Chichicazapan, la cueva donde murieron cuatro personas en julio de 2026, mostró lo que ocurre en el mundo real: certificaciones turísticas escasas y caras para unos pocos, o emprendimientos sin capacitación suficiente. Pero hay salidas: que el Estado capacite sin costo o que la organización social asuma el cuidado colectivo de cuevas y cascadas.
Cuatro cuerpos recuperados en varios días de rescate en la cueva de Chichicazapan resumen, mejor que cualquier comunicado oficial, el fracaso de la certificación turística en Cuetzalan.
El martes 7 de julio de 2026, seis integrantes de la familia Peña Antonio, de la comunidad de Yopi, en el municipio vecino de Chignautla, contrataron un recorrido con guías locales cuando ya llovía.
En cuestión de minutos se soltó una tromba de alta intensidad, con rachas de viento y relámpagos.
Extracción de cuerpos en la gruta Chichicazapan / Imagen: cortesía de losperiodistas.com.mx
Dos hombres identificados como Josué Mendoza Méndez y Conrado Vázquez Islas condujeron al grupo al interior de la caverna; ninguno de los dos estaba dado de alta ante la Secretaría de Turismo federal ni ante las instancias estatales, según confirmó en rueda de prensa el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala (La Jornada de Oriente, 14 de julio de 2026).
La lluvia provocó un incremento súbito en la corriente del río subterráneo que dividió al grupo en dos bloques: dos mujeres de la familia y el guía Conrado Vázquez lograron salir con vida, mientras que los cuatro integrantes restantes —Ismael Peña, sus hijas Karime Antonio Peña y Jazmín Lizbeth Peña Antonio, y su yerno Gerardo Julián de los Santos— fueron arrastrados hacia las zonas profundas del sistema cavernario y no sobrevivieron (Gremio 51, 2026; El Sol de Puebla, 2026).
Elementos de protección civil en la entrada de la gruta Chichicazapan / Imagen: cortesía del gobierno de Puebla
El coordinador estatal de Protección Civil, Bernabé López Santos, precisó que la normativa local solo permite el acceso de turistas a los primeros 200 metros de la ruta: después de ese punto, el trayecto se convierte en una zona de pozas profundas, pasos de apenas 30 centímetros y una cascada final de 15 metros, terreno que los guías cruzaron pese a la lluvia (Gremio 51, 2026).
La Secretaría de Gobernación de Puebla turnó el caso a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades penales (Gremio 51, 2026).
Parece, a primera vista, informalidad pura. Pero revisar el andamiaje normativo que no se aplicó en Chichicazapan obliga a una pregunta más incómoda:
¿la certificación turística protege a quienes recorren las cuevas o, sobre todo, a quienes venden certificados?
Los 21 guías que no bastan: la trampa de la certificación turística
El Estado mexicano regula el turismo de aventura mediante la NOM-09-TUR-2002 (Secretaría de Turismo, 2002), que exige a quienes ofrecen recorridos de espeleología dos diplomados sucesivos —uno en excursionismo y otro en espeleísmo— con conocimientos certificados sobre la formación geológica de las cuevas, interpretación de mapas topográficos, manejo de equipo, técnicas verticales y de flotación, rescate y autorescate en paredes, y primeros auxilios (Puebla Online, 2026).
Es una norma exigente sobre el papel. En los hechos, una revisión periodística del padrón disponible tras la tragedia identificó solamente 21 guías con acreditación vigente en todo Cuetzalan: la mayoría solo facultada para excursionismo básico, apenas cinco con especialidad en interpretación ambiental, y ninguno con acreditación específica para cavernas o grutas de riesgo (Flores, 2026).
Ese vacío no nace de la falta de vocación de los guías quetzaltecos, que llevan generaciones recorriendo su sistema cavernario, uno de los más extensos del país.
Es consecuencia de algo que se repite en casi cualquier esquema de certificación dejado en manos del mercado: entre la norma y el guía se cuela una cadena de intermediarios, capacitadoras privadas, coyotes de trámite y avales que revenden el acceso a un curso; esa cadena convierte en negocio lo que el Estado podría ofrecer gratis.
Profesionalizarse exige viajar a otros estados y costear diplomados onerosos para la economía local, y en ese hueco se coló el mercado informal que llevó a la familia Peña Antonio al interior de Chichicazapan bajo la lluvia.
