Cuatro clausuras y un pozo bajo resguardo militar no han frenado la contaminación del río Atoyac, pese a 1,581 millones de pesos prometidos en el presupuesto federal del 2027.
Entre el 18 y el 26 de agosto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró cuatro descargas clandestinas de aguas residuales hacia el río Atoyac y sus afluentes en los municipios de Puebla capital, Coronango, San Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla.
Una semana después, el 7 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua aseguró un pozo profundo de uso ilegal y cinco pipas en Tepanco de López, en un operativo en el que participaron la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional.
Un despliegue de seguridad para cuatro llaves de agua sucia
Las cuatro descargas clausuradas vertían hacia la barranca Axoxocatl, en Puebla capital, y hacia los ríos Cotzala, Rabanillo y Tlapalac, en Coronango, San Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla —municipios que forman parte del corredor industrial que rodea al Atoyac desde hace tres décadas. En los cuatro casos, Profepa documentó el mismo patrón: sin título de concesión de Conagua, sin tratamiento previo, sin pago de derechos federales y sin medidores para muestreo —el incumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 que rige las descargas a cuerpos de agua nacionales.
El operativo en Tepanco de López movilizó a la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, además de Profepa y Conagua, para asegurar un solo pozo profundo y cinco pipas —el tipo de despliegue que normalmente se reserva para operativos contra el crimen organizado, no para infraestructura hidráulica irregular.
Ninguna de las dos notas que documentaron el operativo cita el nombre de un funcionario responsable, ni ofrece cifras de multas o volúmenes de agua contaminada.
Presupuesto récord para el saneamiento del Atoyac, la misma promesa de siempre
El 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, entregó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, que asigna a Puebla 143,974.7 millones de pesos — un aumento de 16.7% frente a los 123,368 millones de 2026. De ese total, 1,581.5 millones de pesos se etiquetan para el saneamiento del río Atoyac y sus afluentes en Puebla y Tlaxcala, junto con 130.2 millones para el hospital del Issstep y 215 millones para un plan de reconstrucción de zonas pobladas.
La cifra se presenta como respuesta tardía a un problema que, según el propio gobierno federal, ya se había resuelto: en agosto de 2023 la CNDH dio por cumplida la recomendación 10/2017 sobre la contaminación de los ríos Atoyac y Xochiac, después de que la entonces titular de Medio Ambiente, María Luisa Albores, aseguró que se habían completado los once puntos exigidos. El presupuesto de 2027 admite, sin decirlo, que ese cierre administrativo no resolvió nada en la cuenca.
El aseguramiento de un pozo ilegal en Tepanco de López movilizó a Profepa, Conagua, la FGR, el Ejército y la Guardia Nacional / Imagen: cortesía de [nombre del medio](URL real de la fuente)
Comunidades y organizaciones piden algo más simple: que las escuchen
Un día antes de que se conociera el presupuesto, el 8 de septiembre, organizaciones y académicos se reunieron en un foro sobre el futuro del Atoyac. Alejandra Méndez Serrano, coordinadora de Un Atoyac Vivo, cuestionó que la discusión no fuera pública desde el inicio:
“Este evento hubiera sido bueno público, que la gente se entere, que sepan lo que se está hablando acá.”
Alejandra Méndez Serrano, Un Atoyac Vivo
Lorenzo Pérez Arenas, representante del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, propuso algo más concreto en el mismo foro sobre el Atoyac: crear una Fiscalía Hídrica Comunitaria, una instancia autónoma para vigilar la restauración de la cuenca desde fuera del propio gobierno que la administra.
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Académicas del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP y de El Colegio de Puebla coincidieron en que las universidades deben integrar los estudios ya existentes sobre la cuenca en vez de financiar diagnósticos que se repiten cada administración.
La propuesta choca con una constante documentada por La Jornada de Oriente, Contralínea o Pie de Página: décadas de monitoreos académicos y oficiales sobre la contaminación del río Atoyac que identifican los mismos contaminantes en las mismas cuencas, sin que ninguna administración —federal, estatal o municipal— haya roto el ciclo entre diagnóstico y promesa.
Ocho años sin cumplir: la contaminación del río Atoyac en cifras
La recomendación 10/2017 de la CNDH no nació de la nada: monitoreos de la propia Conagua entre 2012 y 2022 documentaron niveles de mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico, cobre, cromo, cadmio, zinc, compuestos orgánicos volátiles y fosfatos constantes, sin mejora, en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzinco, en Puebla, y Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla, en Tlaxcala. San Martín Texmelucan es, ocho años después, uno de los mismos municipios donde Profepa clausuró una descarga clandestina este agosto.
Francisco Castillo Montemayor cuestiona la estrategia gubernamental para sanear el río Atoyac y sostiene que el principal problema no es la falta de información, sino la ausencia de decisiones públicas coherentes con los diagnósticos existentes. Afirma que actualmente existen herramientas para identificar contaminantes, localizar los puntos de mayor concentración y determinar quiénes son los principales generadores. También advierte sobre posibles vínculos entre la contaminación y enfermedades como padecimientos renales crónicos y leucemia. Sin embargo, señala que los gobiernos continúan construyendo plantas de tratamiento en lugares que no corresponden con los sitios donde se origina la contaminación, mientras dejan fuera puntos críticos. Critica además el abandono de plantas construidas anteriormente y la repetición de proyectos con cada nuevo programa gubernamental. Castillo Montemayor advierte que algunas sustancias contaminantes pueden generar gases que llegan a la atmósfera y afectan la salud de la población. Para el ambientalista, esta falta de correspondencia entre diagnóstico, inversión y acción constituye una “irracionalidad total”.
