En agosto de 2019, la vida en el ejido El Tablón, municipio totonaco de Pantepec, Puebla, empezó a cambiar de maneras que los vecinos no sabían nombrar. Cosas extrañas como gases que salían de la tierra.
Los niños tosían, los abuelos sentían mareos. Un manantial que había abastecido a la comunidad durante generaciones colapsó sin advertencia.
El responsable era el pozo Pankiwi-1, un proyecto de exploración de combustibles no convencionales que había usado el sistema de fractura hidráulica.
El fracking en México no es nuevo. Solo que ahora viene en grande.
Nadie en la comunidad había recibido información sobre sus operaciones ni sobre sus riesgos. La denuncia llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las autoridades tomaron medidas parciales. El pozo cerró al cumplir sus metas. Los gases siguen saliendo.
Años después, ninguna autoridad ha podido decirle a los habitantes de El Tablón si el agua que beben está limpia.
Artículo de Mauricio González
En su artículo para La Jornada del Campo, Mauricio González González, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan, describe el patrón que hace posible ese abandono: el fracking llega sin información, sin consulta, con
“cuadrillas de trabajadores que manipulan equipos, transportes e infraestructura durante diversas horas del día” bajo lógicas de extranjería “que poco se vinculan con la comunidad”.
Si hay fracking, “sólo los petroleros lo saben, nadie más”. La vida campesina indígena continúa —es una clase de sobrevivientes, como John Berger describió al campesinado— pero
“a condición de saldarla, a mediano plazo, con sus cuerpos, con su salud”.
Lo que el fracking necesitaría para cambiar algo
El argumento que justifica el fracking se formula en términos de soberanía: México depende del 78 por ciento del gas que consume de Texas, los recursos propios bajo la Cuenca de Burgos podrían reducir esa vulnerabilidad.
Secuelas de fracking en México / Imagen: texto de Kimi y fotografía de ChatGPT
Luca Ferrari y José Rafael Flores Hernández, del Instituto de Geociencias de la UNAM, decidieron calcular qué significaría ese argumento en términos físicos. Sus conclusiones son contundentes.
Los campos maduros en producción desde antes de 2019 pierden un 6.5 por ciento de su producción cada año —110 mil barriles diarios menos cada doce meses. Cualquier programa de fracking debe primero compensar ese declive antes de aportar algo neto.
Artículo de Luca Ferrari y José Rafael Flores
El Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla hasta 700 pozos de petróleo y 800 de gas no convencionales. El modelo de Ferrari y Flores muestra que esa cantidad tendría un “efecto despreciable” sobre la producción nacional.
Para lograr un cambio real —cubrir el 70 por ciento del consumo de petróleo y el 50 por ciento del de gas— harían falta unos 4.000 pozos de petróleo y 1.500 de gas en los próximos treinta años.
El fracking en México: costos ambientales, hídricos y jurídicos
Nota 2 · Conflictos socioambientales / energía
El costo real del fracking en México
Impacto ambiental, hídrico, comunitario y jurídico verificado
Toxicidad de los fluidos de fracturación (+100 estudios · Arellano-Aguilar, UNAM)
Potencia del metano como GEI
80×
más potente que el CO₂
Cuenca Pérmica: mayor emisor de metano del planeta
El agua: recurso sacrificado
Agua por pozo (una fracturación)
9–29 M
litros de agua dulce
Reservas shale en zonas con estrés hídrico crítico
85%
Años comprando agua en pipas (Totonacapan)
+30
Reforma Escolín, Ojital Nuevo
Déficit acuífero Allende, Coahuila
19.4 M
m³/año · 0 concesiones disponibles
Papantla, Veracruz: epicentro histórico del fracking en México
La trampa jurídica: ISDS y T-MEC
México bajo demandas ISDS
4.º
país más demandado del mundo
Demandas activas · sector extractivo
12
Lone Pine vs. Canadá (Quebec prohibió fracking)
$108 M
dólares exigidos en arbitraje
Turismo cinegético en riesgo (N. Coahuila)
$140–200 M
USD anuales · +1.000 ranchos
Fuente: Suplemento La Jornada del Campo núm. 225. Arellano-Aguilar (UNAM), Bibiano Jiménez, Hernández, Terry Carrillo, Canek Punzo, Pérez Rocha, Wilson. Verificado contra documento original.
Superar los niveles actuales de consumo exigiría hasta 15.000 pozos de petróleo y 5.000 de gas. México ha perforado alrededor de 34.000 en toda su historia petrolera.
