1905. En su momento fue la planta hidroeléctrica más avanzada de su tipo y convirtió a Necaxa en un punto de referencia para la electrificación de México y América Latina. Ese salto tecnológico tuvo un costo que rara vez ocupa el centro del relato: una comunidad quedó bajo el agua para que la electricidad llegara a las ciudades.
Las turbinas de la central hidroeléctrica de Tepexi en 1922 / Imagen: cortesía de Conociendo Necaxa
Para reubicar a pobladores y trabajadores de la industria eléctrica, se fundó Nuevo Necaxa. El asentamiento heredó la memoria del pueblo inundado y creció alrededor del sistema hidroeléctrico. Hoy funciona como cabecera del municipio de Juan Galindo.
Los nombres todavía se confunden. Viejo Necaxa fue el pueblo que desapareció bajo el embalse. Nuevo Necaxa surgió para recibir a las familias desplazadas y a los trabajadores de la industria eléctrica. El hilo entre ambos lugares no es solo geográfico: está hecho de memoria, trabajo y una obra pública que cambió la vida de la región.
Aquella empresa extranjera terminó nacionalizada y se integró a Luz y Fuerza del Centro. Durante décadas, el Estado administró Necaxa como un activo estratégico, no como una fuente de dividendos privados.
Ese recorrido —de inversión extranjera a patrimonio nacional y, después, a explotación privada— explica por qué el caso rebasa una disputa sindical: está en juego el destino de una infraestructura construida como bien público.
“Necaxa no es solo una presa: es la memoria material de un país que decidió que la electricidad debía servir al interés público.”
De sindicato combativo a socio de mercado
El conflicto laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas, o su extinción e inclusión entre los activos de la Comisión Federal de Electricidad, dejó de girar únicamente alrededor de los empleos perdidos.
Con el tiempo, la discusión se trasladó a las presas, centrales e inmuebles de la extinta Luz y Fuerza. Allí comenzó una trama de activos públicos que terminaron vinculados a una cooperativa y a una empresa privada, pese a que durante años el sindicato prometió defender el patrimonio de todos los mexicanos.
11 de octubre del 2009: el día que Calderón tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y despidió a 44 mil trabajadores públicos / Imagen: cortesía de origenoticias.com
La discusión no está en si esta empresa, llamada Fenix Energía, puede producir energía limpia, sino en las condiciones que le permiten hacerlo con centrales, presas y derechos construidos con recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación documentó la entrega de 16 centrales a Generadora Fénix para su explotación. La escritura no cambió: seguían siendo propiedad federal, pero los permisos están en manos privadas.
“La privatización no siempre cambia la escritura de la propiedad. A veces cambia quién cobra la renta.”
Fénix: el vehículo privado del viejo patrimonio público
Generadora Fénix reunió a Mota-Engil con estructuras ligadas al SME. La sociedad se presentó como un vehículo para recuperar empleos y reactivar las centrales. También marcó un giro político difícil de disimular: el sindicato que había combatido la privatización entró al mercado eléctrico de la mano de una multinacional.
La participación en Fénix es apenas una pieza del negocio mexicano de Mota-Engil. Una investigación de EL CEO estimó que sus ingresos en el país aumentaron un 310 % durante los gobiernos de la 4T: de 609 millones de euros en 2018 a cerca de 2,500 millones en 2024. México se convirtió así en su mercado más importante.
Ese crecimiento no dependió solo del negocio eléctrico. Mota-Engil sumó carreteras, concesiones aeroportuarias, convenios con Pemex, polos de desarrollo, el Tren Maya, el tren Querétaro-Irapuato y la autopista AIFA-Pirámides. La investigación periodística estimó que sus contratos vinculados al Tren Maya superaron los 45 mil millones de pesos.
La empresa portuguesa tampoco opera sola. El 32.4 % de sus acciones pertenece a China Communications Construction Company, una firma con participación mayoritaria del gobierno chino.
Según EL CEO, esa alianza colocó detrás de su expansión mexicana capital privado europeo y capital estatal chino, una combinación que vuelve todavía más paradójica la entrega de infraestructura energética mexicana a Generadora Fénix.
