Pobladores de Xoxtla rompieron el cerco policial y taparon el pozo que SOAPAP excavaba en el parque Pavigi; el gobierno poblano dice que no perforará sin consenso y Conagua no tiene registro alguno que autorice la obra. Una historia que te contamos al detalle y con todo su contexto.
Cientos de policías estatales cercaron desde las 4:30 horas del miércoles 7 de octubre el parque Pavigi, en San Miguel Xoxtla, y la perforación reinició esa madrugada, denunciaron habitantes del municipio. Es el episodio más reciente de un conflicto que comenzó en marzo de 2024.
Actualización, 8 de octubre. La tarde del miércoles el escenario cambió. Alrededor de 4 mil habitantes rompieron el cerco de unos 400 granaderos, entraron al parque Pavigi y rellenaron el pozo con arena, piedras y escombros. Algunos pobladores resultaron golpeados por toletazos al intentar ingresar. Tras hablar con un delegado de Gobernación, SOAPAP empezó a retirar su maquinaria, como parte del acuerdo entre los inconformes y la Secretaría de Gobernación estatal. Los policías se replegaron a las calles aledañas y, al cierre de esa crónica, la población seguía vigilante en medio de una calma tensa.
La disputa por el agua, mientras nos acercamos a un país sin agua / Imagen: Gemini AI
Pascual Bermúdez Chantes, integrante del comité ciudadano del agua, afirmó que los policías impiden a los vecinos acercarse al parque y que se apostaron incluso a la entrada del municipio. Según el comité, el pozo de Xoxtla se llevaría agua hacia la ciudad de Puebla y afectaría un abasto local ya precario.
Según varios medios, en el operativo participaron la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos estatal. Al cierre de la primera versión de este texto no se localizó una respuesta pública de SOAPAP ni del ayuntamiento. La crónica de La Jornada de Oriente del 8 de octubre añade que la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, estuvo ausente durante toda la protesta, pese a que los pobladores le exigían cuentas.
Ese mismo día, en conferencia de prensa, el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, afirmó que no se perforará el pozo de Xoxtla sin consenso con los pobladores, informó La Jornada de Oriente. Esperó que la población decida pronto, pero «no lo podemos hacer hasta que no haya un consenso».
«Se ha hecho un trabajo de sensibilización de años ahí en Xoxtla para que se permita la perforación.»
José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal
El funcionario añadió que las perforaciones «realmente van a beneficiar a toda la zona metropolitana de la capital» y que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), el SOAPAP y la Conagua coordinan el diálogo con la comunidad.
Esa descripción choca con la tesis municipal de que el agua del Pavigi será solo para Xoxtla.
Las dos versiones no coinciden: los vecinos describen maquinaria y cerco policial, y el gobierno una obra a la espera de consenso. La misma nota ubica, sin embargo, a policías estatales resguardando el predio desde temprano. La crónica de esa tarde confirma que SOAPAP excavaba el pozo desde la madrugada, el mismo día en que el gobierno afirmaba que esperaría el consenso; la maquinaria solo empezó a salir después de que los pobladores tomaron el predio.
Qué se perfora en Pavigi y para quién
El proyecto, llamado «Pozo del Bienestar», incluye perforación, equipamiento electromecánico, línea de conducción y un tanque elevado de 50 metros cúbicos. La Cuenta Pública 2025 de SOAPAP registra un compromiso municipal de 14 millones de pesos, según esa misma fuente.
Los habitantes responsabilizan al gobierno municipal, al estatal, a SOAPAP y a Concesiones Integrales–Agua de Puebla de continuar el pozo de Xoxtla pese al rechazo de asambleas comunitarias. Cuestionan además que el sitio quede junto a un cementerio, a ductos de hidrocarburos y a cables de alta tensión.
La presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, ha dicho en distintas ocasiones que el agua del Pavigi abastecerá únicamente a la población y descartó que se la lleven del municipio. Los vecinos dudan porque el pozo 4 ya quedó comprometido a ceder la mitad de su agua a la capital.
