Sheinbaum blindó el litio, pero las concesiones existentes siguen explotando oro y plata a gran escala. Y la ofensiva de EEUU por los minerales críticos pone, de nuevo, en riesgo nuestra soberanía sobre el subsuelo de México.
El 4 de febrero de 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció por redes sociales que México negociaría con Washington un Plan de Acción sobre Minerales Críticos. Una semana después, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante:
“Las reservas son de México” y no están “sujetas a negociación”.
Semanas después, ese mismo gobierno había emitido diecinueve títulos mineros de plata y oro a favor de dos de las empresas más grandes del país: siete el 24 de julio y doce el 13 de agosto, repartidos entre Minera Fresnillo e Industrias Peñoles.
Marco Rubio, secretario de Estado, durante la inauguración de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos que tuvo lugar en Washington el 4 de febrero de 2026 / Imagen: cortesía de la embajada de EEUU en Chile
Ninguno de esos diecinueve títulos corresponde, según la propia Secretaría de Economía, al otorgamiento de superficie minera nueva: son actos de regularización y reorganización —reducción, división o unificación— de concesiones que esas empresas ya tenían.
Esa distinción es central para este reportaje. Un “otorgamiento” implicaría la creación de un derecho de superficie minera nuevo, algo que el propio gobierno se ha comprometido públicamente a no hacer. Una “reorganización” ajusta, sobre el papel, derechos que ya existían.
Aquí no hay una traición encubierta a la promesa de soberanía: lo que este reportaje documenta es algo más preciso y menos maniqueo —el límite exacto hasta donde llega esa soberanía minera.
México ha limitado, cancelado y reorganizado concesiones como nunca antes lo había hecho, pero no ha nacionalizado el oro ni la plata que ya están en manos de Fresnillo y Peñoles, como sí hizo con el litio. Esa frontera es, como se documenta más abajo, la explicación oficial de lo ocurrido con estas dos empresas.
Y, a su vez, también ha firmado el Plan de acción Estados Unidos-México sobre minerales críticos, liberado en marzo del 2026, que es, básicamente, una declaración de intenciones para
“desarrollar un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas”
Sobre el papel, no se entrega soberanía ni se concesiona territorio a empresas estaodunidenses. Solo se certifica que se cooperará, pero los alcances de esta interacción están en veremos.
Mientras, lo seguro es que Sonora ya genera la mayor parte de la producción nacional de cobre, además de grafito; mientras Coahuila posee yacimientos de tierras raras y San Luis Potosí aporta fluorita, sin olvidar que Sonora y Baja California Sur tienen grandes depósitos de cobalto.
La nueva ofensiva estratégica de Estados Unidos para el control de minerales e hidrocarburos sería una vuelta a la vieja dinámica sexenal previa a la Cuarta Transformación, donde las mineras tenían barra libre y los deseos de Washington eran órdenes.
Este marco de relaciones subordinadas, donde los desobedientes caen en la categoría de narcoestados, lo quiso romper el gobierno federal en tiempos de Morena al establecer ciertos límites a la tiranía de los privados:
- 2019–2024, López Obrador: freno a nuevas concesiones. Su gobierno sostuvo que no otorgaría nuevos títulos mineros, mientras seguían operando concesiones concedidas antes. Fue una decisión de política administrativa, no una cancelación general de las minas existentes. Presidencia, 2024.
- 2022, litio reservado al Estado. La reforma a la Ley Minera declaró el litio patrimonio de la nación y excluyó nuevas concesiones privadas para explorarlo y explotarlo. Decreto en el DOF.
- 2023, reforma amplia de la Ley de Minería. Las nuevas concesiones pasaron a adjudicarse mediante licitación pública; su duración bajó de 50 a 30 años. La reforma añadió requisitos sobre agua, impacto ambiental, cierre de minas y consulta a pueblos indígenas y afromexicanos. La Suprema Corte confirmó en 2025 aspectos centrales del nuevo procedimiento. Decreto en el DOF; SCJN.
- 2025, Sheinbaum: mayores pagos mineros. La reforma fiscal aprobada al inicio de su gobierno elevó el derecho especial sobre minería del 7,5 % al 8,5 % sobre la base definida por ley, y el derecho extraordinario del 0,5 % al 1 % sobre ingresos por venta de oro, plata y platino. Jurídicamente son derechos, aunque en el debate público se les llame impuestos. Decreto en el DOF.