Fenix Energía: la conversión de lo público a privado / Da cli en la imagen para saber más
Y esta paradoja queda a la vista. Una compañía beneficiada por una amplia cartera de obra pública obtuvo también el control del vehículo que explota centrales federales. Mota-Engil no llegó a Necaxa como un contratista marginal, sino como un grupo con acceso a grandes proyectos y capacidad para negociar con distintos gobiernos gracias, también, a las palancas políticas del SME.
“Mota-Engil no llegó a Necaxa como un socio menor. Llegó respaldada por una expansión multimillonaria alimentada por contratos públicos.”
Mota-Engil reportó que la estructura inicial colocaba el control mayoritario del lado empresarial. El reparto dejó un 51 % para la empresa portuguesa, un 40 % para el sindicato y un 9 % para la cooperativa. Ese diseño volvió a Martín Esparza una figura incómoda porque lo convierten en portavoz y operador de una multinacional interesada, específicamente, en socavar la industria eléctrica pública de México, es decir, la Comisión Federal de Electricidad.
La contradicción no es menor. El sindicato denunció durante años la privatización del sector eléctrico. En 2015, Mota-Engil celebró públicamente que Fénix se posicionara como generador privado. Esa inversión de principios está en el corazón de la crítica al sindicalista que se volvió privatizador.
El acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y el SME tampoco cumplió su promesa social. Fénix llegó al país en 2015 con un contrato por 30 años para explotar 16 de los 533 inmuebles vinculados al patrimonio de la extinta Luz y Fuerza. De 44 mil trabajadores despedidos, apenas 500 recuperaron empleo.
“El rescate laboral prometido alcanzó a una minoría; la explotación de los activos, en cambio, quedó asegurada durante tres décadas.”
La “alianza histórica“, o la unión de “la experiencia del Sindicato Mexicano de Electricistas” y “la ingeniería y visión de Mota-Engil” para
Por si no quedaba claro…
“Generar y comercializar nuestra energía eléctrica a precios competitivos en el Mercado Eléctrico Mayorista”
debe leerse como una traición directa a los mismos principios y acciones que el dirigente y empresario sigue defendiendo sobre el papel:
Ya que
“el combativo e independiente SME alertó una y otra vez de la estrategia antinacionalista que los gobiernos neoliberales estaban poniendo en marcha, impidiendo que el capital foráneo ingresara a la entonces paraestatal”
Y
enarbolando siempre la tesis nacionalista del presidente López Mateos en el sentido de que la energía eléctrica debe ser palanca de nuestro desarrollo económico integral, siempre en beneficio del pueblo y no como lo establecía la visión neoliberal de ubicarla como una mercancía altamente rentable para las empresas privadas, entre ellas Iberdrola.
Se posicionaron contra los que
ya habían creado un mercado paralelo de energía con figuras como el autoabastecimiento y la pequeña producción independiente, que terminaron acaparando a los grandes consumidores, confinando a la CFE a un segundo plano
Y hasta manifestaron
nuestro apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando tras asumir el cargo frenó de tajo este proceso de privatización de la industria eléctrica, dando los pasos necesarios para recuperar el control de una industria que en cualquier parte del mundo, es considerada estratégica para la seguridad nacional de cualquier país.
En palabras simples, todo lo que el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas dice en Contralínea se contrapone con su actuar como socio fundador de LF del Centro Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y accionista fundador de GENERADORA FENIX Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable.
Como empresario, Martín Esparza aprovechó, sin rémora alguna, los mecanismos de mercado y privatización abiertos por las reformas neoliberales, montándose en el cambio de reglas del sector para buscar a esos mercaderes de energía de capital foráneo.
Que no eran españoles, sino portugueses. No sea que alguien le recordara sus marchas en la embajada de España contra Iberdrola, cuando compartíamos un enemigo común sin saber que uno puede asociarse con multinacionales de la península ibérica, siempre que la sede esté en Lisboa.
