Entre el 9 y el 11 de octubre de 2025, las lluvias fracturaron el cerro Zihuateutla y desviaron el río Necaxa. El 13 de octubre, la pequeña comunidad de Cacahuatlán pidió reubicarse. Diez meses después no existe dictamen público, fecha de reubicación ni censo confirmado, mientras tormentas y deslaves amenazan a sus habitantes.
Cacahuatlán enfrenta, desde octubre del 2025, las consecuencias de un deslave que amenaza con sepultar sus casas. La comunidad, asentada entre una ladera inestable y la margen del río Necaxa, vive en una incertidumbre que no resuelven ni las despensas ni las visitas oficiales.
Cacahuatlán, municipio de Zihuateutla, estado de Puebla / Imagen: Cupreder
En aquel entonces, sus 91 habitantes fueron evacuada por riesgo inminente, pero luego los regresaron a sus casas y todavía no conocen un dictamen público que diga si pueden quedarse o si debe reconstruir en otro sitio.
El problema toca a un pueblo tutunakú de más de cien hogares. La mayoría de las familias depende del territorio, del agua cercana y de una red comunitaria que no puede trasladarse de un día para otro.
Por eso la discusión de fondo no es solo dónde construir viviendas nuevas. Es quién evalúa el peligro, quién informa a la población y bajo qué condiciones se decide una reubicación segura, digna y aceptada por la comunidad.
1999: la inundación que sigue marcando al pueblo
La amenaza no llegó por primera vez en 2025. En octubre de 1999, las lluvias asociadas al fenómeno El Niño desbordaron la presa Necaxa.
Por sus compuertas salieron cerca de 53 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad equivalente a una vez y media su capacidad total.
La corriente bajó sin control por el río Necaxa y golpeó Zihuateutla, Patla, Chicontla, Cacahuatlán y Tlaulantongo.
Después siguió hacia el Tecolutla y arrasó parte de Gutiérrez Zamora y Tecolutla, en Veracruz.
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La planta Pexi quedó sepultada bajo lodo y piedras. El sistema Necaxa dejó de generar energía. El saldo fue devastador. Cientos de personas murieron, sobre todo en la planicie costera del norte de Veracruz, donde la falta de memoria sobre crecidas de ese tamaño aumentó la vulnerabilidad.
José Manuel Macías Medrano, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (CIESAS), documentó en Devastación y éxodo (2009) que los avisos meteorológicos comenzaron a emitirse desde el 29 de septiembre de 1999.
Pero la información no llegó a tiempo ni con claridad a las comunidades. La falta de una cultura preventiva hizo el resto.
Casi tres décadas después, Cacahuatlán vuelve a quedar en el mismo punto: entre una ladera que se mueve y un río que ya mostró su fuerza.
Octubre de 2025: el cerro se fractura, el río cambia de cauce
Entre el jueves 9 y el sábado 11 de octubre de 2025, las lluvias abrieron la ladera sureste del cerro Zihuateutla. El Reportaje Cacahuatlán las vincula con la tormenta tropical Jerry.
De la montaña bajaron rocas, lodo y árboles por las tres calles principales del pueblo, desde el cantil hasta la ribera del Necaxa, conocida localmente como calle 5 de Mayo.
El deslave rompió la red de agua potable, fracturó el drenaje y dañó la escuela primaria.
Según el informe de campo del Comité del Ordenamiento Ecológico Local de Zihuateutla,COELZI, también se metieron hasta treinta centímetros de lodo en siete viviendas.
El cerro no fue el único peligro. El río Necaxa creció, arrastró sedimentos y tapó parte de su cauce natural, y el agua buscó salida hacia la margen donde está asentada la comunidad.
Desde entonces, el río muerde el terreno bajo huertas y viviendas de la calle 5 de Mayo.
Cacahuatlán, entre el cerro y el río / Imagen: Cupreder
El suelo está fracturado y su estabilidad sigue en duda. El COELZI advierte que, si la erosión continúa, podrían venir nuevos deslizamientos sobre la zona donde identifica diez casas en riesgo.