La norma es todavía más exigente de lo que parece. La propia Secretaría de Turismo federal mantiene un directorio de diplomados acreditados en el que, para 2026, el diplomado en espeleísmo no lo imparte ninguna institución en todo el país; el de excursionismo, el más básico de los dos, solo se ofreció de manera privada en San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Monterrey, a cientos de kilómetros de la Sierra Norte (Puebla Online, 2026).
En Puebla, además, solo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con el aval estatal para certificar guías, y no cubre específicamente turismo de aventura: quien quiera especializarse debe salir del estado y pagar cursos que superan los 18 mil pesos (Celestino, 2026).
Incrustar:
Dar clic en la imagen para ver el diplomado
Conviene distinguir dos fallas distintas, porque piden remedios distintos: en excursionismo la certificación existe, pero está capturada por el mercado, es cara y lejana; en espeleísmo ni siquiera existe, porque el Estado nunca construyó la oferta que su propia norma exige.
Chichicazapan combina ambas fallas: el abandono regulatorio total y la privatización parcial de lo poco que sí se ofrece.
2004: el límite que marcó Alpazat y que Chichicazapan volvió a cruzar
Cuetzalan ya había vivido, dos décadas antes, una emergencia comparable en escala mediática, aunque con desenlace distinto. El 24 de marzo de 2004, seis militares británicos que exploraban la cueva de Alpazat quedaron atrapados por una crecida repentina de los ríos subterráneos (Tribuna Noticias, 2026).
El exitoso rescate de los militares británicos en el 2004 / Imagen: cortesía de El Universal
A diferencia de la familia Peña Antonio, aquellos hombres tenían experiencia y equipo técnico, lo que les permitió sobrevivir ocho días bajo tierra hasta el rescate.
El episodio escaló a una crisis diplomática entre México y el Reino Unido: los militares habían ingresado con visas de turista, lo que despertó sospechas de prospección geológica no autorizada, y el gobierno británico exigió que el rescate corriera a cargo de su propio equipo, no de los buzos de la Sierra Norte (Tribuna Noticias, 2026).
El episodio dejó, sin embargo, una lección territorial que sí se aplicó por un tiempo: el ayuntamiento y Protección Civil endurecieron los reglamentos, prohibieron el acceso sin guías certificados y restringieron el paso a la gran mayoría de las cavernas, dejando habilitada para el público general cerca de una decena de grutas (Tribuna Noticias, 2026).
Dos décadas después ese control se relajó, porque el auge de las redes sociales fortaleció un mercado de operadores no siempre verificables, que capitalizan el sello de Pueblo Mágico, obtenido en 2002, para ofrecer expediciones baratas y evadir la fiscalización tributaria y de protección civil.
La comparación no es anecdótica: en ambos casos, la letalidad del sistema kárstico dependió de la profesionalización y el equipo disponible.
En 2004 la sobrevivencia se debió al entrenamiento militar de las víctimas; en Chichicazapan, veintidós años después, su ausencia tuvo el desenlace opuesto.
La certificación que no llegó a Chichicazapan y la lección del café orgánico
Aquí conviene detenerse en un patrón que la Sierra Norte de Puebla conoce de memoria, aunque en otro rubro. Durante años, cooperativas cafetaleras de la región vivieron la experiencia, documentada por organizaciones campesinas y agroecológicas del país, de que certificarse como productores orgánicos o de comercio justo significaba pagar auditorías anuales a despachos certificadores externos, con sede fuera del territorio y costos fijados en dólares.
Las cooperativas pequeñas absorbían un gasto proporcionalmente mayor que las agroexportadoras, capaces de diluirlo entre miles de hectáreas.
Los sellos orgánicos no salen gratis / Imagen: cortesía de Facebook
El sello orgánico, pensado como herramienta de justicia para el pequeño productor, terminó funcionando como un peaje: quien no podía pagarlo quedaba fuera del mercado premium, aunque cultivara sin agroquímicos desde generaciones atrás.
Nadie diseñó ese resultado a propósito. Fue el propio proceso el que, con el tiempo, generó una capa de intermediarios —auditores, gestores, tramitadores— que terminó siendo más rentable para sí misma que para la parcela certificada.