- 2025–2026, Sheinbaum: revisión y recuperación de títulos. Su gobierno mantuvo la postura de no abrir nuevas concesiones y revisó las existentes por falta de pago, inactividad o uso especulativo. En febrero de 2026 informó haber recuperado 1.126 concesiones, equivalentes a unas 889.500 hectáreas, incluidas superficies dentro de áreas naturales protegidas. Presidencia, febrero de 2026.
Un matiz relevante: no se aprobó una prohibición general de la mineria a cielo abierto y las regalías mineras que cobra el gobierno de México son parecidas a las de otros paises extractivos como Canadá, Perú o Chile. Un avance, aunque insuficiente.
En territorio, los conflictos de la minería a cielo abierto no desaparecieron, solo se gestionaron mejor. Un ejemplo sirve.
Carrizalillo no cree en la soberanía de escritorio
En Carrizalillo, Guerrero, el ejido lleva veinte años conviviendo con la mina Los Filos, hoy operada por la canadiense Equinox Gold sobre 772 hectáreas de su territorio. El 1 de julio de 2026, en un boletín conjunto con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), rechazaron el convenio que la empresa les ofreció por la renta de esas tierras.
“Estamos muy lejos de aspirar a lograr una justicia social y ambiental.”
Advirtieron que esos beneficios quedarán estáticos durante los próximos veinte años, mientras el costo de vida y el desgaste del territorio siguen su curso.
La disputa es también aritmética. El ejido redujo su tarifa de 6.9 a 3.5 onzas de oro por hectárea para destrabar la negociación, y la empresa respondió con una contraoferta de apenas 2.7 onzas.
La mina Los Filos opera en territorio de Carrizalillo desde 2006. Veinte años después, el conflicto por la renta de la tierra sigue sin resolverse de fondo, y ya en 2020 Pie de Página documentaba “trece años de devastación minera” en la misma comunidad.
El reclamo de la comunidad sobre remediación ambiental es constante: Equinox Gold había cumplido apenas cinco de las cincuenta y dos medidas correctivas que le ordenó la Profepa, según documentó Zona Docs en febrero.
Acumulaba, además, diez meses sin pagar la renta pactada por el uso de la tierra —una oferta de reparación equivalente a 49 pesos diarios por hectárea, unos 37,828 pesos mensuales por las 772 hectáreas ocupadas.
Los ejidatarios calificaron a la empresa, en enero, de “sorda, avara y arrogante”. Exigieron a la presidenta Sheinbaum “que aplique todo el peso de la ley” en su contra (Proceso).
La mina había permanecido cerrada casi un año, desde abril de 2025. Reabrió el 25 de junio de 2026, tras un acuerdo mediado por el subsecretario de Gobernación César Yáñez con Hugo Vergara, representante de Equinox Gold.
Las comunidades de Mezcala y Xochipala se sumaron al convenio junto con Carrizalillo. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, celebró el pacto:
“A través del diálogo y la construcción de acuerdos, es posible abrir camino a nuevos proyectos que impulsen el desarrollo“.
La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, añadió que:
“Desde la Semarnat se dará seguimiento puntual para garantizar que la actividad minera avance con los más altos estándares de protección ambiental y con beneficios concretos para las comunidades de Carrizalillo, Mezcala y Xochipala.“
El boletín de Carrizalillo —firmado apenas seis días después de que Rodríguez celebrara el acuerdo de reapertura— cuenta una historia distinta desde el territorio: la de un ejido que repudió el convenio y advirtió que sus condiciones quedarán congeladas veinte años (REMA).
Por un lado, el ejido agradeció el acompañamiento del gobierno mexicano y sus organismos, mientras recordaban los ejidatarios que los costos ambientales serán, en un futuro no tan lejano, otro problema para el Estado:
- Nos disculpamos con las y los representantes de Gobernación, Semarnat, Profepa y la Procuraduría Agraria, quienes desde el primer momento que les solicitamos su intervención nos abrieron las puertas y trabajaron con respeto y cercanía con nosotros, de tal manera que su trabajo fue muy importante para quitarnos las presiones de las que éramos objeto por parte del estado y con ello se facilitó que la empresa dejara su silencio y presiones para reiniciar con las conversaciones, que sin bien fue complejo y ríspido, sirvió para reaperturar el diálogo, detener el incremento de disputas y finiquitar el conflicto.
