En mayo de 2026, el ejidatario Cecilio Cisneros fue vinculado a proceso por despojo en Ixil, Yucatán. Lo acusan los mismos empresarios que llevan doce años intentando apropiarse del ejido para hacer fraccionamientos. Su esposa, Beatriz Garrido Vallejo, y Neftalí Quijano, víctima de la represión policial en agosto del 2023, nos cuentan los pormenores de una lucha desigual que instrumentaliza, para sus propios fines, otro de los acusados: el español Sergio Oceransky.
“Tengo otra forma de ver el territorio: no económico, sino de vida y de resistencia.” Cuando Beatriz Garrido Vallejo, pobladora de Ixil, Yucatán, habla así, no está haciendo teoría política. Literalmente, cuenta su vida.
Beatriz Garrido durante la presentación del documental ‘Voces de la Selva Maya: una batalla por la vida’ en la Ciudad de México (marzo, 2025) / Imagen: cortesía de QuéPasa
Betty está describiendo doce años en la trinchera contra la fuerza y las fuerzas del capital inmobiliario que se expande, voraz, desde la zona metropolitana de Mérida. Yucarán, con un único fin: vaciar Ixil de gente que trabaja la tierra para llenarlo de concreto y plusvalía.
Por un lado, la mafia inmobiliaria —las familias Millet Palomeque, Abimerhi Briceño y Millet Menéndez— con sus gasolineras, sus fraccionamientos, sus abogados y sus fiscales comprados.
Por el otro, Sergio Oceransky, un asesor externo llegado de España con discurso ecologista, contactos internacionales y una historia de conflictos en comunidades indígenas que nadie en Ixil conocía cuando él llegó. Beatriz lo supo demasiado tarde, cuando el daño ya estaba hecho.
La trampa del 2014 y el despertar de una familia
Se puede decir que todo empezó cuando alguien, hace años, le dijo al matrimonio Garrido-Cisneros que las tierras del ejido de Ixil se estaban vendiendo a peso y medio el metro cuadrado. “Eso más bien nos llamó la atención”, recuerda.
Desde ese momento tiró del hilo, y lo que encontró al otro extremo fue uno de los fraudes agrarios más metódicamente construidos de la Península de Yucatán.
El poder que desató el conflicto en el ejido de Ixil
El mecanismo fue sencillo en apariencia: el 31 de marzo de 2014, el comisariado ejidal otorgó poderes al abogado Alejandro Escoffié Gamboa para “gestionar” el ejido ante el Registro Agrario Nacional.
A partir de ese día, los ejidatarios perdieron el acceso a sus propios documentos. Escoffié procedió a dividir tierras de uso común, avecindar ilegalmente a 79 personas provenientes de Tamaulipas, Nayarit o Veracruz, pero incluso de California y Maryland, para, posteriormente, vender parcelas a las familias Abimerhi y Millet.
A eso se dedica el abogado Escoffié y así lo conocen en varios ejidos de Yucatán donde acapara tierras para los verdaderos compradores que están detrás del testaferro, o representante legal.
Empresarios de Mérida o corporaciones extranjeras que requieren hectáreas de propiedad social para colocar los tres emprendimientos del milagro yucateco: un parque eólico, un desarrollo inmobiliario o una granja de cerdos.
La operación que denunció la familia Cisneros violaba la Resolución Presidencial de Ampliación del Ejido de Ixil firmada por Lázaro Cárdenas el 3 de septiembre de 1937, cuyo punto undécimo prohíbe expresamente la “explotaciones de índole comercial” en las tierras forestales asignadas a la comunidad.
RESOLUCIÓN en el expediente de ampliación de ejidos al poblado Ixil, Estado de Yucatán
“No entiendo por qué nadie la respeta, nadie la quiere hacer valer”, dice Beatriz. “Hablan de que eso ya pasó. Pero yo me he estado empapando: un decreto presidencial no se bota con nada.”
Neftalí Quijano, ejidatario y compañero de lucha, lo confirma desde su propia experiencia:
“Ese documento es el único que conocemos junto con la carpeta básica. Siempre nos han alegado que hay un nuevo decreto, pero no vemos ni libros ni hojas de prensa que lo puedan comprobar.”
