Lo mataron siete horas después de reclamar en el tribunal por La Cazahuatera, el último pulmón verde de Cuernavaca, donde el ordenamiento ecológico impide la construcción de seis torres que ya están en preventa. Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena, pagó con su vida oponerse a los poderes fácticos de Morelos.
A las nueve de la mañana del 4 de noviembre pedía explicaciones un señor de 72 años en el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos. Siete horas después, unos sujetos en motocicleta le dispararon mientras iba en su coche con su esposa por Acapantzingo, y Cuernavaca se quedó sin uno de los regidores más incómodos de su Cabildo. Su nombre era Gabriel Rivas Ríos.
Gabriel Rivas Ríos, en una marcha del Partido Revolucionario de los Trabajadores en la década de 1970
Imagen: cortesía de En Serio Noticias
Gabriel Rivas Ríos en el cabildo de Cuernavaca
Gabriel Rivas Ríos era un verdadero luchador social que llevaba más de medio siglo en todas las causas colectivas de Morelos. Y la última le quedaba en casa: La Cazahuatera, casi cinco hectáreas de selva en la colonia Flores Magón, donde nació y creció. Allí mismo, en la cancha deportiva, lo despidieron al día siguiente al grito de “Gabriel vive, la lucha sigue”.
Decimos que defender el último pedazo de selva le costó la vida porque murió en plena batalla por La Cazahuatera, con la última denuncia aún caliente. Si fue por eso que lo mandaron matar, la Fiscalía no lo ha establecido, y por eso lo demás aún faltan muchos hilos, pero debemos contar quién era, por qué se opuso a seis torres de viviendas de lujo y qué frentes dejó abiertos tras su asesinato.
Gabriel Rivas Ríos, el obrero que no aprendió a callarse
Antes que regidor fue obrero: en 1972 trabajaba en una fábrica de alfombras de Cuernavaca y andaba metido en el movimiento que peleaba por sindicatos independientes de la CTM, según contó a La Silla Rota.
Cartel del lrgometraje documental “Obispo Rojo” (2024), del cineasta mexicano Francesco Taboada Tabone, que retrata la vida, obra y legado de Sergio Méndez Arceo, obispo de la diócesis de Cuernavaca de 1952 a 1982.
Con aquellas huelgas le llegaron las primeras amenazas de muerte y, al decir de la agencia AMEXI, lo salvaron la protección del obispo Sergio Méndez Arceo y un exilio en la Ciudad de México.
Exilio es un decir, porque allá terminó de secretario de Conflictos de la Coordinadora Sindical Nacional, negociando huelgas con patrones y autoridades laborales. De vuelta en Morelos se sumó al cardenismo, ganó en 1994 una diputación local por el PRD y desde esa curul apoyó a los comuneros de Tepoztlán contra el club de golf.
Lo que muchos en Cuernavaca recuerdan de él es menos épico, pero bastante más útil: la asociación que fundó, hecha sobre todo de gente de la tercera edad, frenó en 2011 un aumento de casi mil por ciento al predial. Peleó también tarifas de agua, luz y transporte, y ya antes, por resistirse al complejo comercial del Casino de la Selva, lo habían detenido, recuerda La Jornada.
Esa organización lleva el nombre de Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario asesinado en febrero de 2015, y exigir justicia por él nunca salió de su agenda. Con Rivas son ya dos los dirigentes de esa organización popular asesinados.
Anduvo además con Amilcingo contra el Proyecto Integral Morelos y con quienes buscan a sus desaparecidos, hasta que en 2024 llegó al Cabildo como fundador de Morena en el estado.
Frente al gobierno municipal del panista José Luis Urióstegui, lo primero que propuso fue bajarles el sueldo a la mitad a todos los integrantes del cabildo, idea que, es de suponer, no le ganó amigos.
“No tengo por qué quedarme callado; habrá otros a los que les pagan para hacerlo, pero yo asumo mi responsabilidad como regidor de Morena y soy de izquierda de toda la vida”.
[Gabriel Rivas Ríos a La Jornada, febrero de 2026]
Luego, llegó un asunto que le competía como regidor y como afectado.
La Cazahuatera, una selva anunciada en la autopista
Entre un centro comercial y la delegación de la FGR, en la esquina del Paso Exprés con Paseo Cuauhnáhuac, sobrevive La Cazahuatera. Resisten ahí unos 1,600 árboles nativos de selva baja caducifolia, con cacomixtles, mapaches y tlacuaches, en una ciudad donde, según investigadores, quedan unas 200 hectáreas de ese ecosistema en buen estado.