La certificación turística que no estuvo presente en Chichicazapan corre el riesgo de repetir ese guion, con vidas humanas de por medio en lugar de cosechas.
No hace falta que un despacho certificador se proponga excluir a los guías locales: basta con dejar la acreditación en manos del mercado para que, tarde o temprano, aparezcan intermediarios que cobran por gestionarla, sin que eso asegure, como demostró Chichicazapan, mayor seguridad para nadie.
Existen dos antecedentes a los que Cuetzalan podría mirar para evitarlo: los Sistemas Participativos de Garantía que impulsan redes agroecológicas como el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe,.
Son las propias organizaciones de productores, y no una certificadora externa, quienes verifican de forma colectiva el cumplimiento de los criterios, y la vieja obligación estatal, casi siempre incumplida, de ofrecer capacitación pública y gratuita en lugar de dejarla al mercado.
Una década de advertencias: lo que ya sabíamos desde 2016
Nada de esto es nuevo. Una investigación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla encuestó a 116 prestadores de servicios turísticos en diez municipios del estado, entre ellos Cuetzalan, y llegó a una conclusión que anticipó casi punto por punto lo ocurrido en Chichicazapan.
Puebla carecía de un organismo certificador para el turismo de aventura, y la mayoría de quienes operaban recorridos en cascadas, grutas y montañas lo hacían al margen de cualquier registro formal (Pérez Paredes et al., 2016).
Los datos de esa encuesta son elocuentes.
El 68% de los prestadores no tenía empleados; es decir, trabajaba solo o con familiares. Casi el 79% era originario del lugar donde ofrecía el servicio.
El 55% no expedía facturas y el 59% no pagaba impuestos, lo que retrata una economía de subsistencia más que un negocio ilegal deliberado.
Y, sin embargo, el 89% de los encuestados dijo estar dispuesto a certificarse si existiera la oferta, y calculó un precio justo de entre mil y 6,400 pesos, una fracción de los 18 mil que hoy cuesta un curso fuera del estado (Pérez Paredes et al., 2016).
El estudio terminaba con una propuesta concreta: que la Secretaría de Turismo de Puebla creara un padrón de prestadores y un organismo certificador propio, financiado con aval estatal (Pérez Paredes et al., 2016).
Una década después, ese organismo nunca se creó. El Sol de Puebla documentó en julio de 2026, la misma semana de la tragedia, que la única empresa avalada en el estado para certificar guías no cubre turismo de aventura (Celestino, 2026).
La brecha que un grupo de investigadores universitarios señaló con precisión en 2016 seguía intacta cuando el agua subió en Chichicazapan diez años más tarde.
Ese mismo estudio, sin embargo, complica cualquier respuesta fácil sobre quién debería certificar.
Cuando se preguntó a los propios prestadores qué instancia debería emitir la certificación, apenas el 37% eligió al gobierno y solamente el 2% mencionó organismos comunales.
La mayoría, el 52%, prefirió que fueran asociaciones expertas del sector quienes acreditaran su trabajo (Pérez Paredes et al., 2016). Es un dato incómodo para cualquier argumento que proponga la autocertificación comunitaria como salida única, y conviene no maquillarlo.
Lo que el COTIC está reflexionando sobre Chichicazapan: duelo, siete preguntas y patrimonio subterráneo
El Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) está preparando su propia respuesta a la tragedia sin el lenguaje defensivo que suele acompañar a los comunicados institucionales tras un desastre.
Aun en fase de discusión, avanzamos algunos aspectos de esta reflexión colectiva que nace del COTIC.
Asamblea General del COTIC 24 de mayo del 2026 Cortesía de Facebook COTIC
Su reflexión abre con las condolencias hacia las familias afectadas y un reconocimiento explícito a Protección Civil, a Espeleo Rescate México, a las asociaciones y grupos de espeleología, a las instituciones académicas, a los guías locales y a las brigadas voluntarias llegadas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí e Hidalgo (COTIC, 2026).
Pero no se detiene en el duelo, y lo convierte en punto de partida:
“Este acontecimiento nos obliga a reflexionar como sociedad. Más allá del dolor que deja esta tragedia, representa una oportunidad para fortalecer la gestión integral del patrimonio subterráneo de Cuetzalan y construir mecanismos que permitan prevenir situaciones similares en el futuro” (COTIC, 2026).
