El saneamiento del río Atoyac suma 63 kilómetros intervenidos, nuevas plantas y, desde el 19 de octubre, vigilancia con C4 y C5. Y aunque se apunta hacia el castigo a industrias y municipios, la concesionaria Agua de Puebla queda fuera del radar.
En julio, cuarenta organizaciones de Puebla y Tlaxcala, entre ellas el Centro Fray Julián Garcés y la Coordinadora por un Atoyac con Vida, advirtieron que el plan federal dejaba fuera a las víctimas. Sobre la salud fueron claras: «No es un riesgo que haya que prevenir a futuro, es un daño que ya ocurrió y que sigue sin atenderse».
El 19 de octubre llegó otra respuesta, desde el gobierno: vigilancia y castigo dentro del saneamiento del río Atoyac, con la meta de un río limpio en 2030. El gobernador Alejandro Armenta Mier y las autoridades federales anunciaron clausuras, reparación del daño y un centro de vigilancia conectado a los sistemas C4 y C5.
Matria parte de una premisa doble: hay algunos avances, tímidos pero reales, los cuales merecen reconocerse. Y de otra: un saneamiento del río Atoyac que no mide a todos los que descargan con la misma vara corre el riesgo de quedarse en gestos.
Lo que sí avanza en el saneamiento del río Atoyac
La cifra más citada del saneamiento del río Atoyac es la de la Conagua, que en julio reportó 85 por ciento de avance en la primera etapa del plan. Detrás hay 63 kilómetros intervenidos, 40 de colectores marginales en construcción, 20 de desazolve y 110 tiraderos de basura eliminados, según La Jornada de Oriente.
También hay obra que se puede recorrer: cuatro plantas de aguas residuales en construcción y 12 kilómetros de tubería para llevar agua tratada al riego agrícola. Se reforestaron además más de mil 100 hectáreas alrededor del cauce.
En San Matías Tlalancaleca, San Salvador El Verde y Tlahuapan se reportan 409 biodigestores, con una inversión superior a 43 millones de pesos. Apuntan a un problema que el diagnóstico oficial ubica en los hogares: 95 por ciento de las más de 4 mil 900 descargas identificadas en la cuenca Atoyac-Zahuapan son domiciliarias.
La inversión estatal y federal para 2025 y 2026 se calculó en 2 mil 755 millones de pesos, según reportó La Jornada. Falta saber cuánto se destinará a operar lo que hoy se construye.
En Tlaxcala, el saneamiento del río Atoyac y del Zahuapan reportó el 14 de octubre 20 kilómetros intervenidos de una meta de 92 para 2030, según Crónica. La planta de Tlaxco va al 95 por ciento y cerraría en diciembre; con las de Tecomalucan y Acopinalco sumarán 65 litros por segundo para 45 mil 438 habitantes.
Israel Tobón, comisionado estatal del agua de Tlaxcala, sostuvo que la infraestructura debe acompañarse de recursos suficientes para funcionar a largo plazo. Para eso se mencionan 490 millones de pesos destinados a operar y mantener las plantas durante la administración estatal.
La nota oficial, sin embargo, no desglosa cómo se calcula ese 85 por ciento. En un editorial del 17 de julio, La Jornada de Oriente escribió que «aún no se observa algún cambio positivo» en la contaminación del río y que «se sigue culpando a talleres o pequeñas fábricas».
Del anuncio a la vigilancia: industria, municipios y sanciones
Las organizaciones piden algo más que inspecciones: exigen denuncias penales contra las empresas contaminantes y que no se condonen sanciones a cambio de obras. A esa práctica la llaman «blanqueamiento de los delitos ambientales corporativos» y cuestionan que «el que contamina paga» se quede en lema.
Aurelio Fernández, director del Cupreder, propuso en octubre de 2025 detener a las cincuenta empresas más contaminantes, una propuesta que Matria recogió tras la conferencia de Estefanía Martínez Tavera. La pregunta pendiente es si esa lista, o cualquier otra, incluye también a quien opera el drenaje de la capital.
