La asamblea de San Pedro Totolápam, en Oaxaca, decidió el 18 de octubre que la mina Don David Gold no siga en su territorio: expulsó a la CTM, se negó renovar la renta de las tierras y dejó 2027 como límite.
El 18 de octubre, la Asamblea General de Ciudadanos de San Pedro Totolápam, en los Valles Centrales de Oaxaca, se pronunció contra la continuidad de la mina Don David Gold. Lo reportaron, entre el 25 y el 27 de octubre, EDUCA Comunicación, El Universal Oaxaca y Encuentro Radio y Televisión.
Según Encuentro Radio y Televisión, alrededor del 80 por ciento de los asistentes votó contra la continuidad de la empresa. No se ha publicado un acta ni el número de personas presentes.
Lo que decidió la asamblea de Totolápam
Los acuerdos son tres: expulsar a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) por sus contratos con la empresa, frenar la minera y declarar persona non grata a su representante legal, Óscar Lara. El municipio se declaró «territorio libre de sindicatos», según lo reportó Encuentro Radio y Televisión.
La comunidad acusa a quienes operan la mina Don David Gold de corrupción, de robo de mineral en su traslado a Manzanillo y Torreón, y de facturas fraudulentas cobradas por empresas afines a la CTM. Son señalamientos de la asamblea, sin pruebas públicas, y ninguna de las notas recoge respuesta de la empresa, de la CTM ni de los señalados.
La asamblea atribuye la salida de los sindicatos, sobre todo, a una «ola de violencia y muertes», según El Universal Oaxaca. La vincula con Marco Antonio Sánchez Cruz, a quien relaciona con la CTM en Oaxaca; más adelante se detalla lo que consta sobre él.
La mina de la discordia / Imagen: cortesía de GoldGroup
A Lara lo acusan de gestionar ante la Secretaría de la Defensa Nacional permisos de explosivos para 2027 sin autorización del ejido. También lo acusan de ofrecer a algunos comuneros crear otro municipio para que la explotación continúe; ninguna de las dos acusaciones tiene respuesta publicada.
El arrendamiento de las tierras del ejido vence en septiembre de 2027, y la asamblea sostiene que renovar la concesión de El Águila exige «consentimiento previo, libre e informado» de las comunidades indígenas. Sin ese aval, dice, la renovación sería «ilegal» y «socialmente inviable».
La reforma de 2023 a la Ley Minera exige, antes de otorgar concesiones en territorios indígenas o afromexicanos, una consulta «para obtener el consentimiento» de esos pueblos, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esa regla opera antes de otorgar el título; como el de El Águila vence en 2054, no queda claro a qué trámite de 2027 se refiere la asamblea.
La mina Don David Gold en cifras: 55,119 hectáreas y reservas para dos años
La mina Don David Gold, que opera Don David Gold México, filial de Goldgroup, abarca 29 concesiones que suman 55,119 hectáreas, unos 551 kilómetros cuadrados. Así lo indica el informe técnico de la propia empresa, con fecha efectiva del 31 de diciembre de 2025.
Las concesiones vencen entre 2049 y 2073. La que más se menciona en el conflicto, El Águila, tiene 899 hectáreas y vence en 2054; lo que vence en 2027 es el arrendamiento de la superficie ejidal.
Esa diferencia importa: la concesión es federal, pero el informe llama al acuerdo con el ejido de Totolápam, el más importante entre los que permiten alterar la superficie. Sin ese acuerdo, la empresa perdería el permiso para trabajar en esas tierras, aunque conserve el título.
No es el primer reclamo. En febrero de 2023, autoridades de San Pedro Quiatoni, municipio vecino, pidieron a la Federación cancelar 12 concesiones de Don David Gold y dijeron que la excavación cruza a su territorio.
Así lo publicó La Jornada el 14 de febrero de 2023, con el presidente municipal, Marcelo García Sánchez, como vocero. No se conoce el desenlace de la solicitud: las fuentes consultadas no registran respuesta de la empresa ni de la Federación.