Del pozo de Xoxtla junto a la autopista al convenio de los 50 litros
Todo empezó en marzo de 2024, cuando habitantes de Xoxtla y de Mihuacán descubrieron la excavación de un pozo junto a la autopista México-Puebla, sin consulta previa. Una protesta frenó la obra y Conagua la canceló porque carecía de los permisos federales.
La entonces alcaldesa, Guadalupe Ziyancán Peregrina, negó haber autorizado nada. «No hay nada que pueda avalar que nosotros permitamos, como dicen por ahí, que ya vendimos el agua, pero no hay nada», afirmó el 27 de marzo de 2024 a Intolerancia Diario.
El 26 de abril apareció un segundo pozo dentro del predio de la empresa Castores y los vecinos bloquearon la autopista seis horas. Conagua lo selló por carecer de concesión.
En abril de 2025 el ayuntamiento firmó con SOAPAP, sin consultar a la población, un convenio para que el pozo 4 ceda a la capital la mitad de su agua.
Según La Jornada de Oriente, Bermúdez Chantes reveló el miércoles 7 de octubre que la exedil morenista Guadalupe Ziyancán Peregrina Díaz, hoy secretaria general de Morena en Puebla, se ha presentado en el municipio para buscar el voto con miras a una diputación local. Afirmó que no tiene «cara» para pedirlo, porque durante su trienio firmó con SOAPAP un acuerdo para que el 50 por ciento del agua del pozo 4 fuera para la ciudad de Puebla, hecho que derivó, dijo, en el cierre de la autopista México-Puebla en 2024. La fecha de ese acuerdo difiere de la cronología que aquí recogemos, que lo ubica en abril de 2025; el documento está por localizarse.
La delegada de Conagua, Beatriz Torres Trucios, avaló el traslado de 50 litros por segundo porque el municipio tiene título de concesión.
A finales de mayo los pobladores cerraron simbólicamente el pozo 4 y, tras una asamblea en la que reclamaron a la alcaldesa haber ratificado el acuerdo, volvieron a bloquear la autopista. Fue el segundo cierre en poco más de un año.
En cuatro ocasiones consecutivas, personal de SOAPAP escoltado por policías estatales intentó entrar al terreno del Pavigi y los habitantes se lo impidieron en las tres primeras. En la cuarta, el 27 de octubre de 2025, el organismo logró meter su infraestructura y los vecinos instalaron un plantón permanente.
Durante un acto público de esos días, vecinos le gritaron a la alcaldesa: «Usted solo busca hacer negocio con el agua», recogió Desde La Silla. Su respuesta fue reiterar que el pozo sería de uso exclusivo para los habitantes de Xoxtla.
El 12 de noviembre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó frenar temporalmente la excavación de los pozos Pavigi, 4 y 5. Días después la justicia federal retiró esa suspensión, según La Jornada de Oriente.
Respuesta oficial: urgencia capitalina y una concesión bajo sospecha
Frente al rechazo, el gobierno estatal invoca la urgencia del abasto. El 27 de octubre de 2025 el gobernador Alejandro Armenta Mier respondió con una tesis de propiedad pública:
«Xoxtla tiene agua, tendrá agua, dialogamos, pero recuerden que los recursos del subsuelo son bienes de la nación. No le pertenecen a un líder, los bienes de la nación son de los mexicanos y yo como gobernador no soy dueño del estado.»
Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla
La versión de las autoridades se apoya en cifras que recogió el Heraldo de Puebla con información de El Universal. Según el Sistema Agua de Puebla, el nuevo pozo de Xoxtla costaría 27 millones de pesos y produciría de 40 a 50 litros por segundo.
El compromiso, dice ese organismo, es atender primero la demanda de Xoxtla y enviar el excedente a la zona sur de la capital. Hoy cerca de 40 por ciento de la cabecera municipal tiene servicio deficiente y unos 500 habitantes reciben agua solo una vez por semana.
El diario añade que Conagua y especialistas han señalado que no existe evidencia de afectación a los mantos freáticos y que 80 por ciento de la extracción regional es agrícola y 15 por ciento urbana. También presenta como riesgo que más de 350 mil poblanos se queden sin agua potable mientras la obra siga detenida.
