Análisis

La nueva LGEEPA: ¿frenamos la prisa para pensarla mejor?

En la UNAM, la nueva LGEEPA fue cuestionada por académicos y organizaciones. Sin discusiones a fondo, se omiten temas de impacto como los plaguicidas, los residuos y la participación real, mientras se sigue apostando por la fallida autorregulación de las grandes empresas y no se ataca de frente la crisis socioambiental de México.

El lunes 26 de octubre, el Auditorio Carlos Vázquez Yanes del Instituto de Ecología de la UNAM recibió la tercera sesión del Seminario Investigación e Incidencia Transdisciplinaria. Su tema fue la iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

De las 11:00 a las 18:00 horas, con una pausa para comer, hablaron especialistas de la UNAM, la BUAP, el Ciesas, el Instituto Nacional de Salud Pública y organizaciones sociales. La moderadora fue María Fernanda González Rivera.

Cartel del Coloquio Transdisciplinario en torno a la LGEEPA, 3.ª sesión del Seminario Investigación e Incidencia Transdisciplinaria, 26 de octubre de 2026
Cartel del coloquio del 26 de octubre de 2026 en el Instituto de Ecología de la UNAM, con el programa completo / Imagen: cortesía del Seminario Investigación e Incidencia Transdisciplinaria
Un coloquio en la UNAM para examinar la nueva LGEEPA

Lo que se discutió no es una reforma menor. La iniciativa con proyecto de decreto que Claudia Sheinbaum firmó el 26 de agosto y que la Comisión Permanente turnó el 28 a la Cámara de Diputados propone expedir una nueva LGEEPA que abrogaría la de 1988.

Por eso se requería, y se sigue requiriendo, un espacio para el debate sobre la principal arma legal que existe, hoy en día, para la defensa del medio ambiente y las comunidades que lo habitan.

La sesión la abrió María Elena Álvarez-Buylla Roces, investigadora titular C del Instituto de Ecología, adscrita al Laboratorio de Genética Molecular, Epigenética, Desarrollo y Evolución de Plantas. De 2018 a 2024 dirigió el Conahcyt.

La crónica pública del coloquio la escribió Aurelio Fernández Fuentes, quien también fue ponente, en La Jornada de Oriente. Sobre esa crónica, el programa del coloquio y el reporte de Leviatán del 29 de octubre se construye este texto.

Las once intervenciones criticaron puntos concretos y el conjunto de la nueva LGEEPA, y algunas pidieron rehacerla desde cero. La idea que prevaleció fue que no ha habido discusión suficiente; de ahí el título de la crónica: «necesitamos más tiempo».

Precaución, hongos y plaguicidas: lo que la ley no nombra

Erica Hagman Aguilar, investigadora independiente, expuso un horizonte de derechos humanos para la legislación ambiental, con énfasis en bioseguridad y plaguicidas. Detectó retrocesos en el principio precautorio y en los organismos genéticamente modificados.

Ya lo había advertido el 26 de agosto en X: le parecía «muy grave» que el proyecto sustituyera «peligro» por «riesgo» en la definición del principio precautorio.

«Peligro es una característica intrínseca del proceso, sustancia, “desarrollo”, proyecto que esté en cuestión; riesgo es la probabilidad de que un daño ocurra».

Erica Hagman Aguilar, en X, 26 de agosto de 2026

Esa diferencia supedita la precaución a una evaluación de riesgo «cuyos estándares son cuestionables». La Declaración de Río habla de «peligro de daño grave o irreversible», y el colectivo Ceiba halló en la iniciativa «una definición distinta a la del Principio 15 de la Declaración de Río».

Hagman cuestionó también que la ley no se asuma como lo que, dijo, debería ser: «la ley reglamentaria sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible». Rechazó, además, la autorregulación empresarial como una medida que no remediará el problema, sino todo lo contrario.

Una crónica del encuentro para Leviatán / Dar clic en la imagen para leer más

Otras ponencias se detuvieron en lo que el texto no nombra. Roberto Garibay Orijel, del Instituto de Biología y de la Sociedad Mexicana de Micología, pidió incluir explícitamente a los hongos y mostró la ausencia de la funga en la ley.