Antes de que existiera Fénix, Martín Esparza había denunciado el abandono de Necaxa bajo custodia de la CFE. En 2014 sostuvo que la planta sufría un indiscriminado saqueo de piezas metálicas y carecía de mantenimiento.
Un año después, la apertura del mercado eléctrico ofreció a la dirigencia sindical y a Mota-Engil una vía empresarial para explotar esas mismas instalaciones. La denuncia de entonces se convirtió así en un espejo incómodo para la gestión posterior. Y las cosas, naturalmente, no mejoraron.
Central Hidroeléctrica Necaxa, de propiedad de la nación a negocio particular
La reforma de 2013: la puerta legal para privatizar la renta eléctrica
En resumen, el negocio de Fenix no puede entenderse sin la reforma energética de 2013. La apertura creó el Mercado Eléctrico Mayorista y permitió que empresas privadas compitieran en generación. Sus promotores prometieron eficiencia y tarifas más bajas. Para la CFE, sin embargo, el nuevo tablero significó competir con plantas privadas mientras conservaba buena parte de la infraestructura envejecida.
El agravio para la CFE no es solo simbólico. Bajo el esquema de compra de energía a privados, la empresa pública asumió compromisos de largo plazo y pérdidas que su propia dirección calculó en más de 200 mil millones de pesos al año.
En el mercado marginalista, un generador barato puede terminar cobrando el precio de la central más cara. La rentabilidad queda del lado privado; el costo, del lado público.
Ese mismo diseño incentivó el abandono técnico de plantas públicas. Más de 60 hidroeléctricas permanecieron sin uso pleno y varias fueron convertidas en chatarra para favorecer a plantas privadas. El deterioro persiste.
“Mientras la energía pública se dejaba envejecer sin mantenimiento, la energía privada aprendió a cobrar como si fuera escasa.”
Y eso mismo lo sabe, y hasta lo dice, Martín Esparza Flores, excepto que en la realidad él ya eligió el bando de los privatizadores y del capital. Tal cual pasa en Nuevo Necaxa.
Necaxa y el negocio del agua hasta 2036
Necaxa no es una central cualquiera. Es un símbolo técnico, social y político de la electrificación mexicana. Su explotación privada obliga a preguntar si el patrimonio fue preservado como memoria nacional o monetizado como plataforma de negocio.
En Necaxa, el negocio empieza antes de que una turbina gire. Una concesión vigente hasta 2036 permite aprovechar más de 3,558 millones de metros cúbicos al año en el sistema Necaxa-Patla. El dato vuelve tangible la discusión: la electricidad vendida por Fénix depende de un recurso público. Sin esa agua no hay generación, contrato ni dividendos.
La concesión de agua no opera al margen de la política regional. La investigación también vinculó a la empresa con el diputado Miguel Márquez Ríos, integrante de la dirigencia del SME, y recogió señalamientos sobre minería de criptomonedas en Juan Galindo.
Márquez declaró que desconocía esas actividades. Esa relación ayuda a entender por qué, en Necaxa, las decisiones sobre agua, energía y territorio se cruzan con redes sindicales y representación política; aun así, debe tratarse como señalamiento periodístico y no como responsabilidad penal acreditada.
Presas de Necaxa y Tenango: territorio SMe / Imagen: cortesía de LadoB
La dimensión empresarial convive también con una estructura política regional. La Jornada de Oriente identificó a Miguel Márquez Ríos como integrante del Comité Ejecutivo Nacional del SME y aspirante de la 4T en Huauchinango.
El medio describió un escenario de hartazgo frente a cacicazgos y grupos de interés, contexto que ayuda a entender por qué las relaciones entre sindicato, empresa y representación partidista son parte sustantiva del expediente.
“Sin agua pública no hay generación. Sin generación no hay negocio: la concesión es la verdadera llave del imperio.”
La pregunta no es sólo quién tiene el título administrativo. Es qué comunidades cargan los impactos y quién recibe los beneficios. Martín Esparza representa una dirigencia que pasó a convivir con una arquitectura de rentas y concesiones.
