Doce amparos y diez años de resistencia del Movimiento en Defensa del Río Atenco lograron que un juez federal suspendiera la presa Milpillas en Zacatecas.
A 175 kilómetros de la capital de Zacatecas, en el municipio de Jiménez del Teúl, el río Atenco sigue corriendo donde el gobierno estatal planeaba levantar una cortina de 90 metros. Un juez federal se lo impidió.
El proyecto se llama presa Milpillas y lleva diez años en disputa. Nació en 2015, bajo el gobierno de Miguel Alonso Reyes, del PRI.
Alejandro Tello Cristerna, también priista, lo continuó sin sobresaltos. David Monreal Ávila, ya con Morena en el poder estatal, lo rescató en 2021.
Tres administraciones, dos partidos, un mismo proyecto: la presa Milpillas sobrevivió a la alternancia porque nunca dependió de quién gobernara, sino más bien de a quién beneficiaba.
La presa Milpillas beneficia a transnacionales como AB InBev y Peñoles al abastecer a las ciudades con agua superficial. Esto protege sus concesiones de agua subterránea de excelente calidad, permitiéndoles continuar con una extracción intensiva, barata y desregulada para sus lucrativos negocios privados, mientras los acuíferos locales siguen altamente sobreexplotados.
La justificación oficial fue siempre la misma en los tres sexenios: sin la obra, Fresnillo y la zona conurbada de la capital se quedarían sin agua para crecer. La pregunta de “a costa de quién” nunca se planteó desde el gobierno.
Diez años en el río Atenco: la historia detrás de la presa Milpillas
El gobierno estatal ya había ejercido más de 200 millones de pesos en proyecto ejecutivo y compra de terrenos. El costo total proyectado superaba los 9 mil millones de pesos.
Ese costo total —9 mil millones de pesos— representa una cifra muy superior a la capacidad de gasto ordinario de cualquier municipio de la región. Ninguna de las tres administraciones explicó públicamente de dónde saldría el financiamiento.
Casi el 70 % de los terrenos con pequeños propietarios ya estaba adquirido cuando llegó la suspensión. El punto de resistencia que faltaba doblegar era el ejido Atotonilco, con apenas 20 a 25 hectáreas en disputa.
En esas hectáreas se concentró la negociación de una década. Vender significaba ceder el último tramo que hacía viable la obra completa; no vender significaba sostener, solos, la presión de tres gobiernos sucesivos.
Esa asimetría —un ejido de veinte hectáreas frente a tres gobiernos consecutivos y un proyecto valuado en miles de millones— es la que el litigio buscó revertir. No lo hizo con manifestaciones masivas, sino con doce expedientes judiciales.
Junto a Atotonilco, los ejidos de El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales integraron el núcleo de la resistencia directa. Ahí se organizó el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
Río abajo se sumaron otras dos comunidades: Las Bocas y Carretas, que no perderían tierra pero sí caudal. La Lagunita, un grupo de propietarios particulares, completó el frente legal como codemandante.
Que comunidades río abajo se sumaran como codemandantes no es un detalle menor. Significa que la afectación de la presa Milpillas se entendió como un problema de cuenca, no solo de las hectáreas inundadas.
“Un avance importante en la defensa del territorio y en contra de grandes intereses corporativos.”
— Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA)
Ese fue el balance de REMA, la organización que acompañó jurídicamente a las comunidades, cuando conoció la primera suspensión judicial. La frase no es retórica: diez años de resistencia sostenida rara vez se traducen en una victoria en tribunales.
Doce amparos, nueve suspensiones contra la presa Milpillas
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, autorizó el proyecto el 23 de junio de 2026. Un mes después, el 24 de julio, las comunidades respondieron.
Interpusieron 12 amparos ante los Juzgados de Distrito 1 y 2 de Zacatecas. Nueve de esos expedientes obtuvieron suspensión provisional contra la construcción.
Entre los números de expediente documentados por REMA figuran el 1399/2026-III y el 1481/2026, entre otros siete. La cifra exacta —nueve de doce— importa porque marca qué tan sólido resultó el argumento jurídico ante distintos jueces.
Los motivos no fueron solo ambientales. Los amparos alegaron violaciones al derecho a un ambiente sano, al derecho al agua, y a los derechos de las personas mayores.
El derecho al agua de las personas mayores se argumentó en el mismo sentido: quienes llevan toda la vida en la ribera del Atenco serían, según el amparo, los primeros en resentir cualquier alteración del caudal.
También se invocaron los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluidos formalmente como demandantes. Esa decisión —litigar en nombre de la infancia del ejido— buscó anticipar el argumento de que la obra afectaría a generaciones que aún no nacen.
Se citó además la falta de acceso a la información y de participación pública. Y se alegó la ausencia de una consulta previa sobre la decisión agraria del ejido.
REMA documentó, por su parte, nueve inconsistencias técnicas en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. Entre ellas, una delimitación deficiente del embalse y un cálculo cuestionable del caudal ecológico necesario para sostener el río.
La tercera inconsistencia señalada fue la más grave para las comunidades: la ausencia total de un estudio de impacto sociocultural. Nadie, según REMA, midió qué significaría para Atotonilco o El Potrero dejar de ser ejidos ribereños.