Lo relevante es la estructura, más que el tono: en lugar de anunciar medidas unilaterales, el COTIC abre “un proceso de diálogo y construcción colectiva” (COTIC, 2026) a partir de siete preguntas que conviene leer una por una, porque cada una delimita un terreno distinto de responsabilidad.
Las dos primeras piden un diagnóstico compartido de lo ocurrido y de lo que viene:
Cueva del Duende / Imagen: cortesía de Food and Pleasure
“¿Qué acciones debemos emprender para que una situación como esta no vuelva a repetirse?”
Y:
“¿Qué estrategias de prevención podemos construir entre comunidades, autoridades, especialistas y prestadores de servicios?” (COTIC, 2026).
Ninguna de las dos asume, de entrada, que la respuesta sea “más certificación”: preguntan por acciones y estrategias, no por trámites.
La tercera pregunta traslada el problema al instrumento normativo que ya existe en el municipio:
“¿Qué medidas deben incorporarse al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para fortalecer la gestión del patrimonio subterráneo?” (COTIC, 2026).
El COTIC no le pide al gobierno federal una norma nueva ni un certificado adicional: apunta al instrumento de ordenamiento territorial que Cuetzalan ya construyó de manera participativa desde 2009 (SMADSOT, 2010), y que es, según La Jornada de Oriente (2026), justo el que el ayuntamiento dejó de aplicar.
Grutas y personas / Imagen: cortesía del Facebook de Hec Rodr
La cuarta pregunta —”¿Cómo fortalecer la capacitación y profesionalización de quienes desarrollan actividades en cuevas y cavernas?” (COTIC, 2026)— es la más cercana al lenguaje de la NOM-09-TUR-2002, pero el verbo elegido, “fortalecer”, sugiere una capacitación que se construye desde el territorio y no un trámite que se compra fuera de él.
La quinta pregunta introduce una dimensión que ninguna certificación de guías resuelve por sí sola:
Lo que pasa con las rocas de Cuetzalan y la formación kárstica / Imagen: cortesía del COTIC
“¿Qué protocolos de monitoreo hidrometeorológico, evaluación de riesgos y respuesta ante emergencias deben implementarse?” (COTIC, 2026).
Chichicazapan no fue, en el fondo, solo una falla de conocimiento espeleológico: fue una falla de monitoreo de lluvia y de decisión sobre cuándo era seguro entrar, exactamente el vacío que ningún diplomado de excursionismo cubre.
La sexta pregunta es la que distingue con mayor claridad la postura del COTIC de cualquier esquema de certificación importado:
“¿Cómo integrar el conocimiento científico con los saberes comunitarios y la cosmovisión de los pueblos originarios?” (COTIC, 2026).
No se trata de sustituir la ciencia por la tradición ni al revés, sino de reconocer que ninguna de las dos, por separado, hubiera bastado para anticipar la crecida que dividió al grupo de la familia Peña Antonio.
La séptima y última pregunta cierra el círculo institucional:
“¿Qué mecanismos permanentes de coordinación debemos establecer entre comunidades, autoridades, instituciones académicas, organizaciones civiles y especialistas?” (COTIC, 2026).
Es, de las siete, la que más se parece a una autocrítica: reconoce que esa coordinación permanente no existía antes de Chichicazapan, o existía de forma insuficiente.
Esa manera de proceder —abrir preguntas en lugar de imponer respuestas— no responde a la coyuntura: nace de una comisión de trabajo sobre exploración y estudio del patrimonio subterráneo, creada dos meses antes de la tragedia, cuando el Comité ya discutía el riesgo de las cuevas (COTIC, 2026).
En este mes de julio el COTIC está definiendo el marco que distingue su postura de la lógica puramente turística: las cuevas, cavernas y sistemas subterráneos son, dice el documento en discusión,
“un patrimonio natural, hídrico, cultural y biocultural de enorme importancia para Cuetzalan”,
cuya
“conservación, investigación y uso responsable requieren una visión integral que priorice la protección de la vida, el respeto al territorio y la participación activa de las comunidades” (COTIC, 2026).