La geolocalización del desastre quedó registrada en cinco puntos del informe COELZI:
el pie de la ladera (20°15′7.3″ N / 97°52′8.8″ O); el punto medio del deslizamiento sobre la calle de entrada (20°15′8.6″ N / 97°52′13.2″ O); la fractura superior del cantil, cerca del tanque de captación de agua (20°15′9.3″ N / 97°52′15.9″ O); y dos puntos de minado del sustrato bajo las huertas familiares en la margen del río (20°15′2.1″ N / 97°52′9.8″ O, y 20°15′3.0″ N / 97°52′8.4″ O).
La contradicción: evacuar por alto riesgo ¿y autorizar el regreso?
El 11 de octubre de 2025, 91 personas, entre ellas niñas, niños y familias completas, fueron llevadas a un albergue instalado en la iglesia Alfa y Omega, en la comunidad de La Unión.
La evacuación ocurrió después de una revisión preliminar del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, autoridades municipales y la autoridad local.
De acuerdo con la documentación comunitaria, la conclusión fue directa: Cacahuatlán era una zona de alto riesgo y no era apta para vivir.
Asamblea de pobladores de Cacahautlán con integrantes del Comité del Ordenamiento Ecológico de Zihuateutla y del Cupreder para discutir los avances en la reubicación de su ranchería / Imagen: Cupreder
Dos días después, el 13 de octubre, la comunidad se reunió en asamblea dentro del albergue. Con casas, calles, escuela y servicios dañados, la mayoría decidió pedir formalmente la reubicación del pueblo en un sitio seguro.
La jueza de paz levantó el acta, reunió firmas y envió oficios al gobernador Alejandro Armenta, a la Coordinación General de Protección Civil del Estado y al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.
Ese mismo día, sin embargo, el ayuntamiento autorizó el regreso a Cacahuatlán, con el argumento de que el peligro había pasado.
Ahí aparece el primer vacío crítico del expediente. La decisión municipal chocó con la recomendación de las autoridades federales que habían revisado la zona y advertido que no era seguro volver.
En la documentación revisada no hay una resolución técnica posterior que explique por qué el riesgo dejó de ser alto ni qué condiciones permitían el retorno.
Desde entonces, la comunidad quedó atrapada en una contradicción: existe una valoración de alto riesgo que nadie ha revocado públicamente, pero también una autorización de regreso que los habitantes nunca pidieron.
Oficios, visitas y un dictamen que no aparece
El COELZI levantó su informe de campo el 20 de octubre de 2025. Registró coordenadas, testimonios y daños, y concluyó que Cacahuatlán debía reubicarse en su totalidad, en un lugar seguro y digno.
El documento llegó a la Dirección General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Cambio Climático de la Sedatu.
Entre los cerros y…
…y el río
La dependencia respondió el 9 de diciembre con un oficio donde reconoce la gravedad del caso.
La Sedatu validó dos amenazas principales: los movimientos de masa en la ladera sureste del cerro Zihuateutla y el riesgo hidrológico provocado por el cambio de cauce del río Necaxa.
También reconoció la valoración interinstitucional realizada por la Defensa Nacional, la Marina y autoridades municipales.
Pero trasladó la ejecución de los estudios geotécnicos, las obras de mitigación y los sistemas de alerta a los gobiernos municipal y estatal.
Los apoyos, señaló la dependencia federal, deben solicitarse dentro de los plazos marcados por las reglas de operación.
El 31 de marzo de 2026, el COELZI volvió a escribir a la Sedatu.
El oficio planteó tres preguntas que siguen abiertas: si existe un dictamen geotécnico, si hay un protocolo de protección civil y si se levantó un censo oficial para la reubicación.
También recordó que, durante la presentación del Plan de Reconstrucción Puebla 2026-2027, se habló de decenas de reubicaciones en Zihuateutla.
Los habitantes de Cacahuatlán, sin embargo, dicen no saber si están incluidos formalmente en ese proceso.
La secuencia documental muestra una cadena de responsabilidades que, hasta marzo de 2026, seguía sin cerrarse. La comunidad pidió reubicación.
Una instancia federal reconoció el riesgo, pero remitió buena parte de la intervención técnica a los gobiernos local y estatal.
Esa cadena avanzó de forma más concreta el 2 de junio de 2026, cuando la Sedatu y el COELZI sostuvieron una mesa de trabajo que, por primera vez, dejó una relatoría detallada del proceso que publicamos en exclusiva desde Matria.