Daniel Romo Rico, del IPN, señala su rentabilidad incierta: el gas shale se ha cotizado por debajo de dos dólares por millón de Btu en períodos de abundancia; la explotación requiere costos adicionales de gasoductos y almacenamiento que en la mayoría de las zonas de potencial explotación no existen.
El ciclo anterior fracasó, recuerda Romo Rico, porque
“no se pudo consolidar un marco regulatorio adecuado, ni elaborar una política pública que atendiera las demandas sociales de las comunidades potencialmente afectadas, ni la creación de capacidades técnicas apropiadas“.
No hay razón para suponer que ahora sería distinto.
El costo hídrico es, además, devastador. Armando Bartra anota un dato que suele desaparecer de la discusión: el retorno energético de los pozos convencionales es en promedio de 20 unidades por 1 invertida; en el fracking cae a 5 por 1.
El petróleo de fracking solo recupera sus costos si el precio supera los 50 dólares por barril. El 85 por ciento de las reservas de shale mexicanas están en zonas de estrés hídrico crítico. Mucho sacrificio territorial por un negocio de rentabilidad dudosa.
El fracking y el agua: lo que le pasó al Totonacapan
Para el pueblo totonaco, el agua no es un insumo. Es un ser vivo, parte de un entramado de relaciones con el territorio que sostiene la milpa, la vainilla, los manantiales, el bosque, la comunidad.
Rodolfo Bibiano Jiménez, habitante de Papantla y miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking, registra lo que esa relación significa cuando se destruye.
Artículo de Rodolfo Bibiana
En Papantla existen hoy 2.055 pozos petroleros, de los cuales 1.168 se perforaron mediante fractura hidráulica. En comunidades como Reforma Escolín y Ojital Nuevo las familias llevan más de treinta años comprando agua en pipas porque las fuentes que alimentaron a sus abuelos desaparecieron con las detonaciones en el subsuelo.
Los naranjales ya no producen como antes. La vainilla —orquídea identitaria totonaca, sembrada bajo la sombra del acahual durante generaciones— aborta tempranamente su fruto porque
“ni siquiera la sombra del acahual alcanza para proteger a las plantas del calor”.
El suelo perdió humedad y nutrientes. Cada pozo de fracking utiliza entre 9 y 29 millones de litros de agua dulce en una sola fracturación.
Omar Arellano-Aguilar, de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, sistematizó más de cien documentos científicos sobre los fluidos de fracturación.
Los fluidos contienen entre 20 y 924 sustancias químicas; el 75 por ciento presentan toxicidad aguda y crónica; el 25 por ciento se asocia a distintos tipos de cáncer; el 14 por ciento tiene efectos tóxicos sobre la reproducción y el desarrollo.
Las denominadas “tecnologías ecofriendly” que hoy se invocan para justificar el fracking “moderno” son, en palabras de Arellano-Aguilar, “ideas no probadas hasta el momento”. El fracking sigue siendo, concluye,
“una actividad que puede causar una emergencia ambiental cuyos impactos serían catastróficos a largo plazo para la región donde ocurra”.
La ASEA, la PROFEPA y la SEMARNAT, pregunta Arellano-Aguilar, ¿están preparadas para responder ante esa emergencia? El derrame en el Golfo de México entre febrero y abril de 2026 respondió la pregunta: no.
Nuevo León y Coahuila: ilegalidad sostenida, acuíferos al límite
En octubre de 2018, una persona residente de Nuevo León presentó una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental denunciando que el gobierno mexicano incumplió la legislación ambiental en la operación de los pozos Tangram 1 y Nerita 1, perforados mediante fractura hidráulica en el municipio de Los Ramones.
La investigación reveló que el pozo Nerita-1 operó fuera del área delimitada en el resolutivo ambiental del Proyecto Integral Cuenca de Burgos.
El permiso que amparaba toda la operación venció en septiembre de 2024; lo que siguió ocurriendo después lo hizo sin sustento legal ni ambiental. En el municipio de Ocampo, el pozo Kernel 1 lleva años con una fuga activa en sus válvulas sin que Pemex la corrija.
Artículo de Antonio Hernández
En Los Herreras, el gobierno municipal decidió usar la fosa de almacenamiento de fluidos del pozo Batial 1 —abandonado por Pemex— como basurero municipal.
“La explotación de hidrocarburos en Nuevo León no solo es cuestionable —escribe Antonio Hernández, de la Alianza Mexicana contra el Fracking—, se acerca a una condición de ilegalidad sostenida, marcada por la omisión del propio Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones.”