Cecilio Cisneros, esposo de Beatriz, entró al Consejo de Vigilancia del comisariado ejidal para documentar el fraude desde adentro. Fue él quien contó los 79 avecindados ilegales, quien recuperó documentos, quien se plantó ante sus compañeros para explicar, asamblea tras asamblea, lo que estaba pasando. “Él es ejidatario y decía: ‘Ya que yo no esté, tú vas a seguir siendo ejidataria, para ti y para las niñas'”, recuerda Beatriz.
Así fue como una familia entera se convirtió en el núcleo más expuesto del movimiento. Y en el más vulnerable.
El hombre que quiso ser rey
Pero en esta historia de lucha y resistencia, aparece una y otra vez el hijo de Aída Oceransky, presidenta de la comunidad judía asturiana y sionista sin recato. Junto a dos ejidatarios ixileños, Cecilio Cisneros y Guillermo Yam, el español Sergio Oceransky fue vinculados a proceso el pasado 12 de mayo, después de una audiencia de más de 12 horas ante el Juzgado Tercero de Control en Materia Penal, ubicado en Progreso, Yucatán.
Sergio Oceransky durante una conferencia de prensa el pasado mes de abril / Imagen: cortesía de Astrid Sánchez (La Jornada Maya)
Para muchos medios, y también para los grupos que lo apoyan dentro y fuera de Ixil (véase aquí la lista), este promotor de proyectos eólicos comunitarios y director de la Fundación Yansa, que llegó a esta comunidad yucateca en 2018, ejemplifica la voz auténtica y representativa de esta lucha colectiva.
Para Beatriz Garrido, y tantos otros ejidatarios, Sergio Oceransky representa justo lo contrario: el portavoz de su propia causa, dispuesto a manipular y dividir un poblado para garantizar que todo esté bajo su control, incluso si ello supone destruir la defensa legal del ejido de ixil.
Así que vamos por partes.
Viento y humo en Oaxaca
Para entender a Sergio Oceransky en Ixil, hay que retroceder algunos años y hacía otras geografías, concretamente hasta el Istmo de Tehuantepec. En 2007, este ciudadano español se presentó en la comunidad indígena de Ixtepec, Oaxaca, como codirector del Yansa Group y experto en proyectos eólicos comunitarios.
El discurso era atractivo: en lugar de que empresas transnacionales se adueñaran del viento y de la tierra indígena para generar electricidad vendida al mercado, las propias comunidades serían propietarias de los aerogeneradores y captarían los beneficios. Era el lenguaje de la soberanía energética, calibrado para obtener el respaldo de organizaciones progresistas y fondos de cooperación internacional.
Bosques de aerogeneradores en el Istmo de Tehuantepec / Imagen: cortesía de Enel
El problema era que el modelo de Yansa operaba en el mismo campo que decía combatir. En el contexto de la reforma energética de 2013, que abrió la generación eléctrica a la inversión privada y creó los certificados de energías limpias como activos comerciables.
Entonces, un proyecto “comunitario” gestionado por una fundación externa con acceso a financiamiento internacional podía convertirse en un vehículo rentable para el nuevo mercado eléctrico: la comunidad aportaba la tierra y la legitimidad; la fundación controlaba los contratos, las gestiones y los recursos.
En otras palabras, La privatización de lo público con sutil maquillaje comunitario.
En Ixtepec, la operación terminó mal. El proyecto nunca consiguió los permisos de interconexión a la red de Comisión Federal de Electricidad. Y las fantasías de riqueza comunal se fueron como llegaron.
En Ixil, el patrón se repitió con una variante reveladora. Neftalí Quijano lo recuerda con precisión:
“En el 2006, Oceransky aparece como rentador de tierras para un proyecto eólico comunitario. Pide rentar quinientas hectáreas y la gente se las concede. El problema está que a la hora de firmar el contrato, él tenía puesto cinco mil hectáreas. La gente no aceptó y lo batearon.”
