La planta de amoniaco que Proman construye en Topolobampo promete fortalecer la producción de fertilizantes en México, pero también expone una disputa más profunda: gas importado, exportación privada, riesgo ambiental y derechos indígenas. En Bahía de Ohuira se juega algo más que una inversión industrial.
El 26 de mayo de 2026, un reactor de síntesis de 400 toneladas llegó por vía marítima al puerto de Topolobampo.
Fue trasladado lentamente hacia su emplazamiento definitivo sobre plataformas hidráulicas autopropulsadas, bajo un operativo de seguridad que incluyó cortes de luz y cierres viales.
Ese artefacto es el corazón de la futura planta de Gas y Petroquímica de Occidente, conocida como GPO. La empresa es la filial mexicana del grupo suizo Proman.
A partir de 2027, esta instalación transformará gas natural en amoniaco a razón de 2,200 toneladas diarias.
El sitio elegido es la orilla de la Bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome, Sinaloa. El proceso que usará se llama Haber-Bosch, un método industrial inventado en Alemania hace más de un siglo y que sigue siendo el más utilizado en el mundo para fabricar amoniaco.
Y el amoniaco es una fórmula química que fija el nitrógeno atmosférico y lo convierte en un nutriente fácil de absorber por las plantas, creando la base de casi todos los fertilizantes sólidos y líquidos de uso común (urea, nitrato de amonio, fosfato de amonio y sulfato de amonio).
La llegada del reactor clausuró, sobre el papel, doce años de disputas legales, movilizaciones comunitarias y advertencias diplomáticas. Pero el conflicto no terminó ahí.
La no tan lejana activación de la planta de amoniaco reactivó también las movilizaciones de comunidades vecinas y grupos ecologistas.
Desde una marcha dominical hasta un bloqueo, que podría ser permanente, el conflicto está lejos de terminar.
>Atención: inicia el bloqueo de accesos a la planta de Gas y Petroquímica de Occidente que se construye en la #BahíaDeOhuira, con capital suizo y alemán y corresponsabilidad específica del gobierno de #Alemania. En próximos días podría darse el bloqueo definitivo.
— Julio Astillero (@julioastillero) June 9, 2026
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Las preguntas de fondo siguen abiertas: ¿quién tomó la decisión?, ¿para qué mercado produce la planta?, ¿con qué gas funciona?, ¿cuánto le cuesta al ecosistema?
Avances de la refinería de fertilizantes Proman GPO en el municipio de Ahome, Sinaloa / Imagen: cortesía de LíneaDirectaPortal
Responder esas preguntas exige recorrer cuatro dimensiones que generalmente circulan por separado: la historia del grupo corporativo y su proyecto; la razón energética real que explica por qué se eligió ese sitio; el impacto sobre un humedal protegido internacionalmente; y la relación entre fertilizantes nitrogenados, soberanía alimentaria y degradación de suelos.
Un actor global discreto y poderoso
Detrás de GPO opera uno de los grupos petroquímicos más discretos y poderosos del mundo. Proman AG, con sede en Suiza, es el segundo productor de metanol a nivel mundial y uno de los diez principales productores de amoniaco.
Tiene más de 40 años de experiencia industrial. Su nombre no aparece en los titulares como el de una Shell o una BASF, pero su peso en los mercados globales de energía química es comparable.
Dar clic en la imagen para ver la web de GPO Planta de Fertilizantes
El grupo produce y distribuye metanol, amoniaco, melamina y solución UAN. Tiene activos de extracción de gas natural en el mar frente a Trinidad y Tobago, y en tierra firme en Estados Unidos.
En Trinidad lleva más de 35 años invirtiendo de forma continua. Allí opera 14 plantas petroquímicas y concentra más del 40% de su fuerza laboral mundial.
La lógica de Proman no es resolver la crisis de fertilizantes de ningún país en particular. Su estrategia es construir una cadena de valor global: gas natural, amoniaco, urea, melamina, instalados en nodos logísticos estratégicos alrededor del mundo. México es otro eslabón de esa cadena, no el destino final de una política agrícola.