La mesa de trabajo del 2 de junio de 2026: Loma Bonita y el reconocimiento del POEL
Según la minuta de esa reunión, convocada por la Sedatu a solicitud del COELZI, en modalidad de videoconferencia, la intervención federal arrancó el 10 de octubre de 2025.
Ese día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la entonces titular de la Sedatu, Edna Vega, instruyeron identificar a las comunidades afectadas.
Entre octubre y diciembre de 2025, la Sedatu levantó polígonos de daño en diez municipios de Puebla, Hidalgo y Veracruz.
El 12 de noviembre de 2025, el COELZI envió a la Sedatu su propio informe de riesgo y vulnerabilidad de Cacahuatlán. Pidió estudios técnicos, reubicación y que se considerara el ordenamiento ecológico local.
El 1 y el 3 de diciembre se realizaron dos asambleas en Cacahuatlán, sin presencia de personal de la Sedatu y sin información en lengua totonaca.
En esas asambleas, según relató el COELZI en la mesa de trabajo, se dio información errónea a la población: se le hizo creer que reubicarse implicaba entregar su predio actual y que su casa sería destruida.
En febrero de 2026, la Sedatu realizó un levantamiento vivienda por vivienda para integrar un primer padrón de familias candidatas a la reubicación. El 31 de marzo, el COELZI volvió a escribir a la dependencia, insistiendo en que se reconociera el POEL.
El 24 de abril, una asamblea informativa en La Unión aclaró, según la minuta, que la reubicación es voluntaria y no implica la entrega forzosa del predio original (Minuta Mesa de Trabajo Sedatu-COELZI, 2 de junio de 2026).
En la reunión del 2 de junio participaron, por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), personal de la Dirección de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y de la Dirección General de Ordenamiento Metropolitano y Regional, encabezados por Guillermo Pérez Moreno.
Por el COELZI asistieron integrantes de sus órganos técnico y ejecutivo, y como aliados técnicos participaron personal de Cupreder-BUAP y de la reserva Kolijke.
La Sedatu explicó que su competencia se limita a identificar los polígonos de daño y a gestionar la vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda, o Conavi.
Las obras de mitigación, como muros o dragado del río, corresponden a Protección Civil y a los gobiernos estatal y municipal.
Un video explicativo sobre Kolijke y sus objetivos bioculturales
El sitio propuesto para la reubicación es el predio de Loma Bonita.
María Cruz Piña Flores, secretaria del Órgano Ejecutivo del COELZI y habitante de esa localidad, expuso en la mesa de trabajo los problemas del predio.
Entre ellos, escasez de agua, hasta tres meses sin suministro, lo que obliga a comprarla; infraestructura eléctrica insuficiente; y servicios de salud y educación que no alcanzarían para absorber a la población que llegaría desde Cacahuatlán, cuyo número tampoco se ha informado a la comunidad.
El técnico dictaminador de la Sedatu, Pablo Romero Alanís, reconoció que la Conavi exige garantizar esa infraestructura antes de autorizar el predio.
El punto más discutido fue la vinculación del ordenamiento ecológico con la decisión de reubicar.
El COELZI planteó que cualquier proyecto de relocalización implica un cambio de uso de suelo, y que ese cambio, conforme al POEL de Zihuateutla, requiere un dictamen de factibilidad de su órgano técnico.
El ordenamiento fue aprobado por la asamblea del COELZI y por el cabildo municipal, y tiene validez legal según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la LGEEPA.
La Sedatu admitió no haber tenido conocimiento previo del POEL ni del propio COELZI, porque el municipio no se lo había informado. Guillermo Pérez se comprometió a que la dependencia tomara en cuenta el ordenamiento local en los procesos de cambio de uso de suelo vinculados a la reubicación.
Séptima sesión del Órgano Ejecutivo y el Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local de Zihuateutla (COELZI) el 17 de octubre del 2025 / Imagen: Facebook COELZI
También prometió involucrar al municipio y al estado en reuniones conjuntas, y compartir con el órgano técnico del COELZI el proyecto y el polígono de Loma Bonita, para que Cupreder-BUAP analizara su compatibilidad con las Unidades de Gestión Ambiental del propio POEL.
