Más de tres mil personas marcharon el 31 de agosto contra el saqueo de agua en Cholula que sostiene, desde hace treinta años, la operadora Agua de Puebla
Cerca de cien vehículos —autos, camionetas, bicicletas y motocicletas— acompañaron la caravana, documentada por Pie de Página. Salió de San Miguel Xoxtla y sumó a Nealtican, Acuexcomac y San Mateo Ozolco.
Los pueblos cholultecas dependen de sus mantos acuíferos para el riego de milpas y huertos frutales. La caída sostenida del nivel freático amenaza esa economía campesina de manera directa.
Observadores internacionales de derechos humanos documentaron la movilización. Contabilizaron más de 3,000 asistentes, la cifra más alta registrada en este conflicto hídrico.
“Me da tanta tristeza la situación del agua. No me alcanza para regar mi campo, no ha llovido bien y la tierra está toda seca.”
Habitante de la zona, durante la caravana del 31 de agosto
Un convenio de 1994 que nadie hizo cumplir
El origen del saqueo de agua en Cholula tiene fecha exacta: 1994. Ese año, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) firmó un convenio con las comunidades para perforar nueve pozos profundos en Nealtican y Acuexcomac.
“Revisarán los mantos estáticos y dinámicos de los pozos agrícolas, a fin de comprobar que no están siendo afectados y que, en caso contrario, se suspenda la extracción de agua para el municipio de Puebla.”
Esa cláusula octava del convenio original nunca se cumplió en tres décadas de extracción. Los pozos siguieron bombeando agua hacia la capital poblana sin que ninguna autoridad verificara el estado de los mantos acuíferos locales.
La concesión federal que ampara la operación —identificada como PUE 100304, sobre cinco de los nueve pozos— vence el 12 de diciembre de 2026. SOAPAP no presentó el aviso de renovación con seis meses de anticipación que exige la normativa, por lo que las comunidades exigen que se dé por terminada.
De organismo público a concesión privada: Agua de Puebla
Con el paso de los años, la operación de esos pozos —y de buena parte del sistema hídrico de la capital poblana— pasó a manos de Concesiones Integrales S.A. de C.V., la empresa que opera bajo la marca comercial Agua de Puebla. La concesionaria extrae, según cifras oficiales citadas por las comunidades, más de 15 mil millones de litros de agua al año de la región cholulteca.
El desarrollo inmobiliario Lomas de Angelópolis, de Grupo Proyecta, es uno de los principales destinos del agua extraída. Mientras los fraccionamientos de la zona conurbada crecen, los manantiales de origen se secan.
El río El Batán desapareció y los ameyales —los manantiales tradicionales de la región— se secaron uno tras otro. Un ahuehuete centenario murió por la caída del nivel freático, según documentaron las comunidades afectadas.
“Antes en esta zona había mucha abundancia de agua, ahora en mi casa solo la tengo disponible dos o tres veces por semana, por lapsos de algunas horas.”
Vecina de la región, durante la protesta
El incumplimiento no es una percepción vecinal aislada. Matria documentó que la concesionaria solo cumple nueve de treinta y un indicadores contractuales de desempeño, con apenas 4 de 17 indicadores cubiertos en agua potable.
Exdirectivos de la propia empresa han reconocido un desperdicio del 75 por ciento del agua que extraen. Las multas acumuladas por incumplimiento apenas suman 2.2 millones de pesos, frente a ingresos de 2 mil 24 millones registrados en 2024.
Nuevos pozos mientras se litiga el conflicto
Mientras el conflicto por los pozos de 1994 sigue abierto, SOAPAP y Concesiones Integrales tramitan la excavación de nueve pozos adicionales en distintos puntos cardinales de la capital poblana, con capacidad para extraer alrededor de 286 litros por segundo. La propuesta surgió, en parte, como respuesta a la presión social generada en Xoxtla.
Un exdirector de SOAPAP, Francisco Castillo Montemayor, señaló que la operadora redujo en 12 por ciento su reporte oficial de extracción de agua. Según explicó, la intención sería obtener con más facilidad la autorización para renovar las concesiones vigentes en Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla.
Las comunidades leen el movimiento como una estrategia para maquillar el volumen real de extracción, no para reducirlo. El patrón, insisten, se repite: más pozos, menos transparencia.
La criminalización de los defensores del agua
Dos nombres encabezan la defensa comunitaria del agua en Xoxtla: Renato Romero y Pascual Bermúdez. Ambos enfrentan procesos penales derivados de denuncias presentadas por Agua de Puebla y por Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Las acusaciones se centran en el cierre de la autopista México-Puebla durante protestas de 2025. Un tercer defensor, Rogelio Flores, también fue vinculado a proceso por los mismos hechos.