En 2023, Proman firmó con Mitsubishi Corporation un memorando de entendimiento para construir una planta de amoniaco con captura de carbono en Louisiana, Estados Unidos. El ejemplo confirma el patrón: Proman construye donde hay gas barato y acceso a puertos.
El financiamiento del proyecto lo confirma KfW IPEX-Bank, un banco alemán de propiedad parcialmente pública cuyo mandato es promover proyectos de desarrollo sostenible.
Este banco coordina un consorcio de préstamos por 860 millones de dólares y actúa como financiador principal de la planta.
Que ese capital público alemán esté detrás de un proyecto señalado por once relatores de la ONU por violaciones a derechos indígenas y riesgo ambiental grave es una contradicción que el activismo global ha comenzado a documentar con creciente eficacia.
La planta de amoniaco es solo el comienzo. La inversión declarada para esta primera etapa es de 1,631 millones de dólares.
Pero el plan completo incluye fases posteriores de producción de metanol y urea, con una inversión total proyectada que supera los 5,600 millones de dólares.
Lo que se construye en Ohuira no es una fábrica aislada. Es el ancla de un polo petroquímico diseñado para operar durante décadas.
Por qué Topolobampo: el gasoducto que nadie menciona
La pregunta que raramente aparece en la cobertura del conflicto es la más reveladora de todas: ¿por qué Topolobampo? La respuesta no tiene que ver con el ecosistema ni con la cercanía al campo sinaloense. Tiene que ver con un gasoducto.
TC Energy, empresa canadiense antes conocida como TransCanada, construyó el gasoducto El Encino–Topolobampo. El ducto mide 572 kilómetros de largo y 30 pulgadas de diámetro. Recorre desde El Encino, cerca de Chihuahua, hasta el puerto sinaloense.
Su capacidad es de 670 millones de pies cúbicos de gas natural por día. La obra costó 1,100 millones de dólares.
El gasoducto opera con un contrato de transporte a 25 años firmado con la Comisión Federal de Electricidad.
El gas que fluye por sus tuberías proviene del shale texano, es decir, de yacimientos de roca extraídos mediante fracturación hidráulica en Estados Unidos.
Ese gas se importa a México como consecuencia de la política energética del periodo 2012-2018, que apostó por la electricidad barata a base de gas importado en lugar de desarrollar la producción nacional de PEMEX.
El problema que dejó esa política fue simple: la CFE contrató más capacidad de transporte de la que realmente necesitaba para generar electricidad. Y pagaba por esa capacidad de todas formas, la usara o no.
El contrato con Proman-GPO fue presentado como la solución: una forma de convertir ese excedente en ingresos.
El contrato es de largo plazo y de escala mayor. Empresas filiales de la CFE, CFEnergía y CFE International, se comprometieron a suministrar 81,000 millones de BTU de gas por día durante 15 años. Para dar una idea de ese volumen: equivale a aproximadamente dos veces el consumo diario de gas natural de toda la Ciudad de México.
Para quienes no están familiarizados con la unidad BTU: los 81,000 millones de BTU equivalen a unos 79 millones de pies cúbicos de gas por día.
Eso representa aproximadamente el 12% de la capacidad total del gasoducto, comprometida con un solo cliente privado extranjero hasta al menos 2037. A lo largo del contrato, la CFE recibirá ingresos por más de 2,000 millones de dólares.
El proceso Haber-Bosch, inventado en Alemania a principios del siglo XX, usa el gas natural para obtener hidrógeno mediante un procedimiento llamado reformación con vapor.
Ese hidrógeno se combina luego con nitrógeno del aire, a presiones de entre 150 y 300 veces la presión atmosférica y a temperaturas de entre 400 y 500 grados centígrados. El resultado es amoniaco.
Este proceso domina la producción industrial de amoniaco en todo el mundo. El gas natural representa el 70% del consumo total de energía de la industria del amoniaco a escala global. Sin gas barato y asegurado, la ecuación económica del proyecto no funciona.
Topolobampo fue elegida no por sus condiciones ecológicas ni por su proximidad al campo sinaloense, sino porque es el punto terminal de un gasoducto de gas de esquisto estadounidense con capacidad ociosa que México ya estaba pagando.