El texto describe a los inconformes como un grupo que antes encabezó protestas contra Bonafont, Granjas Carroll y el basurero de Cholula. Para las comunidades, ese historial es el de la defensa del territorio.
¿Cuánto pesa Xoxtla en el abasto poblano? Según el Heraldo, los sistemas Xoxtla y Nealtican abastecen desde 1994 a más de 550 mil habitantes de la capital.
Una investigación de Rafael de Jesús López Zamora precisa el tamaño: en 2010 el sistema Xoxtla, que no se limita al municipio, operaba 70 de los 193 pozos de SOAPAP. Aportaba 43,46 por ciento del agua extraída (López Zamora, 2013).
La concesión se firmó el 26 de diciembre de 2013 con Concesiones Integrales, que opera como Agua de Puebla, por 30 años y 1 450 millones de pesos. Hoy la empresa cumple apenas nueve de treinta y un indicadores de su contrato, según Matria.
El costo estimado de cancelarla ha subido sin pausa desde 2018: de 3 mil millones de pesos con Martha Érika Alonso a más de 10 mil millones con Armenta, según La Jornada de Oriente.
La paradoja salta a la vista: Armenta denuncia que la concesión se sostuvo por colusión con gobiernos y jueces anteriores, pero dice preferir negociar su salida. Ni él ni SOAPAP han explicado, hasta donde se localizó, cómo encaja ese litigio con perforar pozos para el sistema del mismo concesionario.
En octubre de 2025 el entonces director de SOAPAP, Gustavo Gaytán Alcaraz, atribuyó la falta de agua en colonias capitalinas a los conflictos de Xoxtla y pidió 300 litros por segundo adicionales, según Matria. Gaytán dejó el organismo en enero de 2026.
Procesos, represalias y venta de agua: lo que cuesta defender el territorio
El costo de oponerse al pozo de Xoxtla no ha sido solo político. En julio de 2025 Renato Romero fue detenido y encarcelado tras una denuncia de Concesiones Integrales por daños a su tubería, y un juez penal exoneró a los tres acusados por falta de pruebas.
Pozos profundos: la solución que se convierte en maldición / Imagen: Gemini AI
Una segunda carpeta federal, por el bloqueo del 29 de mayo, derivó en septiembre en la vinculación a proceso de Bermúdez Chantes y Romero, quienes enfrentan la acusación en libertad. Su abogado, Tonatiuh Sarabia Amador, adelantó que promoverá un amparo indirecto.
En el amparo de los pueblos, el informe justificado de SOAPAP llamó a los defensores «grupos anarquistas en la generación de conflictos sociales y estallamientos violentos en diversos lugares», según El Popular. Juan Carlos Flores, abogado del Frente en Defensa del Agua, lo describe como una respuesta de «criminalización, generando carpetas de investigación, órdenes de aprehensión, con difamación y construcción de delitos».
La regidora Aidé Pérez Marín, que ha respaldado la causa, recibe solo 30 por ciento de su sueldo desde agosto, según declaró en septiembre. La Contraloría la investiga por un faltante de autos de juguete de unos 2 mil pesos.
Bermúdez Chantes califica de «fabricada» esa investigación, y la desproporción entre ambos hechos alimenta la sospecha de castigo político.
A ello se suma, recordó Bermúdez, que el cabildo decretó meses atrás la prohibición de grabar con celulares sus sesiones.
En enero de 2026 el comité denunció que personas desconocidas llenan hasta cinco pipas de 10 mil litros al día en el pozo 3. El ayuntamiento, añadió, no revela quién extrae ni adónde va el agua.
El pozo de Xoxtla frente a un acuífero bajo presión: ¿quién extrae cuánto?
Las cifras de extracción están en disputa. El Frente en Defensa del Agua en Xoxtla sostiene que SOAPAP y Agua de Puebla extraen 330 litros por segundo donde el título de Conagua autoriza 34,4, según El Popular.