Garibay y la denuncia de la ausencia de la funga en la nueva LGEEPA / Imagen: cortesía del Instituto de Ecología

Garibay se declaró «defensor de un reino» y habló de una «miopía científica de las leyes». Recordó que el 90 por ciento de las plantas terrestres vive en simbiosis con hongos en sus raíces y que el peso biocultural de este reino abarca rituales y medicinas tradicionales.

Yolanda Pica Granados, bióloga especialista en hidrobiología y toxicología ambiental, con larga trayectoria en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), preguntó si esta versión de la ley es un avance o un retroceso, y abundó en omisiones y contradicciones sobre contaminantes químicos.

Intervención de Fernando Bejarano en el coloquio de la UNAM / Imagen: cortesía del Instituto de Ecología

Fernando Bejarano, de la RAPAM, subrayó la falta de regulación de los plaguicidas altamente peligrosos y el doble estándar con que se importan a México.

Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, investigador del Ciesas-Golfo desde 1989, describió la falta de atención que la iniciativa da a los residuos sólidos. Coordina técnicamente el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia Residuos Sólidos Urbanos y fue presidente municipal de Xalapa.

Larisa de Orbe, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, y Claudia Romero, socióloga de Acción Ecológica México, pusieron la salud pública en el centro. Su ponencia se llamó «Del daño ambiental al daño a la salud: vacíos en la iniciativa de reforma a la LGEEPA».

Larisa de Orbe en el cologuio transdisciplinario sobre la LGEEPA / Imagen: cortesía del Instituto de Ecología

Ambas llegaron con trayectoria en plásticos: Acción Ecológica México es una de las organizaciones del amparo que en 2024 obligó al Congreso a iniciar el trabajo legislativo contra los plásticos de un solo uso. En agosto de 2026, Romero advirtió que «hasta el momento no existe una legislación que cumpla con lo ordenado», y De Orbe pidió evitar «falsas soluciones, disfrazadas de economía circular».

Quién decide en el territorio: de los comités al Atoyac

Por la tarde llegó el turno de la BUAP. Aurelio Fernández, director del Cupreder, y Alejandra López García, investigadora del centro, presentaron «La LGEEPA y los ordenamientos territoriales, las áreas naturales protegidas y las manifestaciones de impacto ambiental».

Su pregunta de fondo fue: «¿Quién debería tener la última palabra cuando se decide qué se construye, dónde y a costa de qué?». Repartir facultades entre la Federación, los estados y los municipios no basta, explicaron, porque los tres niveles terminan cediendo ante intereses políticos, electorales y de corto plazo.

Recordaron la colusión entre el poder político y la expansión urbana, y obras que dañaron el ambiente y provocaron desastres. Propusieron comités de ordenamiento ecológico y de evaluación ambiental obligatorios, representativos y con decisión vinculante sobre ordenamientos, manifestaciones de impacto ambiental y grandes autorizaciones de uso de suelo.

Presentación del Cupreder-BUAP sobre la nueva LGEEPA en el coloquio del Instituto de Ecología de la UNAM
Aurelio Fernández y Alejandra López, del Cupreder, exponen sus propuestas sobre la nueva LGEEPA en la UNAM

Aurelio Fernández y Alejandra López, director e investigadora del Cupreder, durante su presentación en la UNAM / Imagen: cortesía del Cupreder

El modelo de los comités de ordenamiento ecológico funciona, plantearon, como un «Estado ampliado», que equilibre a la autoridad con el reconocimiento de comunidades y sectores. Advirtieron además que la iniciativa podría restar facultades a los municipios sobre el uso de suelo.

La economía circular, añadieron, queda en el aire sin reglas claras sobre residuos y contaminación del agua. Y la Semarnat, la Profepa, la Conagua y la Procuraduría Agraria se pasan la responsabilidad sin resolver los problemas del ámbito rural.

Esas ideas tienen respaldo escrito en una opinión técnico-jurídica para la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Su crítica central es el artículo 33, que deja a los convenios de coordinación decidir si las opiniones de los comités serán vinculantes.

«La autoridad que debe someterse a la opinión del comité es la misma que decide si esa opinión la obliga».

