El tablero comercial de América del Norte podría recibir su golpe más duro en tres décadas.
La administración Trump anunciaría este miércoles 1 de julio su intención de no prorrogar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador firmaron la Declaración Conjunta en la Casa Blanca el 8 de julio de 2020, que marcó la entrada en vigor del T-MEC.
Con ello activaría la llamada “cláusula de extinción” del propio acuerdo: un plazo de diez años que, si no desemboca en un nuevo entendimiento, llevaría al desmantelamiento del área de libre comercio norteamericana el 1 de julio de 2036.
Según fuentes de Reuters, eso sucederá cuando los responsables de comercio de Estados Unidos, México y Canadá se reúnan de forma virtual este miércoles y anuncien si desean prorrogar el pacto por otros 16 años
La revisión T-MEC 2026 llega cargada de presión política. El mensaje es claro: Washington quiere poner el sector energético mexicano contra la pared.
El especialista en comercio internacional Jorge Molina resumió la lógica de Washington en entrevista con Proceso:
“Entre más dure la negociación mejor, le conviene a Trump obstaculizar la inversión en México y Canadá y generar dependencia”.
No se trata de una incertidumbre accidental. Es una estrategia calculada.
Cada mes sin claridad sobre el futuro del tratado paraliza decisiones, enfría inversiones y empuja capitales hacia Estados Unidos sin necesidad de anunciar un solo arancel nuevo.
Desde la mañanera del 30 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con la postura que su gobierno define como de “cabeza fría”.
“Estamos tranquilos porque hemos hecho lo que tenemos que hacer pero depende de Estados Unidos; en cualquier caso, una postura en contra no quiere decir que se acabe el Tratado mañana, si las disposiciones en el tratado vigente dan cuenta de diez años”.
México y Canadá ya habían formalizado, desde el 1 de junio, su propuesta para extender el tratado por 16 años conforme al Artículo 7 del Capítulo 34.
Estados Unidos no respondió: eligió dejar el reloj corriendo.
¿Qué disputa la revisión T-MEC 2026? La energía, no los automóviles
Buena parte de la cobertura sobre la revisión T-MEC 2026 se ha quedado en la superficie automotriz.
Washington exige elevar el contenido regional al 82% e imponer que 50% de los componentes se fabriquen en Estados Unidos.
El verdadero pulso geopolítico está en otra parte. “El capítulo invisible de la energía es, en realidad, el que dictará el rumbo económico del continente”, escribió el economista Jaime Barrera en energynews.mx el 30 de junio.
El T-MEC no incluye un capítulo exclusivo sobre energía.
Soberanía energética en la mira / Imagen: elaboración de Gemini AI
La regula mediante disposiciones dispersas sobre inversión, empresas del Estado, acceso a mercados y trato no discriminatorio.
Ese diseño ambiguo hoy funciona como campo de batalla.
Las reglas del tratado chocan con las leyes energéticas que México aprobó en 2025.
Pemex obtuvo derecho preferente sobre la exploración y extracción de hidrocarburos, con la obligación de que cualquier empresa privada le ceda al menos 40% de propiedad en nuevos desarrollos.
La CFE debe controlar por lo menos 54% de la energía despachada en la red nacional.
El Estado mexicano no pretende moverse de esa posición. Ahí está el choque de fondo.
El Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sostienen que esa política discrimina a empresas norteamericanas.
El señalamiento apunta a retrasos deliberados en permisos para plantas de soberanía energética privada y al uso ventajoso de la infraestructura estatal de gas natural.
El Consejo de las Américas entregó al USTR un análisis en el que advierte que México viola las cláusulas de trato no discriminatorio en proyectos de renovables.
El golpe también se siente en los costos: los aranceles al acero y aluminio mexicanos y canadienses que Trump ya impuso encarecen los insumos necesarios para construir oleoductos, gasoductos, torres de transmisión y parques eólicos.