El título ampara tres pozos, Hylsa 1, 2 y 3, con 20, 6,4 y 8 litros por segundo. La cifra de extracción sale del acta de la cuarta sesión ordinaria de 2025 del Consejo Directivo de SOAPAP, que registra 330,5.
Con esos números, la extracción equivale a 9,6 veces lo autorizado, unos 860 por ciento por encima. El titular de El Popular habla de 1000 por ciento, cifra que sobrestima la diferencia (cálculo de Matria).
La nota no recoge respuesta de SOAPAP ni de Agua de Puebla, de modo que conviene leer la cifra como una denuncia documentada sin contraste oficial. El texto tampoco aclara si los 330 litros corresponden solo a esos tres pozos.
A ese cuadro se suma la industria. La columna de Gabriela Pérez Castresana en la Ibero Puebla sostiene que extrae del acuífero un volumen tres veces mayor que el destinado a la población.
Con datos del Registro Público de Derechos de Agua de Conagua, la autora cita 26 por ciento del agua subterránea concesionada para uso público-urbano y 68 por ciento para uso industrial. Esas cifras contrastan con el 80 por ciento agrícola que invoca Conagua, aunque no son comparables sin conocer el territorio de cada cálculo.
La sobreexplotación no es nueva: entre 1997 y 2010 SOAPAP pasó de 148 a 193 pozos. El volumen extraído creció de 94,8 a 113,9 millones de metros cúbicos y la producción por pozo cayó, según López Zamora (2013).
En julio de 2026 se informó que SOAPAP y Concesiones Integrales planean nueve pozos nuevos para extraer unos 284 litros por segundo, según La Jornada de Oriente. Francisco Castillo Montemayor, extitular de SOAPAP, advirtió que se desperdicia 75 por ciento del agua extraída.
Castillo sostiene además que la operadora redujo 12 por ciento su reporte oficial de extracción para renovar con más facilidad las concesiones de Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla, según Matria.
Treinta años de despojo hídrico: de Nealtican a Xoxtla, y lo que viene
En 1993 el gobernador Manuel Bartlett Díaz impuso el proyecto Angelópolis y logró, aun a costa del enfrentamiento con los pobladores, extraer agua de Nealtican y Acuexcomac (López Zamora, 2022). El déficit de la capital se estimaba entonces en 1 300 litros por segundo.
Nealtican salía más barato, 56 millones de pesos contra 200 de Oriental-Libres. Además, era más fácil enfrentar a sus ladrilleros y sociedades de riego que a los fuertes productores de trigo, sorgo y cebada de Oriental (López Zamora, 2022).
En 1994 SOAPAP firmó con las comunidades un convenio para perforar nueve pozos en Nealtican y Acuexcomac.
Su cláusula octava ordenaba revisar los mantos y suspender la extracción si se afectaban los pozos agrícolas, y no se cumplió en tres décadas, según contamos en Matria.
La concesión federal de cinco de esos pozos vence el 12 de diciembre de 2026 y SOAPAP no presentó a tiempo el aviso de renovación, afirman los pobladores. Por eso las comunidades exigen darla por terminada.
Bartlett acarició además el Plan Moctezuma, un acueducto desde la zona Libres-Oriental hacia Puebla que, según una columna de Intolerancia Diario de 2023, quedó frustrado. La columna atribuye el freno a productores de trigo, sorgo y cebada de Libres, organizados en más de diez mil.
Es una opinión sin fuentes, pero coincide con la reconstrucción histórica: cuando el campo organizado frena un acueducto, la capital vuelve a mirar los acuíferos más próximos. Esa lectura que hacemos desde Matria y la historia, en este caso, tiende a repetirse.
En diciembre de 2006 pobladores de San Francisco Ocotlán bloquearon la autopista México-Puebla contra los pozos del gobierno de Mario Marín, y al menos 20 resultaron lesionados. Tiempo después se supo que ni siquiera estaban en regla los permisos de Conagua (López Zamora, 2022).