Cupreder-BUAP, opinión técnico-jurídica

La opinión describe también una asimetría en la evaluación ambiental estratégica: «las dependencias federales que promueven el proyecto tienen voz vinculante y quienes ordenan el territorio no tienen voz». Como el dictamen de esa evaluación equivale a la autorización de impacto ambiental, esos proyectos no pasan por el artículo 57, que obliga a sujetarse al ordenamiento.

El artículo 37, fracción VII, prevé un ordenamiento comunitario en ejidos, pero limita la opinión de sus órganos de gobierno a tierras que «no se encuentren en suelo forestal». Esa excepción deja fuera los bosques y selvas que pertenecen en gran proporción a ejidos y comunidades.

El centro reconoce avances, como ampliar de 7 a 18 los criterios del ordenamiento, y pide que ninguna autorización o concesión se otorgue contra un ordenamiento vigente. Reclama también una audiencia pública con los comités antes de votar el dictamen.

El Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, de Tlaxcala, llevó el debate a la cuenca con «La iniciativa de la nueva LGEEPA: sus implicaciones para la cuenca del Alto Atoyac». Señaló la vaguedad de definiciones y la continuidad de la autorregulación de las empresas contaminantes, «una aberración que ya contiene la LGEEPA vigente».

Su representante, Adriana Martínez, echó en falta un concepto que ha sido clave en la defensa del territorio: las regiones de emergencia sanitaria y ambiental (RESA), ausentes de la iniciativa.

En sus propias palabras, el grupo compartió con otros actores y académicos de varios estados su preocupación por las «omisiones, ambigüedades y novedades» de la propuesta. Explicó por qué es «insuficiente para responder a la grave crisis socioambiental» de la cuenca del Alto Atoyac y de las demás regiones de emergencia sanitaria y ambiental del país.

Andrés Barreda Marín, de la Facultad de Economía de la UNAM, cerró las exposiciones con una autoridad particular: coordinó el Programa Nacional Estratégico de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del Conahcyt de Álvarez-Buylla. Desde ahí se caracterizaron las regiones de emergencia sanitaria y ambiental que, a su juicio, la iniciativa omite.

Andrés Barreda en el cierre del coloquio / Imagen: Cortesía del Instituto de Ecología

Economista, maestro en Sociología y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, es profesor titular de la Facultad de Economía, con 48 años de antigüedad académica y nivel II en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Fuera de la academia, es miembro fundador de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y coordina el Casifop, que acompaña resistencias populares. En 2019, al frente de esa unión de científicos, pidió declarar zonas de emergencia ambiental y sanitaria en regiones de Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco.

En el coloquio contó más de 70 RESA en el país, producto, dijo, de regulaciones ambientales laxas y de las prácticas económicas que prosperaron durante el neoliberalismo. En ellas, el cáncer tiene alta incidencia y la contaminación del aire y del agua es altísima.

«Aceptar sin más que las zonas de sacrificio existen y son toleradas».

Andrés Barreda, sobre dejar el concepto RESA fuera de la ley

Para Barreda, hace falta una reforma jurídica que evite nuevas zonas de ese tipo y permita la remediación y el saneamiento de las existentes. Varios aspectos de la ley, advirtió, serían además un retroceso frente a los postulados de la 4T.

El Cupreder agrega que Barreda habló de una nueva LGEEPA diseñada para un país inexistente, que confía en la autorregulación de las empresas.

También habló de los solventes tóxicos que vierten los centros de datos y la industria microelectrónica en el centro del país.

Frente a ese diagnóstico, la propia Álvarez-Buylla, bióloga de formación, sostuvo en el cierre que la devastación ecológica es ya una crisis generalizada. Pidió una ley con rigor científico, respaldada en el territorio y centrada en defender a las comunidades afectadas, no ajustes cosméticos.

Río Atoyac en San Mateo Ayecac, Tlaxcala, cuenca analizada en el coloquio sobre la nueva LGEEPA
Río Atoyac en San Mateo Ayecac, Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, noviembre de 2021 / Foto: Isaacvp, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons
El mismo diagnóstico, en el parlamento abierto sobre la nueva LGEEPA

Daniela Pedroza Páez, académica del Instituto de Ecología, tomó la palabra justo después de Álvarez-Buylla, con las propuestas del instituto y la pregunta de dónde queda la Conabio.

