Frente a la histórica crisis socioambiental de la cuenca del Alto Atoyac, académicos y organizaciones civiles han planteado una ruta de cinco pasos para sanar el río, exigiendo transparencia y participación social.
Sin embargo, no solo el saneamiento no avanza, sino que en dos recientes videos de La Jornada de Oriente se expone una denuncia, o una alarmante contradicción gubernamental: mientras se prometen megaproyectos de saneamiento, se proyecta el cierre de la planta tratadora más importante de Puebla bajo sospechas de un millonario negocio inmobiliario en la zona de Angelópolis.
La realidad es tan cruel como persistente. La cuenca del Alto Atoyac atraviesa una de las crisis socioambientales y sanitarias más severas de México.
Abarcando decenas de municipios en Puebla y Tlaxcala, el río ha sido víctima durante décadas del vertido impune de sustancias tóxicas por parte de miles de empresas manufactureras y descargas municipales sin tratamiento previo.
Investigaciones académicas han documentado la presencia de más de 110 sustancias tóxicas en sus cauces, muchas de las cuales ni siquiera están contempladas en las normas oficiales mexicanas.
Este cóctel químico ha generado un daño genotóxico y enfermedades crónico-degenerativas que han cobrado decenas de miles de vidas.
En este escenario, recientes reportajes y cápsulas audiovisuales de La Jornada de Oriente han puesto el dedo en la llaga sobre las verdaderas intenciones y deficiencias de los planes gubernamentales de saneamiento.
A través de dos videos recientes, el medio de comunicación contrasta las propuestas de la sociedad civil con las sombras de la especulación inmobiliaria que amenazan con perpetuar el ecocidio.
Las cinco propuestas para un saneamiento real
En un esfuerzo por romper el ciclo de “promesas sin resultados” que han caracterizado a las administraciones pasadas, especialistas y representantes de organizaciones comunitarias han estructurado cinco medidas fundamentales para atender los daños ambientales y a la salud en la cuenca alta del Atoyac:
- 1. Fiscalía y Contraloría Hídrica Comunitaria con autonomía: La primera y más contundente propuesta es la creación de un organismo ciudadano e independiente. Su propósito sería vigilar de manera estricta el proceso de restauración de la cuenca, asegurando que las políticas públicas trasciendan los sexenios, los ciclos electorales y los intereses políticos coyunturales
- 2. Integración del conocimiento científico: Los expertos hacen un llamado enérgico a la academia para reunir, mapear y divulgar las investigaciones que actualmente se encuentran dispersas. Advierten que es un error costoso iniciar nuevos diagnósticos desde cero, ignorando décadas de conocimiento acumulado. La ciencia ya ha hablado; ahora debe ser aplicada
- 3. Traducción de la ciencia a políticas públicas: No basta con tener diagnósticos; el desafío es traducir las investigaciones académicas en formatos de políticas públicas viables. Esto implica estructurar las propuestas con presupuestos claros, metas medibles y estrategias definidas para que los tomadores de decisiones gubernamentales puedan implementarlas directamente, sin excusas técnicas.
- 4. Estrategia de infraestructura integral: Aunque se reconoce la estrategia gubernamental que contempla la construcción y rehabilitación de 15 plantas de tratamiento, la creación de alrededor de 250 humedales artificiales y la instalación de 35 mil biodigestores, los especialistas advierten que esta infraestructura por sí sola no resolverá el problema si no ataca la raíz: la industria que usa los drenajes municipales como “puente” para deshacerse de sus residuos peligrosos.
- 5. Participación social desde el diseño: Históricamente, a las comunidades aledañas al río se les ha llamado únicamente para legitimar decisiones que ya fueron tomadas a puerta cerrada. La quinta medida exige que la participación social se incorpore desde la fase de diseño y planeación de las acciones, respetando el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano de los más de tres millones de habitantes de la cuenca.
El cierre de San Francisco: ¿Saneamiento o especulación?
Sin embargo, mientras estas propuestas buscan la justicia ambiental, en el terreno de los hechos surge una contradicción que ha indignado a los especialistas: la proyección oficial de cerrar o reducir a ceros la capacidad de la planta tratadora de San Francisco, la infraestructura más importante para el saneamiento en la zona metropolitana de Puebla.
Actualmente, la zona metropolitana poblana aporta el 70 por ciento de los contaminantes que llegan al río Atoyac. La planta de San Francisco sanea hoy alrededor de mil 280 litros por segundo, procesando las aguas residuales del Centro Histórico y el primer cuadro de la ciudad.
Pese a operar al 100 por ciento de su capacidad para el tratamiento primario, informes recientes presentados ante el Congreso local proyectan que esta planta quedará inoperativa en el mediano plazo, con una inversión futura programada en ceros.
La PTAR San Francisco, una de las cinco plantas de tratamiento de Agua de Puebla que la empresa prometió rehabilitar desde el año 2023 / Imagen: cortesía de Agua de Puebla
¿Por qué cerrar la principal aliada del saneamiento? La respuesta, según denuncian expertos como el exdirector del SOAPAP, Francisco Castillo Montemayor, en el segundo video de La Jornada de Oriente, se esconde detrás de un posible negocio inmobiliario.
La planta se ubica en la calle Kepler, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl, a espaldas del Hospital Ángeles y de las nuevas instalaciones de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del gobierno estatal.
Se trata de uno de los predios con mayor plusvalía de la capital poblana, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta 25 mil pesos.
Las sospechas apuntan a que el objetivo real del desmantelamiento es liberar este valioso terreno para venderlo a desarrolladores privados o, en el mejor de los casos, para ampliar las áreas de estacionamiento de las nuevas dependencias gubernamentales que carecen de planeación urbana.
De las 16 hectáreas originales con las que contaba la planta, hoy apenas conserva dos, tras haber cedido terreno para la construcción y ampliación del hospital privado en administraciones pasadas.
El costo de la simulación
La maniobra no solo representa un daño patrimonial incalculable —la infraestructura de San Francisco está valuada en casi 2 mil millones de pesos—, sino que encubre un derroche de recursos públicos.
Los planes oficiales buscan trasladar el caudal de San Francisco hacia la planta Atoyac Sur, lo que requeriría una inversión multimillonaria de más de 2 mil 105 millones de pesos para ampliarla.
La realidad de los ríos en Puebla: una alegoría visual / Imagen: Codex de ChatGPT
Los técnicos cuestionan duramente esta lógica: resultaría mucho más barato, eficiente y transparente invertir en modernizar la planta de San Francisco para dotarla del tratamiento secundario que le falta desde hace dos décadas, en lugar de justificar su supuesta “obsolescencia” para abandonarla.
Declarar inservible a la planta es solo un pretexto para encubrir el deterioro de los ductos de lodos y abrir la puerta a nuevos contratos jugosos para empresas concesionarias.
Hacia una verdadera justicia ambiental
El saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac exige voluntad política real y no cortinas de humo. Los especialistas son claros: no se puede sanar un río mientras se desmantela su infraestructura vital para especular con la tierra.
Las cinco medidas propuestas por la sociedad civil y la academia representan una hoja de ruta basada en la ciencia, la memoria histórica y la exigencia de justicia para las familias afectadas.
De lo contrario, advierten las organizaciones, el “saneamiento” del Atoyac seguirá siendo una fachada perfecta para consolidar promesas vacías y consumar otro negocios inmobiliarios a costa de la salud de los poblanos y los tlaxcaltecas.
One Comment