Almaden, minera canadiense, reclama miles de millones de dólares a México ante un tribunal internacional por la cancelación de sus concesiones en Puebla, mientras la comunidad nahua de Tecoltemi defiende el agua, el territorio y su derecho a la consulta previa. Detrás, el caso define quién decide sobre el territorio.
El pleito de Almaden contra México no empezó en una sala de arbitraje, sino en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Ahí, el proyecto Ixtaca prometía oro, plata y una inversión que Almaden presentaba como motor de empleo. También encendió una alarma comunitaria por el agua, la tierra y la consulta previa. Almaden lo desarrolló a través de su filial mexicana, Minera Gorrión, sobre un yacimiento que planeaba explotar a cielo abierto.
El conflicto tuvo dos golpes decisivos. El primero llegó en diciembre de 2020, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. La resolución, un documento de 140 páginas, concluyó que Minera Gorrión no había acreditado los efectos de la obra sobre el ambiente local y regional. La empresa había presentado esa manifestación en febrero de 2019.
Paisajes de Ixtacamaxtitlán al estilo pictórico de José María Velasco / Imagen: Grok
El segundo golpe llegó el 16 de febrero de 2022, cuando la Suprema Corte dejó insubsistentes dos concesiones mineras porque las autoridades nunca consultaron a la comunidad afectada.
Esos dos actos —una autoridad ambiental que niega un permiso y una Corte que anula concesiones— sostienen la reclamación que Almaden Minerals y Almadex Minerals presentaron contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la institución del Grupo Banco Mundial que administra los pleitos entre inversionistas extranjeros y Estados.
Por más de una década, las comunidades organizadas de Ixtacamaxtitlán hemos manifestado nuestro rechazo al proyecto de Almaden Minerals.
Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua
Antes de ese rechazo, más de 40 comunidades reunidas en esa unión de ejidos habían entregado a la Semarnat, en octubre de 2019, actas de asamblea con 3 mil 500 firmas contra el proyecto. Su argumento tenía nombre propio: la obra de Almaden amenazaba la cuenca del río Tecolutla y el sistema agroforestal que sostiene la vida en la sierra.
Para estas familias, el conflicto no cabe en una hoja de cálculo: habla de parcelas, de agua para sembrar y de ser escuchadas antes de que una mina transforme su entorno. Es el mismo reclamo que atraviesa otros conflictos por el agua en Puebla.
La consulta indígena: el punto que cambió el caso
El punto de quiebre fue el derecho a la consulta previa, libre e informada. En abril de 2015, la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi —acompañada por el Consejo Tiyat Tlali y por Fundar, Centro de Análisis e Investigación— promovió un amparo contra la Secretaría de Economía por otorgar a Almaden los títulos «Cerro Grande» y «Cerro Grande 2» sin consultarla.
La lucha legal se prolongó siete años. Terminó en febrero de 2022, en el Amparo en Revisión 134/2021: la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió por unanimidad que, al emitir esas dos concesiones, las autoridades violaron el derecho de la comunidad a la consulta y al consentimiento. Era la primera vez que la Corte anulaba concesiones mineras por esa causa.
El otorgamiento de títulos de concesiones mineras dentro del territorio de pueblos indígenas sí genera afectaciones directas e inmediatas que impactan su autodeterminación, territorios y recursos naturales.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
La Corte no declaró inconstitucional la Ley Minera. El problema que identificó fue más concreto: durante décadas, la política minera mexicana permitió entregar títulos sobre territorios habitados sin escuchar a sus habitantes. En este expediente, esa práctica chocó con un estándar constitucional más exigente.
El artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obligan a consultar a los pueblos indígenas cuando una decisión puede afectar sus tierras y recursos. Consultar no es cortesía: es obligación, y funciona como puerta de entrada a otros derechos, como el agua y la agricultura.