Sin ese estudio, la autoridad ambiental autorizó un proyecto sin saber —o sin documentar— qué comunidades específicas perderían su forma de vida. Es exactamente el tipo de omisión que los amparos terminaron señalando ante el juez.
“Desterrar el paradigma neoliberal extractivista y generador de desigualades.“
—REMA, citando los diez principios de la SEMARNAT presentados por Alicia Bárcena
REMA usó las propias palabras de la titular de Semarnat para señalar la contradicción: la misma dependencia que promete desterrar el extractivismo autorizó la obra un mes antes de que un juez la detuviera.
El gobierno insiste: “No se ha hecho ni una pala”
Del lado del gobierno estatal, la respuesta fue negar que algo hubiera cambiado. Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Zacatecas, dijo no tener constancia formal de las suspensiones.
“En este comunicado no adjuntan un documento donde lo ingresan o algún respaldo documental que nos diga dónde podemos buscar la información.”
—Susana Rodríguez Márquez, titular de la SAMA de Zacatecas
La funcionaria fue más allá: mientras no exista notificación formal, dijo, el gobierno continuará con los trámites administrativos del proyecto. Ninguna suspensión judicial, en su versión, detiene al gobierno mientras no llegue por escrito.
“No se ha hecho absolutamente nada, ni una pala, ni una maquinaria”, aseguró la funcionaria, como si la falta de obra física invalidara el litigio. El argumento pasa por alto que el 70 % de los terrenos ya cambió de manos antes de la suspensión.
Ese 70 % de tierra ya adquirida es, en realidad, el mejor indicador de que el proyecto sí avanzaba. La ausencia de maquinaria en el terreno no significa ausencia de despojo administrativo previo.
Voces del gobierno estatal, citadas por el propio comunicado de REMA, fueron más lejos: describieron a la oposición como “unos cuantos” y como “gente de fuera“. El expediente judicial cuenta otra historia.
Doce amparos firmados por familias de siete comunidades distintas —cuatro ejidos directamente afectados, dos poblados río abajo y un grupo de propietarios particulares— no encajan con la idea de una protesta aislada. La geografía del litigio desmiente el argumento oficial.
Descalificar a siete comunidades como “gente de fuera” es, además, una estrategia conocida en otros conflictos territoriales del país: deslegitimar a quien se opone antes que responder a sus argumentos técnicos y legales.
La Parota y Milpillas: el patrón nacional detrás de dos victorias
La suspensión de la presa Milpillas no ocurrió en el vacío. Dos días antes, el 26 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la cancelación definitiva de otro proyecto hidroeléctrico: La Parota, en Guerrero.
Ese proyecto llevaba 23 años de disputa, más del doble que Milpillas. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota había resistido frente a una obra que habría inundado 17,300 hectáreas.
La Parota habría desplazado a 25 mil campesinos y afectado a otros 80 mil río abajo, con una cortina de 192 metros —más del doble de la prevista para Milpillas. El gobierno federal optó por sustituirla con pozos y tanques elevados.
La escala es distinta, pero el mecanismo se repite: proyectos hídricos heredados de administraciones anteriores, defendidos por inercia burocrática más que por evaluación técnica actualizada, frenados finalmente en tribunales.
Las dos suspensiones ocurrieron con 48 horas de diferencia, el 24 y el 26 de julio de 2026. Ninguna autoridad federal las presentó como parte de una misma política de revisión de megaproyectos hídricos; ocurrieron por litigio, no por decisión de gabinete.
Dos casos, dos regiones, un mismo patrón: proyectos hídricos de décadas, sostenidos por gobiernos de distintos partidos; aunque desde la presidencia de México, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sí se cancelaron algunos megaproyectos de alto impacto, como el aeropuerto de Texcoco, y hubo sensibilidad a varias peticiones de la resistencia organizada, revisando, en varios casos, su viabilidad.
Dentro de la misma línea, en julio del 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico de la presa de La Parota, en el estado de Guerrero.
La suspensión de la presa Milpillas es provisional, no definitiva. El gobierno estatal ya avisó que continuará los trámites mientras no reciba una notificación que, según REMA, ya fue entregada.
Lo que queda firme, por ahora, es el expediente: doce amparos, nueve jueces que ordenaron detener la obra, y un ejido —Atotonilco— que no vendió. La próxima audiencia definirá si el río Atenco sigue corriendo sin cortina.
En el derecho mexicano, una suspensión provisional no es el final del proceso. El juicio de amparo sigue su curso hasta una sentencia definitiva, que puede confirmar la suspensión, revertirla o modificarla —de ahí que REMA insista en que la vigilancia debe continuar.
Mientras eso ocurre, la presa Milpillas queda como recordatorio de algo más amplio: que la defensa del territorio en México, en 2026, se está ganando menos en la mesa de negociación y más en los juzgados de distrito.
Para las comunidades del río Atenco, la resolución judicial no cierra el conflicto: los doce amparos siguen abiertos y la vigilancia comunitaria continúa mientras el gobierno estatal decide sus próximos pasos. Ese patrón de resistencia sostenida más allá de una sola sentencia es, según REMA, lo que distingue a los proyectos hídricos efectivamente frenados de los que solo se posponen.