A esa lógica se sumaba, hasta hace apenas seis meses, un segundo proyecto que habría convertido a Topolobampo en el principal nodo de exportación de gas norteamericano hacia el Pacífico asiático.
La empresa estadounidense Sempra Infrastructure, en sociedad con la CFE, desarrollaba Vista Pacífico LNG: una terminal para licuar gas natural y exportarlo principalmente hacia Asia. Su capacidad proyectada era de aproximadamente 3.5 millones de toneladas anuales.
El Departamento de Energía de Estados Unidos autorizó a Vista Pacífico reexportar hasta 200,000 millones de pies cúbicos anuales de gas estadounidense desde Topolobampo hacia países sin tratado de libre comercio con ese país.
El diseño era transparente: gas de esquisto texano, gasoducto privado a través de Chihuahua, licuefacción en Topolobampo, buques cisterna hacia Asia. México como corredor de reexportación.
Vista Pacífico fue cancelado en diciembre de 2025. Sempra informó ante la SEC de Estados Unidos que la decisión respondió a un cambio en las prioridades estratégicas de ambas empresas y a la falta de acuerdos firmes para avanzar.
La Manifestación de Impacto Ambiental de Vista Pacífico estimaba al menos 82 impactos adversos sobre el ecosistema marino, incluyendo el dragado de más de 218,000 metros cuadrados del lecho marino. Ese proyecto ya no se construirá.
Pero su cancelación no cambia la lógica de fondo: ambos proyectos llegaron a Topolobampo por la misma razón. La bahía es el punto final de un gasoducto con capacidad excedente que necesitaba clientes industriales para ser rentable.
CFE, PEMEX y el dilema del gas público
Para la CFE, el contrato a 15 años con GPO tiene una lógica financiera que puede defenderse: convierte capacidad ociosa del gasoducto en ingresos garantizados por más de 2,000 millones de dólares, sin que la empresa eléctrica asuma riesgo industrial ni operativo.
El problema es estructural. Ese acuerdo consolida durante quince años la dependencia de México del gas de esquisto texano. Además, compromete la capacidad del gasoducto en favor de un privado extranjero.
Si México quisiera reconvertir esa infraestructura hacia 2030 o 2035, por ejemplo para abastecer nuevas plantas eléctricas en el noroeste o plantas petroquímicas públicas rehabilitadas, el contrato con GPO lo bloquea hasta al menos 2037.
Las plantas de fertilizantes de PEMEX no están paralizadas. Llevan seis años en un proceso de recuperación documentado, con inversiones de más de 357 millones de dólares en múltiples complejos del país.
El punto más bajo fue 2018 y 2019, cuando la producción de amoniaco cayó a cero. Eso fue consecuencia directa del deterioro del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, en Veracruz.
Agravaron la situación las compras fraudulentas que hizo la administración anterior: los complejos Agronitrogenados, hoy llamado Pro-Agroindustria, y Fertinal fueron adquiridos a sobreprecio. El daño calculado fue de 216 millones de dólares.
Desde 2020, la producción de amoniaco de PEMEX no ha dejado de crecer. Ese año se reactivó la planta Pro-Agroindustria, que llevaba 22 años paralizada. La producción pasó de 373 toneladas diarias en 2020 a 776 en 2023.
Planta de Pro-Agroindustria en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque (CPC)
En mayo de 2024, con dos plantas de urea y dos de amoniaco en operación, PEMEX declaró cubrir el 100% de la demanda del programa Fertilizantes para el Bienestar. La producción total de fertilizantes pasó de 807,000 toneladas en 2024 a 975,000 en 2025, un aumento del 21%.
La meta para 2026 es producir 558,000 toneladas anuales de amoniaco, con inversiones de 10,000 millones de pesos concentradas principalmente en los complejos de Escolín y Cosoleacaque, dentro de un plan más amplio que también contempla los complejos de Cangrejera, Morelos, Pajaritos e Independencia. Lo veremos en otro artículo de Matria.
Sin embargo, esa producción pública sirve a un mercado completamente distinto al que defiende el argumento de soberanía alimentaria asociado a GPO.