- Como ejido es importante decirle a la opinión pública que no estamos ni orgullosos ni contentos de haber firmado este convenio claramente regresivo a los logros que habíamos logrado antes. Pero para nosotros ya no hay opción, porque TODO NUESTRO TERRITORIO está ocupado por la empresa, y ante la inviabilidad, técnica, política y financiera de recuperarla ambientalmente o la imposibilidad de aspirar legalmente a tener beneficios justos, no nos queda más que seguir viviendo entre la simulación del discurso de la responsabilidad social empresarial y la irrealidad de los estándares ambientales, por lo tanto, estamos muy lejos de aspirar a lograr una justicia social y ambiental porque sabemos, en carne propia, que el desarrollo económico está y seguirá desvinculado de ello, y por ello, ese es el costo que por el momento lo cargaremos nosotros, aunque también sabemos que en algún momento, al final del viaje, lo “tendrá que cargar” el gobierno mexicano.
A ochocientos kilómetros de ahí, en El Bajío, Sonora, otra comunidad afectada por la minera Penmont —filial de Fresnillo plc— espera desde 2014 que se ejecuten sesenta y siete sentencias judiciales ya firmes en su favor.
Once años de fallos ganados en papel, ninguno resuelto en el territorio.
Y a todo eso, llega de nuevo el aviso. Una nueva era de proyectos extractivos podria estar llegando a México.
El plan de minerales críticos que Ebrard apoya
El acuerdo con Washington retomó una lista de sesenta minerales críticos definida por el Servicio Geológico de Estados Unidos: litio, cobre, aluminio, zinc, fosfato y carbón, entre otros. Ebrard resumió el cálculo geopolítico citando al primer ministro canadiense:
“Si no estás participando, estás en el menú, y nosotros estamos en la mesa.”
El gobierno mexicano dialoga en paralelo con Canadá, Japón y la Unión Europea. Se dio un plazo de sesenta días para construir el plan conjunto con Washington.
Pero México es uno más entre 55 socios comerciales con los que Estados Unidos ha buscado alianzas preferenciales de minerales críticos desde 2025.
La ventaja que ofrece Ebrard no es exclusiva, más es ponerse en una fila larga de países ofreciendo lo que necesite el imperio.
Explotación minera en Zacatecas: vetas ricas, gente pobre / Imagen: cortesía de Infobae
Tampoco fue un giro repentino. En la Convención Minera de Acapulco de 2025, el propio Ebrard ya se había comprometido públicamente a “…acortar tiempos y facilitar la inversión” en el sector (Forbes).
Aleida Azamar Alonso, investigadora de economía ecológica y extractivismo de la Universidad Autónoma Metropolitana, advierte sobre el riesgo estructural del pacto.
“Proyectos que antes eran marginales, costosos o socialmente conflictivos se pueden reactivar…”
Beatriz Olivera, directora de Engenera Energía, Género y Ambiente, apunta al patrón que confirma la geografía minera de México:
“gran parte de los minerales que se sacan en nuestro país vienen de territorios indígenas” (Mongabay).
Territorios empobrecidos y marginado que, a su vez, atesoran tradiciones de resistencia exitosa que culminaron en proyectos mineros abandonados, como el denominado proyecto Ixtaca
Carrizalillo, El Bajío y Río Sonora, las tres comunidades citadas en este reportaje, son también parte de esa misma geografía donde la minería topa con las comunidades.
El litio, blindado en los tribunales
Del acuerdo con Washington, el mineral con más peso simbólico es también el más inalcanzable para el capital privado. Se trata del litio.
La reforma constitucional de febrero de 2023, impulsada por el entonces presidente López Obrador, reservó la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio en exclusiva al Estado mexicano, a través de la paraestatal LitioMx.
8,8 millones de toneladas de liti puro, extraíbles con mnería a cielo abierto y una vida útil de de aproximadamente 250 años, más la creación de una planta de litio de grado batería con una capacidad de 35.000 toneladas anuales
en Sonora, México: el proyecto privado que nacionalizó AMLO / Dar clic en la imagen para ver
Aquella reforma canceló, entre otras, la concesión de la minera china Ganfeng Lithium. La empresa había pagado 253 millones de dólares en 2022 por adquirir Bacanora Lithium.
En mayo de 2024, las subsidiarias de Ganfeng —Bacanora y Sonora Lithium— iniciaron un procedimiento de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Lo hicieron contra las leyes y medidas con las que México nacionalizó el litio.