Los 13 mil millones: denuncia, no sentencia
En septiembre de 2023, un grupo de extrabajadores acusó a Martín Esparza y a otros 25 dirigentes de no explicar el destino de cerca de 13 mil millones de pesos. Sostuvieron que el dinero correspondía a dividendos generados entre 2016 y 2022. La cifra es enorme. También es una acusación pendiente de comprobar con documentos contables.
Por eso conviene separar la denuncia de la sentencia. Lo que existe es un reclamo que merece investigación, no una resolución judicial. Para aclararlo harían falta libros corporativos, actas de reparto, estados financieros y transferencias bancarias. Sin esa documentación, los 13 mil millones siguen siendo una alarma pública, no un hecho probado.
La falta de información financiera mantiene abierta la disputa. Si la alianza empresarial se presentó como una salida para los trabajadores desplazados, las cuentas deberían mostrar cuánto generó Fénix, qué parte recibió la cooperativa y cómo se distribuyeron los beneficios.
Sin esos datos, persiste una brecha entre el discurso social del proyecto y sus resultados económicos.
“Cuando los dividendos no pueden seguirse en documentos públicos, la opacidad deja de ser administrativa y se convierte en un problema político.”
Inmuebles: cuando el fin social se vuelve negocio
Otra veta del caso está en los inmuebles. En abril de 2025, disidentes pidieron investigar el presunto uso ilegal o discrecional de decenas de bienes entregados tras la extinción de Luz y Fuerza. Algunos habrían terminado explotados con fines lucrativos.
Marchas del SME: ¿Del combate al acarreo? / Imagen: cortesía de Ciudadanos en Red
Martín Esparza ha sido señalado por opositores internos como beneficiario político de esa red de bienes. El análisis responsable exige separar las denuncias de la eventual responsabilidad penal, que corresponde determinar a autoridades y tribunales.
“Un bien entregado para la reinserción laboral no debería convertirse jamás en fuente de renta personal.”
Huachicol eléctrico: el expediente se vuelve penal
La CFE ya había pisado el terreno antes de que la disputa llegara a la Fiscalía. El 31 de enero de 2025, personal de la empresa, acompañado por fuerzas federales, desmontó transformadores conectados de manera irregular cerca de la sede del SME en Nuevo Necaxa. El operativo colocó una pregunta concreta sobre la mesa: quién usaba esos equipos y con qué autorización.
El huachicol eléctrico: la frontera moral que ya se rebasó / Imagen: Microsoft Copilot
Días después aparecieron las primeras respuestas parciales. La FGR informó cateos por robo equiparado de energía en Nuevo Necaxa. La investigación comenzó con una denuncia de la CFE sobre domicilios conectados directamente a la red, sin medidor ni registro de consumo. El expediente dejó de ser una pelea interna del sindicato y adquirió dimensión penal.
N+ documentó en abril de 2025 que esas granjas de criptomonedas fueron detectadas en inmuebles del Sindicato Mexicano de Electricistas. La posible relación con el sindicato quedó bajo investigación. Ahí el relato entra en el terreno de un presunto saqueo operativo del sistema eléctrico.
La posible función de esos transformadores cobró relevancia cuando aparecieron instalaciones dedicadas a la minería de criptomonedas. Esta actividad exige un suministro eléctrico continuo y de gran capacidad.
Si la energía se obtiene mediante conexiones clandestinas, el costo de la operación desaparece. Por eso el huachicol eléctrico no es un detalle técnico: es el mecanismo que puede convertir infraestructura concesionada en ganancia privada ilegal.
“El huachicol eléctrico no roba solo electricidad: roba la confianza en la administración de lo público.”
El 6 de junio de 2025, La Jornada informó que el Frente Amplio de Unidad presentó una denuncia contra Martín Esparza. Los denunciantes vincularon el caso con el campamento Km 153 de Nuevo Necaxa. La denuncia no equivale a una condena.
“Una denuncia no sustituye a una sentencia, pero obliga a investigar quién controlaba los inmuebles, la energía y los beneficios.”