El programa Fertilizantes para el Bienestar distribuye insumos gratuitos o subsidiados a pequeños productores con hasta cinco hectáreas.
La agroindustria comercial sinaloense es otra cosa. Ese sector cultiva las 900,000 hectáreas de maíz, trigo y hortalizas del noroeste y genera la mayor parte del volumen exportado.
No es el destinatario de la producción pública. PEMEX y GPO no compiten entre sí: sirven a segmentos distintos de una misma cadena alimentaria, dividida por el tamaño y el capital de quien produce.
Topolobampo: dependencia real si el 80 % es para exportación
El argumento de soberanía alimentaria que sostiene el proyecto de GPO tiene bases reales. México importa alrededor del 65% de los fertilizantes que consume.
El costo promedio anual de esas importaciones ronda los 2,500 millones de dólares, con un pico de 3,165 millones en 2022, el año de la invasión de Ucrania.
El 70% de esas importaciones son fertilizantes nitrogenados: urea, sulfato de amonio y nitrato de amonio. Los tres se fabrican a partir del amoniaco. Eso significa que producir amoniaco en México reduciría en teoría la dependencia de los insumos más críticos.
Ahí está la base del argumento de soberanía. Lo que el argumento omite, como se verá, es para quién se produciría ese amoniaco y a qué precio.
Cuando en 2022 la invasión de Ucrania perturbó los mercados globales, la factura mexicana de fertilizantes se disparó un 75% en un solo año. El cloruro de potasio subió 154% y el sulfato de amonio, 107%.
A lo largo de 2023, las importaciones alcanzaron un récord anual de 4.2 millones de toneladas, con un alza de más del 55% en urea solo en los primeros nueve meses del año. La dependencia es estructural, costosa y geopolíticamente vulnerable.
La ubicación de Topolobampo también tiene una ventaja logística real. El amoniaco anhidro es una sustancia peligrosa que requiere condiciones especiales de transporte y almacenamiento.
Importarlo desde Rusia o Trinidad implica flete marítimo, recepción en puerto y distribución terrestre desde los puertos del Golfo de México.
Ese recorrido tiene un costo estimado de entre 80 y 120 dólares por tonelada en condiciones normales.
Una planta ubicada a menos de 100 kilómetros de los distritos de riego sinaloenses eliminaría esa brecha. En teoría, ese ahorro podría reducir el costo entre 12 y 30 dólares por hectárea para el productor local.
Pero hay un dato que cambia sustancialmente el argumento y que los comunicados oficiales sistemáticamente omiten. De acuerdo con información proporcionada por la propia empresa GPO, el 80% de la producción de la planta está destinado a la exportación. Solo el 20% se quedaría en México.
Hoy se intenta leer a Topolobampo bajo el código de la “economía de guerra” de la OTAN, presentando a la planta de GPO como un arsenal estratégico frente al colapso de rutas globales en Ormuz.
Esta narrativa incurre en una falacia de origen: el complejo no se proyectó como un activo bélico, sino para capitalizar el gas barato de Texas y la cercanía con la potencia agrícola sinaloense.
La ubicación fue una imposición técnica del gasoducto El Encino–Topolobampo, permitiendo a la CFE monetizar una infraestructura ociosa que el Estado ya estaba pagando.
La invasión a Ucrania en 2022 y las crisis de 2026 revalorizaron el proyecto, transformando un negocio de fertilizantes en un refugio contra la volatilidad internacional.
Lejos de ser una pieza de artillería geopolítica por diseño, la planta es el resultado de un pragmatismo industrial que hoy, arrastrado por la marea de la historia, adquiere una relevancia estratégica impensable en 2013.
De las 800,000 toneladas anuales proyectadas, apenas 160,000 estarían disponibles para el mercado interno. Para ponerlo en perspectiva: en 2023, México importó 1.8 millones de toneladas de urea solamente.
La aportación de GPO al mercado interno representaría alrededor del 9% de la demanda nacional de urea. No el 70% de reducción de importaciones que proyectan los comunicados oficiales y el gobierno de Sinaloa.