El 19 de octubre, la subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial de la Profepa, Gabriela Ortiz Merino, informó 79 inspecciones y 13 clausuras industriales en la zona. Aclaró que «las multas no serán el único mecanismo de respuesta».
La Profepa alertó también a los ayuntamientos: si permiten descargas irregulares en sus drenajes, tendrán responsabilidad legal. Les pidió identificar y desconectar a las industrias infractoras, una exigencia nueva para los 22 municipios de la cuenca.
Armenta describió el orden de la estrategia del saneamiento del río Atoyac: primero diálogo con empresarios y opciones de tratamiento y reúso, después biodigestores y colectores y, al final, la sanción. «No tengan la menor duda de que así va a ser», aseguró, según Heraldo de Puebla.
El gobernador fue más allá: «no habrá excepciones ante el incumplimiento, incluso cuando se trate de autoridades públicas». Es una frase que compromete al propio gobierno, y por eso conviene tomarla en serio.
En Tlaxcala, la Profepa reportó 40 inspecciones industriales el año pasado y 60 este año. Los reportes consultados no desglosan cuántas de esas inspecciones, ni de las 79 de Puebla, alcanzaron plantas de tratamiento de aguas residuales.
Agua de Puebla: el operador que falta en el radar
En San Francisco Totimehuacan, un vecino dijo en marzo a La Jornada de Oriente que los lodos de la planta Alseseca Sur se vierten cada tres meses y que el olor le dificulta respirar. Manuel Bravo Bruno, de extrabajadores despedidos del SOAPAP, y Francisco Castillo Montemayor, exdirector, afirman que el biodigestor no funciona.
Según ambos, la planta opera a 60 por ciento de su capacidad y solo con tratamiento primario. Dicen que ninguna autoridad ha actuado pese a las evidencias, y la nota no recoge respuesta de la empresa.
Castillo ha puesto cifras a la acusación. En agosto de 2025 dijo que las plantas de la concesionaria «no están quitando todo el material soluble sino únicamente el 50 por ciento de la contaminación», según La Jornada de Oriente.
«Si no tienen plantas de tratamiento con un nivel secundario o terciario es imposible que cumplan con la norma»
Francisco Castillo Montemayor, exdirector del SOAPAP
Estimó además que la empresa descarga en promedio unos 3 mil litros por segundo de los 4 mil que llegan al río. Según el diario, Concesiones Integrales afirma que es impreciso señalar que incumple con el saneamiento de las aguas residuales.
La estimación más contundente llegó en octubre de 2025. Castillo dijo que, si Agua de Puebla terminara sus cuatro plantas inconclusas, se limpiaría «muy cerca del 80 por ciento de las aguas residuales que descargan todos los 22 municipios».
Es una estimación, no una medición, y la mayor parte de esa agua se concentra en la capital y en San Pedro, San Andrés, Cuautlancingo, Coronango y Amozoc.
El 20 de octubre, el editorial de La Jornada de Oriente retomó esos datos de Castillo y atribuyó a la concesionaria hasta cuatro quintas partes de la contaminación por falta de saneamiento. Pidió revisar colectores, plantas, volúmenes realmente tratados y obligaciones del contrato.
La estimación no está sola. Un diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, difundido en agosto de 2021 bajo la entonces alcaldesa Claudia Rivera, concluyó que la concesionaria trataba apenas 20 por ciento de las aguas contaminadas del Atoyac.
El propio gobierno estatal ofrece otra medida. El 8 de julio, la directora del SOAPAP, Josefina Morales Guerrero, informó al Congreso que la empresa cumple nueve de 31 indicadores de desempeño, según La Jornada de Oriente.
Por rubro, cumple 4 de 17 en agua potable, 1 de 5 en drenaje y 2 de 4 en saneamiento, además de 2 de 5 en gestión.
La misma directora expuso que la eficiencia promedio de las plantas fue de 84 por ciento al cierre del primer trimestre de 2026. Si esa cifra y el 50 por ciento de Castillo miden lo mismo, algo que la nota no precisa, la distancia entre ambas la debería aclarar una auditoría pública y abierta.