La Suprema Corte de Justicia, mientras tanto, ratificó esa exclusividad estatal dos veces. Primero al desestimar el amparo de Grupo Bararal contra la cancelación de su concesión “San Pedro” en Satevó, Chihuahua.
Después lo hizo de fondo, el 24 de marzo de 2026, al validar los artículos 1, 5 Bis y 10 de la Ley Minera, con el ministro Alberto Pérez Dayán como ponente.
La sentencia fue explícita sobre el alcance de la nacionalización del litio:
Logo oficial del organismo público descentralizado LitioMx. Para más información, dar clic en la imagen
- Exclusividad del Estado sobre el litio: Se reconoció al litio como patrimonio de la Nación, ratificando que su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento quedan estrictamente reservados a favor del pueblo de México, prohibiéndose el otorgamiento de concesiones o contratos a empresas privadas para este mineral.
- Zonas de Reserva Minera: La SCJN avaló que la clasificación de yacimientos de litio como zonas de reserva es totalmente acorde con los principios de legalidad y seguridad jurídica, siempre que se realice bajo los sustentos técnicos pertinentes.
- Control de la cadena de valor: Se declaró constitucional que las cadenas de valor económico de este recurso sean administradas y controladas por el Estado a través del organismo público descentralizado creado para tal fin (Litio para México)
En otras palabras; no queda, en los hechos, ningún resquicio legal para la inversión privada directa.
Sonora concentra, según estimaciones del sector, doscientos cuarenta y tres millones de toneladas de reserva de litio: el yacimiento más grande del planeta, legalmente fuera del alcance de cualquier inversionista privado.
En el contexto de las alianzas mineras que propone, o dispone, Estados Unidos de América, la nacionalización del litio, incluso si es de momento simbólica, se convierte en amenaza.
Un análisis del sector minero lo resumió con crudeza:
El Plan México-EUA de Minerales Críticos, firmado el 4 de febrero de 2026, generó expectativa genuina en los mercados. Ebrard en Washington, anuncios de integración en cadenas USMCA, un tono pragmático que el sector no había escuchado desde antes de 2018. Pero la arquitectura legal que heredó Sheinbaum sigue siendo la de AMLO: la Reforma Minera de 2023 reservó al Estado mexicano —vía el Organismo Litio para México (LitioMx) — el control exclusivo de la exploración y explotación del mineral. Sin reforma, cualquier acuerdo bilateral que contemple participación privada extranjera en litio choca de frente con la Ley Minera vigente.
No es un problema menor de redacción. Es una incompatibilidad estructural. Un inversionista canadiense o estadounidense que lea el acuerdo bilateral y luego lea la ley nacional encontrará una contradicción que ningún memorándum diplomático puede resolver por sí solo. La seguridad jurídica no se construye con declaraciones conjuntas; se construye con normas domésticas que sostengan lo que los cancilleres prometen.
Esa contradicción tiene un costo medible. La exploración minera en México cayó 11.5% en 2024 debido a la incertidumbre jurídica generada por la reforma del litio y la reforma minera de 2023, que otorgó exclusividad estatal en su exploración.
En 2025, la inversión minera total disminuyó 3.3%, mientras la inversión en nuevos proyectos se desplomó 49.2%, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas, evidenciando una crisis estructural en el sector minero mexicano.
Plata, fluorita y molibdeno: los minerales críticos que sí se mueven
Mientras el litio permanece congelado en la ley, otros minerales críticos avanzan sin ese blindaje. México ocupa el primer lugar mundial en producción de plata.
Figura además entre los diez principales productores de fluorita, barita y molibdeno. Son esos —no el litio ni el uranio— los minerales que, según un análisis publicado el 10 de septiembre por Dossier Político, realmente ponen al país en el tablero de la transición energética.
Y aún así, la minería tradicional sigue siendo el corazón del sistema extractivo de México.
El 24 de julio de 2026, el gobierno de Sheinbaum emitió siete títulos mineros de plata a Minera Fresnillo, con operaciones en Zacatecas, Durango y Sinaloa. Semanas después, el 12 de agosto, se conocieron otros doce títulos repartidos entre filiales de Fresnillo y de Industrias Peñoles —ambas del grupo Bailleres— en Chihuahua, Durango, Jalisco, Sonora, el Estado de México y Teloloapan, Guerrero.