En Coahuila, Waldo Terry Carrillo, de Amigos del Río San Rodrigo, agrega una dimensión que el debate sobre fracking habitualmente ignora: la economía regional concreta.
El norte de Coahuila tiene 15 municipios cuya actividad principal es la ganadería y el turismo cinegético. Más de mil ranchos certificados generan entre 140 y 200 millones de dólares anuales.
El acuífero Allende Piedras Negras ya está en crisis: la CONAGUA determinó un déficit de 19.444.394 metros cúbicos anuales, con cero volumen disponible para nuevas concesiones.
El acuífero alimenta el Río San Rodrigo y el Río Escondido, tributarios del sistema que regula el Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos.
El fracking masivo en esa cuenca no solo destruiría el acuífero: podría generar un conflicto diplomático de consecuencias imprevisibles.
Terry Carrillo es categórico:
“El fracking, además del ambiente, destruirá las actividades económicas tradicionales y el desastre se quedará aquí, en la región.”
Por qué no bastará regular el fracking
Charlie Canek Punzo, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, desmonta el argumento de la regulación con meticulosidad.
El fracking lleva tres décadas operando en México bajo la máxima de
“lo que no está prohibido, está permitido“.
Artículo de Charlie Canek Punzo
Nunca fue mencionado explícitamente en las leyes reguladoras del sector: se incluyó de manera implícita dentro del paraguas de las actividades de exploración y explotación.
La Ley General del Equilibrio Ecológico carece de criterios específicos para evaluar riesgos por fracturación, no establece un marco para regular la contaminación de acuíferos por migración de sustancias químicas, no considera la sismicidad inducida ni un mecanismo de control de las fugas de metano —cuyo potencial de calentamiento es ochenta veces mayor que el del dióxido de carbono.
La Ley de Aguas Nacionales no obliga a revelar la composición química de los fluidos inyectados. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental pone la carga probatoria sobre las comunidades.
Son ellas quienes deben demostrar la relación entre el pozo y el daño, en un escenario de inseguridad jurídica y con costos técnicos que ninguna comunidad rural puede asumir.
“No podemos entrar en el falso dilema sobre si se debe regular el fracking o no —escribe Canek Punzo—, sino simplemente aceptar la vasta evidencia que ya existe sobre los daños que provoca en los territorios donde se realiza y prohibirlo de facto.”
El estado de Texas, con una de las regulaciones más robustas del mundo, no ha podido evitar que su población padezca la contaminación de cuerpos de agua y la destrucción de sus ecosistemas.
México llega a esta discusión con instituciones infinitamente más débiles y un historial de omisión documentado.
“A la luz de todos estos vacíos, de la debilidad institucional y la falta de capacidades presupuestarias, no es posible garantizar el cumplimiento de los criterios necesarios.”
La trampa jurídica del T-MEC y la soberanía que el fracking no puede dar
Manuel Pérez Rocha, del Institute for Policy Studies, sitúa el debate en su dimensión jurídica internacional.
México es hoy el cuarto país más demandado del mundo bajo el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), con doce demandas del sector extractivo.
Artículo de Manuel Pérez Rocha L
Los anexos D y E del capítulo 14 del T-MEC permiten a empresas de hidrocarburos demandar al Estado ante tribunales supranacionales si sus ganancias esperadas se ven afectadas por regulaciones ambientales.
La empresa Lone Pine Resources demandó a Canadá por 108 millones de dólares cuando Quebec revocó su autorización de fracking en el río San Lorenzo.
El Tratado de la Carta de la Energía ilustra hasta dónde puede llegar la trampa: varios países europeos se han retirado de él precisamente porque inversionistas lo usaron para desafiar regulaciones gubernamentales sobre fracking.
El propio Pérez Rocha puntualiza:
“el invitar a empresas trasnacionales a ser parte del fracking en México implica serias consideraciones en materia de soberanía. El objetivo de alcanzar la ‘soberanía energética’ no debe ser a costa de la verdadera soberanía nacional ni de sacrificar la búsqueda de alternativas de fuentes de energía.”
Cualquier regulación posterior quedaría expuesta al mecanismo ISDS del T-MEC, lo que convertiría cada medida de protección ambiental en una demanda millonaria potencial contra el Estado.
Después del fracking: retrato / Imagen: texto de Kimi y fotografía de Chat GPT
Cisneros Sánchez y sus coautores del Observatorio Indígena Mesoamericano lo formulan de manera más directa:
“la tecnología para perforar estos
pozos es propiedad de corporaciones estadunidenses y de otros países. Solo se cambia la dependencia del gas por la dependencia tecnológica y financiera.”