La reducción del 70 por ciento en importaciones se refiere a capacidad técnica potencial de la planta, no a un compromiso contractual de abastecer el mercado doméstico. Sin regulación de precios ni obligación de abasto nacional, Proman vendería donde el mercado le resulte más rentable.
Tampoco existe ningún mecanismo legal que obligue a GPO a vender amoniaco en México a un precio inferior al internacional. La regulación de precios de insumos agrícolas fue desmantelada con la liberalización del sector en los años noventa y nunca fue reconstruida.
Sin regulación ni competencia efectiva, los productores de materias primas fijan sus precios a la paridad de importación. En términos simples: cobran lo que el comprador pagaría si importara el producto, menos el ahorro logístico que el productor local le evita.
En la práctica, eso significa que Proman podría quedarse con ese margen de ahorro en lugar de trasladarlo al agricultor.
El beneficio más probable para la agroindustria sinaloense será moderado y llegará principalmente a los grandes operadores con capacidad de negociar contratos directos.
El agua de la bahía: lo que la empresa admite y lo que falta verificar
La afirmación sobre el impacto hídrico de la planta que circula en redes y comunicados opositores no proviene de los activistas. Proviene de un documento oficial: la Manifestación de Impacto Ambiental Regional presentada por la propia GPO ante la Semarnat.
En ese documento, la empresa reconoce que la planta succionará más de 2,000 metros cúbicos de agua de mar por hora. Y que al devolver esa agua a la bahía, la temperatura del agua aumentará tres grados centígrados. Ese dato no es una hipótesis de los opositores. Es lo que la propia empresa consignó ante la autoridad ambiental.
La importancia de ese aumento de temperatura depende de un dato que los comunicados de GPO evitan mencionar: la profundidad de la bahía. La Bahía de Ohuira tiene menos de cinco metros de profundidad en varios sectores.
En aguas profundas, el calor del agua devuelta se disipa en una gran columna de agua. En una bahía somera, ese calor se reparte en un volumen pequeño.
El resultado es un calentamiento localizado y persistente. En ecología acuática, ese fenómeno se llama contaminación térmica.
Los efectos de la contaminación térmica sobre los ecosistemas costeros están bien documentados. Los organismos marinos son poiquilotermos, es decir, su temperatura corporal depende del entorno en que viven.
Un aumento sostenido de tres grados en una laguna semicerrada provoca estrés metabólico y reproductivo en larvas de camarón y huevos de peces.
Reduce el oxígeno disuelto en el agua, creando zonas sin oxígeno donde los organismos del fondo mueren. Favorece la proliferación de bacterias y algas tóxicas. Y altera los ciclos de reproducción de los manglares.
Una web que recoge todos los argumentos contra la petroquímica de fertilizantes
Los colectivos opositores señalan además que la propia Manifestación de Impacto Ambiental de GPO estima la destrucción del 60% de la producción de camarón de la bahía. Eso equivale a más de 500 toneladas anuales y pondría en riesgo el sustento de al menos 4,000 pescadores y sus familias.
El ecosistema afectado no es un tramo costero cualquiera. El sistema lagunar Santa María–Topolobampo–Ohuira fue declarado en 2009 como humedal de importancia internacional por el Convenio de Ramsar. Ese convenio agrupa a los gobiernos del mundo que se comprometen a proteger los humedales más valiosos del planeta.
Pescadores y pelicanos en la bahía de Ohuira / Imagen: cortesía de LíneaDirectaPortal
Los manglares del sitio incluyen cuatro especies: Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans y Conocarpus erectus. Durante el invierno, el sitio alberga al 84% de las aves acuáticas migratorias de México.
Diana Cecilia Escobedo Urías, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del IPN en Guasave, fue directa: la Bahía de Ohuira es la zona más vulnerable del sistema lagunar y la elección del sitio fue un error.
Aunque ello no excluye que las condiciones que las condiciones del agua no son tan buenas actualmente: drenes que tiran aguas nitrogendas por tanto fertilizantes de los campos vecinos, aguas residuales directas y acuacultura que contamina con sus propios residuos.
Lo que falta en el debate es una modelación hidrológica independiente que cuantifique qué ocurre cuando se devuelve agua caliente de forma masiva a una laguna tan somera. Ni la empresa ni el Estado mexicano han producido ese estudio de forma accesible y pública.