El comunicado cierra reiterando la disposición del Comité
“para continuar construyendo, de manera participativa y con base en el diálogo, propuestas que fortalezcan el Programa de Ordenamiento Ecológico Local” (COTIC, 2026).
Esa frase resume el eje de todo el debate posterior a Chichicazapan: decidir quién tiene autoridad legítima para cuidar ese patrimonio importa más que expedir más certificados.
Bienes comunes y saberes en disputa: las voces del Órgano Técnico
Dos integrantes del Órgano Técnico del COTIC desarrollaron, en textos independientes, los argumentos que sostienen esa postura.
Alejandra Juárez recuerda que Cuetzalan, reconocido en 2021 como una de las villas turísticas más bellas del mundo, es un territorio sin ejidos ni comunidades agrarias, donde el manejo del suelo se resuelve en asambleas comunitarias y cada espacio, incluidas las grutas, se entiende como territorio sagrado (POEL, 2024).
Su revisión del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, aporta un dato que suele pasar inadvertido: de todo el sistema cavernario quetzalteco, uno de los más extensos del país, el instrumento vigente solo describe siete grutas (Juárez, 2026).
Para el resto, escribe Juárez, hace falta escuchar a las y los abuelos de la región antes de abrirlas al turismo masivo.
Relleno sanitario ilegal en Cuetzalan un problema crónico / Imagen: cortesía de El Sol de México
El mismo diagnóstico documenta un problema que rara vez aparece en los titulares: las simas, horadaciones naturales del terreno kárstico, llevan décadas recibiendo drenaje y basura doméstica, lo que acelera la karstificación y multiplica el riesgo de dolinas y colapsos bajo la propia cabecera municipal (Juárez, 2026).
Los talleres de participación ciudadana del ordenamiento territorial ya habían señalado el saqueo y la privatización de las grutas como problemas centrales del sector (POEL, 2024).
Avelina Manzano, también del Órgano Técnico, plantea la pregunta de fondo:
“¿Cuáles son los límites del turismo cuando se desarrolla en territorios culturalmente sensibles?” (Manzano, 2026).
Las cuevas no son “un producto turístico cualquiera”, responde, sino bienes comunes cuyo cuidado beneficia a toda la comunidad (Manzano, 2026).
La regulación insuficiente, subordinada a la lógica del mercado, aumenta la presión sobre ecosistemas frágiles y el riesgo para quienes las visitan. Manzano recupera algo que las certificaciones expedidas a distancia no pueden replicar.
Turistificación y gentrificación en Cuetzalan / Imagen: cortesía de Alanx en el Mundo
Durante generaciones, las comunidades masehual y totonaku regularon el acceso a las cuevas con reglas propias sobre cuándo y cómo entrar, casi siempre con motivo ceremonial.
“El problema no son las cuevas —cierra Manzano—, sino el modelo de relación que estamos construyendo con el territorio” (Manzano, 2026).
Cuetzalan tiene, además, un antecedente que demuestra que ese modelo alternativo no es una aspiración abstracta: ya opera, y desde hace dos décadas.
La Sociedad Cooperativa de Turismo Rural Tosepan Kali, fundada en 2004 como respuesta a las necesidades de hospedaje de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y constituida formalmente en 2009 por 26 socios, gestiona hospedaje, alimentación y recorridos a cuevas, cascadas y pozas con guías que son, ellos mismos, integrantes de la cooperativa (Sánchez Hernández, 2024).
Dar clic en la imagen para ver el proyecto Tosepan Kali
La Tosepan Kali resume la experiencia de economía solidaria de Tosepan Titataniske, que uno de sus integrantes resume en una entrevista el principio que separa este modelo del que fracasó en Chichicazapan:
“Lo que queremos es que haya actividades de turismo que estén en manos de las comunidades, no en manos de empresarios o inversionistas que no son de la zona. Cuando queda en manos de las comunidades, la capacidad de entender es muy distinta” (LeonardoDurán, citado en Sánchez Hernández, 2024, p. 333).
No es una declaración retórica: en Tosepan Kali son los propios socios, reunidos en asamblea general, quienes deciden qué proyectos turísticos se emprenden y cómo se reparten sus beneficios, en un proceso que Adriana Durán describe como partir “de cero” en cada comunidad hasta llegar a un acuerdo colectivo (Sánchez Hernández, 2024, p. 334).
