Puebla acumula un centenar de denuncias y solo veinte pozos asegurados: el huachicol del agua en Puebla crece más rápido que la capacidad del Estado para contenerlo.
En por lo menos ocho de cada diez municipios poblanos el título de concesión de agua está vencido. Esa es la grieta administrativa por la que corre, desde hace años, un mercado negro que nadie termina de cerrar.
No es un fenómeno oculto. Es un mecanismo documentado, con nombre de funcionario, cifras oficiales y un patrón que se repite municipio tras municipio.
Tampoco es exclusivo de Puebla, aunque el estado concentra el caso más citado por la propia Conagua. Entre enero y julio de 2026 la dependencia detectó huachicol del agua en cuatro entidades —Puebla, Oaxaca, Baja California Sur y Tabasco—: siete ocasiones, frente a cinco en el mismo periodo del año anterior.
Lo que encontró la Conagua en el huachicol del agua en Puebla
El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, señaló a Puebla de forma directa al describir el mecanismo.
“Es el caso de muchos que hemos encontrado en Puebla, tienen una concesión para uso agrícola, por ejemplo, y lo están vendiendo en pipas.”
Detrás de esa frase hay una cifra nacional considerable: la Conagua revisó 536 mil títulos de concesión en todo el país. También abrió más de 4 mil procedimientos de verificación en campo y recibió arriba de 1,500 denuncias ciudadanas por su portal digital, según detalló Morales López.
Lo que encontraron los verificadores no fue solo desvío de uso, sino miles de inconsistencias: ubicaciones erróneas, coordenadas que caían en pleno mar, usos “simulados” en el papel, títulos sin vigencia real. Todo eso repartido en un registro que, hasta ahora, nadie había auditado a fondo.
En Puebla, la delegación estatal de la Conagua —encabezada por Beatriz Torres Trucios— documenta el huachicol del agua en Puebla: más de 100 denuncias durante 2026 en cuatro municipios. Los casos se concentran en Tecamachalco, Libres, Oriental y Tehuacán.
“Llevamos cerca de 20 pozos asegurados ya con procedimientos firmes”, precisó Torres Trucios. El dato no coincide con el que dio el propio Morales López en otra entrevista: seis pozos clandestinos clausurados formalmente en Puebla entre enero y octubre.
La diferencia no es un error de imprenta. Entre “asegurar” y “clausurar” media un expediente administrativo que no siempre termina en el cierre físico del pozo.
Esa distancia es uno de los puntos ciegos reales del combate al huachicol del agua en Puebla.
Tecamachalco, Libres, Oriental y Tehuacán: los pozos que sostienen el mercado negro
El patrón se repite con variaciones locales en cada municipio señalado. En San Pablo Xochimehuacan, un operativo de junio recuperó 40 litros de agua por segundo —3.5 millones de litros diarios—, un volumen suficiente para abastecer a unos 35 mil habitantes.
Cuatro personas fueron detenidas en ese operativo, de acuerdo con la cobertura local de la clausura.
22 de agosto del 2026: seis personas detenidas y cinco pipas aseguradas en Amozoc / Imagen: cortesía de El Economista
En Amozoc, el 23 de agosto, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República aseguraron cinco pipas y dos tanques cisterna de 40 mil litros cada uno. Seis personas fueron detenidas en el mismo operativo.
En Tehuacán, el otro municipio señalado por nombre por la propia Torres Trucios, se documentó la clausura de siete pozos adicionales. Es más, incluso, que la cifra estatal que dio Morales López para todo el año.
Cada uno de esos casos comparte un mismo origen: un título de concesión agrícola —barato, subsidiado, pensado para regar parcelas— desviado hacia un mercado urbano de pipas. El riego nunca pagó lo que hoy paga una pipa clandestina.
Tecamachalco, Libres y Oriental no han tenido, hasta ahora, un desglose público tan detallado como Xochimehuacan, Amozoc o Tehuacán. Ese vacío de información desagregada es, en sí mismo, parte del problema de fiscalización.
El término “huachicol” llegó al vocabulario del agua en préstamo del robo de combustible: la misma infraestructura pública desviada hacia un circuito paralelo de venta. Solo que aquí no hace falta perforar un ducto de Pemex — basta un pozo agrícola mal vigilado.
Ni Conagua ni los gobiernos municipales han hecho pública una cifra sobre quién compra, finalmente, esa agua irregular —construcción, albercas, comercios, colonias sin red—. Es un vacío de información que deja incompleta cualquier estrategia real de cierre del mercado.
La falla estructural detrás del huachicol del agua en Puebla
El huachicol del agua en Puebla no nace del vacío legal. Nace, en buena medida, de una infraestructura pública que ya no alcanza a cubrir a la población que depende de ella.
Apenas el 20.7% de la población poblana recibe agua de forma continua, frente a una media nacional del 56.3%, según cifras de Conagua e INEGI retomadas del Programa Nacional Hídrico 2026-2030. Puebla es el tercer estado con mayor rezago del país, solo detrás de Guerrero y Baja California Sur.
En la zona metropolitana el cuadro es todavía más desigual: 30% de los hogares recibe agua a diario, 28.8% cada tercer día, más del 41% solo una o dos veces por semana. La satisfacción ciudadana con el servicio, medida por el propio INEGI, cayó a 40.9%.
Es una crisis que alcanza también a cuerpos de agua emblemáticos del estado, como la laguna de Valsequillo. No solo falta agua limpia que llegue — también se degrada la que ya existe en el territorio.
A esa cobertura deficiente se suma la pérdida operativa: en algunos sistemas municipales del estado, hasta el 60% del agua se va en fugas y mala planeación. Un reportaje que documentó la vigilancia de las cerca de 4 mil concesiones agrícolas activas en la entidad lo describió con precisión.