El número no era un error tipográfico: era la diferencia entre lo que se negocia en voz alta y lo que se escribe en el contrato.
Desapareció durante más de una década y regresó en 2018, esta vez con el respaldo de un grupo de defensores del territorio denominado Múuch’ Xíinbal, que presentó a Oceransky como aliado ante la comunidad.
La protesta en Ixil / Imagen: cortesía de Avispa Midia
Neftalí Quijano, alias Tali, resume la larga historia de promesas y rupturas en una sola frase:
Como teníamos la bronca con los empresarios que habían comprado aproximadamente 1000 hectáreas y querían hacer el cambio de destino de las de las tierras del ejido. Fue en ese entonces que nos ofreció su asesoría y lo aceptamos. Todo iba bien hasta que en el 2022 que nos damos cuenta de que nos traiciona, abandonándonos en pleno juicio agrario y nos dictan nulo el proceso y nos toman ventaja los empresarios para adelantar el cambio de destino de las tierras.
Llegaremos a ello, pero, de nuevo, toca ir por partes.
La ruptura de Múuch’ Xíinbal: el deslinde que quedó escrito
En octubre de 2019, La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal (que significa “Caminar Juntos”), una organización indígena y comunitaria autónoma, opuesta a todo entendimiento con los gobiernos de México y a todo tipo de desarrollo eólico a media o gran escala, rompió con Oceransky al descubrir sus contactos con autoridades federales. “Múuch’ Xíinbal siempre ha dicho que el gobierno traiciona”, recuerda Beatriz. “El grupo decide alejarse, quitarse de Ixil, y Sergio se queda.”
El grupo formalizó el deslinde en un comunicado público difundido por el Congreso Nacional Indígena en el que declaraban que Oceransky había perdido su confianza y se desvinculaban de todo acto que promovieran él o Yansa ante cualquier instancia, porque las comunidades mayas no requieren
“de consultores ni mucho menos de quien pretenda negociar utilizando nuestra voz”.
Lo suscribieron también la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’ y Articulación Yucatán. No era una disputa interna: era un deslinde formal con fecha, firmas y alcance nacional.
Un primer aviso para todos aquellos defensores del territorio que pusieran sus esperanzas en un gestor de parques eólicos.
Foro por la defensa, recuperación y conservación del territorio maya en Ixil (12 de octubre, 2019) / Imagen: cortesía del gobierno de México
Lo cuenta Francisco Javier Montaño Cruz en su tesis de maestría:
El caso de Ixil, donde Yansa —un proyecto de desarrollo que intentaba instalar parques eólicos de propiedad comunitaria— negoció con el gobierno a través de su representante, Sergio Oceransky, para organizar un foro con autoridades federales y estatales, es un buen ejemplo de lo anterior.
Al analizar las concesiones de proyectos otorgadas por el gobierno, Articulación Yucatán descubrió la existencia del proyecto de un parque eólico en Ixil. La organización solicitó una Consulta de Información Pública al gobierno para que los representantes de la empresa explicaran, en una audiencia abierta, en qué consistía el proyecto. Múuch’ Xíinbal grabó la sesión y la compartió con la comunidad. En ese proceso, los activistas descubrieron que el parque eólico estaba situado en tierras que habían sido despojadas al ejido, e iniciaron los trámites para recuperarlas (Gayou, 2019).
Una vez que la comunidad recuperó sus tierras, Sergio negoció con el Procurador Agrario y otros funcionarios de gobierno para que acudieran a Ixil a escuchar, supuestamente, a otras comunidades que, como Ixil, padecen el despojo de sus tierras. La Red de Resistencia y Rebeldía Jo’, Múuch’ Xíinbal y Articulación Yucatán le dijeron a Sergio que había tomado decisiones sin consultar ni a las organizaciones ni a la asamblea de Ixil. Sin embargo, la comunidad decidió seguir adelante con la propuesta.
