El Segundo Informe dejó una fotografía partida: Palacio Nacional habló de estabilidad y de avances medibles, pero en territorio abundan los claroscuros. En Puebla sigue abierto el expediente del Atoyac, Volkswagen despide bajo presión arancelaria y la soberanía energética bascula entre debates duros: gas, fracking y fertilizantes.
“México camina por el rumbo de la prosperidad compartida, con independencia, libertad y con mucha dignidad”, dijo Sheinbaum al abrir su Segundo Informe.
El mismo martes en que Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno y presumió que la deuda de Pemex bajó 20 mil millones de dólares en dos años, un gran jugador del sector privado demostraba, en Puebla, que lo único que los empresarios comparten con los trabajadores es la socialización de las pérdidas.
786 trabajadores de Volkswagen esperaban noticias sobre su liquidación. De ellos, 611 pertenecían al segmento Jetta-Tiguan.
“Es un golpe muy duro, lo que más siento es impotencia”, dijo uno de los despedidos a La Jornada de Oriente.
Las dos escenas ocurrieron el mismo día, a 130 kilómetros de distancia, y ninguna cuenta la historia completa por sí sola. Ese es el problema de leer el informe solo desde Palacio Nacional o solo desde el comunicado de Greenpeace México, que calificó el año como uno de “grandes retrocesos” ambientales.
La lectura obliga a salir del parte oficial y también del reflejo automático de la denuncia. En cuatro frentes —Atoyac, Volkswagen, Pemex/fracking y fertilizantes— aparece el mismo dilema: medir avances sin esconder costos, y reconocer conflictos sin negar la importancia estratégica de producir dentro del país.
El discurso presidencial ofrece el marco político de esa tensión. Sheinbaum habló de “prosperidad compartida” y de un gobierno que recorre el país, escucha y rinde cuentas; el artículo pone a prueba esa promesa en los lugares donde la prosperidad se mide en agua limpia, empleo estable, energía suficiente y fertilizantes para el campo.
“Somos un gobierno que está presente en cada rincón del territorio, que recorre el país, que escucha, atiende y rinde cuentas”, afirmó la presidenta.
Río Atoyac: banderazo y poco más
El caso más citado del informe en materia hídrica es el plan de saneamiento del Atoyac, uno de los ríos más contaminados de México. Sheinbaum dio el banderazo el 22 de marzo de 2025 y lo amplió el 18 de julio de 2026, con una inversión sexenal de 20 mil millones de pesos para varias cuencas.
El saneamiento del Atoyac avanza en infraestructura, pero la contaminación industrial sigue sin resolverse / Imagen: cortesía de ambasmanos.mx
Hay avance real y verificable en el primer tramo intervenido: en diez meses se desactivaron 109 descargas de aguas residuales —13 municipales— y se instalaron 409 biodigestores en 30 kilómetros de cauce, de acuerdo con La Jornada.
La obra hídrica cabe dentro de una narrativa presidencial más amplia: la idea de que el Estado volvió a mirar el territorio con inversión pública. Pero el Atoyac exige una prueba más difícil que el anuncio: sostener el saneamiento, castigar descargas y atender a las comunidades que llevan años respirando y bebiendo contaminación.
“Para finales de octubre… tendremos agua de muy buena calidad para riego agrícola”, proyectó el comisionado federal Alejandro Isauro Martínez Orozco.
Pese a lo cual la cifra de infraestructura se separa rápido de la magnitud real del problema. La cuenca Atoyac-Zahuapan tiene más de 4 mil 900 puntos de descarga permanente y una carga diaria de 62.8 toneladas de sólidos suspendidos, una dimensión que reportes de Matria han documentado como crisis ambiental y sanitaria.
Las organizaciones territoriales lo resumen con otra vara: más de 112 sustancias tóxicas detectadas en el cauce frente a una norma ambiental que solo contempla 22. También acusan que el plan federal omite la atención médica para poblaciones expuestas durante décadas a contaminación industrial.
El balance del Atoyac no cabe en una consigna. Hay obra pública verificable —biodigestores, descargas desactivadas, plantas en construcción— sobre una fracción del problema. La causa estructural, sin embargo, sigue viva: descargas industriales y domésticas sin tratar en cientos de puntos de una cuenca que todavía enferma.
Volkswagen: crisis global, dependencia industrial y el golpe que aterriza en Puebla
El recorte en Volkswagen Puebla no puede leerse solo como un conflicto laboral local ni como una mala racha de una planta. Forma parte de la crisis global de la corporación alemana: desde el Dieselgate de 2015, Volkswagen arrastra costos reputacionales, multas, reestructuras y una transición eléctrica que llegó tarde frente al empuje chino.