Una concesión denunciada, pero no cancelada
La concesión se otorgó en 2013 a Concesiones Integrales, que opera como Agua de Puebla para Todos, según la investigación de Óscar Morales publicada en Matria. Esa pieza reúne además denuncias sobre tarifas, tandeo y un cobro de saneamiento que, según el reportaje, no se acompaña de tratamiento.
Armenta ya había señalado a la empresa el 26 de marzo: «Agua de Puebla nos cobra por la potabilización en cada recibo que pagamos, pero no potabilizan». Anunció que iría por la vía judicial («ya estamos por interponer un proceso judicial») y las notas consultadas no informan que la demanda se haya presentado.
En abril, el gobierno estatal enumeró incumplimientos en el plan de inversión, en los estándares de eficiencia y en el tercer convenio modificatorio, y anunció mesas de trabajo con la empresa. Armenta reconoció que «no puedo cancelar una concesión porque implica un acto jurídico que se llevará años».
La razón de fondo es el costo, según Milenio en febrero de 2025. Un diagnóstico de 2021 estimaba una indemnización de entre 4 mil 979 y 7 mil 690 millones de pesos por terminar el contrato, argumento con el que Armenta descartó cancelarlo.
Morales Guerrero dijo ante los diputados que en los diez años revisados no se han encontrado «faltas graves». Prefirió sancionar con severidad antes que revocar, por la indemnización que habría que pagar.
Las multas más severas, aprobadas en 2025 en el tercer convenio modificatorio, no podrán aplicarse hasta la revisión del año 11. La diputada Delfina Pozos Vergara preguntó por qué no se aplican las veinte causales de revocación.
Del año uno al nueve se han impuesto multas; la del año 10 sigue pendiente. Ninguna ha cambiado la decisión de mantener el contrato.
El 19 de octubre, Armenta volvió a señalar al operador: dijo que «el reto principal lo tiene la empresa privatizadora Agua de Puebla, que no ha cumplido con sus obligaciones». Pero la nota de La Jornada de Oriente sobre el anuncio ni siquiera la menciona por nombre, y las notas consultadas no citan una multa, una inspección o un plazo concretos contra ella.
Lo que falta para un verdadero saneamiento del río Atoyac
Una regla pareja sería el punto de partida: que las 79 inspecciones y las 13 clausuras tengan su equivalente en las plantas de la concesión. Publicar cuántas plantas se inspeccionaron, con qué resultado y qué sanción siguió, sería la prueba más sencilla de que el «no habrá excepciones» de Armenta incluye a la concesionaria.
«Ni siquiera el agua tratada resuelve el problema»
Organizaciones de Puebla y Tlaxcala, sobre las plantas de tratamiento
Medir el río en público es la segunda tarea. Estefanía Martínez Tavera, investigadora de la UPAEP, explicó que las estaciones de monitoreo de su equipo fueron desmanteladas tras los cambios de 2018 y que sus datos no están disponibles públicamente, según Matria.
La salud sigue fuera del plan, según las organizaciones. Señalan que no incluye atención médica y que la norma vigente contempla 22 sustancias, frente a más de 112 detectadas en el cauce; piden actualizar la NOM-001-SEMARNAT-2021.
Hay además una duda sobre el destino del agua y los lodos. Las organizaciones advierten que entregarlos a ejidos y comunidades agrarias, como prevé el reúso agrícola, puede llevar sustancias tóxicas a los cultivos si el tratamiento no las retira.
Y está el dinero para operar. Los 265 millones de pesos proyectados para 2027 para reutilizar agua de las plantas San Martín, Las Flores, Moyotzingo y Los Pinos buscan regar 1,450 hectáreas, y falta definir quién pagará su mantenimiento.
El horizonte oficial del saneamiento del río Atoyac es 2030, y entre hoy y entonces están la revisión del año 11 de la concesión y un presupuesto estatal 2027 que complemente la inversión federal. Si la demanda anunciada en marzo no se presenta y la concesionaria sigue sin sanción concreta, el castigo seguirá recayendo sobre quienes tienen menos capacidad de defenderse.