Esa ausencia es el centro del reclamo que las comunidades Mayo-Yoreme han sostenido durante doce años.
El campo que se enferma: fertilizantes, lixiviación y agua subterránea
El debate sobre Topolobampo se concentra en la bahía. Rara vez alcanza la dimensión más silenciosa del problema: el efecto a mediano y largo plazo sobre los suelos y el agua subterránea de las regiones agrícolas que consumirán los fertilizantes producidos allí.
Cuando el nitrógeno sintético, en forma de urea, sulfato de amonio o nitrato de amonio, se aplica al suelo, una parte es absorbida por los cultivos. El resto inicia un recorrido con consecuencias bien documentadas. Los nitratos no se fijan en el suelo.
Se mueven con el agua de drenaje hacia las capas profundas hasta alcanzar los mantos freáticos. Ese proceso se llama lixiviación. Algunos estudios estiman que hasta el 40% del fertilizante aplicado puede terminar filtrándose hacia el agua subterránea.
Las consecuencias para la salud son severas. Los nitratos en el agua subterránea se transforman en nitritos por la acción de bacterias presentes en el organismo humano. Los nitritos generan a su vez nitrosaminas, compuestos cancerígenos que afectan el estómago y el hígado.
Fertilizantes para el bienestar. la versión accesible de los agroquímicos / Imagen: cortesía de Alcaldes de México
En bebés, el riesgo es aún más inmediato. Cuando el agua de consumo supera los 50 miligramos de nitratos por litro, el umbral que fija la Organización Mundial de la Salud, puede provocar metahemoglobinemia.
Esta condición, conocida popularmente como el síndrome del bebé azul, impide que la hemoglobina del recién nacido transporte oxígeno con normalidad.
En regiones agrícolas intensivas del norte de Sinaloa, el Valle del Yaqui y el Bajío, monitoreos de pozos comunitarios han registrado concentraciones de nitratos que ya superan ese umbral.
El uso prolongado de fertilizantes amoniacales también acidifica los suelos. El sulfato de amonio, uno de los derivados del amoniaco más usados en México, deja un residuo ácido en el suelo después de aplicarse. En suelos que ya son naturalmente ácidos, como muchos del sureste mexicano, ese efecto destruye progresivamente la microbiota del suelo.
La microbiota son los hongos, bacterias y organismos microscópicos que hacen posible una agricultura saludable, entre ellos los que fijan nitrógeno del aire y los que forman micorrizas, asociaciones que ayudan a las plantas a absorber nutrientes.
El resultado es un ciclo difícil de romper: el suelo degradado necesita cada vez más fertilizante para mantener los mismos rendimientos, lo que aumenta la dependencia de insumos externos y la vulnerabilidad ante la volatilidad de sus precios internacionales.
La dimensión climática cierra el círculo. La aplicación de fertilizantes nitrogenados aumenta la emisión de óxido nitroso, un gas de efecto invernadero con aproximadamente 300 veces el potencial de calentamiento del CO₂ y uno de los principales gases de efecto invernadero del sector agropecuario.
En México, la fertilización nitrogenada es responsable de más del 50% de las emisiones del sector agrícola en equivalentes de CO₂, según investigaciones del INIFAP y el IPCC. Si las 160,000 toneladas anuales de amoniaco destinadas al mercado interno se convierten en urea y se aplican al campo, esa huella climática crecerá de manera proporcional.
La consulta que no convenció a quienes más la necesitaban
El recorrido legal del proyecto es tan accidentado como su recorrido ambiental. Cuando GPO inició trámites en 2013, la empresa obtuvo permisos sin cumplir con la consulta previa, libre e informada. Esa consulta es un derecho que el derecho nacional e internacional exige para todo proyecto que afecte a pueblos indígenas.
El sistema lagunar que rodea Topolobampo es territorio ancestral del pueblo Mayo-Yoreme. Su nombre, en su propia lengua, significa la gente de la ribera que respeta la tradición. Esa ribera incluye sitios sagrados, centros ceremoniales y las fuentes de sustento de comunidades cuya identidad está estructuralmente ligada a la bahía: la pesca, la agricultura y el turismo.