El foro quedó programado para el 12 de octubre de 2019. “Yo quería cancelar el foro en Ixil, pero Sergio se negó, porque había invitado a funcionarios federales. Pero ese no era el objetivo; el objetivo era que Ixil compartiera su lucha”, recuerda Pedro Uc. Como era de esperarse, en lugar de un espacio donde las autoridades fueran interpeladas y la gente expresara sus conflictos, el evento fue capturado. “El Procurador nombró a Sergio representante de las comunidades de Yucatán. Y él aceptó.” Sergio Oceransky, ciudadano español, quedó extraoficialmente a cargo de representar a las comunidades campesinas e indígenas de Yucatán. pp. 50-51
Con Múuch’ Xíinbal fuera de Ixil, Oceransky continuó operando en la comunidad como único asesor. Neftalí describe el proceso que vino después:
Neftalí Quijano / Imagen: NQ
“Teníamos aproximadamente cinco asociaciones civiles que apoyaban nuestra defensa. Había universidades, había estudiantes y mucha gente que nos apoyaba. Sin darnos cuenta, los fue eliminando estratégicamente hasta que se quedó solo.”
Cobrando y con el mazo dando
Desde esa posición de monopolio intentó controlar también el Ordenamiento Ecológico Local Participativo del municipio, el proceso más importante para blindar legalmente el territorio de Ixil frente al avance inmobiliario.
Un ordenamiento excepcional y participativo
Beatriz fue quien cargó la logística de ese proceso durante años: la convocatoria comunitaria, los talleres de hasta siete horas, la coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Él trajo a la Secretaría de Semarnat para iniciar el proceso, pero fue ella quien sostuvo el trabajo cotidiano.
Cuando el ordenamiento estaba casi concluido, Oceransky intentó insertar a una colaboradora suya —una joven llamada Ximena Montaño, empleada de la Fundación Yansa, sin vínculo alguno con el ordenamiento— con quien acordó un cobro de cincuenta mil pesos por dos días de trabajo.
Cecilio Cisneros en uno de tantos plantones y marchas en defensa del ejido de Ixil / Imagen: cortesía de Beatriz Garrido
La UADY se negó, argumentando que Ximena no había participado durante el proceso y que la cantidad era desorbitante. Oceransky se molestó. Y cuando no pudo controlarlo, comenzó a descalificarlo públicamente: que estaba mal fundamentado, que incluía falsedades, que los recursos habían sido desviados.
“Él dice que el ordenamiento está mal hecho cuando él mismo, en una reunión comunitaria, leyó las 516 páginas y dijo que todo estaba bien”, recuerda Beatriz.
Los documentos registran que cobró 250.000 pesos por su participación en el proceso, pero su cuestionamiento y sus reclamos fueron la norma ante un comité que nunca siguió su línea.
Enojado con un Comité del Ordenamiento Ecológico que jugaba a lo colectivo, Oceransky activó la vía legal contra el proceso de ordenamiento territorial mediante los juicios de amparo 1021/2025 y 1266/2025, promovidos por José Argamiro Coba Cocom, aliado y comisario ejidal de Ixil, contra la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY y la SEMARNAT.
Contra el ordenamiento, una demanda y una sentencia
Estas demandas reclamaban la supuesta omisión de las autoridades al no entregar los resultados del trabajo participativo ni permitir la validación comunitaria del proyecto antes de que la SEMARNAT emitiera una “carta de conformidad” a favor de la universidad.
Sin embargo, ambos juicios resultaron en un sobreseimiento total por errores técnicos básicos: en el primer caso, no se pudo demostrar que el quejoso hubiera entregado realmente la solicitud de información, y en el segundo, la jueza determinó una falta de interés jurídico, ya que Coba Cocom presentó únicamente una copia fotostática simple de su identificación para acreditar su pertenencia a la comunidad maya.
Sobreseído el juicio de amparo, el asesor externo de la comunidad de Ixil tomó otras decisiones que serían, al cabo de los años, letales para la defensa ejidal.
Los caminos de la confusión
Para 2022, según Neftalí, la traición era consumada:
“nos damos cuenta de que nos traiciona, abandonándonos en pleno juicio agrario, y nos dictan nulo el proceso y los empresarios toman ventaja para adelantar el cambio de destino de las tierras.”