“Buscan intimidarlos y disuadir su movilización”, advirtió Romero sobre las denuncias federales que, según dijo, no le fueron notificadas formalmente antes de conocerse por otras vías.
Aunque la agenda y las acciones de Romero juegan a romper toda negociación con una estrategia de tierra quemada, donde no hay espacio para la negociación, y todo proyecto es intrínsecamente terrible, lo cierto es que las demandas colectivas existen antes y después de su propio, y discutible, protagonismo.
Las comunidades sí lograron una victoria judicial reciente. En julio de 2026, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito otorgó una suspensión definitiva a Acuexcomac: exige realizar una consulta indígena previa, libre e informada antes de prorrogar la concesión PUE 100304.
El mismo patrón: Grupo Proyecta también extrae por su cuenta
Grupo Proyecta —el desarrollador que recibe buena parte del agua que sale de Nealtican y Acuexcomac— no depende únicamente de SOAPAP. La inmobiliaria opera además cinco pozos propios para su expansión hacia los cerros de La Sombra y El Tenayo, en Santa Clara Ocoyucan.
Esa extracción directa dejó a comunidades ejidatarias de la zona sin agua potable durante 18 meses, de acuerdo con denuncias vecinales documentadas por La Jornada de Oriente. Ejidatarios que se opusieron a la expansión inmobiliaria enfrentaron cargos penales por privación ilegal de la libertad, de los que fueron exonerados.
Uno de ellos, un ejidatario de 71 años y con décadas al frente de la asamblea comunal, fue además expulsado de la dirigencia ejidal como represalia directa por oponerse públicamente a la empresa. El patrón —despojo hídrico, criminalización, control territorial— se repite de un municipio a otro en la región cholulteca, casi con el mismo guion.
Qué exigen las comunidades
Las demandas de Xoxtla, Nealtican y Acuexcomac son puntuales. Piden el cumplimiento íntegro de la cláusula octava del convenio de 1994, la que obliga a suspender la extracción si se comprueba afectación a los pozos agrícolas locales.
Exigen también que no se prorrogue la concesión PUE 100304 más allá del 12 de diciembre, y que cualquier intento de renovación pase primero por la consulta indígena que ya ordenó el Poder Judicial de la Federación. El tercer punto es el retiro de las denuncias penales contra Renato Romero, Pascual Bermúdez y Rogelio Flores.
Detrás de esas tres demandas puntuales hay una exigencia mayor: que el saqueo de agua en Cholula deje de tratarse como un costo aceptable del crecimiento urbano de la capital poblana.
Lo que se juega el 12 de diciembre
La fecha límite es concreta: el 12 de diciembre de 2026 vence la concesión PUE 100304. Las comunidades de Nealtican y Acuexcomac ya rechazaron cualquier prórroga, al no haberse presentado el aviso de renovación en los plazos legales.
La exigencia central de la caravana del 31 de agosto fue esa: que SOAPAP y el gobierno estatal reconozcan el vencimiento, respeten la suspensión judicial que ya ganaron en tribunales y detengan de una vez la excavación de los nueve pozos nuevos anunciados para otras zonas de la capital.
El saqueo de agua en Cholula no es un conflicto aislado
Este no es un episodio suelto. Matria ha documentado antes cómo Agua de Puebla amenaza a los pueblos que se organizan contra la extracción y cómo el propio gobernador de Puebla terminó demandando a la concesionaria (aún no se sabe de ninguna acción legal) por el saneamiento pendiente del río Atoyac.
El saqueo de agua en Cholula y la contaminación del Alto Atoyac comparten protagonista: la misma concesionaria privada, sostenida por convenios que las autoridades no hacen cumplir. El debate de fondo, además, conecta con la discusión nacional sobre la reforma legislativa del agua que se tramita en el Congreso, donde organizaciones advierten el riesgo de un modelo que privilegie a las grandes concesionarias sobre el derecho humano al agua.
La región cholulteca no es un caso único en Puebla. De Xoxtla a Ocoyucan, de la barranca de Acatzingo a la cuenca del Alto Atoyac, el mismo patrón se repite: concesiones que nadie audita, convenios que nadie hace cumplir y comunidades que terminan en tribunales por defender lo que ya es suyo por convenio firmado.
Las comunidades de Xoxtla, Nealtican y Acuexcomac no piden más que eso: que se cumpla lo firmado hace treinta años. Con la fecha del 12 de diciembre acercándose, la exigencia central sigue siendo la misma que gritaron en la caravana del 31 de agosto: el fin de la extracción y el reconocimiento pleno de la protección judicial que ya ganaron en tribunales.
Mientras esa fecha no llegue, la caravana del 31 de agosto deja una certeza: el saqueo de agua en Cholula seguirá siendo, para las comunidades organizadas de la región, un asunto de soberanía territorial antes que un simple trámite administrativo entre SOAPAP y su concesionaria.
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