Los propios títulos de julio documentan su origen:
“se expide el presente título de concesión minera… derivado de una concesión minera existente”
Es decir, mediante procesos de reorganización, división, reducción y unificación de superficies, según la documentación revisada por Minería en Línea. Tampoco en ese primer lote hay superficie minera nueva.
El negocio detrás de esas concesiones no es menor. La minería mexicana cerró 2024 con un valor de producción de 17,500 millones de dólares —21.2% más que el año anterior—, según el informe anual de la Cámara Minera de México.
De ese total, la plata representó el 17.6%; el oro, 30.6%; el cobre, 27.2%. El sector reportó además 400 mil empleos directos y exportaciones por 17,800 millones de dólares, según el mismo informe de la cámara industrial.
Pero la expansión masiva de las explotaciones mineras cesó. El logro más visible de la Cuarta Transformación.
Un reporte clave sobre minerales críticos y control imperial / Dar clic en la imagen para leerlo
De una superficie original de 5,301.86 hectáreas, la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía reportó que se devolvieron a la nación 3,039.92 hectáreas, conservando las empresas 2,262.94.
De los doce títulos de agosto, cinco se debieron a reducción de superficie, tres a la división de una concesión en tres y cuatro a la unificación de concesiones previas: en ningún caso se abrió terreno nuevo a la minería.
Un documento de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, fechado el 13 de agosto de 2026, es la evidencia más contundente sobre la naturaleza de estos actos:
“Los actos administrativos no representan el otorgamiento de nuevas superficies mineras, sino la actualización y reorganización jurídica y administrativa de concesiones ya existentes.” (Secretaría de Economía, vía Mine Academy)
El matiz no es cosmético: es la distinción fundamental entre un “otorgamiento” —la creación de un derecho de superficie minera nuevo, que contradiría de frente la política declarada por el gobierno— y una “reorganización”, que ajusta legalmente derechos sobre concesiones que Fresnillo y Peñoles ya poseían, mediante división o unificación.
La insistencia pública y reiterada del gobierno de Sheinbaum en no otorgar nuevas concesiones mineras hace de esta política un marco de validación clave: entregar diecinueve concesiones nuevas habría contradicho abiertamente ese discurso oficial y, por su escala, habría sido noticia de primer orden en sí misma —algo que ninguna fuente registra, porque no ocurrió.
Lo que sí ocurrió —la reorganización de una cartera de concesiones que dos de las mineras más grandes del país ya controlaban— encaja con una política de gestión y optimización de lo existente, no con su expansión.
El acuerdo con Washington no es la única cara de la política minera mexicana. Aleida Azamar documenta que el mismo gobierno ha recibido, en paralelo, más de doscientas renuncias o devoluciones voluntarias de concesiones mineras heredadas de sexenios anteriores, aunque
“No representa una expropiación, nacionalización ni una reforma profunda al marco legal de la minería.”
Aun así, esa corrección ocurre en un país que todavía tiene más de 1,200 proyectos mineros activos sobre entre el 11 y el 12 por ciento del territorio nacional.
Los límites de la soberanía minera: lo que México no ha hecho
El conflicto de fondo que se observa en México es una disputa precisa: la de un Estado mexicano que ha limitado, cancelado y reorganizado concesiones —1,126 recuperadas, más de 200 en camino de regresar, ninguna nueva otorgada desde 2019— frente a conglomerados nacionales e internacionales con capacidad real de presión.
Se trata, por ejemplo, de Grupo BAL de la familia Bailleres, dueño de Industrias Peñoles y de Fresnillo plc, esta última cotizada en la Bolsa de Londres desde 2008. En este caso, se trata de capital mayoritariamente mexicano, pero financierizado e internacionalizado; no es, en sentido estricto, el “capital extranjero” que la retórica soberanista suele nombrar como adversario único (El CEO).
La familia Baillères (padre, abuelo y nieto) en un metafórico retrato de su poder / Imagen: Grok
En ese pulso, el gobierno mexicano ha intentado —con éxito desigual, como documentan Carrizalillo, El Bajío y Río Sonora— proteger a las comunidades frente a los intereses mineros: exigiendo el pago de pasivos ambientales, mediando conflictos de renta de tierra, reactivando denuncias penales detenidas. Pero la ambición de la Cuarta Transformación, salvo por el litio, no ha llegado a plantear la nacionalización de los grandes yacimientos de oro y plata que ya están en producción.
Nada parecido se ha planteado en México para el oro o la plata. El litio es la única excepción: la reforma constitucional de 2022 lo declaró patrimonio de la nación y excluyó cualquier concesión privada, presente o futura.