Ante esa precoz derrota, el mismo grupo de ejidatarios de Ixil decidió reincidir en la vía de los tribunales agrarios. al considerar que era la única que permitía articular la defensa del ejido, aunque ello supusiera desafiar a Sergio Oceransky, convertido de facto en jefe absoluto e interlocutor único de la protesta.
En marzo de 2024, un grupo de ejidatarios, con el acompañamiento legal de Kanan Derechos Humanos A.C. y Taller Agrario, presentó otra demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34 para anular el acta de asamblea de 2014.
Tribunal Unitario Agrario Distrito 34: la ruta viable / Imagen: cortesía de PorEsto!
El 11 de marzo del mismo año, el tribunal no solo admitió la demanda, sino que concedió una medida de protección fundamental: ordenó al Registro Agrario Nacional (RAN) abstenerse de emitir certificados o títulos sobre las tierras de Ixil a favor de personas externas hasta que el juicio concluyera.
Este avance representó un duro golpe a la credibilidad de Oceransky, quien mediante correos electrónicos en julio de 2024 calificó la demanda como “sumamente arriesgada” e “innecesaria”, argumentando falsamente que el asunto era “cosa juzgada” y que no había ruta legal posible.
Beatriz Garrido Vallejo tenía claro que la supuesta imposibilidad legal era una distorsión: lo que un magistrado había decretado previamente no fue el cierre definitivo del caso (cosa juzgada), sino una “caducidad por falta de interés” en un proceso anterior, lo cual no impedía una nueva demanda.
“Oceransky todo lo tergiversa, lo pone a su forma”, sentenció Beatriz, evidenciando que la estrategia de Kanan y Taller Agrario fue la que finalmente logró blindar el territorio contra la inscripción de derechos de los 79 avecindados ilegales detectados por Cecilio Cisneros.
Errores que se pagan
En cambio, las artimañas del comisario ejidal, asesorado por el propio Oceransky, con el fin de evitar que avanzara la demanda colectiva, engañar al tribunal y no cumplir con sus obligaciones de representar legalmente al ejido, terminaron con la remisión a la Fiscalía General de la República (FGR) del expediente de José Coba Cocom, hermano del presidente municipal de Ixil, por presunta comisión de delitos graves: Despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, delitos contra la fe pública y delitos agrarios.
El ejido de Ixil y sus amenazas /Imagen: cortesía de EJ Atlas
No fueron dimes y diretes. Su trayectoria de obstrucción se consumó el 3 de febrero de 2026, cuando el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 declaró en rebeldía al comisariado ejidal encabezado por Coba Cocom. Tras ignorar repetidamente las audiencias —utilizando incluso justificantes médicos sellados por el Ayuntamiento y el DIF municipal en lo que se calificó como “maniobras dilatorias”—, el órgano ejidal perdió el derecho de contestar la demanda que busca anular el acta fraudulenta de 2014.
En resumidas cuentas, ya no se requería del comisario ejidal para proseguir el juicio porque lo único que hizo fue boicotearlo de inicio a fin.
Esta negligencia no solo puso en riesgo más de 5,000 hectáreas de tierras forestales, sino que consolidó la entrega, cercado y ocupación ilegal de alrededor de 350 hectáreas a nuevos ejidatarios, cuya única función era entregar las tierras a los fraccionadores de Mérida.
Al descalificar y atorar, de hecho, la vía del juicio agrario, Oceransky condujo al comisario a una situación procesal grave, ahondando la división en la comunidad, mientras se perdía un tiempo esencial para la defensa jurídica del ejido y se abría una ventana para la contraofensiva de los Millet Palomeque, Abimerhi Briceño y Millet Menéndez contra la resistencia de Ixil.
Una percepción que Neftalí confirma desde adentro:
“Todo el show lo hizo el español. Manipuló al comisario y a una empleada del centro de salud. Utilizaron sellos y firmas de la dependencia del gobierno para perjudicar las audiencias. Eso durante dos años y un poco más.”
Dos días después de que el Tribunal admitiera la demanda, una comisión de la comunidad presentó también una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos contra el empresario Alejandro Escoffié por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa.