Esa infraestructura depende de cadenas de suministro integradas a ambos lados de la frontera, según el análisis de energynews.mx.
La respuesta mexicana se mantiene firme: el fortalecimiento de Pemex y la CFE responde a facultades constitucionales y a una política de seguridad energética nacional.
El gobierno sostiene que no hay discriminación; hay soberanía de Estado.
Esa defensa es legítima y exige algo más que razón jurídica frente a una potencia dispuesta a usar el tratado como garrote comercial.
Washington no solo negocia con argumentos: negocia con aranceles, amenazas, retrasos y la capacidad de convertir el tiempo en castigo económico.
La revisión T-MEC 2026 que excluye a Canadá: negociación asimétrica
La asimetría de poder no se expresa solo entre México y Estados Unidos.
Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, eligió partir la negociación.
Mantiene el diálogo formal con México mientras arrincona a Canadá por fricciones bilaterales en los sectores lácteo y forestal.
La tercera ronda entre México y la USTR está programada para la semana del 20 de julio.
Dividir a los socios no es una casualidad diplomática: es una táctica para debilitar cualquier frente norteamericano capaz de resistir la presión sobre el expediente energético.
El análisis de Banamex publicado por Proceso apunta al escenario más probable: revisiones anuales hasta 2028, sin romper formalmente el tratado, con una incertidumbre crónica que enfría decisiones de inversión en México.
Esa parálisis no es neutra ni inocente.
Cada proyecto detenido, cada expansión aplazada y cada crédito congelado opera como una transferencia silenciosa de confianza hacia Estados Unidos.
Washington ya identificó más de cincuenta barreras no arancelarias que funcionan como munición antes de que la revisión T-MEC 2026 encuentre cauce.
En ese catálogo de presiones aparece el expediente energético, junto con la política migratoria, los compromisos de compra de maíz transgénico y la regulación de plaguicidas.
La negociación comercial dejó de ser solo comercio: se convirtió en una herramienta de presión política para condicionar decisiones soberanas de México.
Minerales críticos, fracking y comunidades: lo que la revisión T-MEC 2026 no menciona
Debajo del discurso del libre comercio avanzan expedientes que casi no aparecen en la narrativa oficial.
Los minerales críticos —litio, cobre y tierras raras necesarios para la reindustrialización tecnológica de Estados Unidos— forman parte de un Plan de Acción bilateral México-EEUU.
Ese plan camina en paralelo a la revisión T-MEC 2026, sin activar mecanismos de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas y campesinas asentadas sobre esos depósitos.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) ha advertido que los acuerdos sectoriales que acompañan la negociación comercial pueden vaciar de contenido la soberanía que México dice defender en la mesa diplomática.
El fracking es otro foco de presión que la revisión T-MEC 2026 no pone por escrito y aun así empuja en los hechos.
Proceso legal para la revisión del T-MEC
Empresas gaseras con sede en Texas presionan para que México abra sus cuencas de gas no convencional en Puebla y Veracruz.
Se trata de territorios donde las comunidades llevan años documentando daños de pozos perforados en administraciones anteriores.
El anuncio de Trump sobre la no prórroga coincide con el plazo en que el comité científico designado por Sheinbaum debía entregar sus resultados sobre el fracking.
La presión bilateral y la agenda interna de soberanía energética chocan en el mismo punto: quién decide sobre el subsuelo mexicano.
La “cabeza fría” de Sheinbaum puede servir como estrategia defensiva; no debe confundirse con pasividad.
La soberanía comercial se juega fuera de los grandes discursos.
Se juega en los acuerdos sectoriales paralelos, en los permisos que se conceden o se frenan, y en los territorios que se abren o se protegen.
La pregunta que la revisión T-MEC 2026 deja sobre la mesa es incómoda y urgente: si México podrá sostener el control sobre sus recursos estratégicos.
Porque una cosa está clara: Washington ya convirtió una cláusula comercial en una cuenta regresiva de presión económica.