La mesa de trabajo abordó también los derechos de Cacahuatlán como comunidad indígena hablante de totonaco.
El COELZI pidió que la información se entregue en esa lengua y que se reconozca a la jueza de paz Oralia Téllez López como autoridad legítima, algo que la Sedatu aceptó.
Pidió también que se respeten los medios de vida, los animales de traspatio y las festividades del pueblo en cualquier proceso de reubicación.
Entre los acuerdos de la sesión quedó pendiente qu
e la Sedatu comparta un resumen ejecutivo y los polígonos de Loma Bonita. También que designe a una persona representante permanente en las asambleas del COELZI: la siguiente estaba programada para el 26 de junio de 2026.
Y que la Conavi verificara la viabilidad de los servicios en el predio antes de avanzar. La sesión se cerró sin firma. Guillermo Pérez pidió al COELZI enviar un proyecto de minuta para revisión previa, así que, hasta la fecha de este reportaje, el documento tiene carácter de proyecto y no de acta cerrada.
Daños en salud sin respuesta pública suficiente
Desde los primeros traslados, al albergue de La Unión, luego a la parroquia y finalmente de regreso a Cacahuatlán, la salud de la gente empezó a deteriorarse. El COELZI documentó diarreas y fiebres recurrentes en adultos.
También casos más delicados: niñas y niños con derrames de sangre en los ojos.
La red de agua potable quedó destruida por el deslave y, ocho meses después, el abasto sigue siendo insuficiente.
Las familias juntan agua de manantiales o dependen de botellas que llegan de manera irregular.
En los oficios revisados no aparece una ruta sanitaria integral que atienda de forma sostenida esos daños.
Efectos de la tormenta Jerry en la Sierra Nororiental de Puebla / Imagen: redes sociales
El golpe emocional también pesa. En las actas y testimonios reunidos por la jueza de paz aparecen adultos mayores con crisis de ansiedad, niñas y niños con insomnio, y familias que viven en alerta permanente, según describen los oficios comunitarios.
Una respuesta nacida desde la comunidad
Ante la lentitud oficial, Cacahuatlán armó su propia respuesta. En la asamblea del 13 de octubre de 2025 se nombró un comité de gestión con representantes de las familias, coordinado por la jueza de paz Oralia Téllez López.
Desde entonces, el comité envía oficios, levanta censos, solicita estudios técnicos y exige una reubicación pensada desde la comunidad. La demanda de fondo es clara: que el traslado no sea una decisión impuesta desde fuera, sino un proceso informado, voluntario y participativo.
En ese camino, la comunidad no está sola.
La asociación civil Kolijke coordina la entrega de ayuda humanitaria en la región junto con el propio COELZI, el Centro Comunitario Productivo de Ocomantla, la Cooperativa Kin Tiyat Kan Xanata, la Organización Nacional de Comités de Ordenamiento y Defensa del Territorio y la organización Hackers X Nuestro Futuro.
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En un comunicado del 16 de octubre de 2025, Kolijke reportó que su área destinada a la conservación voluntaria sufrió pérdidas graves de selva, de su estación biológica y del sistema de pozas dedicado a la protección de fauna acuática, entre ella la nutria (Lontra longicaudis), a causa de las lluvias del 9 y 10 de octubre.
Ese comunicado, sin embargo, no formula una demanda explícita de vivienda digna ni de rechazo a una reubicación impuesta a nombre de Cacahuatlán.
Esa reivindicación debe atribuirse a la comunidad, no a la asociación civil.
Lo que el POEL ya había anticipado
Cacahuatlán está a 432 metros sobre el nivel del mar, en los límites de Zihuateutla y Jopala, a la orilla del río Necaxa. En los mapas oficiales forma parte de la Zona de Atención Territorial número 6, “Cabecera”.
El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI registró 235 habitantes: 130 mujeres y 105 hombres, de los cuales 189 se reconocieron como indígenas.
La autoridad local, encabezada por la jueza de paz Oralia Téllez López, calcula hoy más de cien hogares y cerca de trescientas personas.
La mayoría habla tutunakú. Pese a ello, el COELZI y la propia comunidad señalan que las autoridades que han intervenido casi nunca se comunican en esa lengua.