Ese movimiento, que reunió a vecinos de Ocotlán, Xoxtla y Cuautlancingo, derrotó a Marín y desembocó en 2009 en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos tipificó su represión como criminalización de la protesta.
Esa memoria sigue viva. El 31 de agosto de 2026 más de tres mil personas marcharon en una caravana contra el saqueo del agua que salió de Xoxtla y sumó a Nealtican, Acuexcomac y San Mateo Ozolco.
Los vecinos realizaron el miércoles 7 de octubre, a la 1 de la tarde, una asamblea general en defensa del agua en el zócalo de Xoxtla, según el cartel de convocatoria. El cartel denuncia una «nueva ocupación policiaca» y responsabiliza al gobierno de Armenta, a SOAPAP y a Agua de Puebla de imponer la excavación.
Según La Jornada de Oriente, en esa asamblea los habitantes decidieron recuperar el parque Pavigi para impedir el pozo, ante el riesgo de que se lleven más agua a la capital, y marcharon del zócalo hacia el predio. Al frente iban la regidora Aidé Pérez Marín y Pascual Bermúdez Chantes, acompañados sobre todo por mujeres y jóvenes. Se sumaron vecinos de Coronango, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla y Mihuacán. En el parque hubo consignas contra la alcaldesa, a quien reprochan haberse comprometido a defender el agua.
Su exigencia central es la transparencia: conocer los permisos, los títulos de concesión y el destino real del agua que extraería la obra. Piden también que se cumpla el convenio de 1997 sobre el mantenimiento de los tres pozos existentes y sostienen que no hubo consulta indígena previa, según su comunicado de noviembre de 2025.
La activista por el agua y académica de la BUAP María Eugenia Ochoa participó en la asamblea de Xoxtla
Conagua: ningún documento autoriza el pozo Pavigi
Ese mismo miércoles, Bermúdez Chantes dijo al delegado de Gobernación que la excavación carece de los permisos de Conagua. La respuesta de la autoridad federal del agua a una solicitud de información coincide con su dicho, según La Jornada de Oriente: Conagua no tiene un solo documento que autorice el Pozo 2, o pozo Pavigi.
De acuerdo con la respuesta al folio 340009400193326, fechada el 28 de septiembre, la dependencia no cuenta con permiso de perforación, estudios técnicos ni permiso de ocupación de zona federal, y tampoco con oficios intercambiados con SOAPAP, la Ceaspue, el ayuntamiento de Xoxtla o la Secretaría de Infraestructura. No hay constancia de que autorizara perforar, sustituir, rehabilitar o cerrar el pozo, ni visita, clausura o sanción alguna en su Programa Nacional de Inspección.
El hallazgo cierra un recorrido de solicitudes que, desde junio, pasó de ventanilla en ventanilla: el ayuntamiento dijo que la obra era estatal, la Ceaspue se declaró incompetente, SOAPAP reservó la información y Gobernación sostuvo que solo medió, sin generar documentos. Hasta esa fecha, ninguna de las cinco autoridades consultadas, de los tres órdenes de gobierno, había mostrado el papel que diga quién autorizó, paga o supervisa la obra.
El dato pesa por el antecedente: en 2024 Conagua canceló el primer pozo junto a la autopista porque carecía de permisos federales. Falta además aclarar cómo encaja con lo dicho por García Parra, quien situó a Conagua entre las instancias que coordinan el diálogo con la comunidad, cuando la dependencia afirma no haber intercambiado un solo oficio sobre este pozo. Y no despeja si SOAPAP se apoya en otro título: las instituciones, según el mismo medio, han justificado la intervención alegando derechos de asignación previos, sin exhibir el documento.
Siguen sin respuesta pública cuatro preguntas: con qué título se perforó, si Conagua no tiene permiso alguno; cuántos litros por segundo extraerá; quién la operará y adónde irá el agua. La promesa de no perforar el pozo de Xoxtla sin consenso se pondrá a prueba en los hechos: el pozo está tapado, pero la maquinaria apenas salía del parque y cientos de policías seguían a pocas calles. De nuevo, todo queda en veremos.
Esta es un historia en construcción. Seguirá…