Un estudio anterior, realizado por investigadores del Colegio de Postgraduados sobre la Red de Turismo Alternativo (RETA) Totaltikpak, A.C. —siete empresas sociales de Cuetzalan, Tenampulco, Xochitlán de Vicente Suárez y Zapotitlán de Méndez—, documentó ya en 2010 que el turismo rural gestionado por las propias comunidades genera una diferencia significativa en el ingreso anual de quienes participan, además de beneficios sociales y ambientales reconocidos por los propios prestadores (Pérez Serrano et al., 2010).
Campismo en la Gruta Atepolihui / Imagen: cortesía de mxc.com.mx
Entre los atractivos que entonces operaban las empresas de la red estaba ya la gruta de Atepolihui, hoy una de las pocas cavernas abiertas al turismo regulado en el municipio (Pérez Serrano et al., 2010).
El dato importa porque contradice, con dos décadas de evidencia, la idea de que solo el mercado certificado puede ofrecer seguridad: la propia red de turismo comunitario documentada por Pérez Serrano et al. (2010) operaba recorridos a cuevas antes de que existiera un solo curso de espeleísmo acreditado en el estado, y lo hacía apoyada en el conocimiento del terreno que solo da vivir en él.
La responsabilidad que nadie quiere asumir tras Chichicazapan
La denuncia más incómoda para las autoridades locales no vino de las comunidades ni de organizaciones activistas, sino del editorial de La Jornada de Oriente publicado el 14 de julio de 2026.
El texto reconstruye un dato que cambia por completo la narrativa oficial sobre la “informalidad”: Cuetzalan cuenta, desde 2010, con un ordenamiento territorial que obligó a registrar y regular a quienes realizan recorridos turísticos, actualizado apenas un año antes de la tragedia, en 2025, e insistió de nuevo en el control de quienes organizan recorridos en cascadas, grutas y cerros (La Jornada de Oriente, 2026).
Dar clic en la imagen para leer la editorial
El editorial no deja espacio para la ambigüedad:
“la autoridad responsable de lo que ocurrió con esta tragedia es el ayuntamiento de Cuetzalan, que no acató la disposición del ordenamiento territorial de llevar un control de los prestadores de servicios turísticos” (La Jornada de Oriente, 2026).
La pregunta que plantea el diario —”¿de qué sirve que se establezcan normas, si al final los ayuntamientos no las cumplen?” (La Jornada de Oriente, 2026)— desplaza el problema de un supuesto vacío legal hacia un incumplimiento administrativo concreto.
No hacía falta una nueva norma federal ni un certificado más costoso: hacía falta que el municipio aplicara el registro que el propio ordenamiento territorial, construido de manera participativa desde 2009, ya exigía.
Reunión del COTIC con el Presidente Municipal de Cuetzalan 6 de abril del 2026 / Imagen: cortesía de Facebook COTIC
Que la falla fuera de aplicación y no de diseño institucional lo confirma, de manera indirecta, otro hecho verificable: apenas tres meses antes de la tragedia, en abril de 2026, el propio COTIC y el ayuntamiento habían acordado instalar una mesa de trabajo específica para regular las actividades turísticas en los cuerpos de agua del municipio (Hernández Alcántara, 2026), evidencia de que el diagnóstico y hasta la voluntad de coordinación existían meses antes de Chichicazapan, aunque no se tradujeron en control efectivo sobre el terreno.
Autocertificación y cuidado colectivo: la ruta que deja Chichicazapan
De la lectura conjunta de estos documentos emerge una conclusión que contradice el sentido común con el que suele abordarse cada tragedia turística en México: el problema no es que falte una certificación más estricta, sino que cualquier certificación dejada en manos del mercado termina generando su propia cadena de intermediarios.
La NOM-09-TUR-2002 (Secretaría de Turismo, 2002) reproduce el mismo defecto estructural que la certificación orgánica del café: entre la norma y quien debería cumplirla se cuela un negocio de despachos, cursos y trámites que traslada el costo hacia quien menos margen tiene para pagarlo, sin garantizar más seguridad para nadie.
Los 21 guías certificados que existían en Cuetzalan antes de Chichicazapan lo demuestran (Flores, 2026): cumplir con el papeleo federal no equivalió, en ningún caso, a estar preparado para una crecida repentina en una galería angosta.