Esa barrera vuelve más grave la falta de información pública sobre el riesgo, los estudios técnicos y una eventual reubicación.
El Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Zihuateutla ya había prendido las alertas.
Elaborado entre 2022 y 2025, con participación comunitaria, organismos ambientales y especialistas, ubica los alrededores de Cacahuatlán en una zona de preservación y permite, dentro del polígono comunitario, un aprovechamiento sustentable.
También advertía que no debían crecer los asentamientos en márgenes de ríos, manantiales ni laderas inestables sin estudios previos.
Una carretera de terracería, la única ruta para llegar a Cacahuatlán / Imagen: Cupreder
Cacahuatlán está justo en ese cruce: una ladera inestable del cerro Zihuateutla y la margen del río Necaxa. La grieta en el cerro y el desvío del río no son una sorpresa.
Son la materialización de un riesgo que el propio ordenamiento, elaborado con participación municipal, ya había señalado.
El COELZI y su trabajo por la reubicación de Cacahuatlán
El Comité de Ordenamiento Ecológico Local de Zihuateutla, el COELZI, no es una autoridad paralela. Según explica en su propia página de difusión, trabaja “codo a codo” con las figuras de gobierno comunitario ya existentes en el municipio: presidencias auxiliares, juzgados de paz, inspectorías, comités locales de agua, comités de escuela y autoridades ejidales.
No las sustituye. Busca fortalecerlas. El propio comité describe su origen como un proceso que
“no nació de un escritorio, sino del trabajo, la palabra y la voluntad de las y los habitantes del municipio”.
Cacahuatlán forma parte de esa estructura desde antes del desastre de octubre de 2025.
En la Asamblea Extraordinaria del COELZI del 23 de marzo de ese año se incorporaron al comité las nuevas autoridades locales de Cacahuatlán, junto con las de Lagunillas,
La Cumbre de Cuaunepixca, Cerro Verde, San Andrés los Puentes (El Dorado), Ocomantla, Loma Bonita, Los Manguitos y Azcatlán, además de los comisariados de los ejidos de Zihuateutla y Telolotla (COELZI, Facebook, 21 de marzo de 2025).
Cumbre de Cuaunepixca, otra de las localidades del municipio de Zihuateutla, en la Sierra Norte de Puebla / Imagen: Zihuateutla Oficial Facebook
Meses después, la Asamblea General Ordinaria del COELZI correspondiente a 2025 se realizó el domingo 24 de agosto en la Casa del Ejido Cacahuatlán, en La Unión, Zihuateutla.
Participaron, entre otras instancias, la Semarnat, la Procuraduría Agraria, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, el Ayuntamiento de Zihuateutla 2024-2027 y el Cupreder-BUAP (COELZI, Facebook, 21 de agosto de 2025).
Tras el deslave de octubre de 2025, el COELZI se convirtió en uno de los canales centrales de la respuesta comunitaria.
Y activó, junto con el Centro Comunitario Productivo de Ocomantla, la organización Hackers x Nuestro Futuro, la Cooperativa Kin Tiyat Kan Xanata Ocomantla y jóvenes becarios del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, una red de solidaridad y un centro de acopio de ayuda humanitaria.
Durante los dos meses siguientes, ese equipo realizó una Evaluación de Afectaciones y Necesidades para registrar daños, identificar riesgos y hacer llegar apoyo a las comunidades del municipio (COELZI, Facebook, 15 de diciembre de 2025).
Convocatoria para el proyecto de recuperación económica, social y ambiental en el municipio de Zihuateutla / Imagen: Facebook COELZI
El seguimiento no se limitó a la emergencia inmediata. El 11 de junio de 2026, el COELZI abrió una convocatoria de recuperación económica, social y ambiental para campesinas y campesinos de Zihuateutla cuyos cultivos resultaron dañados por las lluvias de octubre de 2025, con el levantamiento de un “EAN Agrícola” y el impulso a un proyecto de viveros comunitarios.
Cacahuatlán figura de manera explícita entre las comunidades convocadas a preinscribirse, con plazo hasta el 30 de junio de 2026 (COELZI, Facebook, 11 de junio de 2026).
