Claves, A FONDO, dos notas breves y agenda territorial en una lectura compacta.
1 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EL CORREO DE
MATRIA
Boletín diario de la Onodet
A FONDO
Almaden vs México: cuando frenar una mina puede costar más de 2 mil millones de dólares
Almaden Minerals, una minera canadiense, reclama a México más de 2 mil millones de dólares ante un tribunal internacional por la cancelación de sus concesiones para el proyecto Ixtaca, en Ixtacamaxtitlán, Puebla. En el origen del caso está la comunidad nahua de Tecoltemi, que durante años defendió su derecho a ser consultada antes de que una mina a cielo abierto transformara su territorio y su agua.
Recreación de cómo se vería una mina a cielo abierto en la Sierra Nororiental de Puebla. Ilustración generada con IA (Grok); el proyecto Ixtaca nunca llegó a construirse.
Ilustración: Matria, generada con Grok (IA)
La disputa no nació en una sala de arbitraje. En abril de 2015, el ejido y comunidad nahua de Tecoltemi —acompañado por el Consejo Tiyat Tlali y por Fundar— promovió un amparo contra la Secretaría de Economía por otorgar los títulos sin consultar a la comunidad. Más de 40 comunidades reunidas en una unión de ejidos entregaron después a la Semarnat actas de asamblea con 3 mil 500 firmas contra el proyecto.
Luego llegaron dos golpes decisivos. En diciembre de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, que Almaden desarrollaba a través de su filial mexicana Minera Gorrión. En febrero de 2022, la Suprema Corte dejó insubsistentes dos concesiones mineras —«Cerro Grande» y «Cerro Grande 2»— porque las autoridades nunca consultaron a la comunidad afectada. Era la primera vez que el máximo tribunal anulaba concesiones mineras por falta de consulta indígena.
Almaden interpretó la pérdida de viabilidad del proyecto como una afectación a su inversión y llevó el caso al arbitraje bajo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la institución del Grupo Banco Mundial que administra los pleitos entre inversionistas extranjeros y Estados, registró la solicitud el 27 de junio de 2024 con el número ARB/24/23. El caso sigue pendiente: no hay laudo.
El monto reclamado ha crecido dentro del procedimiento. En marzo de 2025 las demandantes pedían alrededor de 1 mil 60 millones de dólares; en mayo de 2026, con un peritaje actualizado por el alza de los metales preciosos, Almaden informó que la reclamación ascendía a unos 2 mil 680 millones. Es un monto reclamado, no una condena: el tribunal podría fijar otra cifra o no conceder indemnización. El calendario también se movió: en agosto de 2026 la audiencia oral se aplazó de diciembre de ese año a julio de 2027, en Washington.
El arbitraje inversionista-Estado permite a una empresa extranjera demandar directamente a un país si considera violadas las garantías de un tratado. Almaden sostiene que otorgó su inversión bajo un marco legal vigente y que ni una autoridad ambiental ni una Corte pueden destruir el valor de un proyecto sin compensación. México deberá defender que una sentencia basada en derechos humanos y consulta indígena no equivale a un abuso regulatorio, y que la omisión de la consulta desde el origen es responsabilidad del propio Estado.
La región ya conoce este choque. En Colombia, el caso Red Eagle terminó en 2024 con un laudo favorable al Estado, que había protegido los páramos que surten agua a millones de personas; en Perú, Lupaka Gold obtuvo en 2025 una condena de unos 40 millones de dólares; en México, la demanda de Silver Bull fue desestimada en 2026 por razones de jurisdicción. El patrón común es que la minería a gran escala convierte conflictos locales en litigios globales, con cifras que superan por mucho los presupuestos de los municipios afectados.
Para Matria, el caso deja una clave periodística mayor: el arbitraje internacional ya no puede narrarse como un asunto lejano, reservado a abogados corporativos y funcionarios. Es una forma concreta de disputa por el territorio. Y la seguridad jurídica que reclama el inversionista empieza antes de la concesión: empieza escuchando a quienes viven sobre la tierra que se pretende explotar.
Descarga aquí el reporte completo sobre Almaden Vs. México.