Tlaola: una operación de escala industrial
El operativo de Nuevo Necaxa no cerró la ruta de investigación. Todo lo contrario. Meses después, un aseguramiento en Tlaola mostró que la minería de criptomonedas en la Sierra Norte podía operar a una escala mucho mayor. En septiembre de 2026, las autoridades localizaron cerca de 300 equipos especializados, además de un transformador y antenas satelitales.
Hasta ahora, ninguna prueba pública permite afirmar que el entorno de Martín Esparza controle directamente la instalación de Tlaola. La cercanía territorial obliga a investigar conexiones patrimoniales y financieras. La prudencia no debe confundirse con impunidad.
“La cercanía geográfica no es prueba de culpa, pero tampoco puede tratarse como coincidencia irrelevante.”
El agravio a la soberanía energética
Necaxa condensa un agravio que rebasa a la región. El Estado conserva el título de propiedad, pero un consorcio privado explota el agua, las centrales y la energía. La reforma de 2013 convirtió parte de ese patrimonio en plataformas de renta privada, mientras la CFE siguió cargando con instalaciones envejecidas, obligaciones de servicio y contratos costosos.
El descuido no distingue etiquetas ideológicas. Ocurrió bajo administración pública y persiste bajo explotación privada. Esa doble negligencia debe investigarse a fondo.
El conflicto de Necaxa forma parte de una tensión más amplia en Puebla: proyectos presentados como desarrollo económico avanzan mientras comunidades y organizaciones reclaman información, consulta y garantías ambientales.
La Jornada de Oriente ha documentado disputas de ese tipo en San José Chiapa. Aunque ese caso no involucra a Generadora Fénix, ayuda a situar el problema de fondo: quién decide sobre el territorio, con qué información pública y en beneficio de quién.
“La soberanía energética se vacía cuando el Estado conserva la propiedad formal, pero transfiere a particulares el control de la renta.”
Lo que falta abrir: auditoría pública e independiente
Para cerrar el expediente no bastan discursos ni desmentidos. Hacen falta títulos de agua, contratos de explotación, permisos de generación y estados financieros de Fénix y la cooperativa.
También deben revisarse los inventarios de inmuebles, los peritajes eléctricos y la ruta del dinero en activos virtuales. Solo una auditoría independiente puede unir esas piezas.
Martín Esparza: del sindicalismo a la colusión / Imagen: ChatGPT
La opacidad también es un dato político. Cuando un patrimonio construido por generaciones se convierte en negocio particular, la carga de la prueba debe recaer en quienes lo administran. Martín Esparza y su entorno deben explicar los beneficios obtenidos.
La defensa de Martín Esparza puede sostener que Fénix permitió recuperar empleos y rehabilitar plantas. Esa explicación tiene peso humano. Pero no cancela las preguntas sobre la opacidad y la colusión entre un sindicato que defendía la soberanía y una empresa que la vulnera.
“Un proyecto social se mide por sus resultados sociales. Si el rescate terminó concentrando poder, el problema ya no es sólo legal, es moral.”
Conclusión: una privatización sin cambio de escritura
Hablar del imperio energético de Martín Esparza no significa atribuirle formalmente la propiedad personal de presas o centrales. Describe una red de influencia que conecta al sindicato, la cooperativa y la Generadora Fénix, con los bienes nacionales privatizados. El problema no está sólo en quién posee los activos, sino en quién decide sobre ellos y quién recibe las rentas de unas concesiones que nunca debieron privatizarse.
“El expediente de Martín Esparza no se cierra con consignas: se cierra con contratos abiertos, cuentas auditadas y responsabilidades comprobadas.”
Los documentos disponibles confirman que activos federales, agua concesionada y centrales de origen público sostienen un negocio privado. Las denuncias sobre dividendos, inmuebles y robo de energía todavía deben probarse ante las autoridades.
Pero la pregunta política es necesaria y urgente:
¿Cómo una organización que nació para defender la industria eléctrica del Estado terminó asociada a una empresa multinacional para obtener, juntos, las rentas de un patrimonio que pertenece a la nación?