Del proyecto se enteraron los vecinos como suele uno enterarse de estas cosas: por los anuncios sobre la autopista y las redes sociales.
Patricia Álvaro Carrillo, presidenta del Consejo de Participación de la colonia Satélite, le explicó a Proceso que la primera alarma fue el agua.
“Ya de por sí solo tenemos agua cinco horas al día, cada tercer día, en algunas secciones de las colonias. Imagínese, ya no nos va a llegar”.
[Patricia Álvaro Carrillo, colonia Satélite]
Representantes de siete colonias calculan en 35 mil las personas afectadas, mientras 34 organizaciones y 79 investigadores de la UNAM, la UAEM y el INSP piden declarar La Cazahuatera Área Natural Protegida y jardín botánico.
Razones no les faltan: la ciudad de la eterna primavera tiene apenas 0.23 metros cuadrados de área verde pública por habitante, advierten esos académicos.
Enfrente está Altoverde, de la marca Portenta: seis torres de hasta 15 niveles, con departamentos de entre 2.7 y 6.1 millones de pesos, que no parecen pensados para quienes reciben agua cada tercer día. Según Diario de Morelos, el registro de esa marca está a nombre de Magnetic Construye.
La empresa responde con otras cuentas, publicadas en junio. En su versión conservará 89% del arbolado, gastará 40% menos agua que un proyecto convencional, propone duplicar el pozo comunitario y “no se ha retirado ni un árbol”.
Por qué la ley no deja construir en La Cazahuatera
El papel que manda es el que tiene número: la Unidad de Gestión Ambiental 139 del Programa de Ordenamiento Ecológico de Cuernavaca, de 2009, que no permite asentamientos humanos en ese predio. Puede sonar a trámite, salvo que un instrumento igual, como contó Matria, fue clave para evitarle a México pagar $1,500 millones en el caso Calica.
Con esa base, la Secretaría de Desarrollo Sustentable municipal negó la licencia ambiental para construir en La Cazahuatera, y en el Comité Ejecutivo del programa la negativa fue unánime, según los ambientalistas que lo integran.
Salvo que otra oficina del mismo ayuntamiento, la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, expidió el 19 de enero de 2026 una licencia de uso de suelo, que Portenta exhibe con folio. El alcalde sostiene que ese uso “ya estaba permitido”, mientras Flora Guerrero, de Guardianes de los Árboles, alega que nunca se consultó a Semarnat sobre un terreno forestal, y ya lo impugnó.
Tampoco consta la licencia de construcción, que la empresa misma describió en junio como en trámite, ni una autorización de impacto ambiental. Eso no ha impedido vender: Diario de Morelos documentó apartados de hasta un millón de pesos, y Portenta alega que la preventa es “una actividad legal, distinta a ejecutar obra”.
Llevaron las constructoras el pleito al tribunal, donde el magistrado de la Cuarta Sala, Manuel García Quintanar, dictó una suspensión para que no se detengan los trámites en el ayuntamiento. El presidente del TJA, Guillermo Arroyo, aclaró que eso no autoriza obra alguna, que el municipio tiene diez días hábiles para contestar y que el tribunal podría anular lo actuado si encuentra irregularidades.
Gabriel Rivas Ríos leía otra cosa, y a eso fue aquella mañana: una orden con la que la empresa podría exigirle al municipio los papeles faltantes y, detrás de ellos, los permisos estatales. Un día antes del crimen, el secretario estatal Alan Dupré fijó su postura: “Mientras no tenga los requisitos, ese proyecto y cualquier otro en los 36 municipios no será aprobado por el gobierno del Estado”.
Ningún juez ha dicho la última palabra, y hablar de ilegalidad sentenciada sería adelantarse. Lo que sí consta en La Cazahuatera es un proyecto en venta sin licencia ambiental, donde la autoridad ambiental municipal y el Comité dicen que la norma lo impide.
¿Quién lo mandó matar? Lo que se sabe y lo que no
La presidenta Sheinbaum, que lo conoció, lo dijo sin rodeos: fue “un homicidio ordenado y dirigido contra él”, y la investigación debe alcanzar a “quién ordenó este homicidio”. Hasta el 6 de noviembre, las autoridades no habían informado de detenidos ni de un móvil.