El informe calcula reservas de 652 mil toneladas de mineral, suficientes para dos años, hasta fines de 2027. La página web de Goldgroup, en cambio, habla de una vida de mina de más de cinco años.
En 2025 se procesaron 271 mil 404 toneladas de mineral, con 5 mil 300 onzas de oro y 1.59 millones de onzas de plata, según el mismo documento. El grueso es plata, y los concentrados de zinc, plomo y cobre se venden a Trafigura y a una filial de Glencore.
El asesinato de Nazaret Cortés y la disputa por las rentas del ejido
En 2025 la empresa pagó 1.94 millones de dólares a comunidades de la zona, de los cuales 963 mil 621 fueron al ejido de Totolápam, el monto más alto, según su informe.
En un comunicado que recogió Animal Político, EDUCA habla de «pugnas internas por el control de los recursos que el ejido recibe por la actividad minera» y de paros mineros por el reparto de utilidades.
En la madrugada del 19 de marzo, Nazaret Cortés Velasco, de 38 años, presidenta del Comisariado Ejidal de Totolápam, murió en un ataque armado en la carretera federal 190 cuando regresaba a su domicilio. Fue la primera mujer en el cargo, según Fábrica de Periodismo.
Su hija, de 24 años, resultó herida, según EDUCA.
Los días 9 y 11 de marzo había encabezado jornadas del Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) del ejido para instalar cámaras trampa en el paraje Barranca Escarbada, con el acompañamiento de la organización Tierra de Agaves. Buscaba vigilar la fauna, según explicó en un video, y tener más controlada la cacería de venado.
En una entrevista con Radio Tsinaka, que EDUCA enlazó en su nota del 20 de marzo, Cortés habló de daños de una empresa minera. Según EDUCA, nombró como amenazados «los ojos de agua, el río, la tierra, el subsuelo» y la flora y la fauna.
Según la misma nota, también presentó denuncias por afectaciones a terrenos ejidales y animaba a las y los jóvenes a participar en la defensa del territorio. La Red de Mujeres Ejidatarias y Comuneras de Oaxaca calificó el crimen de «asesinato cobarde» y lamentó el silencio de las autoridades.
Nazaret Cortés, otro asesinato sin esclarecer
El Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto sostuvo, en un comunicado del 24 de marzo, que el impacto del asesinato «ha sido mayúsculo». La defensora, explicó, hacía monitoreo y planes de ordenamiento territorial en un municipio donde coinciden dos proyectos con impactos ambientales significativos.
Esos proyectos son la explotación minera de Don David Gold y el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), que impulsa el gobierno de Oaxaca con 600 millones de pesos. Desde 2025 recibe unas 850 toneladas diarias de la zona metropolitana, según EDUCA.
El Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, que integran EDUCA, OIDHO, el FPR y otras organizaciones, vincula el crimen con los intereses económicos de esas obras.
En su pronunciamiento del 20 de marzo exigió investigar con perspectiva de género, dar con autores materiales e intelectuales y proteger a las mujeres con cargos ejidales en Oaxaca.
«Su asesinato se da en un contexto de fuerte conflictividad social interna por los intereses económicos relacionados con el proyecto minero “El Águila”…».
Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, pronunciamiento del 20 de marzo
Habitantes de la zona dijeron a La Silla Rota que Cortés había recibido amenazas de grupos vinculados con extorsión, bloqueos y presuntos nexos con el crimen organizado. Según esas versiones anónimas, buscaban pactar con Don David Gold México para ser sus únicos prestadores de servicios.
Ninguna nota recoge la respuesta de la empresa, y la Fiscalía no ha confirmado esa línea. Matria no tiene elementos para relacionar esos relatos, ni el bloqueo de contratistas de enero, con el asesinato.
La Fiscalía de Oaxaca activó el protocolo de feminicidio y dijo tener «líneas clave» de investigación, sin identificar sospechosos. No constan detenciones ni avances posteriores a marzo en las fuentes consultadas.
El ordenamiento territorial comunitario delimita el uso del suelo en unos 403 kilómetros cuadrados de los Valles Centrales. Su plan de acción comunitario busca frenar proyectos extractivos, como la fiscalización de los impactos de la mina El Águila, y rechazar obras que alteren las zonas de conservación.