Frente a ese modelo hay dos salidas, no una, y ninguna pasa por más despachos certificadores. La primera la señala La Jornada de Oriente (2026): el ordenamiento territorial obliga, desde 2010, a que el propio ayuntamiento registre y regule a los guías, lo que equivale a que sea el Estado, no el mercado, quien capacite y acredite de forma gratuita.
La segunda la ofrece el COTIC en su comunicado y en el POEL (COTIC, 2026; SMADSOT, 2010): el cuidado colectivo y la autocertificación comunitaria, es decir, reglas que construye y vigila la propia organización social a través de los comités de ordenamiento ecológico, sin despachos externos que cobren por sello y desaparezcan tras la auditoría.
Ese segundo camino no es una hipótesis: Tosepan Kali lleva dos décadas demostrando, con datos de ingreso y empleo verificables, que el turismo gestionado por asamblea comunitaria puede sostenerse sin certificadora externa (Sánchez Hernández, 2024), y la Red Totaltikpak documentó desde 2010 beneficios equivalentes en un modelo semejante (Pérez Serrano et al., 2010).
Comunión entre los masewalmeh y el monte (naturaleza), ceremonia del 3 de mayo del 2026 / Imagen: cortesía Facebook COTIC
Ese segundo camino tiene, además, bases institucionales en Cuetzalan: el “Turismo con Identidad” del POEL desde 2010 (SMADSOT, 2010) y las mesas de trabajo que el propio COTIC instaló meses antes de la tragedia para revisar el turismo en los cuerpos de agua del municipio (Hernández Alcántara, 2026).
Esa preferencia histórica de los prestadores por “asociaciones expertas”, documentada en la encuesta de 2016 (Pérez Paredes et al., 2016), no necesariamente contradice esta segunda salida, aunque conviene tomarla en serio y no descartarla.
Desde 2012 existe en la Sierra Norte un organismo como el COTIC, un cuerpo técnico con especialistas, respaldo legal en el ordenamiento territorial y capacidad real de emitir dictámenes.
Para quienes respondieron esa encuesta, “asociación experta” probablemente significaba justo lo que el Comité ha terminado por construir, y lo que Tosepan Kali ya practicaba desde antes: un espacio técnico y comunitario a la vez, no una asamblea improvisada ni un despacho externo.
La autocertificación comunitaria que plantea el COTIC no compite con la profesionalización: la organiza desde el territorio, en lugar de subcontratarla a un despacho en otro estado.
Que cualquiera de las dos rutas funcione depende, sobre todo, de una condición política: que el ayuntamiento cumpla el registro gratuito de guías que el ordenamiento territorial ya establece, según reclama La Jornada de Oriente (2026), en vez de dejar la profesionalización en manos de diplomados costosos e intermediarios.
Ritual de los voladores de Cuetzalan (Video de Jorge Castañares)
Fusionar esa capacitación pública con el conocimiento comunitario sobre el agua y el clima, lo que Juárez (2026) y Manzano (2026) describen como saber acumulado durante generaciones, y lo que Durán (citado en Sánchez Hernández, 2024) resume como devolver a las comunidades “la capacidad de entender” su propio territorio, es la única fórmula de seguridad que Chichicazapan demostró que funciona: la de quienes conocen el terreno desde niños y deciden colectivamente sus reglas.
El patrimonio subterráneo de Cuetzalan seguirá generando ingresos turísticos, y eso no está en disputa.
Lo que sí está en disputa, después de cuatro muertes evitables, es quién decide las reglas: una cadena de intermediarios ajena al territorio, que convierte cada acreditación en una cuota más, o el Estado y las comunidades masehual y totonaku que llevan siglos cuidando —y sufriendo— el mismo sistema de cuevas que hoy vende Cuetzalan como destino de aventura.
El debate que abrió el COTIC con sus siete preguntas no es retórico: es la diferencia entre que la próxima crecida encuentre a un guía certificado por un despacho lejano o a una comunidad que decidió, colectivamente, cuándo era seguro entrar en Chichicazapan.