Cuatro semanas antes, el 28 de septiembre, ya había llevado críticas similares a la mesa de academia del parlamento abierto en la Cámara de Diputados.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados de México, donde se discute la iniciativa de la nueva LGEEPA
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, foto de archivo; las audiencias del parlamento abierto se realizaron en otro salón del recinto / Foto: EneasMx, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons

Allí calificó de error técnico y legal equiparar la evaluación estratégica con la de impacto ambiental, y advirtió que el artículo 53 permite presentar la manifestación de impacto ambiental después de iniciada la obra.

Esa posibilidad, dijo, «desvirtúa el objetivo preventivo del instrumento y amenaza nuestro derecho a un medio ambiente sano». Señaló además que ninguna de las dos evaluaciones obliga a una consulta pública a la comunidad afectada por un megaproyecto.

El riesgo es práctico: muchos proyectos de gran afectación se han detenido gracias a evaluaciones previas, y permitir presentarlas después facilitaría que los megaproyectos arranquen y sean más difíciles de frenar. Pedroza señaló también que la iniciativa no da atribuciones concretas a la Conabio.

Jesús Enrique Pablo Dorantes, expresidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, fue más lejos: «la evaluación ambiental estratégica jamás puede sustituir a la evaluación del impacto ambiental». La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, respondió en esa audiencia que la evaluación estratégica «no sustituye la manifestación de impacto ambiental».

Las organizaciones leen el texto en sentido opuesto. El informe de Hallazgos, que reúne al Cemda, CartoCrítica, Wildlands Network y académicos de la UNAM, advierte que el artículo 53, sumado a otras figuras de regularización, podría incentivar la lógica de «más vale pedir perdón que pedir permiso».

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible lo considera la mayor inconsistencia de la iniciativa, porque invierte la secuencia en que la evaluación debe informar la decisión.

El informe añade un segundo frente: el dinero. El artículo decimosegundo transitorio prohíbe recursos adicionales al presupuesto autorizado, y la Conanp ya arrastra una brecha de déficit y falta de inversión que alcanza hasta el 2030.

El tercero es la participación. Ceiba recuerda que el proyecto se publicó el 14 de mayo sin consulta pública, y el acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático fijó audiencias con intervenciones de hasta cinco minutos.

El cuarto es la autorregulación. La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy, dijo ante los diputados que su institución está «fortaleciendo nuestros instrumentos de autorregulación para incentivar al sector privado a una cultura de legalidad».

Del lado empresarial, una exposición celebró «el fortalecimiento de los mecanismos de autorregulación y certificación ambiental» y propuso estímulos fiscales para las empresas que acrediten esos procesos.

La senadora Mai Ortiz defendió el proceso con una frase que hoy repiten sus críticos: «Deliberar no retrasa una ley, la fortalece». La diputada Gabriela Benavides reconoció, a su vez, que «una legislación no se puede construir desde una oficina».

Qué piden y qué sigue

Las evidencias expuestas en el coloquio se compilarán en un documento formal dirigido a las autoridades y a la sociedad civil. La conclusión del encuentro fue una: no hay justicia social sin justicia ambiental.

Fernández enumera lo que falta o está distorsionado: riqueza biocultural, biopiratería, privatización de espacios ambientales y participación comunitaria «más allá de la simulación». Pide que el principio precautorio, el interés superior del ambiente y el in dubio pro natura sean transversales y no solo enunciados en el capítulo III.

Propone como modelo dos leyes que tomaron el tiempo necesario para la participación social: la de Alimentación Adecuada y Sostenible y la de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Advierte contra otra «concesión al capitalismo depredador y dependiente» si el Congreso aprueba la nueva LGEEPA sin revisar a fondo las propuestas de corrección.

La iniciativa está turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para dictamen y, al 3 de noviembre, no se ha publicado ninguno. Mientras tanto, la ley de 1988 sigue vigente.

Coloquio sobre la nueva LGEEPA en la UNAM en cifras: 11 intervenciones el 26 de octubre y 5 minutos por ponente en las audiencias

¿Alguien pondrá freno a la reforma de la LGEEPA para pensarla mejor o de plano, y como es norma, este tímida modificación aparecerá muy pronto en el Diario Oficial de la Federación?

Onodet

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