Para todo lo demás —incluidas las minas de Fresnillo y Peñoles que producen hoy mismo en Zacatecas, Durango, Sonora y Guerrero—, la política de la 4T ha sido de contención y regularización, no de expropiación.
Sheinbaum lo ha dicho sin ambigüedad: “No vamos a cambiar la legislación y no vamos a iniciar un proceso de apertura de minas”, pero tampoco ha propuesto un Codelco mexicano del oro y la plata (Yucatán) al estilo de la nacionalización del cobre que Salvador Allende promulgó en 1971 y dio lugar al nacimiento a la Corporación Nacional del Cobre de Chile, también conocida como Codelco.
Eso no convierte la política minera de la 4T en una simulación. Recuperar 889,512 hectáreas de concesiones ociosas, blindar el litio en tribunales y elevar los derechos mineros del 7.5% al 8.5% son decisiones reales, con efectos medibles, que ningún gobierno del periodo neoliberal tomó.
Pero son decisiones que operan dentro del límite de la propiedad privada de los yacimientos ya concesionados, no fuera de él. Ese es el alcance real —ni más, ni menos— de la soberanía minera que hoy tiene México, y la vara con la que puede medirse su siguiente paso.
Entre la Corte y el TMEC, la cuenta pendiente
El antecedente que pesa sobre cualquier promesa de minería “responsable” ocurrió en 2014, cuando una filial de Grupo México derramó cuarenta millones de litros de sulfato de cobre en el río Sonora. El daño recorrió doscientos cincuenta kilómetros de cauce y afectó a veintidós mil personas.
Más de una década después, la reparación integral de ese desastre sigue sin completarse. No es un caso aislado.
Ese estancamiento tiene, sin embargo, un matiz reciente. Grupo México —propiedad del empresario Germán Larrea— retrasó todo lo posible la última parcialidad del convenio de saneamiento: hasta mediados de agosto de 2026 la trasnacional todavía adeudaba 500 millones de pesos, la tercera parte de los 1,500 millones acordados con el gobierno federal para resarcir su responsabilidad ambiental y social en el derrame de tóxicos más grave en la historia de la minería mexicana.
El gobierno fijó entonces un ultimátum al 21 de agosto: de no pagar, advirtió, se reactivaría la denuncia penal que la Semarnat había interpuesto en el sexenio anterior y que se mantenía detenida por este mismo acuerdo. Ese monto, de liquidarse, está destinado a la compra de plantas de tratamiento y potabilización de agua para las comunidades afectadas.
Un informe del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Ibero, publicado el 9 de septiembre de 2026 —una semana antes de este reportaje—, documentó 1,139 proyectos extractivos activos en el país. El propio título del informe habla de “una maquinaria legal, institucional y violenta de despojo en México”: el mismo patrón que Carrizalillo, El Bajío y Río Sonora describen, cada uno, desde su propio territorio.
La revisión del T-MEC, prevista para este mismo año, pondrá los minerales críticos en el centro de la mesa con Estados Unidos y Canadá. Washington necesita litio, cobre y tierras raras para su industria de baterías; México ofrece plata, fluorita y molibdeno, mientras mantiene el litio fuera del tablero, al menos legalmente.
Carrizalillo, El Bajío y las comunidades del río Sonora no esperan a que termine esa negociación diplomática entre gobiernos. Siguen contando, una por una, las medidas correctivas que las empresas intentan no cumplir y las sentencias que pocas veces se ejecutan.
Y, como de costumbre, la plata no se queda en México / Imagen: Copilot 365
Y aunque el marco legal y fiscal ya no es tan amigable con las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, y México no sea ya el patio trasero se lasa mineras, la sensación de fuga de recursos tiene cierto aire colonial.
Porque ser el primer pais del mundo en producción de plata, con 6.300 toneladas en 2025, cerca del 24 % mundial, no revierte masivamente ni en el erario ni en el medioambiente.
Y de este potosí que poco gozamos se nutre la debilidad fiscal e histórica del Estado mexicano, ese que es culpable porque se ausenta de ejercer la propiedad efectiva del subsuelo de la nación.
O ese dominio directo de todos los recursos naturales del subsuelo, incluyendo minerales, metales, piedras preciosas, sales, combustibles fósiles e hidrocarburo que, casi siempre, termina concesionado a los privados.
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