La competencia de China cambió la cancha. Marcas como BYD, Geely o NIO empujaron vehículos eléctricos más baratos y tecnológicamente agresivos, mientras Volkswagen perdió terreno en el mercado que durante años sostuvo buena parte de sus ganancias. Esa crisis ya no se queda en Wolfsburg: llega a Puebla en forma de turnos cancelados, presión sobre proveedores y empleos vulnerables.
Al mismo tiempo, México quedó atrapado entre dos fuerzas. Estados Unidos presiona para cerrar la rendija por donde pueden entrar insumos o vehículos chinos ensamblados desde territorio mexicano; pero esa misma guerra arancelaria eleva el valor estratégico del país como plataforma exportadora hacia Norteamérica.
La paradoja mexicana viene de más atrás: el país aumentó su participación en cadenas globales de valor y atrajo empresas extranjeras, pero lo hizo muchas veces sin construir tecnología propia, proveedores nacionales fuertes ni una política industrial capaz de subir de nivel. México exporta más, sí; pero demasiadas veces exporta bajo el mando tecnológico y financiero de otros.
La reflexión de José Romero apunta justo a ese punto: México apostó durante décadas a que el mercado externo, el T-MEC, la inversión extranjera y la relocalización industrial terminarían por empujar, casi por inercia, un desarrollo nacional más sólido. Pero producir mucho para otros no equivale a construir capacidades propias.
El problema no es exportar; el problema es exportar sin mandar. Si las decisiones sobre diseño, baterías, software, patentes, componentes críticos y financiamiento se toman fuera del país, México puede aparecer como potencia manufacturera y, al mismo tiempo, seguir atrapado en una posición subordinada dentro de la cadena global.
Sheinbaum defendió que la economía “permanece estable” pese a aranceles, guerras y tensiones externas. Esa lectura importa: México no está al margen del choque global, pero tampoco puede conformarse con resistirlo como maquilador sofisticado. La estabilidad macroeconómica necesita un piso productivo propio para no convertirse en vulnerabilidad social cuando una corporación global ajusta turnos.
“La economía mexicana permanece estable y avanza con récord en Inversión Extranjera Directa”, sostuvo el mensaje oficial del Segundo Informe.
Por eso casos pequeños como Olinia importan más de lo que parece. No compensan por sí solos décadas de subordinación industrial, pero abren una grieta distinta: diseño, ingeniería, baterías, ensamblaje y conocimiento desarrollados desde México. Puebla, golpeada por Volkswagen, también aparece ahí como laboratorio posible de soberanía tecnológica.
Ahí se entiende mejor la paradoja: la misma reconfiguración que vuelve a México más atractivo como plataforma exportadora también desnuda su dependencia. La armadora eliminó de forma indefinida uno de sus tres turnos en las líneas Tiguan y Jetta, con impacto para cerca de 786 empleados, pero el problema excede a una empresa: revela una inserción subordinada en la industria automotriz global.
“Se supone que el sindicato es para que defienda la clase trabajadora, no para que la venda”, dijo el familiar de un trabajador despedido.
La revisión del T-MEC, prevista para septiembre de 2026 en Washington, llega con doble filo. México puede vender más en la reorganización industrial de Norteamérica, pero también debe probar que no será simple puente para importaciones chinas. La advertencia de fondo es política industrial: no basta con esperar que la certidumbre comercial sustituya al Estado desarrollador.
El aumento sostenido del salario mínimo es un avance social de alto alcance; el reto es que ese avance no descanse sobre una base productiva dependiente, sino sobre industria propia, tecnología nacional y empleos menos expuestos a decisiones tomadas fuera del país.
“Mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la república, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”, afirmó Sheinbaum.
La apuesta por que “todo saldría bien” dejó una factura: el país abrió mercados, atrajo plantas, estabilizó exportaciones y elevó salarios, pero no construyó con la misma fuerza bancos de desarrollo, proveeduría tecnológica, investigación aplicada ni empresas nacionales capaces de disputar los tramos de mayor valor.
Pemex, fracking y fertilizantes: soberanía bajo presión
En energía, el informe mostró una cifra defendible: la deuda de Pemex bajó 20 mil millones de dólares en dos años. También reportó ingresos por 876 mil millones de pesos en el primer semestre de 2026 y una utilidad operativa de 125 mil millones.
“La soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, subrayó la presidenta en su mensaje.