Aun así, Escoffié, el operador original de todo el esquema fraudulento, sigue sin ser procesado, mientras que Cecilio, el que lo denunció la tranza, está vinculado a proceso.
La ruptura personal, o los viajes que abrieron sus ojos
La ruptura del frente de lucha unitario, que afectó desde las vías judiciales hasta el mismo proceso de ordenamiento ecológico local, derivó rápidamente en un sinfín de fracturas que complicaron la resistencia contra el enemigo común.
Y de eso sabe, y mucho Bety. El proceso de distanciamiento de Beatriz Garrido fue gradual, pero se aceleró cuando comenzó a viajar y a descubrir un mundo que, hasta entonces, se filtraba solo en la voz de Oceransky.
El paso del asesor amigable al jefe intratable que decidía por la comunidad sin consultar ni acatar la voluntad del resto, se puso en evidencia cuando Sergio Oceransky intentó impedir que ella asistiera a un evento de la Universidad de Antioquia en Colombia, argumentando que la decisión debía consensarse. Beatriz no aceptó:
“La invitación viene a nombre mío, a nombre de Beatriz Garrido. A mí me están invitando, no están invitándote a ti. Esto viene del trabajo que hemos estado haciendo durante el proceso de la defensa del territorio.”
Fue viajando a Colombia, a Oaxaca, a San Cristóbal de las Casas, donde comenzó a recibir advertencias directas de gente que ya conocía a Oceransky en otros contextos. “Me empezaron a decir que tuviera cuidado, que él baja recursos.”
Una integrante de una organización le confirmó lo que ya intuía: Oceransky recibía recursos específicamente por la situación de Ixil. “Yo no tenía conocimiento porque él siempre decía que ya se financiaba, que no hay problema, que la Fundación Yansa paga. Pero nunca nos dijo que Yansa recibe dinero de otras organizaciones.”
Sergio Oceransky: ¿causa personal o trabajo colectivo? / Imagen: Kimi AI
Cuando lo confrontaron, la respuesta fue el ataque. “Le cuestionamos cuánto dinero había bajado, qué estaba pasando. Y ese día nos echó a la gente encima.” En el grupo de WhatsApp llamado “Trinchera”, Sergio Oceransky los llamó “brutos”. Convenció a muchos ejidatarios que se voltearan contra ellos.
“La comunidad no nos quería hablar, nos insultaban, nos hacían llamar ‘traidores’ en reuniones públicas. Todo porque hace 2 años volvimos a demandar el acta de asamblea del 2014 cuando Oceransky ya había dicho que era caso juzgado y no había nada que hacer, pero no era verdad.”
El momento más oscuro llegó con un comunicado de prensa que Sergio Oceransky redactó atribuyendo a Beatriz la declaración de que el secretario de seguridad pública del estado de Yucatán, Luís Felipe Saidén, era un asesino. Un periodista la llamó para verificar. “Yo no lo dije. Cuando lo enfrenté se enojó mucho. Le dije: me estás poniendo en riesgo, y no solo a mí. Tengo hijas, tengo nietos.”
No cedió. Ese gesto —la mujer que se planta ante quien habla en su nombre sin su consentimiento— es el que mejor la define. Tanto como la rabia de Oceransky contra la ejidataria inconforme.
El 17 de agosto: el monte cercado al amanecer
Y, mientras ixil se dividía entre los partidarios de Oceransky, los defensores del ejido, con Cecilio Cisneros al frente, más los ejidatarios conchabados con la mafia inmobiliaria de Mérida, la madrugada del 17 de agosto de 2023 el despojo dejó de ser un proceso jurídico para convertirse en una ocupación militar.
Neftalí Quijano lo narra desde el cuerpo:
“Se presentaron a las cuatro de la mañana. Nadie los vio llegar. Cuando la gente despierta e intenta ir a sus cultivos, la calle de aproximadamente quince metros de ancho está totalmente bloqueada por aproximadamente quinientos policías. Los que teníamos animales no nos dejaban pasar a criarlos, a darles alimento, agua, pasto. A los agricultores no los dejaban pasar a regar sus cosechas. Todo se echó a perder.”