“La falta de redes de agua potable en diversos municipios ha impulsado la demanda de este suministro irregular”, documentó ese mismo reportaje. El diagnóstico coincide con el de otro medio local: de los 217 municipios de Puebla, más del 80% tiene su título de concesión vencido, y solo cuatro de cada diez está en proceso de renovarlo.
Es esa brecha —entre el agua que existe en el papel y la que llega a la llave— la que sostiene la demanda de pipas irregulares, no solo la codicia de quien las vende. El huachicol del agua en Puebla es, en ese sentido, menos un problema de aplicación de la ley que un síntoma del colapso de la red pública.
Ese diagnóstico no exime de responsabilidad a quien perfora un pozo sin permiso, ni a quien revende por pipa un recurso concesionado para el riego. Pero perseguir cada pozo sin invertir al mismo ritmo en la red que debería sustituirlo es administrar el síntoma sin tocar la enfermedad.
Entre la nueva Ley General de Aguas y el litigio contra Agua de Puebla
La respuesta institucional no se limita a los operativos contra pozos clandestinos. Morales López anunció un nuevo Registro Nacional del Agua con trazabilidad digital de cada título, además de un Fondo de Agua para obras estratégicas.
Esa parte de la respuesta ya tiene, incluso, marco legal propio. La nueva Ley General de Aguas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2025 y entró en vigor al día siguiente.
La reforma llegó junto con cambios a la Ley de Aguas Nacionales.
La ley tipifica, por primera vez con este nivel de detalle, el transporte de agua extraída de forma ilegal. Va de tres a cinco meses de prisión si el volumen es menor a 50 mil litros, y de seis a ocho si lo supera.
Es el rango exacto en el que caben, por ejemplo, los tanques-pipa de 40 mil litros asegurados en Amozoc.
También castiga con tres meses a cinco años de cárcel alterar o desviar canales sin autorización, cuando eso pone en riesgo vidas, propiedades o ecosistemas. Y con dos a catorce años a cualquier servidor público que otorgue una concesión de agua a cambio de un soborno.
Matria ya documentó el debate de fondo detrás de esa reforma: si fortalece una rectoría real del Estado sobre el agua, o si, mal instrumentada, termina por consolidar un “apartheid hídrico” entre quien puede pagar y quien no. La ley existe desde hace nueve meses; en Puebla, el número de pozos realmente clausurados sigue contándose con los dedos de las dos manos.
En paralelo, el gobierno estatal libra otro frente sobre el mismo recurso, aunque de naturaleza distinta. El gobernador Alejandro Armenta anunció acciones legales contra Agua de Puebla, la concesionaria que opera buena parte del servicio en la capital, por cobrar el tratamiento de aguas residuales sin cumplirlo.
Aunque las acciones no han llegado, otros procesos judiciales pendientes sí alcanzan a Agua de Puebla:
Los integrantes de la colectividad responsabilizan a Concesiones Integrales de incumplimientos en esa materia, argumentan que la empresa ha presentado informes de laboratorio en los que se observa que en Coliformes Fecales rebasan más de 12 veces el límite máximo permitido por las normas oficiales que regulan el saneamiento, afectación que alcanza la colectividad de cerca de medio millón de usuarios y a sus familias. También cuestionan la actuación del SOAPAP durante el litigio y consideran que sus posiciones jurídicas han favorecido a la concesionaria. La Jornada de Oriente, 23 de septiembre del 2026
Esa concesión tiene origen en diciembre de 2013, cuando el entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle entregó el servicio antes operado por el organismo público SOAPAP a una empresa privada. Fue por 415 millones de dólares y un plazo que el gobierno estatal reportó como 30 años, aunque un análisis legal posterior documentó que en realidad fueron 60.
La empresa que recibió la concesión, además, ni siquiera existía legalmente constituida al momento de firmarla.
“Por no cumplir con potabilización de aguas residuales, pese a que hace los cobros correspondientes”, declaró Armenta, quien calificó la operación de la empresa como “solo un negocio“.
Son dos litigios de naturaleza distinta: uno contra el robo clandestino de pequeña escala, otro contra una concesionaria formal de gran escala. Ambos exigen la misma pregunta que este medio aplica a cualquier disputa sobre el agua.
¿La respuesta del Estado defiende un interés público real, o administra el desorden sin tocar sus causas de fondo?
Ninguna de las dos respuestas, hasta ahora, ha tocado la raíz estructural descrita arriba: la cobertura formal que no llega, y que empuja a miles de familias poblanas hacia el mercado informal.
¿Qué falta para cerrar el mercado negro del agua?
Los operativos existen, las cifras crecen y los discursos oficiales insisten en que el saqueo se está cerrando. Pero la distancia entre 100 denuncias y apenas 20 —o incluso 6— pozos realmente clausurados sugiere que la fiscalización del huachicol del agua en Puebla sigue muy por debajo del tamaño real del problema.
La ley ya está vigente. El registro digital, en cambio, sigue en construcción, y mientras tanto el mercado de pipas irregulares seguirá teniendo compradores.
Los mismos municipios que hoy denuncian el huachicol del agua en Puebla son, casi siempre, los que menos agua reciben por la vía formal.
Cerrar un pozo clandestino sin resolver esa desigualdad de origen no cierra el mercado que lo sostiene: solo desplaza, por un tiempo, el punto exacto de la fuga.
Para Onodet y para las comunidades que integran sus comités de ordenamiento territorial, esa distinción no es menor. El agua que falta en la llave de una casa poblana y el agua que corre por una pipa sin factura son, en el fondo, la misma soberanía hídrica incumplida.