Marcha contra la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, domingo 7 de junio del 2026 / Imagen: cortesía de La Jornada
Las comunidades yoreme-mayo de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Topolobampo, Paredones, El Maviri y Muellecito iniciaron un movimiento de resistencia que logró un resultado histórico. En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó los permisos que se habían otorgado originalmente a la empresa. La SCJN además ordenó que se realizara un proceso formal de consulta indígena.
La consulta se realizó a finales de 2022, pero fue polémica desde el inicio. Se incluyó a comunidades alejadas del área de impacto directo. El resultado fue que ocho comunidades votaron a favor del proyecto y cuatro, las más cercanas al sitio, lo rechazaron.
En agosto de 2024, un juez federal declaró que la consulta estaba legalmente superada y la empresa reanudó los trabajos.
Para los defensores del territorio, los resultados de la consulta constituyeron una trampa aritmética: se diluyó el voto de las comunidades directamente afectadas al incorporar localidades con una relación marginal con la bahía. Para los promotores del proyecto, fue un proceso legítimo con mayoría demostrable.
Once relatores de mecanismos especiales de la ONU no compartieron esa lectura. Manifestaron su profunda preocupación al señalar que no se garantizó el consentimiento previo, libre e informado del pueblo yoreme. Señalaron que la construcción afecta sitios sagrados y fuentes de sustento.
Urgieron al gobierno de Claudia Sheinbaum a proteger a los defensores del territorio y a investigar las agresiones documentadas, entre ellas un intento de secuestro contra una defensora Mayo-Yoreme.
En junio de 2026, el conflicto alcanzó un umbral sin precedente. Más de 135,000 personas habían firmado para detener el proyecto. La comunidad convocó una manifestación frente a la Embajada de Alemania en Ciudad de México, aprovechando la visita del ministro de Relaciones Exteriores alemán.
Las tres demandas centrales fueron claras: suspensión inmediata de permisos y construcción, sanciones por actividades presuntamente ilegales ya realizadas en la zona, y retiro del financiamiento de KfW por incumplimiento de los principios de consulta previa e informada.
Una delegación indígena ya había viajado a Berlín para llevar directamente esas demandas al financiador europeo.
Las dimensiones del conflicto: una síntesis
Integrar las dimensiones analizadas produce una imagen más compleja que la que circula en cualquiera de los dos bandos. La siguiente tabla sintetiza los argumentos en disputa con los datos disponibles:
| Dimensión | Argumento a favor | Límite o contrapeso crítico |
| Soberanía alimentaria | Reduce dependencia volumétrica de amoniaco importado | 80% de la producción se exporta; solo 160,000 t/año para México |
| Precio al productor | Ahorro logístico estimado de 60-100 USD/ton al eliminar flete del Golfo | Sin regulación de precios, el margen puede ser capturado por GPO |
| Producción pública | PEMEX: +21% en 2025, 975,000 t de fertilizantes; plan de inversión multisitio de más de 357 M USD | Sirve al programa social (hasta 5 ha); no compite en el mercado comercial |
| Ecología costera | GPO promete monitoreo de manglares, aves, delfines y tortugas | MIA-R admite 3°C de alza térmica en bahía Ramsar de 5 m de profundidad; sin evaluación independiente pública |
| Infraestructura de gas | CFE monetiza 2,000 M USD de capacidad ociosa del gasoducto en 15 años | Consolida dependencia del gas de esquisto texano; bloquea usos alternativos hasta 2037 |
| Suelos y acuíferos | Mayor disponibilidad de nitrógeno para cultivos del noroeste | Lixiviación de nitratos hacia acuíferos; metahemoglobinemia; acidificación de suelos; N₂O ×300 CO₂ |
| Derechos indígenas | Consulta realizada en 2022 con mayoría numérica favorable | Las 4 comunidades más cercanas rechazaron; SCJN reconoció violación previa; 11 relatores ONU en alerta |
Lo que queda en pie
La apuesta de soberanía alimentaria es legítima en sus premisas. México importa demasiado nitrógeno, a precios demasiado volátiles, de proveedores demasiado concentrados geopolíticamente. Eso es cierto.