Para poder transitar por una calle que siempre había sido suya, los campesinos tenían que identificarse con credencial. Beatriz confirma el despliegue desde su propio testimonio:
“Llegaron a las cuatro de la mañana con quinientos elementos, cerraron el paso de servidumbre de la comunidad.”
El contingente intervino con el pretexto de asegurar tierras en litigio, en respuesta a una orden de aseguramiento de la Fiscalía de Yucatán emitida a favor de las familias Millet y Abimerhi.
Los campesinos denunciaron afectaciones a sus actividades agrícolas, ya que las tierras estaban destinadas a la producción de hortalizas, viveros y proyectos comunitarios que incluían sistemas de riego colectivo fotovoltaico.
Policía estatal contra ejidatarios un mañana de agosto en Ixil / imagen: cortesía de Pie de Página
Neftalí intentó pasar antes de que liberaran el acceso. Tenía ganado que atender, animales recién paridos que dependían de él. Los policías lo golpearon y lo dejaron tendido.
“Hay fotos que tenemos donde aparece Neftalí en el hospital”, confirma Beatriz. “Tuvimos que llamar a la Guardia Nacional porque la policía se lo estaba llevando y no sabíamos si lo iban a desaparecer. Lo llevaban totalmente golpeado.”
Neftalí resume el sentimiento con la sobriedad de quien ha aprendido a contener la rabia:
“Se siente mucha indignación, mucha impotencia, por el abandono de las autoridades que deberían ser competentes para apoyarnos, porque son nuestros derechos como pueblo.”
No era la primera embestida. El 4 de agosto hubo un primer intento de entrada, y las mujeres lo detuvieron. “Las mujeres fueron las que sacaron la casta de resistencia. Ellas conocen su territorio, ellas saben de los que viven allá.”
La respuesta de la presidenta municipal Sandra Pech a esa resistencia fue un insulto que la comunidad no ha olvidado: que cuando sus maridos ya no pudieran trabajar, las mujeres de Ixil podrían emplearse como sirvientas en las casas residenciales de los nuevos propietarios. “Fue más que indignante. Hay mujeres campesinas, horticultoras, que han dado su vida por trabajar su tierra.”
Poco después del operativo, la comunidad obtuvo una suspensión provisional que dejó sin efecto la orden de aseguramiento de la Fiscalía de Yucatán. No fue el único avance.
En agosto de ese mismo año, Kanan Derechos Humanos presentó un amparo en defensa contra los policías que procedió. “Kanan ha sido una parte fundamental en nuestro proceso”, reconoce Beatriz.
La farsa judicial: los que defienden, al banquillo
En mayo de 2026, la Fiscalía de Yucatán vinculó a proceso penal a Cecilio Cisneros bajo la Carpeta 71/2024, acusado de despojo. Tras una audiencia de más de doce horas en el Juzgado Tercero de Control en materia Penal de Progreso, la jueza Suemy Lizama Sánchez vinculó a proceso al campesino Cecilio Cisneros, al ejidatario Guillermo Yam Ek y a Sergio Oceransky, miembro de la Fundación Yansa, en respuesta a denuncias presentadas por los empresarios Gerardo Millet Palomeque, Andrés Abimerhi Briceño y Gerardo Millet Menéndez. Durante la audiencia, la juzgadora calificó a los campesinos de Ixil como “un grupo de choque” a causa de sus acciones de protesta.
Beatriz Garrido interviene en una asamblea / Imagen: cortesía de Beatriz Garrido
La paradoja es deliberada: quien documentó el avecindamiento ilegal, quien encabezó la resistencia al fraude de 2014, quien gestionó documentos y presentó denuncias durante años, acusado de despojar las mismas tierras que lleva doce años defendiendo. Procesado, además, en la misma carpeta que Oceransky, con quien mantiene posiciones opuestas sobre la estrategia legal del ejido.
Para el abogado Roberto Sánchez, de Kanan Derechos Humanos, la vinculación a proceso de Cecilio no fue más que “una medida de criminalización por su labor de defensa del territorio, en general, del ejido de Ixil”.