Referencias
Celestino, D. (2026, 14 de julio). Solo una empresa avalada en Puebla certifica a guías, pero no en turismo de aventura. El Sol de Puebla. https://oem.com.mx/elsoldepuebla/local/solo-una-empresa-avalada-en-puebla-certifica-a-guias-pero-no-en-turismo-de-aventura-31126928
Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC). (2026, julio). Posicionamiento del COTIC ante los acontecimientos ocurridos en la cueva Chichicazapan [Comunicado institucional].
El Sol de Puebla. (2026, 9 de julio). Encuentran sin vida a papá y sus dos hijas en grutas de Cuetzalan; suman cuatro muertos. https://oem.com.mx/elsoldepuebla/local/encuentran-sin-vida-a-papa-y-sus-dos-hijas-en-grutas-de-cuetzalan-suman-cuatro-muertos-31081880
Flores, M. (2026, 12 de julio). Cuetzalan tiene 21 guías de turismo certificados, pero no están aptos para explorar grutas. El Sol de Puebla. https://oem.com.mx/elsoldepuebla/local/cuetzalan-tiene-21-guias-de-turismo-certificados-pero-no-estan-aptos-para-explorar-grutas-31092325
Gremio 51. (2026, 13 de julio). Guías turísticos de familia fallecida en Cuetzalan no tenían certificación, revela Segob. https://gremio51.com/guias-turisticos-de-familia-fallecida-en-cuetzalan-no-tenian-certificacion-revela-segob/
Hernández Alcántara, M. (2026, 7 de abril). COTIC y edil de Cuetzalan acuerdan mesa de trabajo sobre actividades turísticas en cuerpos de agua. La Jornada de Oriente. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/cotic-y-edil-de-cuetzalan-acuerdan-mesa-de-trabajo-sobre-actividades-turisticas-en-cuerpos-de-agua/
Juárez, A. (2026). Revisando los datos del Programa de Ordenamiento Territorial Local [Documento inédito]. Órgano Técnico, Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC).
La Jornada de Oriente. (2026, 14 de julio). Tragedia en Cuetzalan: responsabilidad municipal [Editorial].
Manzano, A. (2026). Turismo, bienes comunes y gobernanza del riesgo en Cuetzalan [Documento inédito]. Órgano Técnico, Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC).
Pérez Paredes, A., Fernández Salazar, A., Torralba Flores, A., y Cruz de los Ángeles, J. A. (2016). Certificación del turismo de aventura como área de oportunidad en el estado de Puebla en México. International Journal of Scientific Management Tourism, 2(2), 329-351.
Pérez Serrano, A. M., Juárez Sánchez, J. P., Ramírez Valverde, B., y Cesar Arnaiz, F. (2010). Turismo rural y empleo rural no agrícola en la Sierra Nororiente del estado de Puebla: caso red de Turismo Alternativo Totaltikpak, A.C. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, (71), 57-71.
Puebla Online. (2026, 15 de julio). ¿Imposible tener guía turístico certificado para recorrer grutas en Puebla? https://www.pueblaonline.com.mx/2026/actualidad/turismo/imposible-tener-guia-turistico-certificado-para-recorrer-grutas-en-puebla/156402/
Sánchez Hernández, J. A. (2024). Sostenibilidad y comunidad: El éxito de gestión de la Cooperativa Tosepan Kali en el Pueblo Mágico de Cuetzalan, Puebla. En A. G. Ramírez Gutiérrez (Coord.), Avances en nuevos modelos del turismo en México: Sustentabilidad, cultura e inclusión como ejes del desarrollo endógeno (pp. 321-337). Universidad Panamericana. https://doi.org/10.21555/turismo.2024.11
Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT). (2010). Programa de Ordenamiento Ecológico Local del territorio del municipio de Cuetzalan del Progreso. Gobierno del Estado de Puebla. https://smadsot.puebla.gob.mx/images/ProgramaOrdenamientoEcologicoCuetzalan2010_1.pdf
Secretaría de Turismo. (2002). Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR-2002, que establece los elementos a que deben sujetarse los guías especializados en actividades específicas. Diario Oficial de la Federación.
Tribuna Noticias. (2026, 11 de julio). Grutas de Cuetzalan: de la crisis diplomática de 2004 a la tragedia. https://tribunanoticias.mx/grutas-cuetzalan-crisis-diplomatica-tragedia/