Pero la soberanía real no se construye transfiriendo el 80% de la producción al mercado de exportación mientras el campo mexicano queda como cliente secundario sin regulación de precios.
Se construye con producción pública, obligación de abasto doméstico, regulación del mercado de insumos e inversión en sistemas que reconstruyan la fertilidad del suelo en lugar de degradarla.
La pregunta que nadie responde es esta: habiendo territorios industriales alternativos para instalar un complejo petroquímico de esa escala, ¿por qué la empresa eligió uno de los humedales más biodiversos del Pacífico mexicano? Y, ¿por qué el Estado mexicano llegó a 2026 tan dependiente del exterior que aceptó negociar esa localización sin exigir alternativas?
Sabemos las razones y aquí las hemos contado. La simbiosis entre CfE y GPO es completa. La planta de fertilizantes se ubica físicamente al lado de la termoeléctrica de la CFE en Topolobampo, Sinaloa.
El proyecto requiere utilizar líneas de conducción de agua conectadas directamente a los canales de la termoeléctrica y depende de la infraestructura del puerto. Junto al gas directo de Texas, la localización tiene una clara lógica de economizar costos y generar sinergias a partir del gas natural.
La construcción avanza. Según datos de la propia empresa, la obra se encontraba en sus tramos finales al momento de escribir este análisis, con resoluciones judiciales aún pendientes y una marcha ciudadana que clausuró sus instalaciones el pasado 7 de junio del 2026. El destino ecológico de la bahía sigue sin cerrarse.
Lo que ya no es reversible es el conflicto como referencia histórica.
Topolobampo ha demostrado que las comunidades indígenas mexicanas pueden llevar sus causas bien lejos: hasta Berlín, hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hasta las pantallas de medios internacionales.
En un país donde la narrativa de los megaproyectos como sinónimo de progreso ha funcionado durante décadas con escasa contestación, eso es, al menos, un cambio de época.
Referencias
Contralinea. (2026, febrero 28). Incrementa producción de fertilizantes 21% en 2025: PEMEX. https://contralinea.com.mx/interno/semana/incrementa-produccion-de-fertilizantes-21-en-2025-pemex/
Diario del Istmo. (2023, febrero 17). Incrementará casi 60% producción de amoniaco en Complejo de Cosoleacaque. https://diariodelistmo.com/coatzacoalcos/incrementara-casi-60-produccion-de-amoniaco-en-complejo/50317641
Dossier Político. (2026, junio 4). 860 millones de dólares, 135 mil firmas en contra: la disputa por la planta de amoniaco en Topolobampo. https://dossierpolitico.com/2026/06/04/
El Universal. (2024, abril 2). PEMEX aumentará 145% su producción de fertilizantes en el sexenio. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pemex-aumentara-145-su-produccion-de-fertilizantes-en-el-sexenio/
Energy21. (2026, marzo 13). Vista Pacífico, el fallido proyecto de LNG de Sempra en México. https://energy21.com.mx/vista-pacifico-el-fallido-proyecto-de-lng-de-sempra-en-mexico/
Geoinnova. (2024, julio 17). Fertilizantes con nitrógeno y sus impactos ambientales. https://geoinnova.org/blog-territorio/nitrogeno/
Grupo Animal. (2025, diciembre 13). Planta de amoniaco y de gas natural impactarían de manera destructiva la bahía de Topolobampo: ONU. https://grupoanimal.mx/sociedad/bahia-topolobampo-impacto-planta-amoniaco-gas-natural
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. (2021). México eleva su dependencia de importaciones de fertilizantes. https://gcma.com.mx/mexico-eleva-su-dependencia-de-importaciones-de-fertilizantes/
Infobae. (2026, junio 5). La Semarnat afirma mantener diálogo con comunidades por la planta de amoniaco en Bahía de Ohuira. https://www.infobae.com/mexico/2026/06/05/
Intagri S.C. (s. f.). Lixiviación de nitratos en agricultura. https://www.intagri.com/articulos/suelos/lixiviacion-de-nitratos-en-agricultura
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