Malló, por su parte, señala el mayor riesgo: no es el fracking en sí mismo,
“sino que la apertura al shale derive en esa soberanía nominal —dependencia reordenada y disfrazada de patriotismo— que ya conocemos de otras épocas y otros sectores”.
El espejo de Vaca Muerta resulta, en ese sentido, más instructivo que cualquier evaluación técnica. Malló también recuerda los pasivos acumulados: más de diez mil derrames de hidrocarburos de Pemex entre 1999 y 2017; la red de ductos en la Huasteca Veracruzana como
“una herida abierta sobre comunidades nahuas y totonacas que conviven desde hace décadas con el petróleo convencional”.
El fracking no augura mejores soluciones si el Estado llega con la misma lógica y las mismas capacidades institucionales de siempre.
Alan Rocha Varsanyi y Yamila del Palacio, del Observatorio Petrolero Sur, traen a colación el mencionado espejo argentino.
Artículo de Alan Rocha Varsanyi y Yamila del Palacio
Vaca Muerta tiene más de 4.000 pozos no convencionales, un récord de cien sismos en Neuquén en 2025, comunidades mapuches con territorios ancestrales superpuestos a áreas de explotación, normativa calificada de “vieja y permisiva”.
Las emisiones del megaproyecto entre 2012 y 2021 equivalen a lo que emitió toda Argentina durante tres años.
“Los dólares que genera el fracking no necesariamente se quedan en el país: una porción mayoritaria se fuga al exterior. Mientras tanto, los costos ambientales y sociales se enraizan en el territorio y se silencian.”
Los territorios que el fracking convertiría en zonas de sacrificio
Juan Felipe Cisneros Sánchez, Cenorina Bernal Fernández y Rafael Reyes Martínez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, documentan que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 proyecta actividad en las asignaciones Maguey y Castañas, en municipios como Tanlajás, San Antonio, Tancanhuitz, Aquismón, Ébano y Ciudad Valles, donde se asientan 520 comunidades Náhuatl y Tének que anteceden a la colonización.
Artículo colectivo (Juan Felipe Cisneros Cenorio Bernal Fernández y Rafael Reyes Martínez)
El plan no incluyó consulta previa, libre e informada. El 22 de marzo de 2026, en San José Pequetzen, esas comunidades formalizaron la Asociación de Comunidades Indígenas para el Ejercicio de la Libre Determinación y la Autonomía.
Sus cuatro demandas: prohibición por ley del fracking, reforma al artículo 27 para proteger la propiedad social frente a la actividad minera y petrolera, presupuesto directo a las comunidades —los municipios retienen el 79 por ciento de los fondos de infraestructura—, y reconocimiento de las autoridades municipales por usos y costumbres.
“La dignidad de los pueblos de la Huasteca Potosina no tiene precio. Defender el territorio es defender la vida.”
González González va más lejos: el fracking implementado en la Huasteca y el Totonacapan
“no genera desplazamientos masivos de población ni despojos territoriales con extensiones voluminosas, envenena silente, tal como se escasea el agua de algunos manantiales, tal como hace el metano con el calentamiento global”.
Así pues, promover el fracking en México
“implica también prolongar el racismo ambiental que históricamente caracteriza a la extracción petrolera”.
Sharon Wilson, texana de quinta generación con treinta años documentando el desastre en la Cuenca Pérmica, formula la pregunta que ningún funcionario mexicano ha respondido:
Artículo de Sharon Wilson
“Si fuera posible practicar el fracking de forma segura, ¿por qué hay tanta gente enferma en Estados Unidos y Canadá? ¿Es razonable esperar que México lo haga mejor que Estados Unidos o Canadá? No.”
La Cuenca Pérmica es el mayor emisor de metano de todos los yacimientos petrolíferos del planeta. El metano es más de 80 veces más potente que el dióxido de carbono como agente de calentamiento global.
“Ya es demasiado tarde para gran parte de la cuenca del Pérmico en Texas. Nos estamos quedando sin agua y gran parte de la que tenemos está contaminada. Además, la industria ha abandonado antiguos pozos y gasoductos una vez que dejaron de ser rentables, dejando que sigan contaminando continuamente. El daño ya está hecho y no hay dinero para limpiarlo.”
El capitalismo crepuscular y el fracking: lo que Bartra dice por su nombre
La editorial de Armando Bartra ofrece el marco más amplio para entender por qué el fracking no es simplemente un error técnico sino un síntoma de la civilización que nos trajo hasta aquí.