Se consolidó a principios de 2026 en cinco etapas. Fueron un diagnóstico ambiental, recorridos de campo con GPS, zonificación digital en áreas habitacionales, agrícolas y de conservación estricta, asambleas ejidales y el plan de acción.
Según esa información, Cortés abrió la toma de decisiones a mujeres y jóvenes, y los comuneros fijaron las reglas por consenso. El documento completo no es público: es propiedad legal e interna de la asamblea ejidal, que así protege sus estrategias de seguridad y sus linderos.
Sus acuerdos, indica la misma información, están resguardados ante el Registro Agrario Nacional (RAN), y el plano digital forma parte de los catálogos geoespaciales de Oaxaca. Matria no tuvo acceso al texto, de modo que no puede confirmar qué restricciones fija para la minería.
Fuera de Oaxaca, el caso CALICA mostró, según Matria, que un ordenamiento que declara incompatible la minería influyó en una condena mucho menor a la reclamada. México perdió en el fondo, pero la indemnización fue menos del uno por ciento de lo exigido.
Si un ordenamiento comunitario frenaría una concesión federal es una pregunta jurídica abierta: Matria no encontró una resolución que la zanje, y las concesiones de la empresa vencen entre 2049 y 2073. Ninguna fuente establece un móvil del asesinato.
El agua: lo que se denuncia y lo que nadie ha medido
La asamblea denuncia un derrame de metales pesados que se extiende por más de un kilómetro y se acerca a un río que abastece de agua a comunidades cercanas. Afirma que la empresa ignoró el problema durante años, según El Universal Oaxaca.
Cabe destacar que ninguna nota cita un análisis de laboratorio, un peritaje o una autoridad ambiental que haya visitado el sitio. La denuncia sigue sin comprobarse, y tampoco se recoge que la empresa la haya desmentido.
El informe técnico describe cómo la mina Don David Gold bombea agua del acuífero: entre 580 y 1,200 galones por minuto entran por las vetas y se extraen 4 mil metros cúbicos diarios, en promedio. Según el documento, la operación está en una zona de recarga del acuífero regional.
Una parte del agua se reutiliza en la perforación y en la planta, y el sobrante se descarga en estanques de decantación, con permiso de Conagua. El informe no dice a qué arroyo o río llega después, ni publica su calidad.
Sitio web de la minera / Dar clic en la imagen para entrar a su página
La empresa asegura que cada trimestre toma muestras de ríos, arroyos y agua subterránea y las envía a un laboratorio acreditado, Intertek. Los resultados no son públicos, de modo que nadie puede verificar desde fuera si hay o no contaminación.
La zona, además, es naturalmente mineralizada: estudios de 2007 hallaron arsénico de 19 a 899 partes por millón en sedimentos de arroyos cercanos. Por eso hace falta una línea base, una medición de cómo era el agua antes de la mina, para distinguir lo natural de lo causado.
El agave para mezcal y la agricultura de subsistencia dominan la zona, y el río Grande riega el municipio, según el informe. No hay análisis publicados de suelos, pozos ni plantas; Meganoticias recogió posibles daños a pozos, cultivos y ganado, sin pruebas.
En 2020, comuneros de Quiatoni ya exigían la salida de la empresa y hablaban de contaminación de mantos freáticos y muerte de peces, según la descripción de un video de Vozdelsur.
Ningún reporte verificable confirma esos hechos.
Un muestreo independiente tendría que medir pozos y río, arriba y abajo de la mina: arsénico, plomo, zinc, cobre, cadmio, acidez, sulfatos y cianuro. Lo harían mejor peritos universitarios, Conagua y Profepa, con cadena de custodia.
Dueños, sindicato y acusaciones: lo que consta y lo que no
Desde el 17 de julio de 2026, la mina Don David Gold pertenece a Goldgroup Mining, con sede en Vancouver y cotización en Nueva York, que absorbió a Gold Resource, la estadounidense que la operaba. Los términos constan en la circular de Goldgroup.