La sentencia no corrigió solo un acto administrativo. También envió una señal al resto del sector minero y a la regulación ambiental: ningún proyecto extractivo puede presumirse viable si nace de espaldas a la comunidad. En abril de 2023, un juez de distrito confirmó la cancelación definitiva de la concesión que quedaba en disputa, tras ocho años de litigio de un pueblo nahua contra Almaden, una empresa que cotiza en la bolsa de Toronto y reporta ante el regulador bursátil de Estados Unidos.
Almaden vs México: una demanda de 2 mil 680 millones de dólares
Almaden interpretó la pérdida de viabilidad del proyecto como una afectación de su inversión y llevó el caso al arbitraje bajo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). El CIADI registró la solicitud el 27 de junio de 2024, con el número ARB/24/23. Hasta hoy, el caso de Almaden sigue pendiente: no hay laudo.
El monto reclamado ha crecido dentro del procedimiento. En marzo de 2025, con su memorial, las demandantes pedían alrededor de 1 mil 60 millones de dólares. En mayo de 2026, con su réplica y un peritaje actualizado por el alza de los metales preciosos, Almaden informó que la reclamación ascendía a unos 2 mil 680 millones de dólares. Es un monto reclamado por Almaden, no una condena: el tribunal podría fijar otra cifra o no conceder indemnización alguna.
El calendario también se movió.
En julio de 2025 el tribunal rechazó la solicitud de México de bifurcar el proceso y el arbitraje avanzó al fondo del asunto. En agosto de 2026 Almaden anunció que la audiencia oral, prevista para diciembre de ese año, se aplazaba hasta julio de 2027, en Washington, para ampliarla de seis a hasta diez días. En ese lapso, el Estado mexicano debía presentar su dúplica.
El arbitraje inversionista-Estado permite a una empresa extranjera demandar directamente a un país si considera violadas las garantías de un tratado. En el caso de Almaden, los alegatos giran alrededor del trato justo y equitativo, la expropiación indirecta, el trato nacional y la nación más favorecida.
Almaden sostiene que otorgó su inversión bajo un marco legal vigente y que ni una autoridad ambiental ni una Corte pueden destruir el valor de un proyecto sin compensación. El lenguaje es técnico; el efecto, político.
Soberanía regulatoria bajo presión
En el arbitraje de Almaden, las tres partes cuentan una historia distinta. Almaden sostiene que México rompió la seguridad jurídica: otorgó concesiones bajo un marco vigente, permitió una inversión durante años y después retiró la viabilidad del proyecto sin compensación.
México deberá defender que una sentencia basada en derechos humanos y consulta indígena no equivale a un abuso regulatorio; su argumento de que la cancelación vino del Poder Judicial, y no del Ejecutivo, tiene un límite: si las autoridades omitieron la consulta desde el origen, el Estado sigue siendo responsable de esa falla.
La Unión de Ejidos de Ixtacamaxtitlán no es parte principal del arbitraje, pero su experiencia está en el origen del conflicto. Busca entrar como voz comunitaria para que el tribunal no reduzca el caso de Almaden a una disputa de patrimonio, con el agua y el territorio en segundo plano.
El CIADI no es un tribunal del sistema judicial de la ONU: es una institución del Grupo Banco Mundial que arma paneles caso por caso, con árbitros designados por las partes. Funciona como un sistema privado de tutela de inversiones, con una asimetría estructural: el inversionista demanda, el Estado se defiende y los pueblos apenas entran mediante escritos de amicus curiae.
El caso de Almaden obliga así a preguntarse si un tribunal de inversiones puede revisar las consecuencias económicas de una decisión constitucional interna.
Almaden y el espejo latinoamericano
La región ya conoce este choque. En Colombia, el caso Red Eagle terminó en febrero de 2024 con un laudo favorable al Estado, que había protegido los páramos que surten agua a millones de personas. En Perú, Lupaka Gold obtuvo en junio de 2025 una condena de unos 40 millones de dólares.
En México, la demanda de Silver Bull fue desestimada en mayo de 2026 por razones de jurisdicción, en un caso también ligado a una orden de consulta indígena de la Suprema Corte.