Dice el fiscal Fernando Blumenkron que no descarta ninguna línea y prevé citar a integrantes del Cabildo, a magistrados del TJA y a directivos de la inmobiliaria. Comparecer no convierte a nadie en sospechoso, así que lo que sigue debe leerse con esa advertencia: son frentes que Gabriel RivasRíos tenía abiertos, no acusaciones de Matria.
Primero, el inmobiliario: esa misma mañana habló de un “cártel inmobiliario” y de versiones sobre departamentos para funcionarios, con una salvedad que pocos se permiten: “a mí no me consta, pero hay quienes lo aseguran”. El alcalde niega haber concedido licencia ambiental o cambiado el uso de suelo, y no encontramos un posicionamiento público de Portenta posterior al asesinato.
Luego, los bares clandestinos: en cabildo contó Rivas que le advirtieron de “consecuencias con la maña” por su voto, y que le dijeron que “la maña está fuerte”, según El Universal. Es su relato; el alcalde responde que no habrá nuevas autorizaciones de bares y puso las grabaciones del Cabildo a disposición de la Fiscalía.
Están también las amenazas de un grupo delictivo, que denunció y por las que tuvo medidas de protección durante 90 días, terminadas el 22 de abril de 2025. Trascendió, sin confirmación oficial, que no pidió renovarlas, y Sheinbaum precisó que tampoco solicitó protección federal.
Su entorno no coincide: su asociación dijo no saber de amenazas recientes, pero Proceso recogió de personas cercanas a él que recibía llamadas desde marzo. Habrían vuelto cuando retomó La Cazahuatera y el SAPAC, el organismo del agua que, denunciaba Rivas, había caído en manos del crimen organizado.
Eso sin tomar en cuenta un expediente viejo, con amenazas de muerte desde 2012 y dos ataques armados contra casas de familiares, según El Universal. Nada de ello prueba autoría; sirve para otra cosa, que es mostrar que el riesgo era conocido.
Pide el alcalde no politizar ni especular, y el regidor de Morena Alan Moreno resume el ánimo de su bancada: “hoy ser oposición nos cuesta la vida”. Las autoridades municipales dicen que en la avenida Ejido no hay cámaras, la Fiscalía revisa videos difundidos en redes y los compañeros de Rivas piden que atraiga el caso la FGR.
Ocho días, una expropiación y una selva en espera
Al día siguiente del crimen, en Ginebra, el Comité DESC de la ONU se dijo “muy preocupado por los asesinatos y agresiones contra defensores de la tierra”, según el Centro Prodh.
Lo sabemos al dedillo en esta región, donde Samir Flores cayó en 2019 en Amilcingo, por parecidos poderes fácticos que operan en Morelos con demasiada impunidad,
Matria ya ha tenido que condenar el asesinato de opositores a Granjas Carroll: un patrón distinto, pero con resultados parecidos.
Admitió Sheinbaum que “hay casos que no se han resuelto” y anunció que pedirá a Rosa Icela Rodríguez reunirse con colectivos de defensa de la naturaleza, además de revisar el proyecto con la gobernadora. Margarita González Saravia, ante el féretro de quien llamó su compañero de lucha, prometió: “no va a haber impunidad”.
Los compañeros de Rivas pusieron condiciones y fecha: su asociación exige cancelar Altoverde y declarar el predio Área Natural Protegida estatal.
Diego Torres, de Colonias Unidas, dio ocho días a la Fiscalía, y de lo contrario, advirtió: “Vámonos en caravana a la mañanera” para exigir que el caso lo atraiga el gobierno federal.
Sobre el predio, el alcalde Urióstegui anunció que propondrá a los gobiernos estatal y federal expropiar La Cazahuatera, algo que, aclaró, solo podría hacerse con recursos de ambos. Dupré no ve posible repetir la permuta que salvó Los Venados en Jiutepec, y estima que la vía del Área Natural Protegida podría tardar hasta un año.
La selva sigue en pie y la Cuarta Sala corre su plazo, mientras el suplente de Gabriel Rivas Ríos debe aún rendir protesta en un cabildo cuyos integrantes podrían ser citados por el fiscal. Urióstegui les pidió a sus compañeros que no suelten la causa, y en eso, por una vez, tendrán que tomarle la palabra.