CLAVES DEL DÍA
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El sindicato de Volkswagen pide a los trabajadores despedidos en Puebla no firmar sus bajas. El SITIAVW instruyó a los cerca de 1 350 obreros afectados por la eliminación de un turno en la planta de Volkswagen de México a no firmar los documentos de baja mientras evalúa acciones legales; en paralelo, el gobierno de Puebla ofreció 4 mil vacantes y apoyos a los despedidos. La Jornada de Oriente
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La Unidad de Culturas Vivas llama a proteger el maíz nativo y los saberes de la cocina tradicional. El titular del área de Culturas Agroalimentarias, Jesús Mendoza Mejía, sostuvo en Puebla que reconocer la cocina tradicional implica defender a quienes resguardan la semilla, frenar el avance del maíz transgénico y sostener la soberanía alimentaria desde los sistemas agroproductivos a pequeña escala. La Jornada de Oriente
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La Suprema Corte cumple su primer año con un giro hacia los derechos indígenas y afromexicanos. Con 163 sesiones públicas y más de 2 mil 600 asuntos resueltos, la Corte renovada reconoció a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas como terceros interesados en controversias constitucionales y ha resuelto 56 asuntos sobre consulta, materia agraria y ambiente. La Jornada
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El gobierno federal expropió tierras del ejido Polyuc para el Tren Maya y la CFE. El decreto, por causa de utilidad pública, afecta 19-74-73 hectáreas en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo —en su mayoría de uso común—, que pasarán a Tren Maya, S.A. de C.V. y a la Comisión Federal de Electricidad, con una indemnización de 17.3 millones de pesos fijada por el Indaabin. Noticaribe
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Una comunidad ikoot de Oaxaca es la segunda de México desplazada por erosión costera. El mar ya cubrió cerca del 60 por ciento del territorio de la colonia Cuauhtémoc, en San Mateo del Mar; la Sedatu atribuye la erosión a la retención de sedimentos en la presa Benito Juárez, mientras la comunidad señala también los parques eólicos y las obras del Corredor Interoceánico. Zona Docs
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Bolivia declara emergencia por sequía extrema en 26 municipios. Seis de los nueve departamentos del país enfrentan condiciones críticas de escasez de agua y se pronostican incendios en la Amazonía, según el seguimiento de Mongabay Latam al 24 de agosto. Mongabay Latam
AGENDA Y EVENTOS
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Tejemedios 2026, Encuentro de Radios Comunitarias y Medios Libres. Del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Formación para la Autonomía Teocentli, en Tehuacán, Puebla: formación en comunicación comunitaria, seguridad digital y radiofrecuencias, bajo la premisa de que «el territorio se defiende». La Coperacha
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Segunda Expo Maíz 2026. El 3 y 4 de septiembre en la oficina de representación de la Secretaría de Agricultura en Xochimilco, Ciudad de México, con productoras y productores de maíz nativo de Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz y Michoacán, conferencias sobre variedades criollas y talleres de biofertilizantes. Gobierno de México
EN CORTO
En Corto 1 — Ríos de mercurio: el veneno de la minería ilegal alcanza a 249 comunidades amazónicas
El mercurio que se usa para separar el oro en la minería ilegal se ha extendido como una plaga por los ríos de la Amazonía. Una investigación de Mongabay Latam, que revisó 39 estudios científicos realizados a lo largo de 27 años en las cuencas de los ríos Madre de Dios (Perú), Beni (Bolivia) y Madeira (Brasil), documentó que 249 comunidades indígenas y ribereñas ya están contaminadas y que otras 702 están en riesgo por vivir entre los puntos de minería activa y las poblaciones afectadas: unas 951 comunidades en total.
Minería ilegal de oro en Madre de Dios, en la Amazonía peruana; su mercurio contamina los ríos aguas abajo. / Imagen: Coordenação-Geral de Observação da Terra / INPE, vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0). Coordenação-Geral de Observação da Terra / INPE · ficha · CC BY-SA 2.0
El dato más grave es que el veneno viaja aguas abajo y llega a pueblos que no practican minería. El mercurio se acumula en los peces, la principal fuente de proteína de la región, y de ahí pasa a las personas que dependen del río para comer. En Perú, de 105 comunidades evaluadas en Madre de Dios, 80 registraron niveles de mercurio por encima del límite de la Organización Mundial de la Salud; la exposición alcanza a niñas, niños, mujeres embarazadas y recién nacidos. En la cuenca boliviana del Beni hay localidades donde la concentración supera nueve veces ese límite, y en el Lago Puruzinho, en Brasil, lo rebasa siete veces. Detrás está el precio récord del oro, que ha empujado la minería informal aguas arriba de decenas de territorios.
«La contaminación por mercurio es un genocidio silencioso para los pueblos indígenas», resume un dirigente de una federación indígena peruana citado en el reportaje. Una habitante del río Madeira lo plantea como un dilema cotidiano: «Me gusta comer pescado, pero si está contaminado, ¿cómo vamos a seguir alimentándonos de él?». El caso ilustra un patrón que Matria sigue de cerca: la extracción de oro traslada sus costos —agua, salud, alimentación— a comunidades que casi nunca participan de sus ganancias.
En Corto 2 — Puebla capital perdió 6 mil 807 hectáreas de vegetación en 40 años
Entre 1985 y 2025, la superficie sin cobertura vegetal en el municipio de Puebla pasó de 14 mil 46 a 20 mil 853 hectáreas: 6 mil 807 hectáreas más de suelo desnudo en cuatro décadas. El dato proviene de un informe que el Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) presentó el 31 de agosto.
El poniente de la ciudad de Puebla, uno de los frentes de expansión urbana señalados por el IMPLAN. / Imagen: Luisalvaz, vía Wikimedia Commons (CC0). Luisalvaz · ficha · CC0
Según el documento, el municipio conserva 16 mil 310 hectáreas de bosque —el 30.5 por ciento de sus 54 mil 465 hectáreas—, mientras que las zonas sin vegetación ya representan el 39 por ciento del territorio, frente al 26.2 por ciento que ocupaban en 1984. Otro 28.9 por ciento es suelo agrícola y ganadero, el 1.6 por ciento corresponde a cuerpos de agua y apenas 40 hectáreas —el 0.1 por ciento— conservan vegetación natural herbácea y arbustiva.
El Igavim vincula la tendencia con el crecimiento urbano y la expansión de las zonas sin vegetación, y advierte que la reducción del bosque ha mermado la recarga de los mantos acuíferos y ha vuelto a la ciudad más vulnerable ante fenómenos climáticos. El instituto reconoce que su reporte no detalla las causas específicas ni evalúa los programas de reforestación aplicados en el periodo.
Su recomendación es de política pública: proteger los remanentes de bosque, impulsar la restauración ecológica e integrar un plan de ordenamiento territorial que priorice la conservación y limite la expansión urbana en zonas de alto valor ambiental. En paralelo, el IMPLAN municipal identificó el sur y el poniente de la ciudad como los polos de mayor expansión urbana, justo donde queda más superficie por conservar. Para Matria, la cifra resume una tensión de fondo en la región: cada hectárea que la mancha urbana gana al bosque es capacidad de infiltración de agua y de regulación del clima que la cuenca pierde.