La contaminación del río Atoyac tampoco es un hallazgo reciente para la CNDH: el propio Centro Fray Julián Garcés presentó la queja original en 2011, seis años antes de que la Comisión emitiera sus once puntos de exigencia.
El primer convenio de colaboración para atenderlos se firmó hasta septiembre de 2020, con una inversión inicial de apenas 96 millones de pesos —menos del 6% de los 1,581.5 millones que el Paquete Económico 2027 promete ahora para el mismo saneamiento.
Ya en 2023, cuando la CNDH declaró cumplida su propia recomendación, Méndez Serrano advertía sobre la brecha entre el cierre administrativo y la realidad de la cuenca:
“Estamos a casi ocho años en los que se muestra que las autoridades no han llegado a cumplir a cabalidad. Las acciones de saneamiento realizadas por los gobiernos federal y estatales no han tenido un impacto sustancial.”
Alejandra Méndez Serrano, Centro Fray Julián Garcés, 2023
Veinte mil fábricas y un río que enferma desde hace treinta años
Las descargas clausuradas este agosto no son un hecho aislado: son apenas la punta visible de la contaminación del río Atoyac, sostenida por un corredor industrial de más de 20 mil fábricas instaladas en la cuenca Atoyac-Zahuapan desde mediados de los años noventa, de las cuales apenas 1,500 cuentan con concesión de agua industrial, según documentó Contralínea a partir de datos oficiales. La zona concentra 8.24 grandes industrias manufactureras por cada 100 mil habitantes, frente a un promedio nacional de 6.57.
Un estudio de la CNDH y la UNAM de mayo de 2018 identificó al menos 25 sustancias nocivas disueltas en el río, entre ellas benceno, cloroformo, cloruro de metileno, mercurio, níquel, cianuro, plomo y arsénico; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ha reportado más de mil sustancias tóxicas distintas en el cauce, de acuerdo con la misma investigación de Contralínea. Pie de Página documentó que al menos 50 empresas —entre ellas Bayer y Big Cola— descargan residuos directamente al río, y que el 56 % de las plantas de tratamiento de la cuenca, según cifras de la propia Conagua, están completamente fuera de operación.
Las consecuencias no son solo ambientales. La doctora Regina Montero, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, ha documentado daño genotóxico en poblaciones expuestas al agua del Atoyac, y Contralínea cita estudios que registran una incidencia de cáncer hasta cinco veces superior al promedio nacional entre quienes viven a menos de cinco kilómetros del río.
En Villa Alta, junta auxiliar de Tepetitla de Lardizábal, en Tlaxcala, la mortalidad asociada a enfermedades vinculadas con la contaminación llega a ser de nueve a 23 veces mayor que la media nacional, de acuerdo con investigaciones de académicos de la UNAM citadas por ese medio.
La exposición no es marginal: el 42% de la población de Puebla —2.84 millones de personas— y el 79% de la de Tlaxcala están expuestos a estos contaminantes, según el Atlas del Derecho Humano al Agua de la CNDH (2019) y el primer reporte estratégico de Conahcyt sobre la cuenca (2023), citados por Síntesis. Coronango, uno de los cuatro municipios donde Profepa clausuró una descarga clandestina este agosto, aparece entre las localidades del sur de la cuenca con mayor mortalidad por leucemia infantil asociada a arsénico y metales pesados.
Ninguna autoridad ha traducido estas cifras en sanciones proporcionales al daño de la contaminación del río Atoyac. Como resume Contralínea, las empresas señaladas “pagan y pagan multas y siguen operando“, mientras el gobierno —del que forman parte tanto Profepa como Conagua— conoce desde hace años el mismo diagnóstico que ahora se presenta, de nuevo, como si fuera noticia.
El patrón se repite: de la concesionaria privada al gobierno que la vigila
Este mismo patrón —negar una concesión, evadir el tratamiento de aguas, operar sin supervisión durante años— es el que Matria documentó en Cholula el pasado 7 de septiembre, cuando comunidades de Nealtican y Xoxtla denunciaron a la concesionaria privada Agua de Puebla por incumplir 22 de 31 indicadores contractuales mientras extraía agua de nueve pozos amparados en un convenio de 1994.
Lo que cambia ahora es el actor: ya no es solo una empresa concesionaria la que opera sin cumplir la norma, sino ayuntamientos e industrias que descargan directamente a un río cuya cuenca desemboca, aguas abajo, en la laguna de Valsequillo, otro cuerpo de agua ya declarado en emergencia ambiental.
La actividad industrial en la cuenca data de la década de 1950, y hoy más de 8,000 empresas continúan vertiendo aguas residuales sin tratar a sus afluentes, según el reporte de Síntesis citado arriba. Lo pagan las comunidades ribereñas de Coronango, San Martín Texmelucan y Tepetitla de Lardizábal, donde viven las cifras de cáncer, leucemia infantil y enfermedad renal crónica documentadas por la contaminación del río Atoyac.
La Conagua que en 2026 asegura pozos ilegales con apoyo del Ejército es la misma institución que, según Un Atoyac Vivo y el Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, ha mantenido durante ocho años datos de contaminación sin mejora en los mismos municipios. Las comunidades y organizaciones de la cuenca no piden un nuevo diagnóstico ni un presupuesto más grande: piden que la próxima decisión sobre la contaminación del río Atoyac no se tome, otra vez, sin ellas.
Ninguna de las cifras reunidas aquí es nueva para las autoridades: lo único nuevo, otra vez, es la promesa de que 2027 será distinto. Mientras tanto, las comunidades de Coronango, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla y Tepetitla de Lardizábal siguen esperando que ese cambio llegue a sus llaves de agua.