Desde el Informe Meadows de 1972, sabemos que consumimos los recursos naturales a una velocidad mayor que su reproducción. Para el petróleo convencional, el pico de Hubbert se alcanzó a principios de este siglo; en México, el pico de Cantarell ocurrió en 2004.
Desde entonces, extraer lo que queda se vuelve más caro y destructivo.
Bartra nombra ese proceso capitalismo crepuscular:
“al apostar al enrarecimiento que eleva los precios y las ganancias deviene un capitalismo suicida, un capitalismo del fin del mundo”.
La escasez no es un problema para el gran capital: es un negocio. La extracción de gas en lutitas no es solo una técnica: es el síntoma de un sistema que, cuando los recursos se agotan, los extrae de manera más agresiva y letal en lugar de cambiar de modelo.
El fracking estadunidense se generalizó porque los gobiernos de la economía más grande del mundo
“no querían que esta dependiera del exterior para el energético de mayor consumo”.
Si México replica esa apuesta, no obtendrá soberanía: obtendrá integración subordinada a un modelo que ya mostró sus costos en Texas, Pennsylvania y Wyoming.
¿Alternativa real o especulación sin sustento?
Raúl Gabriel Benet lo dice sin circunloquios:
“La verdadera soberanía energética no está en perforar más pozos de gas, sino en construir un sistema eléctrico menos dependiente de los combustibles fósiles y mucho más apoyado en el enorme potencial solar, eólico, hidráulico y geotérmico que posee México.”
Diversos análisis internacionales insisten que sistemas eléctricos con alta penetración renovable, combinados con almacenamiento, redes modernas y eficiencia energética, pueden reducir significativamente la vulnerabilidad frente a choques en combustibles fósiles. Pero la dependencia de los combustibles fósiles, del carbón al gas natural, o de los grandes proyectos hidroeléctricos sigue dominando el mundo real.
Omar Masera Cerutti ofrece un camino jamás explorado: con un 40 por ciento menos de consumo per cápita que el actual, toda la población de México podría disfrutar de servicios energéticos dignos.
Eso implica diversificar la oferta energética más allá de la solar fotovoltaica y la eólica —geotermia, hidráulica, biomasa, solar térmica— y reducir la demanda en los sectores que concentran casi el 80 por ciento del consumo: transporte e industria.
Hipótesis decrecentista que, de aplicarse algún día, solo podría darse en un escenario de derrumbe económico generalizado y profundo nunca visto desde tiempos de la Revolución Mexicana.
“No son soluciones mágicas —reconoce Masera—. Requieren coordinación de sectores, cambio de prioridades y también cambios importantes en la visión de ‘progreso’. Sin embargo, es el único camino que nos permitirá evitar un colapso y construir un futuro más sustentable para todos.”
Susana Ivana Cazorla Espinosa precisa las medidas de corto plazo que no requieren destruir ningún acuífero.
Pemex debe reducir la quema y las fugas de gas antes de hablar de fracking; el sector eléctrico necesita regulación sólida, inversión en almacenamiento y transmisión, mecanismos competitivos de asignación de contratos.
Olga Patricia Sosa Ruíz añade que fortalecer la capacidad energética nacional debe significar también fortalecer al campo: estabilidad para quienes producen alimentos, energía como herramienta de justicia social y no de acumulación corporativa.
Los futuros distópicos de la Huasteca Potosina / Imagen: texto de Kimi y fotografía de ChatGPT
La decisión que México tiene por delante no es técnica. Es política, ética y civilizatoria. Malló la plantea con la claridad que el momento demanda:
“el gobierno debería exponer con claridad los objetivos, los riesgos reales, los beneficios posibles y la necesidad histórica que obligan a tomar decisiones difíciles en un contexto geopolítico que no admite ingenuidades”.
Seguir delegando en comités técnicos, eufemizando con términos como “estimulación de pozos en geología compleja” y postergando el debate no detendrá el fracking:
(…) solo garantiza que, cuando llegue, sea muy escaso el control público sobre los hidrocarburos no convencionales y la renta petrolera quede en manos de corporativos estadounidense que, aprovechando las debilidades del Estado mexicano y sus empresas públicas, buscan regresar por la misma puerta que salieron en 1938“.
Voces integradas en la segunda parte del análisis: Bartra, Ferrari & Flores, Romo Rico, González González, Bibiano Jiménez, Arellano-Aguilar, Hernández, Terry Carrillo, Canek Punzo, Pérez Rocha, Malló, Rocha Varsanyi & Del Palacio, Cisneros Sánchez et al., Wilson, Masera Cerutti, Benet, Cazorla Espinosa, Sosa Ruíz.
