Mas de cien sustancias toxicas continuan circulando por el Alto Atoyac, denunciaron organizaciones de Puebla y Tlaxcala reunidas el 22 de agosto en Chiautempan. El diagnostico es tajante: las autoridades simulan avances de saneamiento mientras las plantas de tratamiento existentes no operan a su capacidad real.

La demanda surgio del Encuentro de Luchas contra la Devastacion y por la Justicia Socioambiental en la Region Puebla-Tlaxcala, con la Alianza Lagunera por un Ambiente Sano, Artemalli Ocoxal, la Asamblea Comunitaria Socioambiental de Tlaxcala, el Centro Fray Julian Garces, el Movimiento en Defensa del Agua de San Jose Chiapa y Raices Poblanas Defensoras del Territorio. Todas coinciden en que el despilfarro de recursos economicos no se traduce en agua limpia para las comunidades del Zahuapan y el Atoyac.

En su pronunciamiento, exigieron que el Estado “deje de simular el saneamiento integral de las cuencas” y plantearon activar las plantas de tratamiento existentes en lugar de anunciar nueva infraestructura. Tambien pidieron que las aguas tratadas “sean devueltas a sus cauces… y no a la produccion agroindustrial”, y propusieron alternativas como baños secos y captacion de agua de lluvia.

Los participantes recordaron que sus abuelas y abuelos “vimos nuestro territorio con vida” y hoy “lo vemos sacrificado y devastado”, en referencia a la industrializacion iniciada con la instalacion de Pemex y Volkswagen entre 1962 y 1965. Para las organizaciones, el problema es tambien politico: responsabilizan a “un modelo economico que cosifica… la ganancia por encima de todas las formas de vida”, y sostienen que solo la organizacion comunitaria puede resolver la crisis.

No es la primera vez que exigen lo mismo: desde julio, el Centro Fray Julian Garces ya habia denunciado que los avances oficiales no correspondian con lo observado en campo. El encuentro de Chiautempan confirma esa continuidad, mientras el saneamiento del Alto Atoyac sigue sin convertirse en una obra verificable.

Fuente: La Jornada de Oriente, 24 de agosto de 2026.

“Aqui criamos pollo… en armonia con el entorno”, promete Terramaya Organica en su publicidad. Ejidatarios de Timucuy, Yucatan, describen otra escena: maquinaria trabajando sobre “tierra recien removida, todavia roja y humeda”, dias despues de que la Profepa colocara sellos de clausura en el predio.

La empresa, que surte pollo a cadenas como Costco y Fresko La Comer, habria capturado una asamblea ejidal para apropiarse de al menos 50 hectareas de selva baja caducifolia por 30 años, segun una investigacion del medio Jaltun. En la primera asamblea, en noviembre de 2025, los pobladores rechazaron la oferta: “La gente dijo: ‘No, no queremos nada, que se larguen'”. Quince dias despues, la empresa regreso con despliegue policial y cobro de inmediato 4 mil pesos por ejidatario a cambio de firmar.

“No hubo ninguna asamblea”, denuncio otro poblador. “Estaban pagando, estaban recolectando, y la gente no supo lo que firmaba.” Mas de 200 integrantes del padron habrian quedado comprometidos sin entender el contrato.

La Profepa clausuro el predio a finales de junio de 2026, pero los ejidatarios sostienen que la maquinaria volvio a operar dias despues, pese a los sellos. Hay una demanda agraria desde marzo de 2026 sin que el Tribunal Agrario haya notificado siquiera al señalado como beneficiario del acta: Carlos Augusto Sobrino Argaez, identificado por vecinos como propietario de la empresa. Sobre la Procuraduria Agraria, los ejidatarios desconfian: “pensamos que estan coludidos”.

El caso no esta aislado: Profepa tambien ha clausurado granjas de Bachoco en Kanasin y Hoctun por desmontes similares. “Lo que tenemos a favor son los sellos de la Profepa”, resume uno de los ejidatarios frente a lo que describen como un despojo territorial que avanza sobre ejidos mayas con la promesa de empleo.

Fuentes: Jaltun, 25 de agosto de 2026; Sol Yucatan, 12 de julio de 2026.