Días después, el comité publicó fotografías fechadas en octubre de 2025 que documentan el deslave sobre un cafetal y una milpa en Cacahuatlán: evidencia directa de los daños agrícolas que fundamentan esa convocatoria (COELZI, Facebook, 14 de junio de 2026).
La pieza más significativa para la pregunta sobre la reubicación llegó el 11 de marzo de 2026. Ese día, el COELZI compartió y resumió un fragmento de la conferencia matutina presidencial del 22 de enero de 2026, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan de Reconstrucción Puebla 2026-2027, el mismo plan que el oficio COELZI-Sedatu del 31 de marzo de 2026 menciona sin detalle.
Según la lectura que el propio comité hizo de ese anuncio, la inversión federal comprometida asciende a 5 mil millones de pesos para 2026-2027.
De esos, 2 mil 500 millones se destinarían a carreteras, agua, drenaje y reubicación de familias en zonas de riesgo del estado.
Para Zihuateutla, el plan contempla un programa de reencauzamiento y desazolve del río Necaxa, la reconstrucción del puente Tecpatlán II, obras de protección contra inundaciones y la reconstrucción de sistemas de agua potable dañados.
Y, de manera explícita, un “plan de relocalización de comunidades y viviendas afectadas” que cita el “Caso Cacahuatlán, Zihuateutla” por su nombre.
A escala estatal, el plan involucra a 19 municipios y reporta 20 000 viviendas con daño total, con 2 267 casos de relocalización necesaria en 53 localidades de 11 municipios, entre ellos Zihuateutla.
Para el municipio de Zihuateutla se mencionaron 68 viviendas en situación de necesaria relocalización.
El propio COELZI aclaró a sus seguidores que la fuente oficial “no especifica si estas son de la comunidad de Cacahuatlán o de otras comunidades” del municipio, y llamó a la comunidad a “estar atentos y atentas a las comunicaciones oficiales” (COELZI, Facebook, 11 de marzo de 2026).
Hasta la fecha de este reportaje, este es el reconocimiento público más explícito de que Cacahuatlán está nombrado dentro de un plan de relocalización federal-estatal.
Aunque, como advierte el propio comité, todavía no se sabe cuántas de esas viviendas corresponden específicamente a esa comunidad.
El comité también mantiene una labor de vigilancia ambiental que conecta con las causas estructurales del riesgo en la zona.
El 22 de abril de 2026, por ejemplo, difundió el reporte de un habitante de la parte alta del municipio sobre un predio deforestado dentro del Área Natural Protegida Federal, el complejo APRN Río Necaxa y PN Carmen Serdán, en una zona identificada como de riesgo de deslaves.
Hizo, además, un llamado a la comunidad a seguir reportando este tipo de afectaciones ambientales a la Conanp, la Profepa y la Semarnat (COELZI, Facebook, 22 de abril de 2026).
Esa vigilancia es, en los términos del propio comité, la otra cara del trabajo por la reubicación: no solo gestionar el traslado de las familias en riesgo, sino frenar prácticas como la tala, que agravan la inestabilidad de las laderas que rodean a Cacahuatlán.
Reubicar no basta: las recurrentes lecciones de los desastres
La experiencia en México y otros países muestra que mover a una comunidad no resuelve por sí solo un desastre.
Investigadores del CIESAS y el CUPREDER-BUAP, junto con autores como Michael Cernea y Anthony Oliver-Smith, han documentado que una reubicación falla cuando no reconstruye el tejido social, no garantiza servicios, no asegura suelo apto ni respeta la cultura y las formas de vida de la población (Vera Cortés, coord., 2009).
El desafío de la reubicación, convertido en infografía
El caso de La Junta Arroyo Zarco y la Colonia Morelos, en Tenampulco, Puebla, tras el desastre de 1999, está documentado en ese volumen.
Dejó lecciones duras: años de espera, apoyos lentos, viviendas inhabitables y nuevas exclusiones para quienes no tenían títulos formales de propiedad.
Experiencias posteriores en Tabasco (2007) y Oaxaca (2017), no verificadas con documentos de este expediente, sugieren patrones similares y ameritan una revisión aparte.