Beatriz describe la audiencia sin rodeos:
“Los Abimerhi le hablaban al oído al fiscal. En ese momento le entregaban todo lo que el fiscal decía. Estaba clarísimo que el fiscal está vendido.” El cuadro clínico de Cecilio hace aún más evidente la distorsión: tiene casi 73 años, es diabético, con un diez por ciento de audición en un oído y un cinco en el otro, y al momento de los hechos que se le imputan convalecía de una cirugía de diecisiete puntos en el codo con platina. “Él no se puede involucrar en trifulca porque un golpe en el ojo le haría perder totalmente la visión. Sabemos hasta dónde podemos llegar y no agredimos jamás a nadie.”
Neftalí Quijano traza la línea de responsabilidad con claridad histórica:
Oceransky logra que se divida el pueblo, y de ahí que los empresarios ya tomaron mucha ventaja en los juicios. Ya tenemos a dos compañeros vinculados al proceso, y todo por culpa del español.”
Y lo mismo piensa Beatriz Garrido: “Sergio Oceransky es una persona narcisista y voluntariosa. Él quisiera que las autoridades hicieran lo que él quiere, no lo que procede. Él es una persona con mucho ego y no le importa vulnerar a la comunidad.”
Sin miedo y con razón
Beatriz Garrido sabe exactamente contra qué está luchando. El agua de los pozos de Ixil ya está contaminada. Y si sigue la expansión de la mancha urbana meridense todo va a empeorar.
“Se hicieron pruebas de agua en Ixil y todos los pozos, aguadas y cenotes superficiales ya tienen demasiada contaminación para que el ser humano pueda ingerirla.”
Si los empresarios terminan de cercar las tierras de uso común, el ejido como tal será inviable
Neftalí lo resume a su manera:
“La bronca es que desaparecería la agricultura, la milpa, la producción de miel, la leña, nuestros animales: cerdos pelones, gallinas de patio, abejas, borregos, ganado.”
Pero Beatriz no habla de derrota:
“No nos sentimos desmoralizados, no sentimos que tenemos miedo. Porque sabemos que tenemos la razón en la lucha y sabemos que estamos peleando un bien común para nuestra comunidad. Estamos en la ley, no estamos peleando nada fuera de la ley.”
Su motivación es concreta y generacional:
“Cuando tomé conciencia de que tengo familia, tengo nietos que están en riesgo, me puse más resistente. Yo ya estoy de paso, pero a ellos todavía les falta una larga vida en esta tierra donde los están despojando.”
El ordenamiento ecológico de Ixil fue finalmente firmado en enero de 2026 por el presidente municipal. Seis meses después, el convenio sigue sin implementarse. Pero al menos está firmado.
La demanda de los abogados de Kanan Derechos Humanos fue admitida, procesada, y derivó en la declaración de rebeldía del Comisariado que Oceransky asesoraba. Los hechos han dado la razón a Bety y a Tali. Aunque el tiempo, la coyuntura y la colusión de jueces, políticos y empresarios no ayude.
La mafia inmobiliaria tiene recursos, fiscales y complicidades institucionales. Y una voracidad que no admite tregua. Oceransky tiene financiamiento internacional, el respaldo de varias comunidades y el control de la protesta. Pero la división de la comunidad, profunda y crispada, en un cruzada legal lleno de amenazas donde los poderosos de Mérida jalarán parejo contra tirios y troyanos.
Beatriz Garrido, Celestino Cisneros, Neftalí Quijano y su esposa Antonia Trinidad Cisneros Correa tiene doce años de trabajo sin sueldo, con los documentos ejidales, la resolución de Cárdenas y el empuje de la razón. Pero el poder judicial yucateco los tiene en el punto de mira. Y están demasiado solos.
En el horizonte, no se vislumbran finales felices. Entre al cártel de especuladores de de Mérida y los asesores endiosados que rompen la unidad de Ixil, Bety cierra la conversación con la misma convicción de siempre:
“Ya basta de tanta tranza.”
El tiempo dirá si basta.