La frase vuelve más exigente el debate energético. Si la soberanía no se negocia, entonces no basta con mejorar la hoja financiera de Pemex: también hay que reducir la dependencia del gas importado, definir si el fracking será frontera prohibida o reserva futura, y explicar cómo se financiará la transición sin cargar el costo sobre territorios vulnerables.
El horizonte del fracking vuelve por la puerta del gas. México importa cerca de 75% del gas natural que consume y esa dependencia convierte cualquier promesa de soberanía energética en una ecuación incómoda: producir más, depender menos y no abrir una fractura ambiental y social mayor.
La respuesta social fue tajante en varios sectores. La Alianza Mexicana contra el Fracking, junto con 82 organizaciones, exigió cumplir la promesa de no impulsar esa técnica. Para ellas,
la discusión no es semántica ni tecnológica: es territorial, sanitaria y climática.
“No existe fracking sustentable. La evidencia científica demuestra los riesgos y efectos”, advirtieron las organizaciones.
La contradicción ya no está en el margen: Pemex debe menos, pero el país sigue importando el gas que mueve buena parte de su electricidad y su petroquímica. Ese dato explica por qué el fracking no desaparece del horizonte, aunque el costo político y ambiental de activarlo siga siendo alto.
En fertilizantes, la discusión es todavía más sensible. La planta de amoniaco de Topolobampo enfrenta protestas legítimas por la Bahía de Ohuira y por derechos indígenas; aun así, toca una fibra estratégica: México importa alrededor de 80% del amoniaco que consume y el campo no puede quedar rehén de precios, barcos y crisis externas.
La soberanía en fertilizantes no cancela las protestas: las obliga a tomarse en serio. Si el Estado defiende una obra por seguridad alimentaria, debe probar consulta efectiva, vigilancia ambiental y beneficios locales. Sin eso, la palabra soberanía pierde fuerza; con eso, la producción nacional deja de ser consigna y se vuelve política pública.
La misma vara aplica a los fertilizantes. La soberanía alimentaria no se defiende solo con discursos ni solo con importaciones baratas: requiere insumos nacionales, energía disponible, regulación ambiental estricta y acuerdos territoriales que no conviertan la seguridad del campo en sacrificio de comunidades costeras.
Del presupuesto de Conanp a Topolobampo: el territorio que no entra en el Segundo Informe de Gobierno
El informe también anunció un nuevo Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026-2030, con la meta de pasar de 99 a 154 millones de hectáreas protegidas. La ambición territorial contrasta con lo documentado por organizaciones: el presupuesto de Conanp se ubica entre los más bajos en dos décadas.
Topolobampo resume esa tensión mejor que cualquier discurso. En la Bahía de Ohuira hay comunidades costeras, ejidos y campos pesqueros movilizados contra una planta de amoniaco; al mismo tiempo, productores agrícolas la defienden como pieza para bajar dependencia externa y dar certidumbre al abasto de fertilizantes.
“No existe fracking sustentable. La evidencia científica demuestra los riesgos y efectos”, advirtieron las organizaciones.
No es un caso aislado. En Michoacán, comunidades indígenas y afromexicanas tomaron instalaciones de la geotermoeléctrica de Los Azufres y cerraron carreteras para exigir cuidado ambiental y seguridad. La escena completa el patrón: los conflictos territoriales no bajaron de intensidad en el segundo año de gobierno.
Doce meses después del primer informe, el Estado mexicano puede mostrar cifras duras: menos deuda de Pemex, biodigestores en el Atoyac, plantas de tratamiento, metas de conservación y una apuesta por insumos agrícolas nacionales. La pregunta es si esa ruta puede sostenerse sin repetir viejas fórmulas de imposición territorial.
“Solo con honestidad se dan verdaderamente resultados”, insistió Sheinbaum ante su gabinete e invitados.
El segundo año no se entiende con absolutos. El Atoyac tiene biodigestores nuevos y miles de descargas pendientes. Pemex debe menos, pero el gas mantiene vivo el horizonte del fracking. Volkswagen recorta empleos porque Puebla está atada a una corporación en crisis global y a una estructura industrial dependiente.
Los salarios mínimos suben —y eso importa—, pero el propio discurso presidencial deja una vara alta: prosperidad compartida, soberanía y honestidad solo valen cuando llegan al territorio.
Si México quiere soberanía, tendrá que dejar de apostar a que el comercio exterior hará solo la tarea del desarrollo; tendrá que producir más tecnología propia, construir empresas nacionales y decidir una parte mayor de su futuro productivo.