El resultado depende de la estructura del tratado y de cómo el panel valore la conducta del Estado. Pero el patrón común es más simple: la minería a gran escala convierte conflictos locales en litigios globales, con cifras que superan por mucho los presupuestos de los municipios afectados.
Para México, lo que algunos llaman el giro soberano no significa rechazar la inversión extranjera, sino ponerle condiciones claras: evaluar antes los riesgos sociales, hacer bien la consulta previa y resolver los desacuerdos antes de que escalen a un arbitraje de miles de millones.
Lo que está en juego en el caso de Almaden no es solo una indemnización. Una derrota de México reforzaría la idea de que las decisiones judiciales protectoras de comunidades generan responsabilidad internacional, y encarecería cualquier proyecto con alto riesgo social. Una victoria fortalecería el margen del Estado para regular en defensa de derechos fundamentales. En ambos casos, la lección apunta a la prevención: ninguna política minera será sostenible si ignora la consulta, el agua y el territorio desde el inicio.
Recalcamos que ni Almaden Minerals, ni sus filiales u otras empresas mineras han tenido o tendrán el permiso de las comunidades.
Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua
Cuando la Corte confirmó la cancelación, Tecoltemi, Fundar y el Consejo Tiyat Tlali resumieron el saldo de ocho años de litigio en una frase: «la lucha es y seguirá siendo por la vida».
Para Matria, el caso de Almaden deja una clave periodística mayor. El arbitraje internacional ya no puede narrarse como un asunto lejano, reservado a abogados corporativos y funcionarios. Es una forma concreta de disputa por el territorio. Y la seguridad jurídica que reclama el inversionista empieza antes de la concesión: empieza escuchando a quienes viven sobre la tierra que se pretende explotar.
Descarga el reporte completo. Este análisis se basa en el reporte informativo Almaden Minerals Ltd. vs. Estados Unidos Mexicanos, elaborado por la Onodet, con el desarrollo procesal del caso, los alegatos de las partes y su lectura comparada en América Latina. Puede descargarse aquí.
Referencias
Fundar, Centro de Análisis e Investigación. (2022, 16 de febrero). Tecoltemi gana en contra de las concesiones mineras; SCJN ordena su cancelación. https://fundar.org.mx/scjn-cancela-concesiones-mineras-tecoltemi/
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022, 16 de febrero). Amparo en Revisión 134/2021. Comunidad Nahua y Ejido de Tecoltemi. https://www.scjn.gob.mx/
PODER. (2020, 21 de diciembre). Semarnat rechaza Manifestación de Impacto Ambiental de Almaden Minerals para el Proyecto Minero Ixtaca. https://poderlatam.org/2020/12/semarnat-rechaza-manifestacion-de-impacto-ambiental-de-almaden-minerals-para-proyecto-minero-en-ixtacamaxtitlan-puebla/
International Centre for Settlement of Investment Disputes. (2024). Almaden Minerals Ltd. and Almadex Minerals Ltd. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB/24/23). https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/24/23
Almaden Minerals Ltd. (2026, 21 de mayo). Almaden Provides Update on Arbitration Process with Mexico. GlobeNewswire. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/21/3299179/0/en/Almaden-Provides-Update-on-Arbitration-Process-with-Mexico.html
Almaden Minerals Ltd. (2026, 14 de agosto). Almaden Provides Update on Arbitration Process with Mexico (Hearing Date Rescheduled). GlobeNewswire. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/14/3345221/0/en/almaden-provides-update-on-arbitration-process-with-mexico.html
La Jornada de Oriente. (2025). Eleva Almaden de 200 a mil mdd demanda vs. México por cancelación en Ixtacamaxtitlán. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/
UNCTAD Investment Policy Hub. (2024). Almaden and Almadex v. Mexico. Investment Dispute Settlement Navigator. https://investmentpolicy.unctad.org/
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