Según esa circular, del 29 de mayo, el único accionista de Goldgroup con 10 por ciento o más era Calu Opportunity Fund, un fondo de Delaware con 18.34 por ciento. Los dueños finales de Calu no son públicos y, tras la fusión, Matria no encontró un cuadro actualizado de accionistas.
Javier Reyes de la Campa, co-fundador de Luca Mining y Goldgroup Mining Inc / Imagen: cortesía de Roberto Gradillas Pineda (Facebook)
La empresa informa que su presidente del consejo, y director general desde el 27 de julio, es Javier Reyes de la Campa. La misma circular recoge que presidía Accendo Banco en septiembre de 2021, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó su autorización.
La asamblea lo acusa de lucrar con la mina, recuerda la quiebra de ese banco y le atribuye procesos legales. En las fuentes revisadas no consta sentencia alguna en su contra, y la circular no menciona procesos penales.
«Está en juego un negocio millonario para los capitales extranjeros».
Comunicado de la comunidad de Totolápam, citado por El Universal Oaxaca
El informe técnico confirma el papel de la CTM: dos sindicatos de la central agrupan a los mineros y a los choferes que transportan el mineral y los concentrados. En enero de 2026, unos 20 empleados de cuatro contratistas bloquearon el acceso a la mina después de que sus contratos terminaron tras un aviso de la CTM.
Gold Resource, en un comunicado del 2 de febrero, calificó el hecho de «bloqueo ilegal», dijo que fue una disputa entre facciones sindicales y afirmó que se mantuvo neutral.
La asamblea acusa a la CTM de robo de mineral en ese traslado, y ninguna nota recoge su respuesta. Sin documentos ni denuncias, Matria no puede confirmar ni descartar la acusación.
Sobre Sánchez Cruz, la asamblea afirma que estuvo preso e investigado por delincuencia organizada. El único antecedente público localizado es de hace algunos años.
Exsecretario de Finanzas de la CTM en Oaxaca, fue detenido en noviembre de 2017 por el homicidio de cinco personas ocurrido en 2013 en la carretera Cristóbal Colón, en Totolápam. Un juez lo liberó en 2021 por falta de pruebas, según la Fiscalía estatal citada por Eje Central.
Matria no encontró en esas fuentes un vínculo suyo con la minería. La presunción de inocencia rige para él y para todos los señalados, entre ellos Lara y Saúl Molina, a quien la asamblea atribuye facturas fraudulentas.
Qué sigue para la mina Don David Gold en 2027
La mina Don David Gold tiene reservas para dos años y un contrato de superficie que vence en septiembre de 2027. La negativa del ejido complica, entonces, que la empresa siga en Totolápam más allá de 2027.
Los recursos medidos e indicados, 1.49 millones de toneladas, no son reservas ni tienen viabilidad económica demostrada, advierte la propia empresa. Goldgroup, entretanto, adquirió el 14 de octubre títulos por 101 millones de dólares canadienses que equivaldrán a 19.9 por ciento de Luca Mining, para financiar la compra de la mina Cozamin, en Zacatecas.
Calu, su mayor accionista, figuraba en 2024 como accionista de control de Luca, según avisos de esa minera. Goldgroup compromete así capital en otra mina mientras la de Oaxaca enfrenta la negativa del ejido.
Otro ejido, el de Carrizalillo, en Guerrero, rechazó el convenio de renta de una minera canadiense, Equinox Gold, y la mina reabrió el 25 de junio de 2026, según un análisis de Matria. La renta de tierras se volvió así un punto de presión en varios territorios.
Falta lo esencial: la respuesta de la empresa y de la CTM, las pruebas del derrame y la postura de Economía, Semarnat y Conagua. Hasta que haya muestreo independiente, lo decidido en Totolápam es una posición comunitaria y política, no un hecho técnico comprobado, pero la decisión es un hecho.
El siguiente paso formal es septiembre de 2027, cuando vence el arrendamiento de las tierras del ejido y la asamblea ya ha dicho que no lo renovará.
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