Las lluvias de octubre de 1999: desastre socioambiental y reubicaciones fallidas / Imagen: Rafael García Otero (archivo de La Jornada de Oriente)
El comité comunitario de Cacahuatlán conoce ese historial.
Por eso no pide solo casas nuevas. Pide estudios geotécnicos independientes, una revisión técnica colegiada, talleres participativos, reglas claras para elegir el nuevo sitio, con cercanía a caminos, acceso a agua limpia y continuidad del vínculo territorial, y acuerdos que obliguen a las autoridades a responder por toda la población.
Las cinco exigencias y las preguntas sin contestar
Con otra temporada de lluvias encima, Cacahuatlán puso por escrito cinco demandas urgentes:
ayuda humanitaria,
agua embotellada,
suero,
alimentos y medicinas;
un sistema de perifoneo para alertas de evacuación;
un albergue listo en caso de emergencia;
estudios geotécnicos definitivos;
y seguimiento formal a la reubicación integral, con respeto a la lengua tutunakú y a la organización comunitaria.
Todas apuntan a la misma omisión: la comunidad no pide solo apoyo de emergencia. Pide información verificable para decidir si puede permanecer en su territorio o debe reconstruirse en otro sitio.
Ocho meses después del deslave, y tras la mesa de trabajo del 2 de junio de 2026, el expediente permite trazar con más precisión la cadena de responsabilidades.
Pero no cierra la pregunta central. Hay una evaluación preliminar que llevó a evacuar a la población.
La Sedatu reconoció la gravedad del riesgo y, por primera vez de forma explícita, la validez legal del POEL. Existe un sitio propuesto para la reubicación, Loma Bonita, y un padrón preliminar de familias candidatas levantado en febrero de 2026.
Y quedó aclarado que los dictámenes técnicos de riesgo corresponden a la Coordinación Estatal de Protección Civil, no a la Sedatu.
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Lo que sigue sin aparecer en la documentación revisada es, precisamente, ese dictamen geotécnico público.
Tampoco aparece una fecha o un número confirmado de familias que serán reubicadas, ni una garantía de que Loma Bonita, con la escasez de agua y la infraestructura insuficiente que describe la propia comunidad que ya vive ahí, sea un sitio viable y digno.
En esa ausencia de información sigue jugándose la seguridad del pueblo: entre un cerro fracturado, un río que en 1999 y en 2025 ya demostró de lo que es capaz, y un proceso de reubicación que, hasta la fecha de este reportaje, no tiene ni dictamen técnico público ni acta firmada.
Fuentes: Informe de visita de campo COELZI, Cacahuatlán (20 oct 2025); Vera Cortés, G. (coord.) (2009), Devastación y éxodo. Memoria de Seminarios sobre Reubicaciones por Desastres en México (incluye Macías Medrano, J. M., “Las lecciones del Proyecto Norte de Veracruz y los sistemas de alerta”, pp. 41-57); oficios de la Jueza de Paz Oralia Téllez López al Gobierno del Estado y al Coronel Bernabé López Santos / Lic. Apolinaria Martínez Arroyo (13 oct 2025); oficio Sedatu-DGGIRDyCC, 9 dic 2025; oficio COELZI-Sedatu, 31 mar 2026; Comunicado Amigos de Kolijke, 16 oct 2025; Acta de asamblea Cacahuatlán, 13 oct 2025; Hernández Alcántara, M. (2026, 10 de julio). “Cacahuatlán vive entre un cerro fracturado y el riesgo de desbordamiento del río Necaxa”. La Jornada de Oriente. Comité de Ordenamiento Ecológico Local Zihuateutla (COELZI). (2025-2026). Publicaciones de Facebook [Página de difusión]. https://www.facebook.com/coelzihuateutla (consultadas el 13 de julio de 2026: 21 mar. 2025; 21 y 24 ago. 2025; 15 y 18 dic. 2025; 11 mar. 2026; 22 abr. 2026; 11 y 14 jun. 2026). Sedatu y Comité de Ordenamiento Ecológico Local Zihuateutla (COELZI). (2026, 2 de junio). Proyecto de minuta: Mesa de Trabajo Sedatu-COELZI, seguimiento al proceso de reubicación de la comunidad de Cacahuatlán [documento de trabajo, pendiente de firma].
